Los Dossieres Tiempos de hoy

 
   

                             Nº 1210. 21 de julio de 2017

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

La UE, sin políticas solidarias para los refugiados e inmigrantes que se agolpan en sus fronteras

Europa, sin respuesta a la crisis migratoria

Los Veintiocho llevan casi dos años dando largas a su compromiso de acogida de decenas de miles de seres que huyen de las guerras, el hambre y la destrucción. Ningún socio ha cumplido con las cuotas asignadas, mientras que algunos hasta se niegan directamente a aceptarlas sin que, por ahora, haya provocado ninguna reacción de la Comisión, más allá de un ligero ‘tirón de orejas’. Mientras tanto, el endurecimiento de las normas de asilo y la frialdad ante el drama humanitario por parte de Bruselas da alas al creciente movimiento xenófobo de ultraderecha en el continente.


Sólo en 2016 llegó a Italia la cifra récord de 181.436 migrantes y refugiados.

La política migratoria europea se está constituyendo en un problema, mucho más que una solución, para la gravísima crisis de refugiados que asola la cuenca sur mediterránea y el África Subsahariana. Este drama está sacando a la luz el rostro frío e insolidario del Viejo Continente, y parece estar proporcionando ‘munición’ política a las crecientes organizaciones de extrema derecha.

La Comisión abría recientemente un procedimiento contra Polonia, Hungría y la República Checa por negarse a aceptar su cuota en el reparto de refugiados establecido, pero éstos son sólo los Estados más reacios. El resto de los socios tampoco ha cumplido con sus compromisos. Los 28 habían acordado trasladar a 160.000 refugiados –una cifra ya de por sí insuficiente– desde Grecia e Italia antes de septiembre de 2017, pero a fecha de hoy sólo se ha reubicado al 11 por ciento del total. El conjunto de la UE, exceptuando a los dos países mediterráneos, ha reasentado a 18.770 –en recuento facilitado el pasado 16 de mayo–.

Lejos de la capacidad de gobierno, la mayoría de los eurodiputados han denunciado que algunas naciones aplican “preferencias muy restrictivas y discriminatorias, como la aceptación de la reubicación únicamente en el caso de madres solteras o la exclusión de solicitantes de determinadas nacionalidades, como los eritreos”.
Cuatro países sólo han reubicado a un nivel extremadamente reducido y dos Estados miembros (Hungría y Polonia) siguen rechazando participar en el mecanismo. Según datos de ACNUR, alrededor de 50.000 solicitantes de asilo siguen bloqueados en Grecia, mientras que en 2016 llegaron a Italia la cifra récord de 181.436 migrantes y refugiados.

Por su parte, España ha recibido a 886 personas procedentes de Grecia e Italia, lejos de las 9.323 que debe acoger antes de septiembre, y sin contar su parte proporcional de las 54.000 plazas reasignadas para refugiados sirios en Turquía.

Menores desprotegidos.
63.300 menores no acompañados solicitaron asilo en la Unión Europea
 solo durante 2016. Un tercio menos que las solicitudes registradas un año antes (96.500) pero cinco veces más que la media anual en el periodo 2008-2013, según datos de Eurostat.


De ellos, casi cuatro de cada 10 procedían de Afganistán, por dos de cada diez, de Siria. La mayoría de los menores eran varones (89 por ciento) y dos tercios tenían entre 16 y 17 años (68 por ciento), mientras que aquellos entre los 14 y los 15 años representaron el 21 por ciento de las solicitudes. Los menores de 14 años fueron el 10 por ciento del total.

El estado de la UE que más solicitudes de menores solos recibió fue Alemania, donde se registró el 57 por ciento de las solicitudes, casi 36.000 menores, seguido de Italia (6.000, 10 por ciento), Austria (3.900, 6 por ciento) y Reino Unido (3.200, 5 por ciento). Los mayores incrementos de solicitudes de asilo respecto a 2015 se registraron en Grecia (un 460 por ciento más), Alemania (un 61 más) y Bulgaria (un 51 por ciento más). En España pidieron asilo 30 menores no acompañados, cinco más que el año anterior.

