Los Jueces del Proces Tiempos de hoy

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      Nº 1221. 10  de noviembre de 2017

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Política / Virginia Miranda

Llarena, desde el Supremo, mueve ficha en el tablero del 21-D

Los jueces del procés

Un juez belga deberá decidir si extradita a España a Carles Puigdemont. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y siete ex consellers. Y el magistrado del Supremo Pablo Llarena tiene entre manos unificar la causa contra el procés y, en primer término, las medidas cautelares contra los políticos imputados. Una vez solicite a su colega que se inhiba a favor del Alto Tribunal, la orden de prisión puede tener los días contados. Y la campaña electoral del 21-D, un factor judicial menos de riesgo.

El diferente criterio de Llarena respecto a las medidas cautelares anticipa un giro en los acontecimientos

La orden de detención contra Carles Puigdemont no se resolverá antes de las elecciones de diciembre

Pablo Llarena ha decretado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, y de 25.000 para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó en la causa que se sigue contra ellos por los delitos de rebelión, sedición y malversación en el marco de la declaración de independencia de Cataluña. Un gesto que señala un nuevo camino en la deriva judicial del procés que estuvo acompañado de las propias palabras del magistrado. Según ha revelado el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, en declaraciones a RAC-1 y Catalunya Ràdio, les tranquilizó nada más comenzar la sesión diciendo: “Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional”. Y añadió: “es el Supremo quien marca el camino de las decisiones y no la Audiencia. Nacional al Supremo”. 

Cuando el juez del Supremo, Pablo Llarena, asuma toda la causa, los ex consellers podrían salir de prisión  / EUROPA PRESS

Pablo Llarena y Carmen Lamela son los dos jueces con los que, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, arrancaron las instrucciones de las causas contra la Mesa del Parlament y el Gobierno de la Generalitat por la organización del 1-O y la declaración de la DUI. Los dos a instancias de sendas querellas presentadas por la Fiscalía. Y los dos con distinta respuesta en los primeros pasos de la investigación: el pasado día 2 de octubre, el magistrado daba una semana más a los abogados de los exrepresentantes de la Cámara autonómica para preparar sus defensas citándoles de nuevo el 9 de noviembre. La jueza sin embargo decretaba prisión incondicional contra el expresidente de la Generalitat y siete consejeros y dictaba orden de detención contra el expresident y el resto de miembros del Govern ‘fugados’ en Bélgica. Aunque con distintas responsabilidades, estando todos ellos imputados por los mismos delitos de rebelión, sedición y malversación.

A la terna española se sumó un juez belga para darle dimensión internacional a la causa que, de amplio espectro en sus primeros días, tiene todas las papeletas para acabar en manos de un solo magistrado, el que dicen es más sensible a las consecuencias políticas de un asunto de especial trascendencia para las elecciones del 21-D.

El burgalés Pablo Llarena conoce bien Cataluña, donde fue presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y donde se dedicó a la docencia tanto en la Universidad Autónoma como en la Central de Barcelona. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde que recalara en su despacho hace menos de dos años, pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que fue portavoz y presidente. Sin embargo, no genera reproches de carácter ideológico, está muy bien valorado en el ámbito judicial y sus primeros pasos al frente de la causa contra el procés han sido calificados de garantistas.

Ingresó en la carrera judicial sólo tres años después que Lamela, pero es ella la que atesora, dicen que a pesar de esta magistrada “seria y sensata”, las instrucciones más mediáticas. Como la del caso Alsasua, donde la jueza mandó a juicio a nueve procesados, tres de ellos en prisión provisional, por el caso de agresión a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas en esta localidad navarra. O la del expresidente del Barça, Sandro Rosell, al que envió también a la cárcel en mayo en el marco de la operación Rimet contra el blanqueo de capital y que está pendiente de cómo se resuelva la petición de su defensa, que por cuarta vez acaba de solicitar su excarcelación.

También ha sido la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, puesto que ocupa desde hace poco más de dos años, quien consideró que los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, llamaron a la “movilización permanente” tras la Operación Anubis contra la organización del 1-O y les envió a la cárcel acusados de un delito de sedición, recurriendo a la prisión preventiva sin fianza y generando ya entonces una controversia que sobrepasa los límites del mundo independentista.

En los años 90 y coincidiendo con Llarena, por aquella época en el juzgado de instrucción número 31, Carmen Lamela también trabajó en la Ciudad Condal como magistrada en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde pocos años después recalaría quien ahora parece que asumirá en solitario una responsabilidad jurídica sin apenas precedentes con las elecciones del 21 de diciembre en el horizonte político.

Tal y como se apunta estos días, la duplicidad de trabajo y la distinta interpretación procesal ha tenido un recorrido limitado. En el auto de admisión a trámite de la querella contra la Mesa del Parlament, la Sala de lo Penal del Supremo ya se manifestaba a favor de asumir también la causa contra el cesado Govern en virtud de la “naturaleza inescindible” de los hechos –el delito de rebelión, que requiere de la concurrencia de un colectivo, es la clave–. Coincidiendo con la intención del Ministerio Público, que siempre apostó por que el Alto Tribunal se hiciera cargo de toda la investigación pero, con la aplicación de las primeras medidas del artículo 155 de la Constitución, Puigdemont, Junqueras y los exconsellers perdieron su aforamiento.

Ahora es el instructor el que debe decidir si  asume todo el procedimiento y, como han adelantado varios medios y confirman fuentes jurídicas, está dispuesto a solicitar a Lamela que se inhiba en los próximos días a favor del Supremo también en la causa de los encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y del cesado mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Una solicitud que se va a extender a las investigaciones abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –por la compra de urnas para el 1-O, por la firma del decreto de convocatoria del referéndum o por la inserción de publicidad en los medios de comunicación–.

