Unos Presupuestos para salvar a Rajoy Tiempos de hoy

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 Nº 1240. 29  de marzo de 2018

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Política / Virginia Miranda y M. C.

La incertidumbre por Cataluña y los PGE animan la marejada sucesoria en el PP

Unos Presupuestos para salvar a Rajoy

Con retraso, cesiones y un clima político desfavorable, el Gobierno ha presentado los Presupuestos con los que pretende espantar el fantasma del adelanto electoral. Ciudadanos ya ha anunciado su apoyo y el Ejecutivo se ha asegurado el de los canarios. Pero al PNV se le ha cruzado la detención de Carles Puigdemont. De la gestión que de ahora en adelante se haga de la crisis política catalana depende que los nacionalistas vascos puedan justificar su respaldo a unas cuentas que les serían favorables. Porque nadie le dijo a Mariano Rajoy que iba a ser fácil. Ni que cada conquista fuese un acto de autoafirmación también de puertas para adentro.


El ministro de Hacienda defiende que las mejoras de los Presupuestos las anunció Rajoy antes que Rivera. / EUROPA PRESS

Rivera y Montoro se disputan la ‘paternidad’ de unos PGE con los que dicen beneficiar a las clases trabajadoras   El Gobierno ha lanzado un órdago al PNV enviando un mensaje a la militancia que le da la espalda en las encuestas

Aprobar los presupuestos o prorrogar y gobernar a golpe de decreto. Una decisión factible pero insostenible políticamente. Lo saben en el Gobierno y lo sostienen desde la oposición. El PSOE ha anunciado que exigirá a Rajoy someterse a una cuestión de confianza si no consigue aprobar las cuentas para el año que viene. Descartando una moción de censura. Porque a los socialistas no les interesa un adelanto electoral. Pedro Sánchez aún tiene mucho trabajo interno por delante antes de repetir como candidato a unas generales. Tampoco a Ciudadanos, que ante los cantos de sirena demoscópicos se está trabajando su implantación territorial para tener opciones reales de romper tres décadas de hegemonía del PP sobre el centro derecha.

Con este punto de partida y tras meses de negociaciones con las fuerzas políticas imprescindibles para ser aprobados, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el ministro de Hacienda presentó el martes de Pasión llegaron al Consejo de Ministros con parte del camino andado. Y, a pesar de ello, aún no se han despejado todos los obstáculos.

El principal fue superado horas antes de que Albert Rivera se adelantara el lunes a Cristóbal Montoro para decir, en rueda de prensa, que en el Gobierno “han cedido a nuestras peticiones”. Un gesto de victoria asumido desde Moncloa en línea con la estrategia política que viene siguiendo desde su irrupción en el Congreso: mano dura contra la corrupción y oposición útil y responsable.

El fin de semana, el Ejecutivo y Ciudadanos ataban los últimos flecos de una negociación desbloqueada después de que Pilar Barreiro, cuatro días antes de la presentación de los presupuestos, abandonara el Grupo Popular en el Senado para pasar al Grupo Mixto. Con la intención “de no perjudicar al partido y por el interés general de los españoles”, dijo. La formación naranja había exigido la cabeza política de la senadora imputada en el caso Púnica y el PP se la daba dejando la puerta abierta a una posible repesca porque no ha exigido su acta parlamentaria.

También medió una conversación telefónica entre Mariano Rajoy y Albert Rivera que, según el líder de Cs, sirvió para incluir sus principales condiciones, como la rebaja del IRPF a más de siete millones de pensionistas y la subida de las mínimas y las de viudedad más bajas. “El Gobierno sabe contar escaños y sin nuestro apoyo no podía ser”, insistió Rivera.

A Cristóbal Montoro, el hombre de Rajoy para velar por el cumplimiento de los compromisos presupuestarios con Europa, el ministro que durante los peores años de la crisis se ha encargado de controlar las “unidades de gasto” de las Administraciones públicas, le ha costado compartir protagonismo. “Ciudadanos es un recién llegado a la arena”, dijo displicente en rueda de prensa, subrayando que el primero en anunciar la subida del 2 por ciento a las pensiones mínimas y de viudedad “fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”, en el debate monográfico celebrado el 14 de marzo en el Congreso.

