Tribuna / Carles Campuzano Tiempos de hoy

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 Nº 1245. 4  de mayo de 2018

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Tribuna / Carles Campuzano

A los demócratas de España


EUROPA PRESS

Lo más sangrante, cruel e injustificable son las prisiones provisionales, como medida cautelar dictada por el juez Llarena, contra la mayoría del Govern de Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament y los máximos dirigentes de las entidades soberanistas catalanas

La vulneración de los derechos y las libertades de los ciudadanos es una de las consecuencias más tremendas de la respuesta del Estado al proceso soberanista catalán. En nombre de la unidad de la patria, las principales instituciones del país están degradando de manera profunda el Estado de Derecho. Se está dispuesto a pagar un precio enorme sólo para impedir que progrese la demanda catalana de ejercer el derecho a decidir.Y éste es un precio que al final no sólo pagan los soberanistas catalanes, sino el conjunto de las ciudadanías catalana y española. Es la democracia española en su conjunto la que sale malparada de ese abuso por parte del Estado del ejercicio de su poder coercitivo. Un abuso que nunca sale gratis y que nos remonta a los episodios más oscuros de la historia española.

El ultimo exponente de esta política ha sido el comportamiento abusivo de la Policía en la final de la Copa del Rey, requisando cientos de camisetas amarillas a los aficionados del Barça que acudían a ese encuentro futbolístico. Sin justificación alguna, el amarillo se convertía en un color subversivo que ponía en riesgo la paz y la convivencia. ¿Pero dónde se ha visto tamaño comportamiento de la Policía? ¿Qué interpretación del marco legal existente de prevención contra la violencia en el deporte puede amparar estas desproporcionadas y abusivas actuaciones?

De este mismo tenor, vemos cómo la Fiscalía abusa del concepto de delito del odio, pensado para proteger a las minorías  estigmatizadas de los abusos y prejuicios de la mayoría, convirtiéndolo en un instrumento al servicio de la defensa de la unidad de España y de la política del Gobierno. Más represión judicial y penal sólo va a enconar todavía más el conflicto.

En la misma dirección, observamos con consternación e indignación cómo se banaliza el concepto de terrorismo y se acusa de tan terrible delito a personas que habían protagonizado protestas ciudadanas durante las ultimas semanas.

O vemos también cómo en ejercicio de las potestades de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución el Gobierno cesa a cargos de la Generalitat por sus opiniones políticas.

A todo ello, debemos añadir lo más sangrante, cruel e injustificable, como son las prisiones provisionales, como medida cautelar dictada por el juez Llarena, contra la mayoría del Govern de Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament y los máximos dirigentes de las entidades soberanistas catalanas. Una situación de prisión que no tiene  otra justificación que la imputación del delito de rebelión a este de conjunto de personas. Una imputación de rebelión que está siendo condenada y rechazada desde distintos y solventes instancias. Desde más de 600 académicos del Derecho Penal hasta el ponente socialista en la reforma del Código Penal de 1995, pasando por la justicia alemana, niegan  que los hechos acaecidos en Catalunya el pasado otoño merezcan una calificación penal que necesariamente exige una notable dosis de violencia que en ningún caso se produjo.

El despropósito de todo ello es mayúsculo y degrada a la democracia española y no resuelve la cuestión de fondo.
La situación planteada no nos afecta sólo a los independentistas, sino que necesariamente constituye un reto para todos los demócratas de España.

No puede ser que tantos honrados ciudadanos muestren indiferencia ante estos abusos del Estado. Ni que tantas personas buenas no sean capaces de empatizar con los presos políticos y sus familias, obligadas a recorrer más de 600 kilómetros cada fin de semana para ver a sus esposos y esposas, a sus padres o hijos.

El conflicto entre Catalunya y las instituciones del Estado siempre ha tenido que ver con la democracia. Y hoy más que nunca se exige que los demócratas españoles entiendan que en la salida a este conflicto también se juegan la democracia que aspiran a ejercer.

 

Firma

Actual portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat).

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