Politica / Emergencia Nacional Tiempos de hoy

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                         Nº 1216. 6  de octubre de 2017

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Política / Manuel Capilla y Virginia Miranda

Puigdemont se encamina a la rebelión

Emergencia nacional

Esta semana resultará definitiva para la crisis abierta en Cataluña. El Parlamenttendrá en sus manos este lunes hacer realidad lo que ya ha venido adelantando Carles Puigdemont y el resto de portavoces del Govern: la aplicación de la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Constitucional, y la consiguiente declaración de independencia. El paso definitivo hacia el abismo que conllevará la aplicación del artículo 155 de la Constitución por primera vez. Una medida para la que Mariano Rajoy quiere sumar a un PSOE que vuelve a mostrar serias tensiones entre Ferraz y algunos de los principales barones.


El president Puigdemont traslada este lunes los resultados del 1-O al Parlament / EP.

Carles Puigdemont ha elegido algunos medios de comunicación extranjeros para lanzar los mensajes más duros y dejar claro que “ya me siento el presidente de un país libre”, como declaró al alemán Bild, y que “declararemos la independencia en cuestión de días”, como señaló a la BBC. Un término, el de independencia, que esquivó en su mensaje oficial en la noche del pasado miércoles. Aunque sí aseguró que “estoy seguro que los próximos días volveremos a enseñar la mejor cara de nuestro país cuando las instituciones de Catalunya tengan que aplicar el resultado” del referéndum. La Ley de Transitoriedad, aprobada en la polémica sesión parlamentaria del pasado 7 de septiembre, prevé que se proceda a la declaración del independencia en un plazo máximo de 48 horas desde que se conozcan los resultados definitivos del referéndum. Pero la Generalitat todavía no ha hecho oficiales esas cifras, tratando de ganar tiempo antes de activar la cuenta atrás hacia la independencia. En teoría, esos resultados se trasladarán al Parlament en el pleno convocado para el lunes, que ya ha sido anulado por el Constitucional.

Y es que en el momento en el que el Parlament debe dar el paso definitivo en la desobediencia a la legalidad constitucional, surgen las dudas en el independentismo, especialmente en el seno del
PDeCAT. El objetivo es no dilapidar el capital de apoyo que la Generalitat considera que ha ganado, tanto dentro como fuera de Cataluña, tras las cargas policiales del 1-O, y al mismo tiempo dar satisfacción a la inmensa mayoría de ERC y a la CUP, ateniéndose a la Ley de Transitoriedad. Ante los defensores del escenario más duro, partidarios de una declaración de independencia sin más dilación, empieza a cobrar cuerpo en el seno del PDeCAT una declaración de independencia ‘en diferido’, que consistiría en proclamar la ya famosa DUI (Declaración Unilateral de Independencia) pero dejarla ‘congelada’, sin que tuviera efecto inmediato, para convocar unas elecciones autonómicas tras las cuales, de contar con mayoría, sí se proclamaría la independencia. Un escenario que vendría a ser una repetición de las plebiscitarias del 27-S con la ventaja, además, para el PDeCAT de que podría repetirse la coalición de Junts pel Sí y evitaría el descalabro que le auguran las encuestas de presentarse en solitario.

Los moderados aparecen capitaneados por Santi Vila, conseller de Empresa y Conocimiento, y por Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT y miembro del ‘Estado Mayor’ independentista junto a la cúpula de ERC, algunos miembros del Govern como el conseller de Presidencia, Jordi Turull, o Joaquim Forn, de Interior, y los líderes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Vila ha sido durante todo el procés una de las voces discordantes del Govern, protagonizando algún que otro encontronazo con los portavoces de la CUP y criticando la aprobación de la Ley de Transitoriedad antes del 1-O, por ejemplo. Alcalde de Figueres entre 2007 y 2012, se da la circunstancia de que es una persona cercana a Puigdemont –esquivó la purga que el president efectuó en su gabinete con quienes eran más reticentes a la vía unilateral- y, al mismo tiempo, mantiene una muy buena relación con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Su amistad se remonta a la época en que él era consejero de Territorio y Sostenibilidad y Pastor ministra de Fomento.

Por su parte, Pascal también ha sido una de las voces más críticas con los cupaires y con la vía unilateral. Hace sólo dos semanas, en declaraciones a TV-3, Pascal aseguraba que la DUI “no es el mandato que hemos recibido” y que “no tiene sentido” porque ni forma parte de ese mandato “ni la quiere la ciudadanía”. Y subrayaba que “cualquier tipo de declaración política pasa antes por tener un referéndum o un mandato democrático claro”, sin cerrar la puerta a que ese mandato democrático pueda venir de unas elecciones plebiscitarias ‘bis’ tras el 1-O.

Para la Generalitat, la única vía para frenar el proceso que, con todos los matices, desemboca en la DUI es la mediación a la que se ha venido invocando desde el independentismo y a la que Puigdemont aludió en su mensaje televisado del miércoles. Pero ese es, hoy por hoy, un callejón sin salida. Rajoy la ha rechazado de plano porque supone darle reconocimiento y legitimidad a la Generalitat. Y además, desde el Govern ya se ha dejado claro que no se van a sentar a negociar un aumento del autogobierno, sino que todo pasa por el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Mientras, eso sí, los movimientos de distintos agentes para intentar acercar posturas se suceden. El lehendakari Urkullu ya se ha ofrecido a la Comisión Europea, que tras afear al Gobierno las cargas policiales esta semana ha vuelto a insistir que es una cuestión interna española. Unidos Podemos, tras reunirse la semana pasada en el Congreso con los portavoces de Esquerra, PDeCAT, PNV y Compromís, también apeló a esa mediación, tras explicar que había contactado tanto con Rajoy como con Puigdemont. En esa reunión, varias voces subrayaron a las fuerzas políticas catalanas los enormes riesgos de una DUI. Por su parte, la Iglesia también se está moviendo, con el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, como principal protagonista. Pero los augurios no son buenos. En el Ejecutivo habría sentado muy mal la reciente declaración de la Conferencia Episcopal sobre la situación en Cataluña, en la que apelaba al diálogo.

Así las cosas, es probable que el lunes arranque el proceso que prevé la Ley de Transitoriedad en lo que el podría ser una posibilidad para contentar a casi todos en el ámbito del independentismo, con una declaración unilateral de independencia sin efectos jurídicos, pero que inicie el proceso constituyente que recoge ese texto. Y que comienza con un proceso participativo que incluye a la sociedad civil, continúa en una segunda fase con una Asamblea que redacte el texto constitucional y concluye en una tercera fase que supondría la ratificación del texto en las urnas. Desde que arranca este proceso en tres capítulos, existe un plazo de seis meses para concluirlo. Una forma de ganar tiempo quizá. Pero sigue siendo una opción comprometida para los moderados, porque seguramente acarreará una reacción por parte del Estado, que difícilmente consentirá que se abra el proceso de un hipotética República Catalana. ¿Hasta dónde llegará esa reacción? Eso ya está en manos de Rajoy.


Rajoy espera poder contar con Sánchez, aunque duda de su apoyo al 155. / FERNANDO MORENO

Rajoy se la juega a parar la independencia

A rebufo y sin unos apoyos cohesionados, Mariano Rajoy está a la espera de saber si Carles Puigdemont acaba declarando la independencia unilateral de Cataluña. Para sacar cualquiera de sus cartas, ya sea el código penal, el Tribunal Constitucional, la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155 de la Constitución sin descartar el 116. Pero sin que ninguna de ellas sea deseable y confiando en que la presión ejercida desde la sociedad civil y la clase empresarial y financiera –la salida de Sabadell de Cataluña y, al cierre de esta edición, la posible de Caixabank podrían ser clave–, animada esta última por el decreto aprobado en el Consejo de Ministros que permite la salida exprés de las empresas de Cataluña, le frene en este tiempo de descuento de auténtico vértigo.

Por aquello de que “nos van a obligar a lo que no queremos llegar” y porque se trata de elegir entre lo malo y lo peor; suspendiendo la autonomía catalana o deteniendo a Carles Puigdemont y sus consejeros en un clima de crispación ciudadana como el que se está viendo estos días y cuando el mundo está pendiente de la respuesta del Gobierno central, el presidente corre el riesgo de que la respuesta en las calles acabe descontrolada y las críticas de la UE pasen a mayores. Y, en el otro extremo, su estrategia reactiva a los pasos que va dando la Generalitat está acabando con la paciencia de los partidarios de una respuesta más dura, ya sean Ciudadanos o José María Aznar, que ha reaparecido con un análisis de Faes sobre la situación en Cataluña para exigir al presidente una convocatoria de elecciones generales si no encuentra el “ánimo” para actuar o tuviera que reconocer “su incapacidad”.

Por otro lado, sus socios en la respuesta del Estado al órdago independentista mantienen posiciones enfrentadas. Lo anticiparon cuando el PSOE votó en contra de la propuesta parlamentaria de Ciudadanos para apoyar la acción del Gobierno en Cataluña porque la formación naranja no aceptó la enmienda de los socialistas que instaba al diálogo. Y lo han dejado claro este pasado lunes cuando, en sus respectivos encuentros con Mariano Rajoy en Moncloa para valorar el 1-O, Pedro Sánchez y Albert Rivera manifestaron posturas irreconciliables: el primero insistió en la necesidad de negociar y el segundo apeló a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Lo más delicado es el apoyo crítico del Partido Socialista y que los populares achacan a “su lío interno”. Un lío que estos últimos días ha reabierto las heridas entre Ferraz y los barones ‘habituales’, como Susana Díaz o Guillermo Fernández Vara, por el mismo asunto por el que Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir como secretario general hace un año. Encontrar el equilibrio entre la nueva Ejecutiva, el PSC y la vieja guardia y sus herederos está siendo complicado para el líder del PSOE.

Su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha tratado de justificar que mantengan su respaldo al Ejecutivo en la defensa del Estado de derecho y, a su vez, que hayan presentado una iniciativa para reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que acusan de haber dado la orden política de las cargas policiales del 1 de octubre.

?Tampoco las tiene el Gobierno todas consigo respecto a la eventual e inédita invocación al 155 y, aunque le basta la mayoría absoluta del Senado de la que dispone para su aprobación, fuentes populares reconocen que sería muy difícil aplicarla sin el apoyo del PSOE a ésta y otras medidas previstas. Mucho menos el artículo 116 de la Carta Magna donde se habla de los estados de alarma, de excepción y de sitio, que requiere de la aprobación del Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, la medida más probable para el Ejecutivo, la del 155, podría implicar la intervención de la autonomía catalana, pero la intensidad de la misma dependerá de la voluntad del Gobierno central que, a su vez y atendiendo a su estrategia, estará dirigida por los pasos de Puigdemont. Cabe recordar que el artículo habla de manera genérica de “adoptar las medidas necesarias” para obligar a una Comunidad a cumplir sus obligaciones y proteger el interés general. Otra posibilidad es recurrir a la Ley de Seguridad Nacional que capacita al Gobierno, a través de un decreto ley, a dirigir “la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias”.

Moncloa y Govern han llegado a esta situación de emergencia nacional confrontando dos relatos con dos conceptos clave; la escrupulosa observación de la legalidad ejercida desde el Ejecutivo central con los costes políticos y emocionales que eso conlleva, con la legitimidad con la que la Generalitat pretende revestir su desafío independentista a través de varios ‘atajos’; a pesar de contravenir las sentencias de inconstitucionalidad, el Govern defiende la validez de las leyes de referéndum y desconexión y el resultado del 1-O apoyándose en la respuesta multitudinaria en las calles, en el eco y las ‘simpatías’ que ha despertado en la prensa internacional y en una primera respuesta de la Comisión Europea apelando al diálogo, matizada por el Europarlamento varios días y llamadas de teléfono desde Madrid después con su defensa de la potestad de los gobiernos a proteger el Estado de derecho.

En el PP son conscientes de que es mejor la imagen de un ciudadano votando que la de un policía cargando contra él. De declarar Carles Puigdemont la independencia de Cataluña, la aplicación del 155 saben que volverá a presentarse como un recorte de derechos y libertades por parte de la Generalitat. Fuentes populares llevan tiempo diciendo que los socios europeos no darían aliento a las reclamaciones soberanistas catalanas porque eso habría dado alas a los movimientos nacionalistas de otros tantos Estados de la Unión. Sin embargo en Moncloa llevan semanas tratando de invalidar la estrategia del Govern trabajando los apoyos del resto de jefes de Gobierno de la UE, siendo fundamental los de países como Francia y Alemania que, de momento, Rajoy se ha garantizado.

Que el rey, símbolo de la unidad del Estado, apoye al Gobierno, no es noticia. Pero el Gobierno ha querido que lo fuera para mandarles un mensaje al presidente catalán y a quienes acusan a Rajoy de indolencia, básicamente los mismos sectores que le achacaron el mismo defecto cuando permitió que hubiera urnas el 9N. En uno de los momentos de mayor tensión política e institucional de los últimos 40 años de democracia, Felipe VI lanzó el pasado martes un mensaje a todo el país para hablar de la situación política en Cataluña. En un tono duro y enérgico, el rey se refirió a lo que denominó “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” de las autoridades de Cataluña y a la responsabilidad de estos mismos poderes de asegurar el orden constitucional y el Estado de derecho. PP, Ciudadanos y, con matices, el PSOE, apoyaron sus palabras. Podemos, el PNV y el propio Puigdemont las criticaron, fundamentalmente, porque no apeló al diálogo en el ejercicio del papel de árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones que le reconoce la Constitución.

En una entrevista a la agencia estatal Efe, Rajoy instaba este pasado jueves a Puigdemont a renunciar a su proyecto de DUI porque “se evitarán males mayores”. Ese es su objetivo en el cortísimo plazo y asegura, lo digan él, sus ministros portavoces o el rey, que empleará para ello todas las herramientas del Estado de derecho.

Nada bueno puede salir de un incierto pero costosísimo choque de trenes de cumplirse sus respectivas amenazas. En el medio plazo, todo es una incógnita. Con el diálogo como vía inexcusable para evitar que Cataluña y España se precipiten al vacío, ya hay voces de uno y otro lado de la trinchera que reclaman un cambio de interlocutores. Pero la historia está por escribir. De momento, lo único cierto es que Puigdemont no tiene nada que perder y Rajoy se la juega a parar la independencia de Cataluña.