Tribuna / José Luis Centella Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1210. 21 de julio de 2017

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Tribuna / José Luis Centella

 

Memoria democrática más allá de Andalucía


ARMH
Las víctimas del genocidio franquista y todas las personas que desaparecieron por su culpa están a punto de pasar a ser considerados por muchos como una especie de restos arqueológicos, algo que algunos quieren que ocurra para dificultar aún más su recuperación

Los crímenes cometidos por el franquismo ?son crímenes de lesa humanidad? por lo que no puede aplicarse la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de  cualquier otro modo, así lo establece la Ley de Memoria Histórica y Democrática recientemente aprobada por el Parlamento de Andalucía, con los votos favorables de Izquierda Unida, Podemos y PSOE, y con la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular.

El texto, que inició su andadura allá por 2010, tomando cuerpo de anteproyecto de ley en el periodo de cogobierno PSOE-IU, recoge fielmente las demandas del movimiento memorialista y dota a Andalucía de un instrumento que supera cualquier otra ley del Estado, incluso la que se aprobó en el Parlamento estatal durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una vez en vigor la ley andaluza, procede que el Ejecutivo andaluz inste al Gobierno de Mariano Rajoy a anular aquellos artículos de la Ley de Amnistía de 1977 que sirvieron para que con el paso del tiempo reconvirtieran esta norma en una ley trampa para amparar los crímenes de la dictadura.

Entre sus elementos más importantes y novedosos está la creación de una Comisión de la Verdad para el estudio y esclarecimiento de lo ocurrido durante la larga noche de 40 años del franquismo. Otra novedad es la amplitud temporal, ya que ampara a las víctimas que durante la Transición encontraron la muerte en la defensa de las libertades, como es el caso del joven malagueño Manuel José García Caparros, asesinado un 4 de diciembre de 1977 por la Policía durante una manifestación en defensa de la autonomía andaluza.

A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley los ayuntamientos andaluces estarán obligados a eliminar en un máximo de 18 meses cualquier símbolo fascista, incluido en las iglesias. No obstante, su elemento referencial está en todo lo que tiene que ver con los procesos de exhumación de las víctimas del franquismo, verdadera vergüenza para un Estado que mantiene cientos de miles de asesinados por los fascistas enterrados en fosas comunes en cunetas y cementerios, mientras el dictador ocupa el espacio central de un gran monumento hecho construir a su medida.

En poco menos de dos décadas se cumplirá el centenario del golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la II República y el inicio del genocidio franquista, por lo que sus víctimas y todas las personas que desaparecieron por su culpa están a punto de pasar a ser considerados por muchos como una especie de restos arqueológicos, algo que algunos quieren que ocurra para dificultar aún más su recuperación.

En Andalucía existen hasta 614 fosas comunes. La nueva ley reconoce que tiene que ser la Junta la que se persone de oficio en todos los procesos de exhumación, mediante un protocolo que recoge lo dictado por Naciones Unidas y otorga a la Administración andaluza la capacidad para expropiar temporalmente una propiedad privada con fosas comunes, aunque el dueño no autorice la exhumación.

Hasta aquí la nueva realidad andaluza. Pero ello nos lleva a plantear la necesidad de que esta legislación se extienda hasta tener un alcance estatal. De una vez por todas se deben reparar las consecuencias de la Guerra Civil y acabar con las muchas injusticias aún latentes. Izquierda Unida busca contribuir a ello y, tras un amplio periodo de consultas con múltiples asociaciones y colectivos, ultima una importante iniciativa que lleve a la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía. Con un formato de Proposición de Ley, declara en su artículo primero la nulidad de la anterior ?en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad?.

Además, el texto plantea de forma contundente la ?nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos. Quedan igualmente anuladas todas las consecuencias jurídicas de dichas sentencias?.

Firma

Actual coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España (PCE) desde 2009. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural. 

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