Y para defender su ‘paternidad’ del proyecto de Presupuestos para 2018, el titular de Hacienda, durante la presentación tras el Consejo de Ministros del martes de unas cuentas dirigidas a “funcionarios, pensionistas, trabajadores de rentas medias y bajas y Administraciones públicas” que con sus políticas son las responsables de “hacer llegar los beneficios del crecimiento económico a gran parte de la población que depende de los servicios públicos”, amplió la horquilla comprometida con Ciudadanos anunciando que las personas con nóminas de hasta 18.000 euros al año –el acuerdo llegaba hasta los 17.000– estarán eximidas de pagar el IRPF.


Tras el no del PNV, el Gobierno ha amenazado con recurrir la subida del sueldo de los funcionarios de Urkullu. / EUROPA PRESS

Montoro mantuvo también que “habrá presupuestos” a pesar del bloqueo del PNV mientras se mantenga vigente el artículo 155 de la Constitución. Sin embargo y si bien es cierto que el Ejecutivo de Rajoy ha dado cobertura política y económica a demandas fundamentales de los nacionalistas vascos –es el caso del cupo vasco o la puesta en marcha de la Y vasca en las cuentas de 2017–, hoy por hoy no está nada clara la rotunda afirmación del titular de Hacienda. Y aquí se entrecruzan los dos obstáculos que a Rajoy le queda por salvar si quiere sacar adelante las cuentas del año y, con ellas, la legislatura.
 
Mientras continúe en vigor el 155, el PNV votará en contra de los PGE porque ponen “en riesgo el autogobierno vasco”. En un comunicado emitido tras su aprobación y después de que Carles Puigdemont fuese detenido en Alemania y el juez Llarena mandara a prisión preventiva a Jordi Turull y otros cuatro líderes del procés, el partido jeltzale, aunque se comprometía a analizar “con detalle e interés” el proyecto de ley, subrayaba que “bajo ningún concepto” legitimarán la intervención de la autonomía catalana con un acuerdo presupuestario, invitando al PSOE a dar el paso como ya hiciera con la activación del artículo constitucional.

Entre buscar una solución negociada o pasar el contraataque, el Gobierno ha optado por la alternativa más agresiva anunciando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos del País Vasco de 2018 con el argumento de que el incremento salarial del 1,5% previsto para los funcionarios supone una “extralimitación” de las competencias autonómicas.

“Es un gesto inamistoso, incomprensible” que en absoluto contribuye “a favorecer un clima de entendimiento” con el PNV, ha declarado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka.

Lo cierto es que el órdago puede poner en peligro los planes de Rajoy, pero el mensaje que envía a la militancia refuerza una estrategia de largo recorrido en la que trabaja el PP desde que las encuestas y el resultado electoral del 21-D les arrebatara, de momento de forma virtual, su hegemonía sobre el centro derecha.

Si bien las novedades judiciales en torno al independentismo catalán dificultan aún más la salida de la crisis institucional que se vive desde hace meses, los populares buscan recuperar la imagen de fortaleza frente a los nacionalismos que les arrebató Ciudadanos en las elecciones del pasado mes de diciembre. Y tanto la detención y encarcelamientos –de manera indirecta pero como parte de un mismo sistema– como la amenaza de recurso al Constitucional refuerzan una idea con la que las bases habrán de votar en las autonómicas y municipales de 2019 y en las generales. Sean éstas cuando sean.

Volviendo al inicio, alargar la prórroga presupuestaria y gobernar a golpe de decreto abocan a un escenario políticamente insostenible. Por eso y porque la aprobación de las cuentas no está cerrada, el fin anticipado de la legislatura es una posibilidad cierta que ha agitado las aguas del delfinario popular. Alberto Núñez Feijóo se mueve de forma sutil pero perceptible para los cuadros de partido, donde aparece como favorito en una eventual carrera sucesoria. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal refuerzan equipos y alianzas en previsión de hostilidades. Y Cristina Cifuentes cae de la segunda línea porque el fuego amigo, al que ella misma ha hecho referencia, es el más letal de todos.

Así las cosas, el líder conservador se enfrenta a su enésimo todo o nada en su accidentada carrera presidencial. La legislatura pende de unos presupuestos rodeados de minas y basta que estalle una de ellas para que salte por los aires. O no, como diría el muy gallego Rajoy.

