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                Nº 1212. 8  de septiembre de 2017

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Política / Virginia Miranda

Puigdemont lidera el ranking de los héroes y villanos del procés

Quién pagará más caro el 1-O

Ya no hay vuelta atrás. El curso de los acontecimientos en Cataluña no deja opción a los principales actores implicados, que se juegan desde su carrera hasta su patrimonio o su prestigio personal. A algunos, sin embargo, les compensa el riesgo. Porque, a partir del 1-O, los supervivientes del procés podrán abrirse paso en un nuevo escenario tanto o más inquietante para los intereses de Rajoy.


El presidente de la Generalitat ha desafiado la legislación vigente y seguirá intentando la colocación de urnas / EUROPA PRESS

Entre los que suben y bajan, Carme Forcadell acusa el desgaste del pleno del miércoles y Marta Rovira mantiene el tipo   El PDeCAT y Catalunya Sí que es Pot han acusado mayor desgaste mientras los Comunes emergen de cara al post 1-O

Carles Puigdemont ha ido a por todas. Con paso firme y soltando el lastre de aquellos consejeros que se atrevieron a poner en duda la viabilidad del referéndum. Sabiendo que sus días como presidente de la Generalitat de Cataluña están contados. Incluso que estaba poniendo en juego su patrimonio y su carrera política. Pero en un proceso donde las emociones tienen tanta o más importancia que los trámites parlamentarios y los recursos judiciales, su firmeza a todas luces suicida le refuerza en el imaginario independentista como el héroe del proceso.

Porque en la recta final de este convulso procés, sus promotores parecen conducirse cuesta abajo y sin freno. Y, sin embargo, hay quien no lo da todo por perdido. Quien más y quien menos asume el riesgo con la vista puesta en el día después del 1-O. De aquí a tres semanas, la sucesión de acontecimientos va a tener en vilo a Administraciones y empleados públicos catalanes, al Gobierno central, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Tribunal Constitucional, pero los objetivos a medio plazo son los que ocupan y preocupan a los principales actores implicados. Lo importante es llegar ‘vivo’ al nuevo escenario que habrá de abrirse tras la fecha del referéndum. Y, si no es así, como parece que será el caso del presidente de la Generalitat, que al menos haya merecido la pena.

La ambición de Carme Forcadell, como la de Puigdemont, también tiene un componente épico más potente que su propia supervivencia política. Sin embargo y a pesar de los argumentos esgrimidos por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que acusaron a la oposición de filibusterismo durante el pleno en el que aprobaron la ley del referéndum, la presidenta del Parlament catalán no sólo no logró que discurriera con la solemnidad que los independentistas habrían deseado, sino que puso de su parte para que la institución diera un espectáculo, cuanto menos, poco edificante. Quien fuera presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) pasará a la historia entre los suyos, pero sin el brillo último que habría deseado y pendiente de varias querellas; las últimas, por tramitar las leyes recién aprobadas.

El precio y el premio para los cuatro
del procés

Carles Puigdemont
- Ser inhabilitado como presidente de la Generalitat
+ Ser el héroe del independentismo catalán

Oriol Junqueras
- Ser inhabilitado como vicepresidente y conseller de la Generalitat
+ Poder liderar el post procés fuera ya de Junts pel Sí

Carme Forcadell
- Ser inhabilitada para cargo público y asumir posibles consecuencias penales
+ Pasar a la historia de Cataluña por su desobediencia al Tribunal Constitucional

Artur Mas
- Haber desaparecido del panorama político
+ Estar considerado el artífice del camino hacia la independencia

La misma suerte corrió Artur Mas, que se bajó del tren en marcha y a trompicones. Junts pel Sí le sacrificó a cambio de los votos de la CUP,  que se negaba a apoyar la investidura del presidente de un partido sobre el que pesaban acusaciones de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó el pasado marzo a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y convocar en 2014 la consulta del 9-N. Y ahora el Tribunal de Cuentas le ha citado a él y a otros cargos de su Gobierno para declarar por los gastos originados por la consulta soberanista, que ascienden a 5,1 millones de euros y que tendría que cubrir con su patrimonio si no alcanza el dinero que están recaudando las entidades soberanistas para sufragar la multa.


Dependiendo de cómo discurran los acontecimientos de aquí al referéndum, Oriol Junqueras podría tener opciones tras el 1-O / EUROPA PRESS

De los cuatro nombres más representativos del procés, el de Oriol Junqueras podría ser el que tenga todavía recorrido más allá de la Historia recién escrita del catalanismo. La ruptura de facto de ERC, que parece tener buenas expectativas en su búsqueda de nuevos aliados [ver EL SIGLO número 1211: Vuelve Roures, el magnate de la izquierda], con Convergència, sin líder claro y tras perder apoyo electoral a favor de sus todavía socios de Govern –basta ver el reparto de escaños en las últimas elecciones celebradas, las generales del 26-J–, concede al vicepresidente de la Generalitat cierta ventaja de cara a las elecciones que habrá de desencadenar el 1-O. Todo dependerá de si acaba siendo o no inhabilitado, una posibilidad cierta después de haber firmado, junto a Puigdemont y el resto de consellers de la Generalitat, el decreto de convocatoria del referéndum; de momento el Gobierno de Rajoy ha solicitado al Tribunal Constitucional que advierta a los altos cargos y a los alcaldes que deben impedir la celebración del referéndum de independencia. Si desobedecen, podrían verse obligados a abandonar el cargo e incluso enfrentarse a multas y penas de prisión. Junqueras, además, tendría que renunciar sus mayores aspiraciones políticas.

