La agenda del presidente Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1250. 8  de junio de 2018

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Política / M.C.

Cataluña, pensiones, reforma laboral y 'ley Mordaza'

La agenda del presidente

Pedro Sánchez ha lanzado varios mensajes en los últimos días acerca de las prioridades su Gobierno en relación a la igualdad o al medio ambiente. Pero en las filas socialistas tienen claro que lo importante para el nuevo Gobierno es atinar en cuatro cuestiones clave: rebajar la tensión en el conflicto político catalán; blindar la revalorización de las pensiones; devolver los derechos erosionados por la reforma laboral, y derogar los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Con esto, el partido estará listo para ir a las urnas.


Pedro Sánchez y su vicepresidenta, Carmen Calvo, ya preparan los primeros pasos de su gabinete. / EUROPA PRESS

Cataluña: libertad de los presos y agencia tributaria propia

La situación de los políticos en prisión es una de las prioridades para el nuevo presidente del Gobierno, y en su entorno ya están buscando resquicios no sólo para acercarlos a cárceles catalanas y, por tanto, a sus familias, sino también para que recuperen la libertad previa al juicio que determinará su sentencia. Este asunto es fundamental en el caso de Oriol Junqueras, porque interpretan que “va a ser nuestro interlocutor”. Él es quien sigue dictando las líneas estratégicas de ERC y quien ha apostado por tratar de normalizar la situación, desoyendo los llamamientos a la desobediencia y a profundizar el enfrentamiento con el Estado que están realizando Carles Puigdemont y su núcleo duro. El margen de maniobra es limitado, porque las decisiones últimas corresponden al juez Pablo Llarena, pero habrá que ver qué pasos se pueden dar desde la Fiscalía General del Estado.

La otra pata a la hora de encauzar las relaciones con la Generalitat de Cataluña será el nuevo sistema de financiación autonómica, pendiente de diseño. El enfoque que parece primar en estos días en las filas socialistas es el de volver al origen del problema: el Estatut recortado por el Constitucional en 2010 y la financiación, demanda primigenia de Artur Mas en 2012. Sobre el reconocimiento nacional en el Estatut no parece que haya mucho camino por recorrer dentro de la actual Constitución, pero sí lo hay en els diners. No hay que olvidar que, durante la campaña electoral del 21-D, Miquel Iceta propuso desarrollar el artículo 204 del Estatut, para crear una Agencia Tributaria catalana y que sea la Generalitat quien recaude y gestione todos los impuestos. Un camino legal para llegar al régimen fiscal del que disfrutan País Vasco y Navarra, en los que Mas se fijó para reclamar lo que él llamó “pacto fiscal”. Meritxell Batet, con un marcado perfil federalista, será una figura clave en esta cuestión desde el Ministerio de Administraciones Públicas.

Pensiones: blindar la revalorización con el IPC

“Recuperar el espíritu del Pacto de Toledo”. Esa es la prioridad en relación a las pensiones que se ha marcado la recién nombrada ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una entrevista concedida a Radio Nacional, alineándose con la principal crítica que los socialistas han hecho al PP en estos años desde que aprobaran en 2013 una reforma de las pensiones de forma unilateral. La posición del PSOE en estos últimos tiempos ha sido volver a ligar las pensiones al IPC, un principio derogado por esa reforma de 2013 y al que sólo se ha vuelto gracias a la negociación presupuestaria con el PNV y a las masivas movilizaciones que han protagonizado los colectivos de pensionistas en estos últimos meses, con su epicentro en Bilbao. Además, el partido también ha estudiado la búsqueda de ingresos adicionales para aliviar el déficit de las cuentas de la Seguridad Social, con un nuevo impuesto a la banca.

De momento, los Presupuestos heredados de Cristóbal Montoro garantizan la revalorización de las pensiones en un 1,6%, en línea con la inflación, y no es probable que el Ejecutivo afronte cualquier subida adicional. Esa cifra ya compromete seriamente poder ajustarse a los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. Y el nombramiento de una persona como Nadia Calviño como ministra de Economía, hasta ahora directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, garantiza que no se van a dar más pasos en esa dirección.

Pero en Podemos tiene claro que este va a ser uno de los principales campos de disputa con el Ejecutivo de Sánchez. Pablo Iglesias ya ha comenzado a apretar al Ejecutivo en esta dirección, subrayando que, en su opinión, las dos prioridades que debería afrontar el nuevo gobierno son este blindaje de la revalorización de las pensiones y la aprobación de unos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. La pelota, en manos del Pacto de Toledo y de la capacidad negociadora de la nueva ministra.

Reforma laboral: subir salarios y reforzar a los sindicatos

Al igual que con las pensiones, “diálogo” vuelve a ser la palabra clave para la ministra Valerio, que ha subrayado “la urgencia de un pacto salarial” y de la “necesidad de activar la negociación colectiva”. Más presión para una patronal que hasta ahora se ha enrocado y ha evitado cualquier acuerdo para revalorizar unos sueldos seriamente perjudicados por la reforma laboral de 2012, que prácticamente desarticula la negociación colectiva dando un amplísimo margen de libertad a las empresas para desvincularse de los convenios sectoriales.

El nuevo gobierno va a tener también la presión de los sindicatos, que va a apretar en la calle por esa revalorización de los salarios vetada por la patronal. Será el próximo sábado 16 cuando CCOO y UGT salgan a la calle para reclamar a CEOE un alza salarial sustancial –hasta ahora la organización capitaneada por Joan Rosell ha accedido a una revisión de “hasta el 2%”, algo “inasumible” para los sindicatos, porque “es como no decir nada”, puede ser del 2% o puede ser del 0,1%”- y un salario mínimo de 1.000 euros. 

Eso sí, el nuevo gobierno no tiene intención de derogar la reforma al completo. Según ha explicado la ministra en Radio Nacional, “no se puede derogar y quedarse sin un marco normativo”, pero “hay que sentarse a dialogar y eliminar todos los elementos perniciosos”. Joan Rosell ya ha afirmado que ve “prácticamente imposible” derogar la reforma laboral. Y la mayoría parlamentaria sobre la que está sustentado el Gobierno puede confirmar ese punto de vista. Habrá que ver hasta dónde puede llegar el diálogo prometido con la ministra.

'Ley Mordaza': en busca del acuerdo con los grupos

La derogación de la ley Mordaza, recurrida por el PSOE en el Constitucional y severamente criticada desde organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por recortar los derechos de manifestación, está en proceso desde el año pasado. Fue en noviembre de 2016 cuando el Congreso aprobó una moción del PSOE que instaba al Gobierno a tumbar su Ley de Seguridad Ciudadana, aunque el proceso ha quedado varado en la comisión de Interior del Congreso ante la falta de acuerdo de los grupos. En concreto, la propuesta que el PSOE llevó al Congreso el pasado mes de marzo proponía la derogación de los artículos que fueron recurridos ante el Constitucional, esencialmente los relativos a la posibilidad de sancionar a los participantes en manifestaciones, el establecimiento de sanciones por manifestarse ante el Parlamento o la generalización de registros personales en lugares públicos. Habrá que ver qué posición toma el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que siempre se ha considerado próximo al PP, y qué capacidad tiene de desbloquear la situación.