Este nuevo escenario procesal es el más deseado por todas las partes implicadas por varios motivos. Las defensas de ‘los Jordis’ y del cesado Govern han cuestionado en sus recursos la competencia de la Audiencia Nacional; la Fiscalía subraya en sus querellas que los presuntos delitos cometidos desde la Generalitat, el Parlament y las asociaciones culturales responden a una estrategia coordinada con un reparto de papeles; y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha declarado en una entrevista en Onda Cero que existen argumentos para enviar a la cárcel al cesado Govern pero también ha defendido que ordenar la prisión preventiva tiene “un margen de apreciación” que depende del juez “teniendo en cuenta los elementos de la ley”.

Porque en el ámbito político y también en el judicial son muy conscientes del efecto de la privación de libertad de los líderes del procés sobre el electorado independentista, que se volvió a ver movilizado tras el baño de realidad de una DUI que no fue con una medida cautelar que desactivó buena parte de la ventaja que días atrás había logrado el Gobierno con un 155 ‘blando’.

Esto coincide con las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que coincidiendo con la llegada de Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de Parlament al Supremo, apelaba a la independencia de los jueces en una entrevista en TVE al tiempo que decía que Pablo Llarena debe tener en cuenta “primero la ley” y posteriormente el “contexto” y los hechos que influyen “en el entorno”.

A esto cabe añadir que a Mariano Rajoy, en permanente juego de equilibrios, tampoco le interesa dar imagen de tibieza ante una militancia que, en algunos momentos del proceso desarrollado a lo largo de los últimos meses, ha sido muy crítica con un presidente al que reclamaba mano dura.

La campaña, fuera de la cárcel.
Si Llarena asume la totalidad de la causa esta misma semana, la salida de Junqueras y los exconsellers de prisión podría materializarse en pocos días. Según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona (UB), Jordi Nieva, la manera en la que Pablo Llarena se ha conducido hasta ahora parece indicar que los miembros del PDeCAT y de ERC podrán hacer campaña para el 21-D. “Considerando las circunstancias de todo el proceso, teniendo en cuenta que hay una unidad de hechos y pudiéndose razonar el mismo riesgo de fuga en casi todos, es posible que salgan en libertad en un breve plazo”, señala.

Coincidiendo con otras voces que estos días han valorado las decisiones de los jueces del procés, considera más garantista la de Pablo Llarena que la de Carmen Lamela, que contempla la calificación delictiva de rebelión a pesar de la ausencia de violencia y que, de forma “extraordinariamente suspicaz”, presume lo que unos van a hacer –Junqueras y el resto de exconsellers encarcelados– en función de la conducta de los demás –la huída de Puigdemont y cuatros representantes del cesado Govern– sin que hayan manifestado voluntad de fuga ni existan indicios de ello.

Otras fuentes judiciales consultadas subrayan que la prisión incondicional “no se sostiene” porque, habiendo sido cesados del cargo, no hay riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración de delito, el resto de supuestos que deben de concurrir para solicitar esta medida cautelar. Además, recuerdan que para decretar la privación de un valor primordial como es la libertad en esta fase del proceso ha de tenerse en cuenta la magnitud del delito y la peligrosidad –en un país democrático, los presos en situación preventiva no superan el 20 por ciento del total–.

Por el contrario, el magistrado del Supremo, que a diferencia de su colega en la Audiencia Nacional es partidario de calificar el delito de conspiración a la rebelión y no de rebelión, ha considerado que todos los llamados a declarar han comparecido ante la autoridad judicial. Si no ha dictado orden de prisión incondicional contra Carme Forcadell, que estaba entre los cuadros principales del proceso independentista, “es difícil que lo haga con los que tenían una responsabilidad de movilización parecida a ella”. Con lo que cabe la posibilidad, señala el catedrático de la UB, de que “los exconsellers que ahora están en prisión salgan en libertad” tras el cambio de juez.

En cuanto a Carles Puigdemont y los cuatro exrepresentantes de su Govern huidos con él a Bruselas, el proceso será más lento. La solicitud de entrega de los políticos investigados tramitada por Carmen Lamela pasa de puntillas por la rebelión, que no figura en la lista de delitos de la euro orden y requiere de un examen de la legislación belga donde se tipifica que ha de ser armada, y carga las tintas sobre la malversación, que tiene una pena menor pero permite activar la euro orden de forma automática. Según Jordi Nieva, si al juez belga encargado de decidir sobre la petición de extradición “le da por analizar más profundamente los hechos, cosa que no debería hacer pero puede hacer”, quizá pudiera tener dudas respecto de la malversación porque la Administración catalana lleva meses intervenida por el Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, asegura que descartará las alegaciones que puedan hacer las defensas sobre la conculcación de derechos fundamentales por parte del Estado y, concluyendo que los tribunales españoles no van a infligir ninguno de ellos, probablemente concederá la entrega.

Dicho esto, si Pablo Llarena asume la instrucción de toda la causa podría retirar la orden de detención y formular una nueva petición afinando los tipos delictivos –la jueza de la Audiencia Nacional sumó la prevaricación y la desobediencia, que no aparecen en su auto contra los consellers encarcelados–. En cualquier caso, la tramitación podría durar dos o más meses, menos de manera excepcional. Pero nadie se aventura a decir que Puigdemont pueda regresar a España antes del 21-D. De este modo, mantendrá la internacionalización de la causa independentista durante el tiempo que los medios quieran prestarle atención. Pero también se evitarán nuevos sobresaltos en una campaña electoral particularmente sensible a las novedades judiciales del procés.