Entrevista J.M. Margallo Tiempos de hoy

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                Nº 1214. 22  de septiembre de 2017

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Entrevista / Virginia Miranda

José Manuel García-Margallo, autor de Por una convivencia democrática

“Esto es un golpe de Estado en toda regla”

Dejar que el presidente del Gobierno adopte las medidas que le permita la ley como y cuando considere oportuno siempre que garantice “que no va a haber urnas el 1 de octubre”. Esta es la respuesta al desafío independentista de José Manuel García-Margallo, que se muestra firme en su determinación contra quienes intentan “dinamitar el propio Estado” y en su convicción de que la reforma de la Constitución no admite más demora, trascendiendo al “chantaje de los separatistas” para dirigirse a una sociedad singularizada por lo que llama doble realidad catalana e hispánica. Con la colaboración de Fernando Eguidazu, el que fuera diputado de la UCD en la Transición y ministro del PP detalla en su libro Por una convivencia democrática (Deusto) su propuesta para adaptar la Carta Magna al siglo XXI que, entre otras cosas, “daría solución a aquella parte de la sociedad catalana que dice que quiere votar”.


F. MORENO

“Lo capital aquí, si se quiere evitar el acto de desobediencia del 1-O, es suspender de funciones a quien está dirigiendo ese proceso”   “El recurso contra el Estatut creo que fue un error. Pero los soberanistas exageran enormemente la sentencia del Constitucional”

Reformar la Constitución sin discutir la unidad de España, no para resolver la cuestión catalana pero sí para darle respuesta. Con estos objetivos que plantea en Por una convivencia democrática, ¿cuáles son las claves de su propuesta?
Para empezar no se discuten la soberanía del pueblo español, la unidad de España, la integridad territorial, la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles sea cual sea su lugar de residencia y la solidaridad interna. A partir de ahí lo que se intenta es corregir los defectos de diseño, los de funcionamiento y los sobrevenidos. En el primer caso no se reguló debidamente la sucesión en la Corona, hubo una omisión muy clara en el tema de la investidura como hemos visto en las últimas elecciones generales, se hizo un título VIII que era más bien procedimental y tampoco se establecieron los principios básicos de la financiación de las comunidades autónomas como corresponde a una Hacienda compuesta o una Hacienda federal. En el segundo caso, el Senado es una Cámara claramente inoperante y no sólo hay que convertirla en una Cámara de representación territorial, también ha de ser el foro de debate entre las comunidades autónomas y el Estado y las comunidades autónomas entre sí para reforzar la cooperación horizontal y la vertical. Además, hay que asumir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha ido delimitando los perfiles del Estado autonómico en ausencia de unas normas claras. Y como defectos sobrevenidos, España no estaba en la Unión Europea cuando hicimos la Constitución, era un país muy distinto desde un punto de vista económico y la crisis nos obliga a adoptar derechos de nueva generación en materia social para hacer un proyecto más inclusivo. En definitiva, se trata de actualizar los pactos constitucionales del 78 precisamente para preservar la Constitución. Eso daría una oportunidad a los que no la votaron de incorporarse al proyecto constitucional y daría solución a aquella parte de la sociedad catalana que dice que quiere votar.

Usted aborda en el libro el conflicto catalán desde varias perspectivas, una de ellas la económica que, a su vez, desglosa en varios frentes; el sistema de financiación, del que propone una reforma, la deuda pública, las balanzas fiscales, la balanza comercial… Llegados a este punto, donde los sentimientos independentistas de la mitad de la ciudadanía parecen haber entrado en un punto de no retorno, ¿el encaje de Cataluña en el conjunto de España puede abordarse hablando fundamentalmente de dinero?
No sólo. Hay un capítulo que habla de las lenguas. Proponemos una ley oficial tomando el modelo canadiense que tendría dos partes. Una primera parte para reconocer el valor de las lenguas españolas distintas al castellano. Y una segunda parte para incorporar a los currículos escolares de las comunidades autónomas sin lengua oficial propia la posibilidad de que, por ejemplo, un alumno de Zamora pueda optar por aprender catalán en vez de italiano, y para establecer los derechos de los administrados, entre otros el de educar a los hijos en su lengua materna, y las obligaciones de la Administración. También está la propia modernización del Estado. Porque no se trata de más o menos autonomía, se trata de mejor autonomía. Y ahí el elemento es el federal; lo que hemos seguido es lo que se siguió en el Tratado de Lisboa. Además establecemos un sistema de financiación que corrige las deficiencias y los desequilibrios y que están en el origen del ‘España nos roba’. Todo lo que son motivos de discrepancia es lo que intentamos resolver. Pero no es una respuesta al chantaje de los separatistas catalanes. Porque no puedes hablar de reparar las grietas del edificio con quien quiere derribarlo. La oferta tiene que trascender, superar a los partidos separatistas y dirigirse a la sociedad catalana.