El Constitucional, protagonista forzoso

Sobre tres instituciones del Estado ha pivotado estos días el procés; el Parlamento catalán, donde se han aprobado las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica, el Gobierno central, donde han seguido minuto a minuto el convulso debate para reaccionar de manera inmediata, y el Constitucional, donde el pleno ha aguardado los consabidos recursos del Ejecutivo.

Las relaciones entre la Administración central y la catalana no se han enderezado desde que el alto tribunal admitiera a trámite el recurso presentado por el PP contra la reforma del Estatut y declarara inconstitucionales algunos de sus artículos. En 2010 y tras cuatro años de deliberaciones, el fallo fue aprobado por seis votos a cuatro. Sin embargo y con el fin de preservar el prestigio particular y el del propio órgano, los magistrados se han conducido de forma unánime en todo el proceso soberanista.

Esa unanimidad no se repitió en 2016, cuando el Constitucional avaló la reforma de su ley orgánica con la que el Gobierno quiso un año antes conferir al tribunal de garantías de poderes de carácter penal para hacer cumplir sus resoluciones de forma coercitiva, como imponer multas a los altos cargos que las desobedezcan o incluso suspenderles de sus funciones. Una capacidad que, según interpretaron tres de los doce magistrados de acuerdo con las valoraciones que entonces emitieron los expertos, choca con la literalidad de la Carta Magna y compromete su imparcialidad.

Hoy, una de aquellos tres magistrados sigue planteando objeciones a que el Gobierno pudiera invocar la ley del Constitucional si un referéndum ilegal llega a celebrarse y a que se haya dejado en manos de este tribunal la resolución del conflicto. Quien fuera su vicepresidenta, Adela Asúa, advertía hace unos días en La Ser que puede haber “una escalada de suspensiones” y eso sería “caer en una provocación de manera que tendríamos el escenario que los independentistas querrían”.

De momento, el Ejecutivo no ha invocado la reforma que sacó adelante con mayoría absoluta –y la oposición del resto de grupos parlamentarios–. Pero, si lo hace, corre el riesgo de que los magistrados rompan el consenso con el que hasta el momento se han conducido en el procés.

Bajando un escalón en el ranking, destaca singularmente el nombre de Francesc Homs. Fue conseller de Presidencia con Artur Mas en la época en que el expresident puso en marcha el proceso de desconexión de Cataluña y representó al PDeCAT en el Congreso de los Diputados como portavoz parlamentario hasta que llegó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 9-N: trece meses de inhabilitación por participar en la organización de la consulta le sacaron por la puerta de atrás del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Semejante suerte corrieron la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, juzgadas y condenadas a un año y nueve meses y un año y medio de inhabilitación en el juicio que se siguió en el TSJC también contra Mas.


Mas podría tener que responder por los gastos del 9-N, que ascendieron a los 5,1 millones de euros / EUROPA PRESS

Porque aunque los nombres de los presidentes de la Generalitat acaparen los titulares, la lista de ‘héroes’ o ‘villanos’ –depende del lado de la trinchera desde el que se mire– es tan larga como participantes en el proceso de secesión; después de mucho vacilar sobre quiénes firmarían el decreto de convocatoria del referéndum, la noche del miércoles, después de que la Cámara autonómica sacara adelante la ley, todos los consellers estamparon su firma y sellaron su suerte.

Aunque en un panorama tan enconado resulte casi imposible mostrar los matices, Ada Colau está camino de hacer de ello todo un arte. La alcaldesa de Barcelona siempre ha reclamado un referéndum con garantías y, aunque defiende la participación, ha declarado que no comprometerá a los funcionarios de su Ayuntamiento. Este lunes, en una Diada que promete ser multitudinaria y más independentista si cabe que en anteriores ediciones, marcará el camino de una ‘tercera vía’ para el día después del 1-O. Lo hará en un acto en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde bajo el lema Una Catalunya soberana, diversa y valiente, defenderá no la ruptura con el Estado, como Junts pel Sí y la CUP, sino el derecho a decidir.

Lo hará acompañada de Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y Xavier Domènech, líder de Cataluña En Comú. Los comunes, bajo el aliento personal de Ada Colau y su experiencia al frente del Consistorio barcelonés, son la fuerza emergente que más garantías tiene de mejorar sus expectativas electorales y de Gobierno de cara a unas nuevas elecciones catalanas.

La apuesta que han hecho en el proceso y las contradicciones internas dejan a partidos como el PDeCAT y Catalunya Sí que es Pot maltrechos y descabezados de cara al post procés. ERC, en cambio, está en condiciones de mantener el pulso si se asegura una alianza con el partido de Colau y Domènech. Dependiendo siempre del transcurso de los inciertos acontecimientos de las próximas semanas, Junqueras y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, podrían conformar el tándem que, desde el lado del partido hoy en el Govern, articule un nuevo escenario político en Cataluña de izquierdas.


La alcaldesa de Barcelona demostrará su poder de convocatoria en el acto de la Diada que protagonizará en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
/ EUROPA PRESS

Al Gobierno central no se le escapa esta posibilidad. Tampoco se le escapa que, según se conduzca de aquí a que llegue el 1-O, crecerá en mayor o menor medida la cifra de independentistas en Cataluña. La negociación nunca llegó a tener opciones y la vía judicial es la única explorada. Pero, vista su primera reacción tras la aprobación de la ley del referéndum y del decreto de convocatoria, parece que Mariano Rajoy ha decidido bajar el diapasón recurriendo la norma e instando al Constitucional a advertir al Govern y a los alcaldes, desestimando de momento medidas más drásticas de las que podría hacer uso, como la ley del tribunal de garantías, el artículo 155 de la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y el código penal. 

El jefe del Ejecutivo ha prometido firmeza pero también moderación. Una combinación tan difícil como perfecta para salir del atolladero político y presentarse como el presidente con sentido común capaz de sacar a España de la crisis y de garantizar su integridad territorial. De no ser por los casos de corrupción en curso que afectan a su propio partido, casi podría decir que tiene garantizada la legislatura.

Para eso, le vendría bien que saliera algo bueno de la propuesta anunciada por Pedro Sánchez esta semana para crear una comisión parlamentaria donde modernizar el modelo territorial y el Estado autonómico. La idea es que, a partir del 1-O, el Congreso empiece a trabajar en el encaje de Cataluña dentro del Estado.

Tras abandonar abruptamente la secretaría general del PSOE acusado por los barones de ‘vender’ su alma a los independentistas a cambio de su investidura como presidente del Gobierno, el renacido líder socialista ha aprendido qué charcos debe evitar y por dónde puede transitar sin peligro interno en el camino hacia la solución catalana. En su búsqueda ha recibido la bendición nada menos que de Rajoy, que ha abierto la puerta a la creación de la que hasta ahora es la medida planteada a tal fin.

Pero será después del 1-O. Hasta entonces, ‘héroes’ o ‘villanos’ representarán las escenas finales del último acto del procés, un drama catalán.

Entre dos fuegos

El fracaso de la política y la judicialización del procés han generado a una serie de potenciales víctimas colaterales que, en medio del fuego cruzado, asisten con temor a las consecuencias que los acontecimientos puedan tener sobre ellas.

El pleno del Parlament de este miércoles lo ejemplifica: su secretario general, Xavier Muro, se negó a firmar la orden de admisión a trámite de la ley del referéndum y fue la presidenta, Carme Forcadell, quien acabó publicándola en el boletín oficial. Asimismo los letrados de la Cámara advirtieron de la ilegalidad de la tramitación sin que sus palabras tuvieran ningún eco en la mesa.

Son pocos los funcionarios catalanes que estos días no asisten con preocupación a las decisiones emanadas del Parlamento catalán, del Govern y del Ejecutivo central. Y todo por el riesgo de ser acusados de desobediencia y prevaricación o de que la Generalitat haga efectiva la amenaza de que “sufrirán” si incumplen la ley de transitoriedad jurídica –proferida hace meses por el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach–.

Empezando por los 947 alcaldes de Cataluña, que ya han recibido una carta firmada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras instándoles a ceder locales para el referéndum, siguiendo por los Mossos d’Esquadra, a los que el conseller de Interior exige garantizar la celebración del 1-O y el fiscal general del Estado acaba de pedir exactamente lo contrario, y terminando por el último funcionario.

Todos ellos dependen de que, en un ejercicio de desobediencia, la declaración de inconstitucionalidad de las normas aprobadas con los votos de Junts pel Sí y de la CUP no impida al Govern tratar de hacerlas efectivas y sancione a quienes las incumplan. Y de que el Gobierno, que ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los funcionarios que cumplan la ley, según palabras de Mariano Rajoy, haga lo propio con la normativa vigente si ésta se ve vulnerada.

La confusión ha provocado que el sindicato CSIF emita un comunicado donde, tras lamentar “el desafío jurídico planteado en el Parlament de Cataluña con la convocatoria del referéndum”, anuncia la edición de un folleto dirigido al colectivo de empleados públicos en el que pretende responder a dudas como la de cómo identificar una orden manifiestamente ilegal, qué hacer entonces o cómo reaccionar si, pese a ello, “mi jefe insiste en que la cumpla”.