Por el contrario, los principales retrocesos en las solicitudes se produjeron en Suecia (un 94 por ciento menos), Hungría (un 86 por ciento menos) y Bélgica (un 64 por ciento menos). La proporción de menores no acompañados sobre el total de jóvenes solicitantes fue mayor en Eslovenia, donde el 57 por ciento de los menores de 18 años que pidieron asilo estaban solos, e Italia, con un 54 por ciento del total.


Patera interceptada el pasado mes de mayo en las inmediaciones de la isla de Alborán
. / EUROPA PRESS

Travesías mortales.
Por otro lado, cerca de 6.000 personas procedentes de 321 pateras han sido rescatadas en lo que llevamos de año en las costas españolas por Salvamento Marítimo, que en todo 2016 rescató a 6.726 personas procedentes de 464 pateras.

Siguiendo con nuestro país, solo en junio 2.189 inmigrantes  intentaron cruzar las aguas del Estrecho, tanto por la zona de Tarifa como por la zona de Alborán, embarcados en 84 pateras.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), un total de 60.000 personas había conseguido cruzar el Mediterráneo con destino a Italia hasta el mes de junio, mientras que, al menos, otras 1.720 han perdido la vida en la travesía.

En febrero, la Comisión Europea volvía a emitir un mensaje de urgencia dirigido hacia los Estados miembros para que intensificaran sus esfuerzos en la acogida de refugiados, ya que en esa fecha solo se había recibido a 11.966 demandantes de asilo de los 160.000 que se comprometieron a trasladar desde Italia y Grecia hace ya un año y medio.
En cuanto al segundo plan de apoyo a los refugiados, por el que la Unión Europea había anunciado que acogería a unos 22.000 refugiados instalados por el momento en países vecinos a Siria, como Turquía, Jordania y Líbano, los Estados miembros han reinstalado a 13.968 personas, 289 de ellas en España.

La Comisión recordaba recientemente que tiene la potestad para expedientar a los Estados miembros que no cumplen con compromisos vinculantes, pero también ha hecho gala de su proverbial ‘pragmatismo’, y se está limitando a realizar ligeras presiones políticas, e incluso, a abrir la puerta a una ‘rebaja’ en las cuotas que corresponden a cada país, tal y como planteaba descarnadamente a comienzos de este mes, y sin ocultar su alegría, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, que hablaba de la posibilidad de la UE deje la cuota final de refugiados que nuestro país debe acoger en unos 7.000, frente a los más de 17.000 del compromiso inicial.

En 2016, la Unión recibió más de 1,2 millones de peticiones de asilo, según el informe anual de Eurostat. Representa un descenso del 4 por ciento con respecto a 2015, pero refleja un aumento en países como Alemania, Italia o Grecia –por el momento, los más ‘acogedores’-.

Hasta junio de este año, en total, la UE ha recibido más de 650.000 peticiones de asilo  y un tercio de ellas procedían de ciudadanos sirios, según los datos de Eurostat.


El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se hizo cargo de las negociaciones con Turquía para abordar de forma conjunta el drama humanitario la inmigración. / EP

El acuerdo con Turquía…
A mediados del pasado mes de enero, la Unión Europea solo había desembolsado 748 millones de euros para proyectos con los que apoyar a los refugiados sirios en Turquía del paquete de 3.000 millones de euros prometidos a Ankara entre 2016 y 2017, a cambio de que aceptara de vuelta a todos los refugiados e inmigrantes que llegaran a las islas griegas de forma irregular. Con datos de la Comisión, la UE ha contratado hasta ahora 37 proyectos por valor de 1.450 millones de euros, de los cuáles 748 millones han sido abonados.

Al respecto, el comisario de Ampliación y Política de Vecindad Europea, Johannes Hahn, aseguraba que “la Unión Europea continúa cumpliendo su compromiso de dar un apoyo masivo a los refugiados sirios y las comunidades de acogida en Turquía”. Recordaba en su comparecencia ante la prensa los últimos contratos por valor “de más de 200 millones de euros” que se firmaron en diciembre de 2016 para construir escuelas y facilitar su acceso a miles de niños para que, según sus palabras, “los refugiados más vulnerables tengan la oportunidad de una vida mejor en Turquía”.

El acuerdo con Ankara se firmaba en marzo de 2016, con el objetivo de deportar a Turquía a todos los inmigrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios, que llegasen a Grecia. El objetivo era presionar a Turquía para asegurar que reforzase el control de su frontera y contener el paso de inmigrantes hasta reducirlo “a cero o casi cero”.
Los líderes europeos daban su aprobación a la propuesta de acuerdo redactada por el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, aunque varios parlamentos nacionales –incluido el español-, se mostraban reacios a este planteamiento.

Mediante este acuerdo, la Unión Europea se comprometía a reactivar las negociaciones de adhesión de Turquía y a dar apoyo financiero para la asistencia a los refugiados, dejando, además, la posibilidad de aportar otros 3.000 millones de euros adicionales a la ayuda, siempre que se agoten de manera efectiva los 3.000 millones iniciales.

…y las críticas de las ONG humanitarias.
Este pacto ha contado desde el principio con la oposición frontal de la mayoría de los partidos de izquierda del continente y de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos. “La UE vuelve a poner el control fronterizo por encima de los derechos de las personas”, denunciaba en este sentido Oxfam Intermón.

Por su parte, Amnistía Internacional calificaba de “golpe histórico” contra los Derechos Humanos el acuerdo. “El doble discurso intenta tapar la terca determinación de la UE para dar la espalda a una crisis global de refugiados e ignorar deliberadamente sus obligaciones internacionales”, expresaba en un comunicado.

Médicos sin Fronteras (MSF) consideraba “cruel y cínico” el acuerdo. Estas personas no son números, sino hombres, mujeres, niños y familias. Alrededor del 88 por ciento de los que utilizan esta ruta proceden de zonas en conflicto, y más de la mitad de ellos son mujeres y niños. Ya es hora de que los gobiernos europeos proporcionen de una vez por todas una respuesta responsable, común, humana y digna a la necesidad de protección de los refugiados”, explicaba esta ONG.

Oxfam Intermón denunció que el acuerdo va en contra de la posición acordada por el Parlamento español: “España ha permitido que se haya alcanzado un acuerdo que vulnera los derechos de los refugiados, en contra de la posición acordada por el Parlamento, que garantizaba el respeto de las leyes de protección internacional”.

Desde una perspectiva más amplia, a finales de 2016, Human Rights Watch (HRW) denunciaba que las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria están empeorando la situación de los refugiados, ya que no están protegiendo a los solicitantes de asilo, violan los Derechos Humanos en muchas ocasiones y van en contra de todos los valores morales que el bloque comunitario defiende. HRW ha remarcado que la legislación europea supone “una grave violación” de algunos de los derechos más fundamentales de los solicitantes de asilo. “Los esfuerzos para convertir a la UE en un lugar hostil con el objetivo de mantener a los refugiados fuera a toda costa menosprecia por completo los riesgos y los peligros a los que se han tenido que enfrentar estas personas para escapar de sus hogares, zonas de conflicto y de abusos contra los Derechos Humanos”, acusaba esta ONG.

En 2015, más de un millón de personas llegaron a las costas europeas a través del Mediterráneo, cruzando por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. A pesar de que en 2016 solo llegaron 340.000 personas por mar, se convirtió en el año con más víctimas mortales en la travesía. Más de 4.600 personas perdían la vida intentando cruzar el Mediterráneo en 2016.

En lo que llevamos de año, según ha informado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ya van más de 1.300 inmigrantes y refugiados muertos en la travesía del Mediterráneo Central.