¿Cree que con el actual equilibrio de fuerzas políticas representadas en el Congreso su propuesta de reforma constitucional podría tener una oportunidad?
Esta propuesta de reforma la hice hace cuatro años, cuando la composición parlamentaria era distinta. Es verdad que la de ahora hace más difícil el entendimiento, pero será más difícil dentro de un año. Este es uno de los problemas que el tiempo no resuelve. Decía Cambó, al que yo cito mucho, que hay que partir de un diagnóstico certero. Y el diagnóstico certero es que hay dos realidades innegables, una identidad catalana y una realidad hispánica de esa identidad, ante las que caben las siguientes posiciones: intentar negar la identidad catalana, lo que él llama el asimilacionismo; negar la realidad hispánica de Cataluña, que es el separatismo; tratar de armonizar las dos en beneficio mutuo, que es lo que propongo; y simplemente no hacer nada, el statu quo y la guerra de nervios que sólo sirve para empeorar las cosas e ir a cualquiera de las otras soluciones porque no podemos vivir en guerra permanente.

¿Esa cuarta opción es la que eligió Rajoy cuando usted le hizo su propuesta de reforma y no la tuvo en consideración?
El presidente del Gobierno tiene mucha más información de la que pueda tener cualquier ciudadano y cualquier ministro y él consideraba que en aquel momento no era oportuno. Porque la reforma de la Constitución necesariamente abre un proceso de reformas y en ese proceso es obvio que hay que abordar el tema de la financiación autonómica. El argumento del ministro de Hacienda repetido hasta la saciedad es que, en una situación de escasez de recursos, no era posible abordar la que se debería haber hecho en 2014. Mi tesis es que, como el sistema que proponemos es radicalmente distinto al que hay, no cabe comparación posible. Y si viésemos toda la ayuda que se ha dado a Cataluña, que han sido 62.000 millones de euros en este periodo, se podría haber utilizado para revisar en su totalidad el sistema de financiación. Pero también digo que la reforma del sistema de financiación no se puede contemplar de forma separada. Hay que examinar los ingresos y los gastos de todas las Administraciones y decir qué servicios podemos pagar como país y cuáles no. Lo que hemos aprendido en los días de vino y rosas es que cuando uno tira con pólvora del rey acaba teniendo un déficit y una deuda gigantescos que son los impuestos que van a tener que pagar las generaciones futuras.

¿El PP se equivocó con su recurso de inconstitucionalidad contra Estatut de Cataluña? Se anularon poco más de una docena de artículos y, como cuenta, dio pie a que los nacionalistas de CiU acabaran abrazando el independentismo.
El recurso al Tribunal Constitucional se sabía que era extraordinariamente delicado. Hubo un precedente del 6 de octubre de 1934 con una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales contra la Ley de Contratos de Cultivo, una cuestión jurídica de arrendamientos rústicos que se transformó en una cuestión política. Además era más delicado que cuando hicimos la Constitución porque el PSOE había derogado el recurso previo de inconstitucionalidad, que hubiese permitido impugnar el Estatuto antes de haber sido refrendado por el pueblo catalán. Yo en carta le dije al presidente del Gobierno que impugnar 114 artículos de los 223 que tenía el articulado y, sobre todo, impugnar preceptos en materia de derechos y libertades que el PP había incorporado al Estatuto de Valencia y que están en el Estatuto de Andalucía iba a ser malinterpretado. Por tanto yo creo que eso fue un error. Pero también he de decir que los soberanistas exageran enormemente esta sentencia. Se anularon 14 artículos de 223. En el resto se dio la razón a los argumentos de la Generalitat. El otro día tuve un debate con señalados separatistas en televisión y les dije: “¿Tenéis la bondad de decirme cuáles son los 14 artículos que anuló el Tribunal Constitucional?”. Y no lo sabe nadie. Son artículos que se refieren a la organización de la justicia, temas relativamente menores.
 
¿Qué le parecen los pasos que está dando el presidente desde la aprobación de la ley del referéndum en el Parlamento catalán?
En un momento tan grave… esto es más grave que lo de Companys. Companys, en el 34, proclama el Estado catalán dentro de la República española. Esto es un golpe de Estado en toda regla en que se alteran no las normas de organización y funcionamiento del Estado, aquí se intenta dinamitar al propio Estado que es el sujeto constituyente. Eso es muy grave. Y en momentos graves hay que dejarle al que está en el sillón del conductor que adopte las medidas que la Constitución y la ley le permiten y en el momento que él considere oportuno siempre y cuando nos garantice el resultado, que es que no va a haber urnas el 1 de octubre que habiliten al presidente de la Generalitat para hacer una declaración unilateral de independencia.

