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                      Nº 1218. 20  de octubre de 2017

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Política / Virginia Miranda

El inédito camino del que pende la unidad de España, la paz social en Cataluña y el lugar de Rajoy en la historia

Ciento cincuenta y cinco

El Estado se enfrenta a un desafío como ningún otro haya visto desde el 23-F capaz de poner en peligro la convivencia de los españoles. El proceso independentista catalán ha roto las reglas del juego hasta ahora conocidas y el Gobierno central se adentra en un terreno inexplorado para tratar de recomponerlas. Ese carácter ignoto hace que la irrupción en el escenario político del artículo 155 de la Constitución se aborde desde el Ejecutivo con el temor de que una calle enfervorecida se les vaya de las manos, aunque subraya que no le queda más opción y agradece un apoyo, el del PSOE, que ha sido fundamental en la definición de las medidas que a finales de mes aprobará el Senado.


El presidente del Gobierno tiene el reto de recomponer el orden institucional en medio de un escenario de emergencia nacional / EUROPA PRESS

El PSOE ha puesto condiciones al Gobierno para darle su apoyo al inexplorado abordaje del artículo 155 de la Constitución   Rajoy ha ganado tiempo para asegurarse el apoyo de las cancillerías europeas y de los que hace pocos meses se negaban a intervenir Cataluña

El Gobierno central cesará al presidente, al vicepresidente y a los consejeros de la Generalitat de Cataluña, cuyas funciones serán asumidas desde los ministerios durante una “situación excepcional” que finalizará cuando el Ejecutivo disuelva el Parlament para convocar elecciones antes de seis meses.

Además, la Cámara catalana seguirá ejerciendo su función representativa pero su presidenta verá limitadas sus funciones, dejando de tener la facultad de proponer al candidato a la presidencia del Govern y la de convocar un debate y votación de investidura.

Estas son las principales medidas contempladas en el acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado, 21 de octubre, como reacción a la carta remitida al Ejecutivo central dos días antes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, respondía a un segundo requerimiento que ponía en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el límite del plazo fijado para aclarar si alguna autoridad había declarado la independencia de Cataluña y para avenirse a cumplir con la legalidad constitucional.


Si convoca elecciones, Puigdemont podría evitar las medidas del 155 antes de que sean aprobadas en el Senado / EUROPA PRESS

Arropado por todos sus ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendía en la posterior rueda de prensa que el “proceso unilateral contra la ley”, la “imposición” y no “el diálogo” del Govern, las “circunstancias excepcionales”, y la necesidad de restablecer la convivencia y “continuar con la recuperación económica”, obligaban al Gobierno a activar un proceso que, remitido al Senado para su votación en el pleno convocado para el viernes, 27 de octubre, no tiene marcha atrás.

Desde el Ejecutivo insisten en que no ha habido una suspensión de la autonomía ni del autogobierno catalán, sino un cese de aquellos que “han puesto ese autogobierno fuera de la ley y la Constitución”. Quieren cargarse de argumentos para dar un paso de consecuencias imprevisibles remitiendo a legislaciones de nuestro entorno europeo más rigurosas y al precedente –que no llegó a ser– del primer trámite del 155 iniciado por el Gobierno de Felipe González en el 89 con motivo de un incumplimiento de las obligaciones fiscales de Canarias finalmente resuelto. Además, subrayan, se han producido los dos supuestos del mencionado artículo: el incumplimiento de las obligaciones constitucionales tras reiteradas llamadas de atención del Tribunal Constitucional y la afección al interés general.

Por todo ello, subrayan, el 155 está en marcha. Una vez remitido al Senado, al Gobierno ya no le corresponde su paralización; sólo se puede detener si la Cámara Alta no lo aprueba, ha dicho Rajoy. Sin embargo, su alcance aún está por ver. Tal y como están planteadas, las medidas del pacto alcanzado por Gobierno, PSOE y Ciudadanos y ratificado en Consejo de Ministros son graduales y, algunas de ellas, de carácter “singular”. Es el caso de las que afectan a la seguridad y orden público, a la gestión tributaria y presupuestaria –en parte anticipada tras la intervención de las cuentas de la Generalitat– y a la comunicación y servicios digitales. Esto es, a las áreas más sensibles como son los Mossos d’Esquadra, la gestión económica y la televisión y radio públicas.

Esto significa que el primer paso, una vez cesados los titulares de las consellerias y asumiendo los ministerios sus competencias a través de los órganos o autoridades que se designen tras la votación en el Senado, consistirá en dirigir órdenes directas a sus máximos responsables. En el supuesto de la policía autonómica, y de manera “proporcional al incumplimiento que tratas de atajar”, el siguiente paso podría ser el despliegue de agentes del resto de cuerpos de seguridad del Estado y, el siguiente, el cese de miembros del cuerpo de la policía catalana. 

Porque, en el pacto que deberá ser votado en el Senado y durante el tiempo en que esté vigente, el Gobierno se dota de la capacidad de ir modificando las medidas, siguiendo el mismo proceso que ahora se tramita en la Cámara Alta pero sin pasar el trámite del requerimiento.

Por otra parte, el Ejecutivo comparecerá cada dos meses en el Senado para hacer balance de la aplicación ejercida del artículo 155 de la Constitución.

En cuanto a las elecciones catalanas, ésta era una de las principales condiciones que había planteado el PSOE para apoyar la estrategia del Gobierno en Cataluña. Aunque la socialista y negociadora del pacto, Carmen Calvo, declaraba el viernes que los comicios se celebrarían en enero –extremo confirmado horas después por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera–, el acuerdo remitido al Senado habla de un plazo máximo de seis meses aunque, según ha declarado Rajoy, “mi voluntad” es que se convoquen “tan pronto” como se restablezca la “normalidad institucional”.

Cabe señalar que, de agostarse el plazo, la celebración de los comicios y la formación del Govern, en el mejor de los casos, se extenderían hasta el próximo verano.

Respecto al Parlament, el Gobierno ha limitado sus funciones a las proposiciones de ley o iniciativas de carácter ordinario. Esto es, no podrá emprender trámites que representen una vulneración del Estatut y de la Constitución y el Ejecutivo central podrá ejercer su derecho a veto durante 30 días.

Siempre y cuando Carles Puigdemont no convoque elecciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de que se celebre la votación en el Senado y las medidas se publiquen en el BOE el sábado, 28 de octubre. En ese caso, los grupos parlamentarios habrían tenido la capacidad de adaptar las medidas o modificar la exposición de motivos ante unas nuevas circunstancias.

Al cierre de esta edición, no parecía esa una opción factible. Tras asistir a una multitudinaria manifestación en Barcelona clamando contra lo que los independentistas califican de “golpe de Estado” y pidiendo la excarcelación de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusados de un presunto delito de sedición, el presidente de la Generalitat pronunciaba un discurso institucional donde dejaba abierta la posibilidad de anunciar una declaración unilateral de independencia y convocar elecciones constituyentes antes de la votación en el Senado, donde una comisión conjunta constituida el martes dará de plazo hasta el jueves a mediodía a Puigdemont para que presente alegaciones o incluso acuda a defenderse –al día siguiente, tras el dictamen definitivo, sí se espera la presencia de Rajoy en el pleno donde tendrá lugar su convalidación–.

Acusando al Gobierno de Rajoy de haber liquidado “el autogobierno y la voluntad de los catalanes” en lo denominó el peor ataque del Estado a la autonomía desde la dictadura, el president apeló a la defensa de las instituciones “de forma pacífica cargados de dignidad y de razones” y anunció que pediría al Parlamento catalán la convocatoria de una sesión plenaria donde “debatiremos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno” y consensuar una respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el Ejecutivo ya descartan que el jefe del Govern escoja un camino que no sea la DUI. Sobre lo que no han querido pronunciarse hasta el momento es sobre la posibilidad de que los representantes de la Generalitat se nieguen a aceptar el nuevo escenario político y una calle enfervorecida se les vaya de las manos.

Mientras, el PSOE y Ciudadanos habían cerrado filas con el Gobierno de Rajoy. Así había sido el pasado jueves tras conocerse el contenido de la carta de Puigdemont, cuando el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, declaró que “el Estado de derecho no puede ceder ante esta inadmisible amenaza”. En semejantes términos se manifestó Rivera que, tras el anuncio del pacto y en línea con el argumentario del Ejecutivo, defendió que el 155 “restituirá la convivencia y la seguridad económica”. También Pedro Sánchez, durante un acto de partido, dijo que “el PSOE opta por defender la Constitución y no prolongar la agonía”.

Mariano Rajoy ha buscado y ha conseguido la complicidad del principal partido de la oposición para hacer frente al mayor desafío que haya sufrido la integridad institucional y territorial española en décadas. Para lograr tan preciado apoyo, el presidente ha tenido que hacer concesiones. Los socialistas, renuncias. Con su pacto de Estado con el Ejecutivo, los puentes del PSOE con Podemos, tras escuchar las declaraciones de su secretario de Organización, Pablo Echenique, y de la líder de Catalunya en Comú, Ada Colau, se encuentran bloqueados a la altura de Cataluña.

 

Los tiempos de Rajoy
En sus más de 35 años de carrera política, Mariano Rajoy no se había visto en otra igual. Y eso que ha superado todo tipo de obstáculos, desde sus comienzos en su Galicia natal, donde hubo quien trató de cercenar su ascenso dentro del PP y de la Administración, hasta sus sordas batallas de poder para erigirse primero, y mantenerse después, como líder de la derecha española.

Para ello, su mejor carta ha sido el tiempo. Ha sabido jugarla como nadie y, hasta ahora, ha sido el comodín que le ha permitido ir acumulando victorias a pesar de que, en una batalla tras otra, aparecía como el claro perdedor.

En 2008, perdió por segunda vez unas generales pero venció a los enemigos internos y mediáticos que trataron de moverle la silla y, sin prisa y sin hacer apenas ruido, de todos se fue deshaciendo. En 2011, resistió a las voces que le empujaban a aceptar un rescate que habría traído consigo recortes más drásticos y llegó a tiempo de presentarse en las siguientes elecciones como el artífice de la recuperación económica, aunque el componente macro no se hubiera hecho sentir en las familias españolas que más acusaron la crisis. En 2013 superó el bochorno de los papeles y los sms de Luis Bárcenas aguantando el chaparrón político y mediático hasta llegar a un pleno extraordinario convocado un 1 de agosto seguido de no pocos altibajos, como su declaración como testigo en el caso Gürtel a finales del mes de julio sin que haya tenido consecuencias. Y en 2016, tras registrar una victoria insuficiente en los comicios del 20-D, lo arriesgó todo al rechazar el encargo del rey de intentar formar Gobierno y apostar a que Pedro Sánchez no lograría los apoyos necesarios para ser investido presidente. El líder del PP acertó y, en una legislatura llena de dificultades, ha llegado hasta aquí para enfrentarse al más difícil todavía. En su declaración del sábado señalaba que “lo que me he encontrado en frente no lo había visto en los ya muchos años que llevo en la vida política”.

En todos estos y otros episodios, Mariano Rajoy recibió constantes presiones para mover ficha, pero con una estoica capacidad de resistencia ha esquivado los envites y ha sobrellevado los menosprecios. Inmovilista, indolente, incapaz… Esto último se lo vino a llamar hace unas semanas su mentor, José María Aznar, cuando en uno de los papeles de la fundación que preside le dijo que “si no encontrara el ánimo” para aplicar el artículo 155 de la Constitución o “hubiera de reconocer su incapacidad” ante la crisis catalana, debía convocar elecciones generales. Ahora, en un acto de Faes en Valencia, ha dicho que los silencios del Gobierno han sido interpretados por Puigdemont como un síntoma de debilidad y no de prudencia.

No sólo Aznar le ha metido prisa. En su formación y en el espectro ideológico de la derecha ha habido otras voces que le han exigido mano dura y cuanto antes desde que los días 6 y 7 se septiembre se aprobaran las leyes de referéndum y de transitoriedad en el Parlament de Cataluña. Pero el líder conservador ha aguantado la presión. Para que las cancillerías europeas y una mayoría parlamentaria le den su respaldo y para que quienes hace pocos meses se negaran en redondo a suspender la autonomía catalana hayan acabado aceptando las medidas adoptadas por un jefe del Ejecutivo que se ha trabajado por igual tanto los apoyos como la estrategia política.

Y, sobre todo, ha estirado ese tiempo que tanto juego le ha dado para tratar de dar la vuelta a un marcador en contra tras las cargas policiales del 1-O. Al menos le sirvió para llegar al descanso con empate; cuando se temía que Carles Puigdemont declarara la DUI en el pleno del Parlament del pasado 10 de octubre, La Caixa ya había dado el pistoletazo de salida a un éxodo masivo de empresas catalanas ayudadas por la aprobación en Consejo de Ministros del desarrollo de la ley de sociedades cotizadas de 2015 que facilita el cambio de sede.

A la carta del tiempo ha sumado Rajoy la de la economía, llegando a quebrar la unidad en el seno del PDeCAT. Y a ambas ha seguido apostando. Prácticamente diarias han sido las noticias de los últimos días sobre las consecuencias de la crisis política e institucional para Cataluña: las pérdidas en el sector turístico ascenderán a final de año a 1.200 millones de euros si sigue el pulso independentista, según Exceltur; el PIB del conjunto del Estado podría descender entre cuatro décimas y 1,2 puntos en 2018 –entre 4.000 y más de 12.000 millones de euros– dependiendo de si persiste o no el conflicto catalán, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)…

El acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario subraya esta circunstancia en su relato de la aplicación del 155. Según el propio Rajoy, la independencia de Cataluña provocaría su salida de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de relaciones comerciales “al que se le aplicarían los derechos autónomos del arancel exterior común además de controles aduaneros en frontera”. El presidente siguió dibujando un panorama desolador donde las facilidades del Banco Central Europeo desaparecerían, la inflación sería desproporcionada y el empobrecimiento de la economía catalana alcanzaría entre el 25 y el 30 por ciento del PIB, “resultando una coyuntura económica insostenible”.

Y, sobre todo, el Gobierno ha hecho notar que no quería llegar al extremo de aplicar el 155 porque es consciente del coste que va a tener, más allá del cálculo electoral que pueda hacerse en estos momentos. La movilización en las calles de los independentistas, se comprobó tras las detenciones y registro en la Conselleria de Economia para tratar de evitar la celebración del referéndum, durante la votación del 1-O y la huelga del 3-O, y después de la entrada en prisión de Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium), puede generar graves problemas de orden público bajo la atenta mirada de los medios internacionales, una baza que los promotores del procés han sabido jugar mejor hasta hacerla suya.

Esa es también una razón –sumada a la buscada y necesaria complicidad del Partido Socialista– para que el abordaje del artículo 155 de la Constitución se haya hecho de forma menos invasiva de lo que algunos conservadores hubiesen deseado y de que Rajoy haya puesto freno a apelaciones encendidas e incendiarias, como la de incluir en la Ley de Partidos la ilegalización de las fuerzas que promuevan la independencia, manifestada en rueda de prensa y a título personal por el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado –“afortunadamente en nuestro país lo que se condenan son los hechos y cada uno puede sentirse como quiera”, descartaba este pasado lunes el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, desde la misma sede de Génova– o replantear el sistema educativo catalán, defendida por el presidente del PP de Catalunya (PPC), Xavier García Albiol.

Rajoy ha movido ficha. Puigdemont, también. El mundo les está mirando e intentan mostrar el mejor juego del que son capaces sin perder de vista su objetivo final, la victoria. Una victoria que ninguno de ellos quiere coronar a cualquier precio.