 


Hungría desafiaba la política común europea con la construcción de vallas contra los refugiados.

Trabas y zancadillas

Hungría, país a la ‘vanguardia’ de la xenofobia en la UE, daba un paso más en su obstinación contra los refugiados al anunciar que propondrá a la Unión Europea la detención de todos los inmigrantes que lleguen a su frontera solicitando protección internacional y retenerlos mientras se tramita su expediente.

La portavocía del Gobierno de Viktor Orban anunciaba que en su país, y desde febrero pasado, “ningún inmigrante, ni siquiera los que han presentado su solicitud de asilo, podrán moverse libremente hasta que no haya una primera decisión legal sobre si pueden recibir asilo político, estatus de refugiado u otra cosa”.

La misma fuente indicaba que aunque los solicitantes de asilo no tendrán libertad de movimientos en Hungría, los campos donde permanecerán no deberían ser descritos como “centros de detención” y “cumplirán con todos los estándares requeridos por la UE. No se trata de detención, se trata de no darles las mismas oportunidades que a los ciudadanos europeos”. Según su criterio, la justificación radica en que “se está produciendo un abuso sistemático de ello dentro de Europa. Todo el mundo que llega a la UE como inmigrante básicamente llega aquí de forma ilegal”.

Hungría ha protagonizado en el último año varios encontronazos con la UE por su política migratoria, después de que el Gobierno de Orban decidiera construir vallas en su frontera con Serbia para frenar la llegada de inmigrantes y refugiados en 2015 y se haya negado a aceptar las cuotas de reparto de refugiados.

Por su parte, el Gobierno belga abría la puerta a expulsar a extranjeros nacidos en el país o que hayan llegado con una corta edad y hayan vivido sus primeros 12 años de infancia en el país. La excusa: la eficacia en la lucha contra el terrorismo.

En febrero pasado, la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto de ley que introduce el nuevo marco para expulsar a extranjeros con permisos de residencia legal, incluso de larga duración. La oposición rechazaba el texto y criticaba que el Gobierno no precisara los criterios para justificar una expulsión por motivos de seguridad nacional u orden público.

El secretario de Estado de Asilo e Inmigración, Theo Francken, explicaba que las personas no necesitarán haber sido condenadas para ser expulsadas y justificaba que la medida busca atajar el problema de los ‘combatientes sirios’ que han salido del país.
Las decisiones de expulsión competerán en exclusiva a la Oficina de Extranjería y, aunque deberán estar motivadas, la ley prevé una excepción en el caso de que haya información de los servicios de inteligencia. La oposición también critica este punto porque la defensa de estas personas no tendrá acceso a la información clasificada. El proyecto de ley aprobado también prevé la posibilidad de prohibir la entrada a ciudadanos de la UE. 

Paralelamente, varios gobiernos comunitarios han desatado una campaña contra las ONG que están efectuando rescates de refugiados en el Mediterráneo. Ante esto, el máximo responsable de ACNUR, Filippo Grandi, ha alabado la labor de estas organizaciones, responsables directas del rescate de más de 46.000 personas en 2016, lo que supuso el 26 por ciento del total. Grandi recordaba que desde comienzos de 2017, las ONG han rescatado al 33 por ciento de los náufragos.

Esta misma semana, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han acordado restringir la exportación de botes hinchables y motores fueraborda a Libia, con el fin de evitar el tráfico de migrantes en la ruta del Mediterráneo central. Se establece de este modo una base legal para negarse a la exportación o suministro de estos artículos cuando haya fundamentos razonables para creer que serán utilizados por traficantes de seres humanos.

Las restricciones se aplicarán a este tipo de botes y motores que estén en tránsito por la UE hacia Libia, pero no afectarán a la exportación o venta para un “uso legítimo” por parte de la población civil, como la pesca.

