Entrevista a José Luis Ábalos Tiempos de hoy

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 Nº 1232. 2  de febrero de 2018

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Entrevista / C. M.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE

“Un prófugo no puede ser un servidor de la ley”

Discreto y sin dobleces, José Luis Ábalos es, hoy por hoy, el hombre que ha conseguido lo que parecía imposible: pacificar el PSOE tras una de sus etapas más dramáticas y recomponer relaciones con la mayoría de los barones díscolos. Y lo ha hecho, desde su puesto como secretario de Organización, a golpe de talante negociador, convicción política y mucho trote por las federaciones. Hombre clave del nuevo PSOE, es muy claro a la hora de hablar de la situación de Cataluña y del deterioro no sólo institucional, sino también social, económico y político al que está llevando un procés por lo demás inviable.

“No hubo consulta ni comunicación previa del Gobierno al PSOE sobre el recurso al Constitucional”   “Hubo una lucha por la hegemonía de la izquierda con Podemos. Pero se va a confirmar que está superada”

¿Qué supone para el procés la reciente difusión de los mensajes del ex presidente catalán Puigdemont?
Estos mensajes denotan que el procés, como tal, está muy personalizado. No había una hoja de ruta. O al menos no una hoja de ruta basada en la responsabilidad, sino basada en los condicionamientos personales. En uno de esos mensajes, Puigdemont advierte que personalmente se ve traicionado y habla incluso de que su interlocutor puede volver a ser conseller. Es decir que están anteponiendo la cuestión personal, con un desprecio muy claro de lo que es la responsabilidad frente a la ciudadanía. Hay intereses de los dirigentes del llamado procés pero también ha saltado la cuestión de ERC, de sus expectativas políticas. Entonces hay una cierta descomposición del bloque independentista, mostrando la fragilidad de su posicionamiento político y también la escasa ejemplaridad de los dirigentes que están pidiendo unos sacrificios a la población que a ellos les cuesta asumir cuando les afecta personalmente.

¿A qué se debe esta fractura del bloque independentista, a la política llevada a cabo desde el Gobierno?
En principio, se debe a una estrategia inconsistente por parte de ellos. Evidentemente también porque han menospreciado la respuesta del Estado. La respuesta del Estado en el sentido de cumplimiento de la ley no solamente por parte del Ejecutivo, sino también, lógicamente, de todo el sistema que conforma el Estado de Derecho. Lo han menospreciado, han pensado que podían forzar la negociación política. Una negociación que siempre ha buscado, por parte de ellos, la posibilidad de realizar una consulta sobre la independencia. Y realmente no han planteado otros márgenes de negociación política. La han forzado, y han llegado a esta situación de callejón sin salida. Pero básicamente porque era una estrategia inconsistente, cargada de falacias, que no sabemos si han engañado o pretendían engañar o si se han engañado a sí mismos. Y no sé cuál de las dos posibilidades aterra más. Ellos alumbraron la expectativa de que podían arrancar una consulta, dijeron que no iba a tener coste económico… vendieron un poco la Arcadia feliz. Parecía que no iba a haber obstáculos en el proceso, que Cataluña iba a ser algo así como el paraíso y todos los males iban a tener solución con la independencia. Y así, han estado vendiendo mucha falacia, embarcando a una parte de la población de Cataluña en esta aventura.

Llegados a este punto, ¿qué es lo que se puede esperar ahora?
Lo que se puede producir es que esta situación de bloqueo se mantenga. Pero evidentemente esa previsión tiene un límite. O bien que la mayoría pueda superar la fractura y los desencuentros que están viviendo y puedan plantear un candidato más realista que asuma cual es la situación y los límites de acción política que supone estar en la legalidad. Y de esta forma, intenten llevar a cabo sus aspiraciones políticas dentro del margen de la legalidad y dirigidas hacia la negociación política. Evidentemente, también queda la posibilidad de repetición de elecciones, pero tampoco es que esto pueda resolver demasiado la actual situación.

