Reforma Tiempos de hoy

-

 
   

                Nº 1213. 15  de septiembre de 2017

- - --

Política / Virginia Miranda

PP y PSOE se miran de reojo para abordar la reforma

La Constitución espera al 1-O

Ha llegado la hora de la política y los partidos no podrán esquivarla por más tiempo. A partir del 1 de octubre toca abordar el problema catalán más allá de los parches judiciales y eso pasa irremediablemente por la reforma constitucional. PP y PSOE están dispuestos a dar el paso. Pero no coinciden ni en la intensidad ni en el modo de acometer los cambios que den respuesta a un conflicto que ha desbordado los límites de la Carta Magna.


Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se necesitan mutuamente para sacar adelante una reforma constitucional / EUROPA PRESS

El PP no quiere una legislatura constituyente pero escucharía propuestas de reforma del Título VIII sobre la organización territorial del Estado   El punto de partida del PSOE es la Declaración de Granada, donde apuesta por una estructura federal, y el reconocimiento de las naciones

“El acatamiento a la Constitución no implica, en modo alguno, que ésta sea una ley perpetua o que pretenda serlo. En absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas”. Durante su declaración institucional del pasado día 7, respondiendo a la aprobación de la ley del referéndum catalana y anunciando los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros extraordinario para responder al órdago independentista haciendo valer la Carta Magna, Mariano Rajoy hizo referencia expresa a su modificación.

Días después, esa referencia fue objeto de análisis en los órganos internos del partido, pero el líder conservador no arrojó sorpresas; mantuvo que el PP es partidario de la reforma constitucional  contemplada por Francisco Rubio y Llorente en el informe que, como presidente del Consejo de Estado, presentó en 2006 a petición del entonces jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Esa reforma abarca la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, la referencia a la Constitución Europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Pero en ningún caso, señala el documento, con sus modificaciones se pretende “rectificar o invertir el núcleo de las decisiones adoptadas en su día por el constituyente”.

A pesar de que hace dos años abrió la puerta a dicha reforma durante la actual legislatura, a pesar de que se comprometió a ello con Ciudadanos en su pacto de investidura y a pesar de que ahora diga que mantiene su palabra, Rajoy está dando largas y no dará más pistas antes del 2 de octubre, una vez se hallan despejado las incógnitas en torno al referéndum y no le quede a nadie más remedio que hacer política.

Para empezar, por lo que representa para el Gobierno modificar la Carta Magna en los términos previstos. Acometer estos cambios requiere de una reforma agravada, esto es, que sea aprobada por Congreso y Senado con una mayoría de dos tercios, que se disuelvan las Cortes, que se convoquen nuevas elecciones y que las nuevas Cámaras ratifiquen dicha reforma. Una vez se estudie, debata y formule un nuevo texto constitucional, éste debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios y ratificado en referéndum.

“¿Conviene una legislatura constituyente con los interlocutores que tenemos enfrente?”, se preguntó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en la rueda de prensa del pasado lunes, donde defendió que “hoy por hoy, una ponencia constitucional” generaría “más problemas que beneficios”.

Otra cosa es el título VIII sobre la organización territorial del Estado –su reforma requiere una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras– donde, entre otras disposiciones, se establece el techo competencial. En el PP están dispuestos a escuchar al PSOE porque una modificación de la Carta Magna requeriría del concurso de ambos partidos, pero advierten que no quieren ni oír hablar de la declaración de Granada, donde los socialistas apuestan por una estructura federal del Estado que requeriría la revisión de ese título VIII. Y menos aún del concepto de “nación de naciones” del que viene hablando el secretario general socialista, Pedro Sánchez, en las últimas fechas.

Ante un punto de partida irreconciliable y a la espera, como todos los actores implicados, del día después del 1-O, el PSOE también ha manifestado no tener prisa; ha reemplazado el debate sobre la reforma con una propuesta de comisión parlamentaria para “modernizar” el Estado autonómico que sí suscita consenso. Porque abrir el melón constitucional en medio del goteo de órdenes judiciales contra el referéndum no parece buena idea y porque la intención inicial, que consistía en registrar una subcomisión de reforma constitucional, nacía condenada al fracaso; el PP y Ciudadanos ya advirtieron a Sánchez que con ellos no iba a contar.

