Tribuna / Carles Campuzano Tiempos de hoy

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                      Nº 1218. 20  de octubre de 2017

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Tribuna /
Carles Campuzano   

Aplicar el 155 es un error colosal


La suspensión del autogobierno de Catalunya, que es la consecuencia práctica de la aplicación
del artículo 155 de la Constitución, que nadie se engañe, es la definitiva renuncia del Gobierno Rajoy a buscar una vía política ante la cuestión catalana

Activar el artículo 155 de la Constitución no es un recurso para “restablecer la legalidad” como eufemísticamente proclama la vicepresidenta, sino que es un recurso para sustituir un president, un Govern y un Parlament democráticamente elegidos por los ciudadanos de Catalunya por un gobierno o virreinato no democrático nombrado desde Madrid por el Gobierno del PP (con una sorprendente aceptación del PSOE). El Gobierno defenderá que es una respuesta legal a las decisiones tomadas por el presidente de la Generalitat y el Parlament de Catalunya, pero es muy evidente que las decisiones catalanas no han sido improvisadas, hace muchos años que Catalunya viene pidiendo propuestas y respuestas al Gobierno sobre sus relaciones con España, ya que la sentencia del Estatut rompió el pacto acordado entre ambos en las Cortes y en el referéndum.

 La aplicación del artículo 155 es, sobre todo, un error mayúsculo que hace prácticamente imposible que el diálogo y el acuerdo sean respuesta a la voluntad expresada por la sociedad catalana durante largos años, concretado en la jornada del pasado 1 de octubre y al deseo, inmensamente mayoritario de Catalunya, de acordar un referéndum sobre el futuro político de Catalunya. La suspensión del autogobierno de Catalunya, que es la consecuencia práctica de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que nadie se engañe, es la definitiva renuncia del Gobierno Rajoy a buscar una vía política ante la cuestión catalana. Es una fórmula autoritaria, que violenta profundamente las reglas del juego democrático en la medida en que menosprecia la voluntad expresada por los catalanes el pasado 1 de octubre y también en las elecciones al Parlament de 2012 y de 2015, ganadas ampliamente por las fuerzas políticas soberanistas que defienden un Estado propio para Catalunya y el derecho a decidir del pueblo catalán.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución es la última expresión del modo elegido por el Gobierno para responder a la sociedad catalana: negando la existencia del problema; negando la legitimidad de las demandas de fondo de Catalunya; optando por judicializar la cuestión, y optando por la represión y el uso de la fuerza para defender una legalidad absolutamente deslegitimada en Catalunya, desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía.

El Gobierno, y sus aliados como el Partido Socialista y Ciudadanos, debe ser consciente de que la puesta en marcha de la suspensión del autogobierno de Catalunya supone entrar en un terreno desconocido, inédito y cargado de malos presagios. La resistencia en defensa de las instituciones de Catalunya será inevitable. Va a ser una resistencia pacífica, no violenta, ciudadana; como han sido todas las manifestaciones que viene protagonizado nuestra sociedad desde hace más de una década; va a movilizar sectores sociales muy diversos y va a poner en jaque la capacidad de las instituciones del Estado de mantener su autoridad en Catalunya, todavía más si cabe.

Los errores del Gobierno, y sus aliados, durante estos últimos días, han sido reiterados. La violenta represión aplicada por el Estado en la jornada del 1 de octubre fue absolutamente gratuita. La han condenado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Comisario para Derechos Humanos del Consejo de Europa, Human Rights Watch... La petición de prisión provisional por parte de la Fiscalía para Jordi Cuixart, Jordi Sànchez  y el mayor Trapero, la consiguiente decisión de la Audiencia Nacional de dictar medidas cautelares  contra el mayor de los Mossos y enviar a prisión a los dos máximos dirigentes de las dos grandes organizaciones de la sociedad civil que han protagonizado las masivas movilizaciones de cientos de miles de personas de estos años, siempre caracterizadas por el pacifismo, son una barbaridad jurídica, una colosal irresponsabilidad  política y una vergüenza para todos; en la Europa del siglo XXI vuelve a haber presos políticos.

Y otro error colosal es afirmar la voluntad de querer una Cataluña española, a la vez que aprueban una norma que invita a las empresas a dejar Catalunya; que en palabras del propio ministro de Economía invita a las empresas a votar con los pies. Una medida que, o bien pretende generar una presión política intolerable a las empresas, o bien da por hecho que Catalunya va a ser independiente próximamente. En cualquier caso no ayuda a lo esencial que es el de mantener la calma y la serenidad en unos momentos tan difíciles.

Sólo la política democrática, basada en el consentimiento de los ciudadanos, en el respeto a los gobernantes democráticamente elegidos, en el diálogo y la voluntad de acuerdo, puede evitar que en las próximas semanas la situación empeore y las consecuencias económicas y sociales sean todavía más profundas.

 

Firma

Actual portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat).

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