Ese nuevo candidato más realista, ¿sería de ERC?
Creo que ERC está buscando esa posibilidad. En su momento, la situación provocó que las urnas no le dieran la victoria que ellos esperaban. Y supongo que entre las expectativas y los intereses políticos de ERC está el hacerse cargo de ese liderazgo. Pero esto necesita, de alguna forma, que Puigdemont abandone el papel que está desempeñando

Y en el caso de que se eligiera a un presidente de ERC, ¿quedaría aparcada la DUI, o por lo menos, que se flexibilizaría el procés?
Ellos deben saber que podrían mantener la aspiración independentista, pero en la práctica, sometidos al marco de legalidad. Una acción política dentro del marco de legalidad, sin renunciar a sus aspiraciones de futuro.

¿Está de acuerdo, en el fondo y la forma, con el recurso al Constitucional presentado por el Gobierno de Rajoy contra la investidura en el Parlament?
En lo que sí estamos de acuerdo es en el propósito de impedir que alguien que está fugado de la Justicia, y que por tanto no ha respetado la legalidad, pueda ser presidente de Cataluña. Un presidente de Cataluña tiene que cumplir la ley y no estar al margen de la ley. Es un principio básico. Pero más allá de eso, está la cuestión de la gestión, que le corresponde al Gobierno y que nosotros, en aras de la lealtad institucional, no hemos cuestionado. Evidentemente, no nos corresponde a nosotros asumir esa responsabilidad. Podemos compartir el propósito, pero es evidente que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, en todo caso –y es lo que compartimos–, ha advertido al menos de la exigencia de que una investidura sea presencial, sin manifestarse en torno a un hecho probable, pero no efectivo, que es como le corresponde a la justicia pronunciarse. Todo lo demás, puede ser discutible, jurídica y políticamente, pero lo que importa es que, desde el punto de vista político, es muy difícil que alguien prófugo de la justicia pueda ser un servidor de la Ley. Y, por otra parte, que la investidura tenga que ser presencial. Porque, además, lo importante es que un presidente de Cataluña tiene que estar en Cataluña, un presidente de Cataluña tiene que defender los intereses de Cataluña desde Cataluña, y no desde ningún exilio.

¿Cuándo tomó el Gobierno la decisión de presentar ese recurso al Constitucional? ¿Lo hizo con el apoyo explícito del PSOE, tras hablar con Pedro Sánchez?
Al PSOE no se le consultó previamente, fue estrictamente una comunicación, digamos, protocolaria. La comunicación al PSOE y el anuncio del recurso fueron en paralelo, no hubo consulta ni comunicación previa, sino que se comunicó cual era la decisión del Gobierno.

En estas circunstancias, ¿siguen apoyando la aplicación del artículo 155? ¿Hasta cuándo se puede mantener esta excepcionalidad?
El artículo 155 se aplica de acuerdo con la vigencia que contemplaba la intervención. Y el acuerdo que tomó el Senado fue que se prolongaría hasta que hubiese un nuevo presidente. Por lo tanto, aquí no cabe innovar nada, simplemente, en el propio acuerdo del Senado se establecía la vigencia del artículo 155 hasta la investidura del presidente, cosa que no ha ocurrido todavía. De suyo es que, cuando haya un presidente, la intervención ya no tendrá que mantenerse, si es que ese presidente, por supuesto, se mantiene en el marco de la Ley, como es exigible, por otro lado. Pero hay que decir también que frente a las previsiones negativas que iba a suponer la aplicación del 155 en la administración catalana, tampoco es que estemos observando grandes problemas, más allá de la iniciativa y de la acción política, que no tienen que ver con la administración en este caso.

“Los secesionistas han menospreciado la respuesta del Estado”

¿El hecho de que varios exconsejeros del gobierno catalán sigan encarcelados puede ser un obstáculo para desbloquear la situación?
No puede haber negociación cuando la Justicia no se ha pronunciado. Eso sería como interferir en la Justicia. La Justicia ni siquiera se ha pronunciado sobre la culpabilidad o responsabilidad de estos cargos. No hay que anticiparse. Primero, que la justicia establezca claramente si tienen alguna responsabilidad o alguna culpa.
Por otra parte, cuando se pregunta si es deseable o normal, evidentemente, en ningún momento es deseable que alguien esté en la cárcel, y tampoco es normal. Por eso estamos como estamos, porque nada ha sido normal desde el punto de vista de la institucionalidad y de la legalidad. Pero también es verdad que uno tiene que ser suficientemente responsable y maduro como para asumir las consecuencias de sus actos.

¿Cómo valora los trabajos de la Comisión para la Evaluación del Estado Autonómico? ¿Cree que el PP tiene voluntad política de reformar la Constitución, condición impuesta por Sánchez para apoyar el 155?
De momento, la Comisión está funcionando, están compareciendo las personas que se quiso que intervinieran y el acuerdo era, creo recordar, que este proceso debía durar como seis meses, para dar paso a la constitución de una subcomisión para la reforma constitucional. Por tanto, estamos en plazo todavía. Esperemos que el PP cumpla con su compromiso.

Sin embargo, en las primeras intervenciones de los padres de la Constitución parecía que el ambiente era poco propicio a una reforma…
Lo que cabe rescatar de lo que han dicho los padres de la Constitución es que, ante una reforma constitucional, hace falta un consenso amplio, importante, como los que se lograron en su momento. Pero eso no es malo. Nosotros también compartimos eso. Evidentemente un pacto social, político como supone una Constitución no puede ser tema de una parte, tiene que conseguir una mayoría amplia. Por eso hemos invitado al resto de las formaciones políticas a asumir la necesidad de la reforma constitucional.

Se ha dicho que a los barones territoriales no les ha gustado el acuerdo entre Rajoy y Sánchez sobre financiación autonómica. ¿Es cierto?
El Partido Socialista no va a renunciar a tener una posición política, ya sea sobre el marco de financiación autonómica o sobre otras cuestiones. No vamos a renunciar a plantear, como socialistas, nuestra visión y nuestro modelo sobre la financiación autonómica, basado en el tipo de política social que queremos. A partir de ahí, le corresponde al Gobierno hacer una propuesta y llevarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde están los gobiernos autonómicos. Los gobiernos autonómicos deben estar en la negociación. Pero en la definición de los principios, en la definición del nuevo modelo bajo una perspectiva socialista, está el partido, como en cualquier otra cuestión. Por tanto, esa polémica no tiene ningún sentido, porque todo tiene su marco.

Podemos parece atravesar un momento político complicado ¿La formación de Pablo Iglesias ha dejado de ser una amenaza para el PSOE?
En su momento, hubo una disputa, muy alentada también por la opinión publicada, augurando el éxito de nuevas expresiones y el ocaso de quienes habían modernizado este país. Es verdad que se produjo, en un momento dado, una lucha por la hegemonía de la izquierda que creo superada. Y con el tiempo, se va a confirmar que está superada.

Desde el PSOE se ha repetido en varias ocasiones que la legislatura está agotada. ¿Significa eso que Rajoy debería convocar elecciones ya?
La legislatura está agotada, y lo hemos dicho muchas veces, pero no porque ya haya cumplido sus objetivos, sino porque nació agotada. Agotada por la propia incapacidad del Gobierno para gestionar los tiempos actuales. Por eso, fue una lástima que se desaprovechara la oportunidad de cambio que tuvo España en 2015. A partir de ahí no ha habido iniciativa política, no ha habido impulso. Pero en cualquier caso, las elecciones las debe convocar el presidente del Gobierno, porque, de otro modo, la oposición no tenemos capacidad para articular una mayoría que las fuerce. Esa es la verdad, como lo hemos podido ver. En estas circunstancias de inmovilismo, de falta de iniciativa por parte del Gobierno, se ha cruzado el desafío independentista. Y esto ha obstaculizado la posibilidad de unas elecciones, porque el Estado no estaba en condiciones de asumir el desafío independentista por una parte y, además, unas elecciones generales.