Mariano Rajoy ha respondido a la fidelidad de Pedro Sánchez a propósito de la cuestión catalana abriendo la puerta –a ésta sí– a la comisión para la modernización del Estado autonómico. Sin embargo, aún no está claro qué puede esperarse de ella; desde el PP advierten que están dispuestos a llegar a acuerdos sobre la cooperación entre Comunidades y sobre la financiación autonómica –en su última intervención ante la Junta Directiva Nacional de su partido, Rajoy dijo que ésta debía pasar por el consenso con los socialistas–, rebajando las expectativas sobre los posibles pasos que pudieran darse de cara a eventuales cambios constitucionales.

Mientras, Ciudadanos le ha dado calabazas a Sánchez abanderando su propia iniciativa de reforma de la Carta Magna. En la sesión de control al Gobierno, el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, despreció la que llamó una “especie de comisión show”, en alusión a la registrada el día 7 por el PSOE. Y aunque se emplazaron a volver a hablar después del 1-0, reclamó al presidente un debate “sereno y riguroso” para “actualizar y reforzar” la Constitución del que participen expertos juristas en línea con lo suscrito por PP y C’s en el pacto de investidura del pasado verano, donde ambas formaciones acordaron que “se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006”.

Unidos Podemos sí ha apoyado la comisión de estudio para la reforma y modernización del Estado autonómico, pero su propuesta supera las pretensiones de los socialistas con un concepto más amplio y plural de la soberanía y el reconocimiento del denominado derecho a decidir en un Estado plurinacional. La base de partida para el PSOE, que no contempla en cambio el referéndum, es la declaración de Granada, donde apuestan por una Constitución que reconozca la denominación que las Comunidades Autónomas se hayan otorgado en sus Estatutos de autonomía. Incluido el catalán, que en su preámbulo y sin valor jurídico incluye el término nación.

El asunto fue polémico y foco de conflicto entre el PSC y el PSOE en 2013. Hoy, el concepto de “nación de naciones” al que apela Pedro Sánchez ha venido a caldear de nuevo los ánimos en el seno del Partido Socialista, donde la plurinacionalidad quedó ratificada por la resolución política del 39º Congreso Federal.

Al PSOE le queda concretar qué territorios reconoce bajo el término nación, del mismo modo que tiene pendiente el debate sobre cómo articular el modelo federalista que propugna. En lo que parece que no hay discusión es en el carácter cultural de un término que carece de efectos jurídicos y, por tanto, no se pone en discusión que la soberanía reside en el conjunto del Estado español.

PP y PSOE tienen, a priori, más razones para el descuerdo que para el pacto. La reforma del Título VIII, con su denominación y sus competencias, podría ser la vía a explorar por dos formaciones que, de tener voluntad de reformar una Constitución desbordada por una Cataluña emocionalmente partida en dos, son las únicas que tienen en su mano hacerlo posible durante esta legislatura. Si la legislatura dura el tiempo suficiente como para abordar un asunto de semejantes proporciones que, en cualquier caso, habría de resolverse coincidiendo con el final del periodo de sesiones.

 

La comisión que Sánchez ha ‘colado’ a Rajoy

La 'número dos' del PSOE y diputada Adriana Lastra y la coordinadora de los diputados y senadores del PSC, Meritxell Batet, fueron las encargadas de presentar el 7 de septiembre la iniciativa en el registro en el Congreso de la comisión parlamentaria para evaluar y plantear ideas para la modernización del Estado autonómico.
El Grupo Socialista justifica la iniciativa por las “tensiones territoriales de carácter competencial e incluso identitarias” que se han activado casi 40 años después de poner en marcha el Estado autonómico que reconoce la Constitución de 1978.
En el texto de su propuesta argumentan que estas tensiones, que tienen su “manifestación más intensa en Cataluña”, prueban que urge “perfeccionar” el modelo de organización territorial para que España siga vertebrada “en un proyecto compartido que garantice simultáneamente la unidad” de España y el “autogobierno democrático de los territorios que lo integran, respetando y asumiendo la diversidad territorial, política, cultural y social, patrimonio público” de todos los españoles.
Los socialistas consideran que la estructura federal “corregiría los defectos de organización y funcionamiento del Estado autonómico” y constituiría la forma de gobierno que “mejor puede representar un proyecto común para una España plural y diversa”.
Aunque no será objeto de esta comisión, los socialistas recuerdan en el texto de la iniciativa que su intención sigue siendo llevar a cabo una reforma de la Constitución que incluya la revisión de su Título VIII para el desarrollo del Estado federal. Pero como precisó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, los socialistas se disponen a participar en ella para convencer, pero también para ser convencidos.
La comisión podrá requerir las comparecencias de expertos en la materia, de representantes del Gobierno y de las Administraciones Públicas. Al finalizar sus trabajos, debería emitir un dictamen y elevarlo al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, con resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos.