Guardianes 1-O Tiempos de hoy

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                Nº 1215. 29  de septiembre de 2017

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Política / Virginia Miranda

Los jueces, el fiscal, el ministro y el coronel

Un escuadrón para parar el referéndum

Enarbolando la bandera de la legalidad, el presidente del Tribunal Constitucional, la juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el ministro del Interior, el coronel y mando único del dispositivo policial en Cataluña y el fiscal general del Estado han dirigido la respuesta del Estado al desafío del 1-O. Una respuesta que, sin prever la masiva afluencia de ciudadanos a los centros de votación habilitados por el Govern, acabó dominada por el uso de la fuerza con un balance de 844 personas que, según la Generalitat, tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.


González Rivas tiene el objetivo de mantener la unanimidad del Constitucional con Cataluña, Maza dirige la respuesta del Estado en los tribunales, Zoido ha de garantizar el cumplimiento de la ley y también de la seguridad y Pérez de los Cobos es el encargado de que las fuerzas policiales cumplan las órdenes / EUROPA PRESS

Ramírez Sunyer, el juez que ya se granjeó la enemistad de los independentistas, dirige la investigación contra la organización del referéndum  

El Gobierno no calculó el alcance de la movilización ciudadana y la serenidad acabó cediendo ante los momentos de tensión vividos a lo largo la jornada de votación

El Gobierno ha hecho uso de todas las herramientas que el Estado pone a su disposición para evitar la celebración del referéndum de independencia catalán. Desde el punto de vista logístico registrando imprentas, requisando millones de papeletas o inhabilitando las webs donde el Govern informaba de los puntos de votación, medidas que se revelaron insuficientes cuando la mañana del 1 de octubre hubo posibilidad de votar. También ha recurrido a medidas coercitivas de la mano de Fiscalía, Tribunal Constitucional y Ministerio del Interior llamando a declarar a los alcaldes partidarios del 1-O, imponiendo multas a los organizadores o creando un mando de coordinación de los cuerpos de seguridad, desbordado durante la jornada de votación por la falta de respuesta efectiva de los Mossos d’Esquadra y por las cargas policiales que han venido a complicar la posibilidad de encontrar una salida pactada a la crisis política y territorial que se vive en Cataluña: según la Generalitat, los servicios sanitarios atendieron a 844 personas por heridas de diversa gravedad y ataques de ansiedad.

De la parte ejecutora se han encargado un puñado de personas que, desde distintos puestos de responsabilidad, han capitaneado la respuesta del Ejecutivo respaldada por el PSOE –no así las cargas policiales con las que se mostró crítico desde su primera valoración de la jornada–, Ciudadanos y la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. En contra se han manifestado los propios independentistas –le acusan de aplicar el artículo 155 de la Constitución saltándose sus propias garantías– por ejemplo, con la intervención de las cuentas catalanas–, Podemos –Pablo Iglesias ha hablado de un “escenario prebélico”–, el PNV –de la respuesta del Estado dependerá su voto en los Presupuestos– y singularmente la asociación progresista de magistrados, Juezas y Jueces para la Democracia –califica de “desproporcionada” la actuación de la Fiscalía General del Estado en Cataluña–.

Juan José González Rivas preside el Tribunal Constitucional, cuyo papel en el frente anti 1-O es fundamental; ha suspendido las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Política aprobadas por el Parlament; ha declarado la nulidad de los acuerdos de la mesa de la Cámara catalana que permitieron tramitar ambas normas y ha denunciado ante la Fiscalía a su presidenta, Carme Forcadell, y al resto de sus miembros; y ha acordado las multas al número dos de la Conselleria de Economía de la Generalitat, Jose Maria Jové, y a los integrantes de la Sindicatura Electoral Central –creada a modo de Junta Electoral para el 1-O– por desobediencia reiterada al Tribunal.

La decisión de aplicar por primera vez la reforma legislativa que permite al Constitucional imponer sanciones a los altos cargos independentistas para obligarles a cumplir sus fallos fue aprobada por unanimidad de sus doce miembros aunque con los votos diferenciados de sus tres magistrados progresistas. Dos de ellos, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol, emitieron ya sendos votos particulares cuando el Alto Tribunal aprobó la reforma de su propia ley orgánica que le dota de esta nueva capacidad coercitiva y sancionadora. Valdés y Xiol se volvieron a manifestar en los mismos términos en las sentencias que desestimaron los recursos del Gobierno vasco y del catalán contra esta ley, alegando además que la posibilidad de suspender de funciones, contemplada también en la reforma, resulta desproporcionada.

Con el fin de preservar el prestigio particular y el del Constitucional, los magistrados se han conducido de forma unánime en todo el proceso soberanista. Pero en estos tres casos reseñados, los jueces progresistas han interpretado que la imparcialidad del Tribunal puede verse comprometida, dando la razón a las acusaciones de politización que el órgano ha procurado esquivar durante todo el proceso soberanista.

En el caso de las multas han emitido un voto diferenciado. De plantearse la inhabilitación en caso de declaración de independencia, el acuerdo del pleno presidido por Juan José González Rivas, que el pasado mes de marzo tomó posesión del cargo, puede verse comprometido. Sustituto de Francisco Pérez de los Cobos, González Rivas está considerado más conservador que su antecesor –fue uno de los magistrados que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual recurrido por el PP– y se prevé que se conduzca de acuerdo a las peticiones del Gobierno.

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En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –en la imagen, la sede en Barcelona–, Mercedes Armas ha asumido la investigación sobre el 1-O / EUROPA PRESS

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –en la imagen, la sede en Barcelona–, Mercedes Armas ha asumido la investigación sobre el 1-O / EUROPA PRESS

También en el ámbito judicial destacan los nombres de dos magistradas. Mercedes Armas es la instructora de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Govern por la celebración del referéndum del 1 de octubre y ha jugado un papel clave. Ya el pasado junio admitía a trámite la querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario general Francesc Esteve, por la compra de urnas para el 1-O entonces en proceso de licitación. Este mes de septiembre admitía a trámite las querellas de la Fiscalía contra la mesa del Parlament y contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y doce consejeros por firmar el decreto de convocatoria del referéndum, que llevan aparejadas los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos –este último conlleva penas de cárcel–.

La magistrada de la Sala Civil y Penal, atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, también ordenó a la Guardia Civil investigar los medios de comunicación que insertaran publicidad del 1-O. Asimismo ha sido quien ha decretado el cierre de las webs para acceder a los puntos de votación. Y el pasado miércoles, tomaba el mando de investigación ordenando a la Fiscalía “cesar en las diligencias” y decretando que, además de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional colaborasen para impedir la apertura de los centros de votación. Muchos de estos centros sí acabaron abriendo sus puertas, según la policía autonómica encargada de impedirlo, porque la orden judicial indicaba que la actuación debía hacerse de “manera proporcional y garantizando la seguridad ciudadana”.

Con cerca de ocho meses en el puesto, Armas ya ha dejado huella en el TSJC después de hacer lo propio en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde fue ponente de la sentencia que condenó a Leo Messi por fraude fiscal ratificada después por el Tribunal Supremo.

Delito de sedición
La otra magistrada es Carmen Lamela. Conocida por mandar a juicio a nueve procesados, tres de ellos en prisión provisional, por el caso de agresión a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas en Alsasua (Navarra), la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional ha admitido la denuncia presentada por la Fiscalía a raíz de los hechos ocurridos en Barcelona durante los días 20 y 21 de septiembre, cuando la Operación Anubis contra la organización del 1-O se saldó con el asedio a los agentes que registraron la conselleria de Economia, los daños a sus vehículos oficiales y a la sede del PSC y la agresión a militantes socialistas. Lamela, que valora el papel de los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, llamando a la “movilización permanente” subidos a un coche de la Guardia Civil, concluye en su auto que los hechos pueden ser constitutivos del delito de sedición.

Cabe mencionar que la petición del Ministerio Público correspondió, por reparto, al magistrado Ismael Moreno, pero la Audiencia Nacional acabó determinando que, como el escrito se refiere a dos días concretos, la causa debía pasar a manos de Lamela, entonces la magistrada de guardia.

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Lamela investiga si Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –en la imagen, de espaldas sobre un coche de la Guardia Civil– cometieron un delito de sedición tras la ‘operación Anubis’. / EP.

Lamela investiga si Jordi Sánchez y Jordi Cuixart –en la imagen, de espaldas sobre un coche de la Guardia Civil– cometieron un delito de sedición tras la ‘operación Anubis’. / EP.

Juan Antonio Ramírez Sunyer es el tercer juez del 1-O. Titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se ha granjeado la enemistad de los independentistas con algunas de sus decisiones judiciales, como abrir diligencias contra quien fuera director general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, por un presunto delito de omisión de perseguir delitos tras los pitidos en la final de la Copa del Rey del 30 de mayo de 2015 –la acusación pidió la imputación del entonces aforado president, Artur Mas, y el TSJC archivó la causa– o admitir a trámite las querellas presentadas por el abogado Alberto Durán y el derechista Vox contra Santiago Vidal, juez y senador de ERC que acabó inhabilitado y sin escaño “para no ser un obstáculo para el procés”, después de haber asegurado durante una conferencia que la Generalitat disponía de los datos fiscales de los ciudadanos catalanes.

En los agitados días previos al 1-0, Ramírez Sunyer ha vuelto a ser noticia por ordenar el golpe contra la organización del referéndum, que incluyó más de 40 registros por parte de la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas donde se preparaba el 1-O y que se saldó con 14 detenciones, entre ellas las del número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové. La operación judicial y policial fue el resultado de siete meses de investigación del veterano magistrado, que en mayo recibía el permiso para jubilarse a los 72 años –acaba de cumplir los 70–.

Los pasos dados por la judicatura han sido instados por la Fiscalía General del Estado. José Manuel Maza es el hilo directo entre el Gobierno –fue nombrado por el ministro de Justicia y, por tanto, depende del Ejecutivo– y los magistrados. En ocasiones, incluso, ha ido más allá que los jueces. Por un lado, porque el Ministerio Público ha planteado medidas cautelares que estos han acabado rechazando, como cuando Mercedes Armas se negó a imponer una fianza a Puigdemont y a los miembros del Govern por organizar el referéndum. Y, por otro, porque Maza dictó la instrucción para que se citara a declarar como imputados a los más de 700 alcaldes catalanes dispuestos a colaborar con la celebración del 1-O al margen del juez.

A este respecto cabe decir que el TSJC admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), y Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), a los que acusa de promoción, organización y celebración del referéndum. El instructor de la causa es el magistrado Seguí Puntás, que no lleva ni un mes en el puesto.

Al margen de sus decisiones, José Manuel Maza se ha caracterizado durante estas últimas semanas previas al 1-O por caldear un ambiente ya de por sí cargado. “La posibilidad de pedir prisión para Puigdemont por malversación está abierta”, dijo esta semana durante una entrevista en Onda Cero. También planteó un problema a los Mossos d’Esquadra cuando les encargó, en exclusiva, la responsabilidad de precintar los colegios electorales y evitar la votación en la calle, una orden que la magistrada Armas revocó para ampliar dicha competencia a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

De la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el responsable es Juan Ignacio Zoido. El ministro del Interior, como el presidente del Gobierno, desaconseja la sobreactuación. No le gustó la exaltación nacionalista española que despidió a los agentes destinados a Cataluña para reforzar el operativo contra la celebración del referéndum independentista al grito de “¡A por ellos!” en varias localidades españolas y dio la orden de investigar los sucesos en una comisaría de Córdoba donde también participaron los mandos policiales.

Este pasado jueves, Zoido enviaba al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y al coronel Diego Pérez de los Cobos, al que la Fiscalía encargó la coordinación del dispositivo de seguridad ante el 1-O, a la Junta de Seguridad de Cataluña convocada por Carles Puigdemont en Cataluña. Y lo hizo a pesar de que no se respetaron “los procedimientos ni con un aviso previo al Gobierno”, según la queja de Interior, “en aras de la responsabilidad y velando siempre por la convivencia pacífica y segura de todos los catalanes”.

Como era de prever, la reunión terminó sin acuerdo de las partes. Poco después, Zoido, en el acto central del Día de la Policía Nacional celebrado en Badajoz, instaba a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a tener un “comportamiento ejemplar y serenidad”. Porque el ministro y todo el Gobierno se jugaban mucho en un día en que pretendían velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales en contra del sentir de una gran parte de la población catalana. Pero no calcularon el alcance de la movilización ciudadana y la serenidad acabó cediendo ante los momentos de tensión vividos a lo largo la jornada de votación. Las imágenes de las cargas policiales y las cifras de heridos han sido portada en la prensa de medio mundo, comprometiendo seriamente el relato que el Gobierno sobre la proporcionalidad y la defensa de la ley y abriendo aún más la fractura entre Cataluña y el resto de España.

La orden de ejecución de las órdenes de Interior recayó en el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Coronel de la Guardia Civil de profesión, Diego Pérez de los Cobos asumió por mandato del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la tarea de coordinar a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar el orden público y evitar la posible comisión de delitos durante las jornadas que rodearon a la convocatoria del 1 de octubre.

Confirmado como mando único del dispositivo policial del 1-O por Mercedes Armas después de que la magistrada asumiera la investigación, la tarea de Pérez de los Cobos incluía atender a órdenes de los tribunales y del Ejecutivo y manejar un asunto tan sensible como el mando sobre la policía autonómica catalana después de que su director, Pere Soler, asegurara que la “misión principal” de las policías “es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio”. La permisividad de los Mossos en los colegios que acabaron abriendo sus puertas y las imágenes de encontronazos entre algunos de estos agentes y los de la Guardia Civil en varios de los puntos donde fueron desplegados confirman la dificultad de la terea.

A este respecto cabe decir que el Gobierno buscó a una persona de larga experiencia para tratar de lograr el objetivo; Pérez de los Cobos ha trabajado a las órdenes de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho y de los populares Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido. Estos días se le atribuye la decisión de disolver la polémica brigada policial que elaboró, bajo mandato del que fuera conocido como muñidor de la “policía política”, Eugenio Pino, informes sobre el 11M, Marta del Castillo o el caso Faisán. También se han recordado aspectos personales; su hermano, Francisco Pérez de los Cobos, fue presidente del Tribunal Constitucional hasta marzo, y su padre, Antonio Pérez de los Cobos, formó parte de la candidatura de Fuerza Nueva en las primeras elecciones democráticas.

Todos ellos han formado parte del escuadrón del Estado para frenar el referéndum del 1 de octubre. Su papel ha sido el más polémico y ha dejado más heridas de las que se vieron durante la jornada de votación. Unas heridas que hará falta restañar antes de dar paso a la ineludible acción de la política.

La Comisión Europea, ante las imágenes de la policía impidiendo la votación, ha recordado a España que la violencia no es un instrumento político / EUROPA PRESS

Las cargas policiales alarman a Europa

A pesar de las apelaciones del Gobierno a la proporcionalidad de la actuación policial durante el 1-O con el único objetivo de retirar el material electoral, la cifra de personas de todas las edades atendidas por los servicios sanitarios –844 según la Generalitat, entre heridos y personas con ataques de ansiedad– y las imágenes de las cargas de Policía Nacional y Guardia Civil han dañado el relato del Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre la crisis política y territorial en Cataluña.

Abrieron una primera brecha entre éste y su principal socio parlamentario, el Partido Socialista, que se mostró crítico con la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante sus valoraciones de la jornada –el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y el secretario general, Pedro Sánchez, que sin embargo mantuvo su respaldo a la defensa del Estado de derecho– y ha comprometido la imagen del Gobierno central en Europa; primero fueron los tuits del primer ministro belga, Charles Michel, de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, o del presidente del SPD alemán y expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, alarmados por la violencia, y este lunes ha sido la propia Comisión Europea la que, en el mayor varapalo internacional que ha recibido la estrategia desplegada del Gobierno, ha reiterado su apoyo al “orden constitucional” en España aunque precisando que “la violencia nunca puede ser un instrumento en política”, según ha declarado su portavoz jefe, Margaritis Schinas.

Volviendo a España, las reacciones tendrán mañana una nueva secuela. Sindicatos, patronales de pequeñas y medianas empresas catalanas y entidades soberanistas han convocado una huelga general para este martes 3 de octubre en un “paro de país” como respuesta a las cargas policiales por el referéndum. UGT y CCOO en Cataluña, que en un principio se sumaron a la convocatoria, se han desmarcado afirmando que “en ningún caso” van a “avalar posiciones que den cobertura a la declaración unilateral de independencia”.