¿Por qué cree que no funcionó la estrategia de diálogo de la vicepresidenta con las autoridades catalanas, con la que se pretendió dar una oportunidad al acuerdo después de una larga etapa de judicialización del conflicto?
Primero porque los separatistas, desde la resolución del Parlamento de 2013, la consulta de 2014 y la resolución de 2015 en que proclaman la soberanía del pueblo catalán y anuncian el inicio de un proceso constituyente, no querían hablar más que de la independencia. Y en segundo lugar, ya para ser autocrítico con mi partido, creo que no basta con querer el diálogo. Hay que precisar sus límites, decir de qué queremos hablar y de qué no. No queremos hablar de esos pilares básicos de la Constitución a los que me he referido anteriormente y sí queremos hablar de la reforma constitucional, de la disposición adicional tercera del Estatuto sobre inversiones en infraestructuras, de la ley oficial de lenguas y del sistema de financiación de comunidades autónomas. Seguramente me dejaré otras cosas en el tintero, pero de eso se puede hablar. ¿Cuál es la moraleja para el futuro? Que es inútil pretender hablar con los separatistas mientras no retiren su amenaza de intentar dinamitar España y que el diálogo tiene que tener un contenido muy concreto. Si algún mérito tiene este libro es que las cosas que propongo son muy concretas. No me limito a decir que hay que modificar el sistema de financiación, digo cómo creo que hay que modificarlo. O no nos limitamos a decir que hay que reformar la Constitución, lo explicamos y lo articulamos. Lo ha prologado Josep Piqué y el epílogo es de Alfredo Pérez Rubalcaba, lo cual demuestra que el consenso y la concordia son posibles.


F. MORENO

A propósito del socialista que menciona. A usted que ha pedido unidad en torno a las decisiones del presidente del Gobierno ante el desafío catalán de aquí al 1-O, ¿qué le parece el papel del PSOE?
Me parece fatal. Cuando estamos todos de acuerdo en que el primer deber de un Gobierno es mantener la legalidad y el Estado de derecho y que el referéndum es claramente ilegal, hay que dejarle que adopte las medidas necesarias para abortar ese intento de sedición. No cabe estar seleccionando en cada momento lo que el Gobierno puede hacer. El Gobierno sabrá qué es lo que puede hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y ahí están todas las medidas de coerción federal que establece la Constitución. No puede pedirle que se suba al ring y gane el combate con la mano derecha atada a la espalda.

¿El artículo 155 ya se está aplicando?
No. En el tema financiero se está aplicando la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se están adoptando algunas medidas que permite la modificación de la legislación del Tribunal Constitucional y se está recurriendo a la legislación ordinaria tanto administrativa como penal. Pero no se está aplicando el artículo 155. Lo capital aquí, si se quiere evitar el acto de desobediencia del 1 de octubre, es suspender de funciones a quien está dirigiendo ese proceso. No hay otra. Si alguien anunciase un golpe de Estado en un cuartel lo mínimo que se haría es quitarle el mando. Y aquí la declaración de independencia ya se ha producido. Se produjo en el Parlamento catalán tras la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana.

Habla en su libro de la consulta del 9-N, que hizo daño al PP entre la opinión pública. Aplicar el artículo 155 de la Constitución o recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, ¿reforzaría la imagen del partido en el Gobierno en el resto de España?, ¿pero no crearía a su vez más independentistas en Cataluña?
El único cálculo que no se puede introducir en esta cuestión es el electoral. Lo importante, cuando hay un conflicto entre intereses particulares, intereses de partido e intereses nacionales, es que el interés de España debe prevalecer. Sea cual sea la ventaja o el perjuicio electoral. Este es un tema demasiado serio para estar inhibiendo las medidas en función de lo que las encuestas dicen o la rentabilidad electoral que se pueda deducir a corto plazo. Porque estás alimentando un problema que cada día que pasa es más insoluble.

Su propuesta de reforma de la Constitución sigue hablando de nacionalidades y regiones. ¿Rechaza por tanto hablar de naciones como propone el PSOE?

El Tribunal Constitucional dice que podría hablarse, sin violentar la Constitución, de naciones originarias, que es un concepto romántico del XIX y sin valor jurídico. Pero mi pregunta es, ¿cuántas son las naciones originarias? Porque Castilla y León lo es, el Principado de Asturias lo es, el reino de Valencia lo es… No sabemos muy bien qué es eso de nación y qué arreglaría. Porque los separatistas lo que quieren con ello es decir que tienen soberanía originaria y, por tanto, derecho de autodeterminación o secesión. No nos metamos en un charco que no sabemos qué consecuencias tiene y tampoco veo que arregle nada el tema de la plurinacionalidad.