El expediente Batet Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1251. 15  de junio de 2018

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Entrevista / M.C.

Los presos y las leyes vetadas por el Constitucional, en la carpeta catalana de la ministra

El expediente Batet

La carpeta catalana, el nudo gordiano que tiene por delante el Gobierno, ha quedado en manos de Mertitxell Batet. La ministra de Política Territorial ya trabaja mano a mano con la número dos de la Generalitat, Elsa Artadi, para preparar el inminente encuentro entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra. A corto plazo, la ministra tiene dos herramientas para intentar acercar posiciones: su voluntad de acercar a los presos y la posibilidad de desbloquear las leyes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó al Constitucional por supuesta invasión de competencias. Batet, una federalista convencida, vuelve así a convertirse en una colaboradora clave de Sánchez tras haberse distanciado durante el proceso de primarias el año pasado.


La ministra de Política Territorial es partidaria de acercar a los políticos presos a prisiones catalanas. / EUROPA PRESS

Meritxell Batet, catalana de Barcelona, ya ha empezado a tender puentes con la Generalitat. La nueva ministra de Política Territorial se ha puesto manos a la obra para preparar la entrevista entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra, de una importancia fundamental si se tiene en cuenta que la única entrevista pública entre sus predecesores en el cargo se produjo en abril de 2016, al poco de que Carles Puigdemont fuera investido. De las privadas que hubiera, también se supo que se entrevistaron en febrero de 2017, como publicó La Vanguardia en su momento. Un desencuentro que ha tenido el desenlace por todos conocido.

A esta profesora de Derecho Constitucional, diputada en el Congreso desde 2004, al que llegó con sólo 31 años, le corresponde un papel fundamental a la hora de invertir esta situación. Batet recupera así el papel clave en el entorno del presidente que llegó a tener a principios de 2016, cuando fue una de las máximas responsables de la negociación con Ciudadanos para cerrar un acuerdo de gobierno que no fue suficiente para llevar a Sánchez a la Moncloa. De hecho, llegó a ser la número uno en la lista de Barcelona en las elecciones de junio de ese año, aunque ella prefería repetir como número dos por Madrid, como había sucedido en los comicios de diciembre de 2015. Los altos mandos del partido la señalaron como una mujer de consenso para evitar abrir una batalla y ella aceptó el reto, aunque no pudo levantar los resultados del PSC en las urnas. Luego, votó no a la investidura de Mariano Rajoy, junto a sus compañeros del PSC, entre otros. Pero durante los meses previos a las primarias, a principios de 2017, la relación se enfrió. Batet no participó del apoyo cerrado que el PSC de Miquel Iceta dio a Sánchez y llegó a estar cerca de la candidatura de Patxi López, sin implicarse tampoco en ella.

El perfil bajo que mantuvo en esa etapa le ha permitido volver a colocarse como una figura central en el nuevo Ejecutivo, gracias también al carácter sereno y razonable que le atribuyen quienes la conocen y que será clave para desenredar el conflicto catalán. De momento, esta especialista en Derecho Constitucional ya tiene encima de la mesa varias prioridades en estos primeros contactos con la Generalitat presidida por Joaquim Torra. El principal, hoy por hoy, es el de los presos. Los partidos catalanes han exigido su acercamiento y al Gobierno le gustaría hacer algún gesto. Pero al estar sujeto al proceso que pilota el juez Pablo Llarena, va a ser muy complicado.

La propia Batet ya dejó claro en su primera entrevista, concedida a El Periódico de Cataluña, que ella es partidaria de acercarlos a cárceles catalanas, en línea con el propio presidente, al que le gustaría, incluso, que estuvieran en libertad para normalizar la situación y para recuperar a Oriol Junqueras como interlocutor. En las filas socialistas tienen claro que con Torra y el núcleo duro de Puigdemont, con Artadi a la cabeza, va a ser complicado encontrar puntos de encuentro. Pero no olvidan que Junqueras y los principales dirigentes de ERC han venido apostando en los últimos tiempos por normalizar la situación, desoyendo los llamamientos a la desobediencia y a profundizar el enfrentamiento con el Estado que está realizando Puigdemont.

La número dos del Govern, Elsa Artadi, ya está preparando la entrevista entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra. /EP 

Desde el PDeCAT están presionando al Gobierno subrayando que es potestad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, decidir en qué lugar son encarcelados. Desde el Ejecutivo y el PSOE subrayan que efectivamente podrían ordenar el traslado pero que el juez Llarena puede vetarlo si entiende que afecta a la investigación, abriendo un pulso en el que nadie está interesado. Y señalan otro argumento en contra: que las prisiones catalanas no dependen de Interior, sino de la Generalitat, y ante el escenario actual no parece lo más recomendable dejarlos en manos del Ejecutivo presidido por Torra. Pero desde el PDeCAT van a seguir presionando en esta dirección. Fuentes del partido catalán sostienen en declaraciones a El Siglo que el juez no se negaría ante un requerimiento así por parte del Ejecutivo.

En cualquier caso, va a ser fundamental la posición de la nueva fiscal general del Estado, que al cierre de esta edición todo apuntaba al nombramiento de María José Segarra, actual fiscal jefe de Sevilla, y si promueve la excarcelación de los presos antes de que se celebre finalmente el juicio, previsto para el otoño. Aunque, desde luego, Llarena no parece muy proclive a atender a la fiscalía en estas cuestiones. Recientemente, la fiscalía solicitaba la excarcelación de Joaquim Forn, exconseller de Interior, por los problemas de salud que estaba padeciendo. Y Llarena lo denegó.

De momento, el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado partidario del acercamiento de los presos. En una entrevista a Onda Cero, el magistrado ha asegurado que “si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil”. En esta línea de distensión, el jueves varias informaciones apuntaban a Ángel Luis Ortiz, juez y actual asesor jurídico de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, como futuro responsable de Prisiones.

Pero mientras el Gobierno trata de avanzar en la cuestión de los presos, Batet tiene puesto el foco en las 16 leyes aprobadas por el Parlament en la última legislatura y que fueron recurridas por el Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Un caso es especialmente sangrante, recuerdan desde el PDeCAT, que son quienes más se están moviendo en segundo plano para recuperar el papel que tuvo antaño en la política española Convergència. Se trata de la ley catalana de cambio climático, sobre la que la actual ministra del ramo, Teresa Ribera, consideraba que: “es de locos que se impugne”. En declaraciones a La Vanguardia hace apenas seis meses, Ribera explicaba que “me parecería bien que el Gobierno se adelantara y se planteara una reforma tributaria para todo el Estado; pero lo que me parece de locos es que no se haga nada y encima se impida que los demás lo hagan”. Según ella, “más allá de la pulcritud de la lectura que se pueda hacer de los títulos competenciales, lo que no puede ocurrir es que el Estado haga dejación de sus funciones”.

El ministro del Interior Grande-Marlaska concuerda con el acercamiento de presos a Cataluña si el juez Llarena lo autoriza. / EP

Entre las que el Ejecutivo también recurrió por entender que invadían competencias del Estado están, entre otras, la de horarios comerciales, la que regula las asociaciones de cannabis o la que pretende instaurar la Agencia Catalana de Ciberseguridad. Y hay algunas relativas a cuestiones sociales de las que la Generalitat hizo bandera, como la relacionada con el acceso a la vivienda o la relativa a la pobreza energética. Desde las filas socialistas todavía no se atreven a dar detalles sobre todas y cada una de las leyes. Habrá que estudiar los casos uno por uno, sostienen. Pero la ministra Batet ya se ha comprometido públicamente a revisar esos recursos, porque “muchos afectan a leyes sociales”, y “hay que leerlas con esa sensibilidad”. “Nuestra voluntad es disminuir la conflictividad y hablar de Gobierno a Govern para cambiar cosas menores y evitar los recursos”, ha dicho la ministra en esa entrevista en El Periódico, lanzando, por cierto, un guiño a la bilateralidad que ha venido demandando la Generalitat. En el caso de que el Ejecutivo retire los recursos, el procedimiento decae, sin necesidad de un reconocimiento explícito de que las competencias en litigio pertenezcan a la Generalitat.

La otra pata a la hora de encauzar las relaciones con la Generalitat de Cataluña será el nuevo sistema de financiación autonómica, pendiente de diseño. Lo que enlaza con esa lista de 45 puntos que Puigdemont le presentó a Rajoy en abril de 2016, una enumeración de cuestiones acordadas y no realizadas, según la Generalitat, a las que se añadía la cuestión número 46, el referéndum de autodeterminación, rechazado por Rajoy entonces y por Sánchez ahora. El grueso de esa lista tiene que ver con inversiones para acabar con el déficit histórico en infraestructuras o la deuda acumulada en políticas sanitarias, de dependencia o de becas.

Y en este asunto, el de la financiación, hay camino para recorrer en el actual Estatut. No hay que olvidar que, durante la campaña electoral del 21-D, Miquel Iceta propuso desarrollar el artículo 204 del Estatut, para crear una Agencia Tributaria catalana y sea la Generalitat quien recaude y gestione todos los impuestos. Un camino legal para llegar al régimen fiscal del que disfrutan País Vasco y Navarra, en los que Mas se fijó para reclamar lo que él llamó “pacto fiscal”.

 


El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha pedido “gestos” para volver a la Comisión del Estado Autonómico abierta en el Congreso. / EP

Una federalista para reformar la Constitución

A corto plazo, están los presos y las leyes recurridas en el constitucional. A medio, el sistema de financiación autonómica. Pero el Gobierno no pierde de vista una hipotética reforma de la Constitución complicadísima, que sólo se abordará si hay consenso, pero que en las filas socialistas verían muy necesaria. Batet ya ha abogado por reactivar la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico del Congreso, como paso previo a esa reforma constitucional, que ella ve “urgente, viable y deseable”. Pero insistió en que “sin consensos” el Gobierno “no va a reformar nada”.

Batet, profesora de Derechos Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, lleva el federalismo en sus genes políticos, tras haber forjado su trayectoria en el PSC liderado por Pasqual Maragall y José Montilla. Fue en 1996 cuando se incorpora como independiente al equipo de la primera secretaría del PSC, entonces ocupada por Narcís Serra. Ya en 2004, con Montilla al frente del partido, salta al Congreso justo en el momento en el que arranca la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En el Parlamento pronto estuvo bajo los focos por su relación con el diputado popular José María Lasalle, con el que estuvo casada hasta 2016 y tuvo dos hijos. Con el carné del partido desde 2008, su primer cargo orgánico le llega en 2014 como secretaria de estudios y programas.

Desde esa posición coordinó el grupo de expertos que concretó, en 2015, la propuesta de reforma federal de la Carta Magna. Una propuesta que, en materia territorial, se centra en la mejora de la determinación de las competencias entre el Estado y las comunidades –que según los expertos está provocando una importante conflictividad, con el Tribunal Constitucional de árbitro– y en fijar un sistema de financiación que no esté al albur del gobierno de turno. También está la tan traída y llevada reforma del Senado, lanzada por Rodríguez Zapatero en su primera legislatura y que ahí sigue, sin congregar consensos. El objetivo es que sus competencias queden restringidas “a la dimensión territorial” y que su composición también lo sea. Ya sea mediante un modelo intergubernamental o representativo de las comunidades.

En cualquier caso, a la citada comisión parlamentaria, en todo caso, todavía le quedan muchos pasos por dar para resultar operativa. Debe recuperar al PDeCAT, que ha pedido “gestos” para incorporarse a ella; a ERC, que ya ha anunciado que no participará en ninguna reforma de la Carta Magna, porque “no nos sentimos concernidos”, en palabras de Joan Tardà, ya que la Constitución está “muerta” en la medida que para poder ser modificada exige unos consensos “extraordinarios”; a Podemos, que no la considera el mejor marco para encauzar el diálogo con Cataluña; y a Ciudadanos, que nunca quiso esa comisión y tardó en levantarse lo que el PSOE y PP en vetar su petición de comparecencia de Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono.