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      Nº 1220. 3  de noviembre de 2017

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Política / Virginia Miranda

La cárcel y las detenciones enredan la estrategia de Moncloa

El peso de la Justicia cae sobre el 21-D

La Justicia y la política discurrían en paralelo en Cataluña hasta el auto que decreta prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete exconsejeros y la orden de detención de Carles Puigdemont y el resto de representantes del cesado Govern huidos en Bélgica. A siete semanas del 21-D, las causas penales se han erigido en las grandes protagonistas de una precampaña donde los independentistas tratarán de capitalizarlas en las urnas mientras PP, PSC y Ciudadanos esperan contrarrestar su efecto rebote con una movilización sin precedentes.

 
La prisión para Junqueras, que previsiblemente antecede la de Puigdemont, va a marcar una batalla electoral que ya ha dado comienzo / EUROPA PRESS

Las órdenes de prisión podrían restarle a Rajoy la ventaja buscada con el anuncio del 21-D   El delito de rebelión podría ser motivo para reunir en una misma causa la instrucción contra la DUI

Para evitar el riesgo de fuga, la “ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba” y la actuación “contra bienes jurídicos”, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, atendía este jueves la petición de la Fiscalía y decretaba prisión incondicional contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y los siete consejeros que como él atendieron su citación como imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, que según el auto de la magistrada podrían ascender en cada caso a penas de 25, 15 y 8 años de prisión –10 en el caso de falsedad contable–.

La noticia antecedía a la orden europea de detención para Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers huidos en Bélgica que, al cierre de esta edición, previsiblemente dictaría la jueza. La estrategia del expresident para internacionalizar el proceso judicial había registrado días atrás un primer fracaso en las portadas de los medios europeos, saturada con lo que mayoritariamente denominaron “circo” catalán tras una rueda de prensa en la que habló de una presunta falta de garantías procesales en España y al mismo tiempo aceptó la convocatoria electoral, y al cierre de esta edición se esperaba ver cuál iba a ser su siguiente paso tras el requerimiento de Lamela y las consecuencias que pudieran derivarse. Pero, sea cual sea su reacción –esperar a ser detenido o confiar en que la justicia belga le dé una válvula de oxígeno–, Puigdemont espera verse compensado en clave interna tras el impacto de su causa penal y la del cesado Govern en la precampaña del 21-D.

La convocatoria electoral, una jugada con la que Mariano Rajoy ha cambiado el paso a un independentismo apremiado por un calendario de inminente ejecución y dividido ante un escenario con el que no contaba, podría no darle al presidente la ventaja deseada. Para empezar, las encuestas no arrojan resultados muy distintos a los que en 2015 conformaron el Parlament que el pasado 27 de octubre votaba la DUI; según ‘el CIS catalán’ –Centro de Estudios de la Generalitat–, Junts pel Sí y la CUP reeditarían su mayoría absoluta en escaños. Y la acción de la justicia, a instancias de la Fiscalía, no acompaña al 155 ‘blando’ anunciado unas horas después de la proclamación de la república catalana.

Una acción, por otro lado, desigual. El juez del Tribunal Supremo, el conservador Pablo Llanera, había llamado también a declarar la mañana del 2 de noviembre de 2017 a la expresidenta y exmiembros de la Mesa del Parlament, acusados de los mismos delitos de sedición, rebelión, malversación. Sin embargo, y atendiendo la petición de los letrados en una decisión que ha sido calificada desde el ámbito jurídico como garantista, les ha dado una semana más para preparar las defensas sin más medida cautelar que la vigilancia policial de Carme Forcadell y el resto de exdiputados, investigados por permitir la DUI y por desviar fondos, presuntamente, para la organización del 1-O. En sus razonamientos jurídicos, Lamela explica que tuvo conocimiento de semejantes solicitudes pero fue una vez finalizadas las declaraciones.

El distinto ritmo que han tomado ambos procesos no es sin embargo el pretendido por la Fiscalía, a favor de que el Supremo asuma también la causa contra el cesado Govern. Incluso este tribunal, en el auto de admisión a trámite de la querella contra la Mesa del Parlament, se manifiesta en este mismo sentido en virtud de la “naturaleza inescindible” de los hechos –el delito de rebelión, que requiere de la concurrencia de un colectivo, es la clave–. La intención del Ministerio Público siempre fue que el Alto Tribunal se hiciera cargo de toda la investigación pero, con la aplicación de las primeras medidas del artículo 155 de la Constitución, Puigdemont, Junqueras y los exconsellers perdieron su aforamiento. Ahora, es el instructor el que deberá decidir si  asume todo el procedimiento.

Si algo había logrado el jefe del Ejecutivo con el 21-D era romperle los esquemas al independentismo. Pero la cárcel preventiva y las detenciones internacionales, solicitadas por otra parte por la Fiscalía General del Estado, alimentan un discurso electoral donde los padres del procés, erigidos ahora en “presos políticos”, podrían ayudarle a sortear las contradicciones y diferencias surgidas desde la convocatoria electoral.

Antes de la votación de la DUI en el Parlament y del 155 en el Senado, la prensa catalana llegó a hablar de la posibilidad barajada en el Govern de un ‘exilio’ en Bélgica. Sin embargo, la intervención limitada de Cataluña, la más breve posible desde que se disuelve la Cámara autonómica hasta que se celebran los comicios, ha dividido a quienes conformaron Junts pel Sí, con la vista puesta ahora en las urnas, en la situación procesal y en las perspectivas electorales de cada uno.

Síntoma de ello ha sido la declaración del abogado de Lluís Ginó y Lluís Corominas, uno de los hombres fuertes del PDeCAT en el Parlament disuelto, cuando los periodistas congregados a las puertas del Tribunal Supremo le preguntaron si a sus representados les perjudicaba la huída belga de Puigdemont. “Sin duda”, decía el letrado Xavier Melero, “cuando no compareces ante la justicia cuando eres citado siempre perjudicas al resto de coimputados”. Algo que, por otra parte, Lamela argumenta para mandar a prisión a la mayor parte del cesado Govern.

Otro indicio de las distintas posiciones de partida que ha provocado Rajoy entre el independentismo catalán  ha sido su reacción frente al 21-D. En ERC, los portavoces en el Congreso Joan Tardà y Gabriel Rufián tuvieron respuestas enfrentadas ante la convocatoria decretada por el Gobierno central, imponiéndose la opción defendida por el parlamentario más veterano a favor de la participación. También en la CUP ha habido una evolución desde el boicot a la participación, aunque un Consell Polític debía decidir este sábado si se registra como coalición y su Assamblea General del 12 de noviembre deberá ratificarlo.

Incluso la respuesta que cada partido ha tenido ante la primera cita de un ajustadísimo calendario ha evidenciado las diferencias provocadas por una inesperada aplicación del artículo 155. Este martes, día 7, vence el plazo para presentar las candidaturas conjuntas. Y la reedición de la coalición Junts pel Sí ha generado intensos debates tanto en el PDeCAT como en Esquerra acerca de un abanico de opciones que va desde concurrir en solitario, repetir la misma fórmula, ampliar el cupo a más partidos o presentarse por separado pero con puntos programáticos comunes.

La segunda fecha marcada en el calendario, la del 17 de noviembre, también requiere acelerar una decisión nada fácil para las fuerzas soberanistas. En el día en que habrán de estar conformadas las candidaturas y sus cabezas de lista, lo van a tener claro el PP, que acaba de proclamar candidato a las elecciones catalanas a Xavier García Albiol, el PSC, donde Miquel Iceta fue designado este verano, y Ciudadanos, que en mayo celebraba unas primarias donde Inés Arrimadas ganó por amplia mayoría. Tras conocer las novedades emanadas de la Audiencia Nacional, todos ellos apelaron al respeto a las decisiones judiciales, si bien los socialistas catalanes calificaron la medida cautelar de “desproporcionada”.

En cuanto a sus posibilidades de dar la vuelta las encuestas, apuestan por distintas vías. La formación naranja es partidaria de un pacto preelectoral para apoyar la candidatura más votada y los populares prefieren llegar a acuerdos tras el 21-D. En cualquier caso, lo han apostado todo a las multitudinarias manifestaciones celebradas en Barcelona a favor de una Cataluña dentro de España y de Europa, confiando en que la histórica participación registrada en los comicios de 2015 superior al 77 por ciento del censo electoral se vea rebasada del lado no independentista.

Los demás partidos apurarán el plazo hasta los últimos días tras haber visto mermadas sus fuerzas o cambiar su formulación electoral respecto al 27-S. Santi Vila, el único exconseller al que Carmen Lamela ha permitido eludir la cárcel bajo una fianza de 50.000 euros por haber dimitido antes de la DUI, ha manifestado su intención de presentar candidatura, sea o no en el PDeCAT. La coordinadora general del partido, Marta Pascal, ha recordado que al candidato lo elegirán los asociados en unas primarias que habrían de celebrarse si la formación se presenta en solitario. Y sería entonces se vería si el planteamiento de Vila, favorable al independentismo sin vulnerar las reglas del juego democrático, tiene algún recorrido a día de hoy entre su electorado.

En ERC, la prisión preventiva de Oriol Junqueras dificulta una decisión que, antes de su entrada en la cárcel, basculaba entre ir o no en coalición, si bien prevalecerá la que tácticamente les resulte más idónea para “hacer cumplir el mandato del 1-O”, como vienen repitiendo desde la convocatoria electoral. La CUP, de presentar candidato, lo decidirá de manera asamblearia, y lo que sí parece claro es que el candidato de Catalunya en Comú será su portavoz en el Congreso, Xavier Domènech, mientras que los inscritos de Podemos en Cataluña votan desde el miércoles día 1 hasta este martes, 7 si quieren aliarse con el nuevo partido de los ‘comunes’ para los comicios del 21 de diciembre.

“Las encarcelaciones son un golpe contra las elecciones del 21-D”. Con sus primeras palabras en TV3 tras las encarcelaciones de sus compañeros, Carles Puigdemont daba el pistoletazo de salida a la precampaña y perfilaba la que será principal batalla dialéctica entre las dos almas que conviven, cada vez con más dificultades, en una Cataluña herida.