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                Nº 1214. 22  de septiembre de 2017

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Política / Virginia Miranda

Rajoy tiene que impedir el referéndum y Puigdemont quiere ser el mártir
del 1-O

Dos hombres y un destino

La moderación desplegada por Mariano Rajoy para evitar el referéndum en sus primeros compases se ha ido endureciendo en un tira y afloja salpicado de detenciones y ofertas de diálogo. La determinación manifestada por Carles Puigdemont le ha permitido investirse de un carácter épico capaz de arrastrar a las calles a un independentismo más movilizado que nunca. En la construcción de un relato que pasará a la Historia, los dos presidentes escriben las páginas que habrán de conducirlos al desenlace del 1-O con la heroicidad que a cada uno de ellos le reclaman los suyos.


El jefe del Ejecutivo acaba de tender la mano al presidente de la Generalitat, que niega la voluntad de diálogo del Gobierno central / EUROPA PRESS

Rajoy trata de hacer equilibrios entre la proporcionalidad y los recursos que tiene a su disposición para asfixiar el referéndum   Puigdemont llegó a la Generalitat como presidente de transición para acabar convirtiéndose en el principal valedor del independentismo

De Carles Puigdemont se dice que se conduce con la temeridad de quien no tiene nada que perder, capaz de defender el referéndum hasta sus últimas consecuencias y convertirse en el mártir político del independentismo. Mariano Rajoy no tiene ese perfil mesiánico, pero en el PP tienen claro que, llegados a este punto, no le queda más opción que “pasar a la Historia como el presidente que paró el independentismo o que no lo paró”.

Para evitar que haya urnas el 1 de octubre, el objetivo más inmediato del presidente del Gobierno, existen dos opciones: conducirse con serenidad y proporcionalidad o recurrir a todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de tal fin. Rajoy se ha comprometido a ambas, pero encontrar el equilibrio no está siendo fácil.

La Guardia Civil se ha incautado de casi diez millones de papeletas para votar el 1-O, además de numeroso material electoral, en el registro de una nave industrial del municipio Bigues i Riells (Barcelona). Y la Fiscalía ha citado a declarar como imputados a los más de 700 alcaldes catalanes dispuestos a colaborar con la celebración del referéndum bajo la amenaza de ser detenidos si no comparecen de forma voluntaria. La primera medida es efectiva y pero poco efectista. La segunda visibiliza la acción de Gobierno abriendo algunas fisuras en el ánimo de quienes apoyan su defensa de la legalidad.

Juezas y Jueces para la Democracia ha tildado de “fraude” esta última medida, adoptada al margen del juez que instruye la primera causa abierta contra ediles catalanes que apoyan la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. El ministerio público busca “un efecto intimidatorio”, ha declarado a publico.es. También en eldiario.es, desde la asociación progresista de magistrados han defendido que el hecho de “que el referéndum sea ilegal no significa que se pueda combatir jurídicamente de cualquier manera”.

La entrada de la Guardia Civil el pasado miércoles en varias sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas donde se preparaba el referéndum del 1 de octubre se saldó con 14 detenciones. Entre ellas las del número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové, multado con 12.000 euros diarios por el seguimiento de la votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, que por primera vez aplica la reforma de la ley que le habilita a imponer sanciones. La orden dictada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, acabó de prender la mecha entre quienes defienden la separación de Cataluña del resto de España y, en mayor medida, el derecho a decidir.

El Estado acababa de representar su defensa del orden constitucional y el independentismo iba a tener su propia puesta en escena. El Gobierno central “ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción”, declaraba Puigdemont en tono grave y rodeado de sus consejeros tras una reunión de urgencia convocada nada más conocer los arrestos. Acompañados de sus compañeros en Podemos y después de que Gabriel Rufián (ERC) se dirigiera a Rajoy con palabras gruesas exigiéndole que quitara “sus sucias manos de Cataluña”, los diputados catalanes salieron del Congreso de los Diputados hablando de “presos políticos”. Y, desde el día de autos, las principales calles de Barcelona, las sedes del Govern, los cuarteles de la Guardia Civil y los campus universitarios se han llenado de independentistas más movilizados que nunca portando esteladas al grito de Votarem.

Carles Puigdemont llegó a la presidencia de la Generalitat hace menos de dos años, procedente de la alcaldía de Girona y gracias a una carambola parlamentaria que obligó a Junts pel Sí a cambiar de jinete antes de que la CUP les descabalgara del Govern. Artur Mas tuvo que pagar los pecados de la corrupción que asediaban a Convergència y el hasta entonces alcalde se ganó la confianza de los anticapitalistas por pertenecer al sector más independentista de CDC.

El suyo debía ser un mandato continuista y de transición. Y si bien fue bajo la presidencia de Artur Mas cuando el procés tomó forma, quien lo ha agrandado y moldeado hasta hacerlo propio ha sido el político gerundense periodista de profesión, que ha edificado una nueva Convergència donde no tiene cabida la equidistancia; el pasado mes de julio y en dos crisis de Gobierno sucesivas, Puigdemont relevó a cuatro consejeros y al secretario del Govern después de que plantearan dudas sobre la hoja de ruta independentista. Días después, era el director de los Mossos d'Esquadra quien presentaba su dimisión.

La paulatina pérdida de apoyos de CDC entre su electorado tradicional, el ascenso de ERC y la fuerte irrupción de Catalunya en Comú en el panorama político catalán obligará a la formación antaño hegemónica a emprender una profunda renovación en la que no tendrá cabida el ahora president quien, sin las prevenciones de otros protagonistas que sí tienen mucho que perder, parece no tenerle miedo a nada.

Esta cualidad temeraria, en un proceso alimentado por las emociones, le convierten en el mayor referente político del independentismo y en el más osado en su desafío al Estado; después de que su vicepresidente Oriol Junqueras reconociera las dificultades prácticas para celebrar la votación prevista el 1 de octubre tras las acciones emprendidas contra la logística del referéndum, Puigdemont facilitaba en su cuenta de Twitter una página web donde, tras introducir el DNI, la fecha de nacimiento y el código postal, el catalán que desee votar sabrá a qué centro electoral podrá dirigirse para depositar su papeleta. Horas después, en un mensaje institucional difundido a través de las redes sociales, aseguraba contar con “planes de contingencia” para poder votar.

Este anuncio significa que el Govern dispone de un censo cuyo origen investiga la Agencia de Protección de Datos. Y que el president no va a cejar en su empeño aunque eso suponga poner en riesgo su patrimonio, su cargo o su libertad enfrentándose a la posible imputación de delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos –este último conlleva penas de cárcel–.

Eso sólo con el código penal. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, de carácter coercitivo y aplicación inédita e imprecisa –“si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan […] el Gobierno […] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones […]”–, acabaría por desactivar a Puigdemont. Pero aunque no implica la suspensión de la autonomía, como señalan los constitucionalistas, obligaría a traspasar una línea de difícil retorno para el Gobierno central.

Enfrente del líder catalán está Mariano Rajoy, que sí tiene mucho que ganar o perder en todo este asunto. Para empezar, la legislatura. El PNV, cuyas bases ya se han movilizado a favor del referéndum catalán, advirtió al Gobierno su disconformidad con las decisiones emprendidas para evitar la celebración del 1-O y, tras los registros y detenciones del miércoles, anunció que no apoyaría la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que debería haber comenzado este viernes. Porque Cataluña “lo centra todo”, ha declarado su portavoz, Aitor Esteban, sin disimular su disgusto por los recientes acontecimientos. “Es tan grave lo de hoy”, dijo en el agitado pleno del miércoles, donde reclamó a Rajoy que “no se escude detrás de los jueces y fiscales” y “haga política”.

Con la publicación aún caliente de la ley del referéndum en el Boletín Oficial de la Generalitat, el Ejecutivo respondió al órdago del Parlament con recursos al Tribunal Constitucional y con las órdenes dirigidas a la Fiscalía General del Estado, desestimando la propuesta del presidente y el vicepresidente del Gobierno catalán, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de pactar una votación.

Ahora, apelando a ese deseo de evitar hacer aquello a lo que “no queremos llegar”, Rajoy ha levantado el pie del acelerador y sus ministros en el Gobierno y portavoces en el PP han dado un giro a la estrategia, judicializada pero proporcional al inicio, dura después, para apostar por el diálogo, una opción que había sido relegada al post 1-O. Fernando Martínez-Maillo, Íñigo Méndez de Vigo, Rafael Catalá, o Luis de Guindos son algunos de los encargados de ponerle voz y contenido. El ministro de Economía lo ha hecho desde las páginas del periódico Financial Times, donde asegura que el Ejecutivo está dispuesto a negociar una mayor autonomía financiera de Cataluña si el Govern desiste de sus planes. El de Justicia, en los micrófonos de la Cadena Ser, donde ha admitido la posibilidad de reformar la Constitución.

En el difícil equilibrio que Rajoy pretende hallar entre la firmeza y la moderación hay quien le empuja desde uno y otro lado con el riesgo de hacerle caer. Desde la prensa conservadora, las invocaciones a un golpe de efecto contundente e inequívoco contra los artífices del 1-O son una constante que agita a las bases, contenidas gracias a la práctica unidad del partido en torno a las decisiones y los tiempos manejados por su presidente. Y saben en el Gobierno que, de llegar hasta el final, podría generarle problemas a alguno de sus socios en el autodenominado bloque constitucionalista; el PSOE, después de declarar en julio que no apoyaría al Gobierno si decidía aplicar el artículo 155, este lunes matizaba su rechazo y relegaba su decisión a “las circunstancias que se van a producir”. Sin embargo, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera un “error” que la única respuesta al desafío independentista venga del poder judicial. Un “error” que, en contra de la línea oficial del partido, podría movilizar a parte de los socialistas catalanes si ven amenazadas sus instituciones.

A esa hoja de ruta política anunciada en el tiempo de descuento se suma la aprobación de la denominada comisión para la modernización del Estado autonómico, propuesta por el PSOE como mesa de diálogo sobre Cataluña y a la que sólo se oponen Ciudadanos y ERC desde posiciones antagónicas. La Mesa del Congreso respaldaba este jueves su creación, una decisión que iba a adoptarse pasado el 1 de octubre.

Sobre Rajoy pesa la acusación de no haber dado una oportunidad a la política para evitar que el conflicto con el Govern pasara a mayores. También se le reprocha el pecado del inmobilismo desde que la consulta del 9-N se celebrara con urnas, escrutinio y declaración oficial de la entonces vicepresidenta, Joana Ortega. Ahora, a unos días del imprevisible 1-O, el contador está a cero. Si no hay urnas el día previsto para la celebración del referéndum, el presidente del Gobierno hará historia.

Mariano Rajoy es un político pragmático. Y eso le ha convertido en un superviviente. En las peleas internas provinciales y autonómicas, en las quinielas para ser sucesor, en los congresos fratricidas, en un Parlamento dividido y, de momento, en los tribunales de justicia. Sobrevivir a un posible referéndum de independencia no le garantiza la vida eterna. Pero, si de las urnas depende, hasta podría rejuvenecer.
                                                       

La “guerra catalana” sacude la prensa internacional

Las detenciones, las protestas ciudadanas y los ánimos encendidos de sus señorías en las sedes de la soberanía popular han dado un salto cuantitativo desde las primeras páginas de la prensa española hasta las portadas de los medios internacionales. Rallando en el sensacionalismo han podido leerse titulares como España, la guerra catalana, del italiano La Repubblica, o Muestra tu apoyo a Cataluña con el The National de hoy, del periódico escocés que ha apoyado el referéndum en las redes sociales con el hashtag #ScotsForCatalonia –escoceses por Cataluña–.

Ejemplo también de la repercusión en el exterior de las detenciones es la noticia publicada en The Guardian, titulada La contienda por la consulta catalana hace estallar la crisis en España. En el texto se recogen las declaraciones en las que Carles Puigdemont compara la actuación del Gobierno central con “el oscuro pasado de este país” en alusión a la dictadura de Franco.

El periódico italiano La Repubblica ha optado por el sensacionalismo en su portada.

Frankfurter Allgemeine, periódico de referencia alemán, se fija también en las palabras del president de la Generalitat. Puigdemont: Un estado de excepción de facto, titula. Y en Libération la noticia se ha resumido en la frase Referéndum. La escalada entre Madrid y Barcelona, que acompaña la imagen de una joven con un cartel que reza I want to vote –Quiero votar, en inglés– junto a un Mossos d'Esquadra.

Estos son sólo algunos de los medios que se han hecho eco del conflicto catalán. Desde Asia hasta Latinoamérica, la noticia ha dado la vuelta a un mundo pendiente ya de la resolución final del 1-O.