 

La división independendentista acerca las elecciones


El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha llamado a la articulación de un “frente unitario en defensa de la democracia”. / EP

“Todos los sectores del independentismo tienen incentivos
para querer una repetición electoral”

La detención de Carles Puigdemont ha dado una vuelta de tuerca más en el embrollo político catalán, reforzando las posiciones de las voces más radicales y forzando a los más moderados o volver a hacer gestos de cara a la opinión pública sin comprometerse política y jurídicamente. Bajo esta lógica hay que enfocar el pleno de este miércoles en el que se somete a votación una declaración para defender el derecho de Puigdemont a ser investido president. Tras conocerse su detención, la portavoz de Junts per Catalunya y mano derecha del ex president, Elsa Artadi, insistía en una entrevista a TV-3 que su grupo está buscando la fórmula para que sea investido “de verdad”, no de forma “simbólica”. Pero esa posibilidad está absolutamente descartada por parte de ERC, que lleva insistiendo desde diciembre en la necesidad de articular un Govern “efectivo”, para abrir paso a un periodo de “normalización” del escenario político catalán, según el término que emplean los dirigentes de esta formación.

Así las cosas, la situación está muy lejos de poder desbloquearse. Todavía siguen circulando varios nombres como los próximos candidatos que podría proponer el independentismo para ser investidos. El principal es el de la propia Artadi. Junto a ella, aparecen Albert Batet, alcalde de Valls, y Marc Solsona, regidor de Mollerusa, ambos afiliados al PDeCAT, a diferencia de Artadi. Pero si Puigdemont y Toni Comín no renuncian a sus escaños, y ya han dejado claro que no tienen ninguna intención de hacerlo, el apoyo de los diputados de la CUP es imprescindible. Y la CUP ya vetó a Jordi Turull, no sólo por ser un heredero de la Convergència de Artur Mas, sino porque el programa de gobierno que le presentaron JxCat y ERC no apostaba por la ruptura y la desobediencia absoluta contra el Estado.

La investidura parece alejarse, por tanto, no sólo porque los cuperos son difíciles de contentar, sino también porque casi todos los sectores del independentismo tienen, hoy por hoy, incentivos para querer una repetición electoral cuando se agote el plazo de dos meses que empezó a correr con la investidura fallida de Turull. Los que más, ERC, a quienes la última encuesta del Centre de Estudis d’Opinió (CEO), el CIS catalán, difundida a finales de febrero les volvía a colocar como primera fuerza del independentismo, por delante de JxCat, que retrocedería. Además, según esa misma encuesta del CEO, el apoyo a la independencia se desploma y registra el nivel más bajo desde que el procés echó a andar, en diciembre de 2014, lo que avalaría las tesis de la “normalización” que defiende la cúpula del partido y ese “frente unitario en defensa de la democracia” al que ha aludido el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Una propuesta que ha cogido al vuelo el portavoz de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que considera imprescindible ese “frente amplio” en defensa de la “democracia y la libertad” que abarque “a partidos y a instituciones”. Domènech ha ido más allá y ha subrayado que si los partidos independentistas no son capaces de formar gobierno se abran a explorar la alternativa de una alianza “transversal y progresista”. Las palabras de Domènech parecen retomar la idea del tripartito que las cúpulas de ERC y los Comuns ya habían tratado antes del 21-D. Una posibilidad que quedó descartada en las urnas, porque la suma de ERC, PSC y Comuns quedaba muy lejos de la mayoría, pero que podría volver a cobrar fuerza en una repetición electoral. De momento, el líder del PSC, Miquel Iceta, ya ha llamado a la articulación de “un gobierno de concentración” para disgusto, por cierto, de Ferraz. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba que la propuesta de Iceta es “inviable” y que su partido “no va a pactar con el independentismo”.

Pero no sólo ERC ya no tendría tanto reparo a la hora de volver a acudir a las elecciones. En los cuarteles generales del PDeCAT, contemplan esa posibilidad como la oportunidad ideal de elaborar una lista electoral en la que ya no sea Puigdemont quien la redacte. Los líderes de la Convergència refundada, Marta Pascal y David Bonvehí, sólo controlan a un tercio de los diputados que consiguió Junts per Catalunya y están viendo como sus intentos de secundar esa apuesta por la “normalización” de ERC son boicoteados por los irreductibles de Puigdemont, con Artadi y su números dos, Eduard Pujol, a la cabeza. Y hasta Artadi y los suyos, que parecían a la baja en las encuestas, contemplan las movilizaciones en la calle y el ambiente caldeado tras las últimas encarcelaciones como su oportunidad de reforzar sus posiciones ante el retroceso que dibujaban las encuestas.