Los ministros han reafirmado su disposición a sancionar a quienes amenacen la paz, la seguridad y la estabilidad de Libia, incluidos aquellos que dificulten la transición política en el país. Se han mostrado dispuestos a actuar contra los responsables de graves abusos de los derechos humanos, y estudiarán la posibilidad de ampliar medidas contra los traficantes, aunque éstas no se han concretado.

El Consejo acordaba ampliar hasta el 31 de diciembre de 2018 su misión EUBAM Libia, que proporciona asistencia a las autoridades locales para gestionar sus fronteras, así como en los ámbitos de cumplimiento de la ley y de justicia criminal. Esa misión también trabajará en la planificación de una posible operación civil comunitaria para el refuerzo de instituciones en Libia y de asistencia en crisis.

Los ministros no han renovado el mandato de la misión ‘Sophia’, que opera en el Mediterráneo central contra las mafias de migrantes y que se dedica además a formar a guardacostas libios y a ayudar a que se respete el embargo en el comercio de armas decretado por la ONU a Libia. El Consejo solo ha indicado que la renovación de ese mandato, que expira a finales de julio, será decidida “pronto”.

La extensión del mandato se ha visto aplazada por las reservas de Italia, que ha reclamado que otros países abran sus puertos a los inmigrantes rescatados, aunque fuentes diplomáticas han descartado que ello vaya a bloquear su renovación durante un año y medio más, hasta el 31 de diciembre de 2018.

Refrendo judicial
El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba el respaldo legal para que los Estados miembros nieguen el visado humanitario a quien desee viajar a su territorio con intención de solicitar asilo. La sentencia señala que el Derecho europeo establece únicamente las reglas para los visados de tránsito o estancias no superiores a 90 días, por lo que este caso queda fuera de su aplicación y le corresponde a los Estados miembros decidir.

El Alto Tribunal considera que cualquier Estado socio estaría obligado a dar visado humanitario a quien corre riesgo de tortura, lo que abría la puerta a una vía de entrada legal a la Unión Europea para quienes aspiraban a lograr protección internacional del bloque.

Sin embargo, el Tribunal concluye en su sentencia que el código europeo se refiere a visados que no superen los tres meses y que los expedientes que se refieren a visados o permisos de residencia de larga duración por razones humanitarias “solo están sujetos al Derecho nacional”.

El TJUE se pronunciaba en este asunto a raíz de una consulta de los tribunales belgas, en cuyo país las autoridades han negado el visado humanitario a una familia siria formada por un matrimonio y sus tres hijos, todos ellos residentes en Alepo.

La Oficina de Extranjería belga negó el visado de validez territorial limitada para pedir asilo, porque consideró que ello probaba la intención de la familia de permanecer en Bélgica más de los 90 días que permiten estos visados.

Bélgica, además, sostiene que los Estados miembro no están obligados a admitir en su territorio a todas las personas que vivan una situación catastrófica.

Alejando la ‘patata caliente’

En enero de 2017, las autoridades europeas anunciaban que ofrecerán el apoyo necesario a las organizaciones humanitarias en África y financiarían los campos de refugiados establecidos en la zona para evitar que los inmigrantes crucen el Mediterráneo. “La idea es enviarlos a un lugar seguro sin traerlos a Europa”, exlicaba el ministro del Interior alemán, Thomas de Maiziere. “Debemos salvarlos de los traficantes y decidir cuáles de ellos necesitan realmente protección”, remataba el germano.

La Unión Europea pretende devolver a los inmigrantes interceptados a sus lugares de origen y, por ello ha instruido a la guardia costera libia para detenerlos antes de que abandonen el país para llegar a Europa. Los campos de refugiados dispuestos en África serán gestionados principalmente por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y contarán con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que supervisará a los inmigrantes y ayudará a aquellos que no puedan solicitar asilo a regresar a sus países de origen, según el plan diseñado por Bruselas.

La idea de financiar los campos de refugiados africanos cuenta con el apoyo político de los países miembros de la Unión Europea, pero implica una serie de desafíos legales. La devolución de los inmigrantes podría suponer una violación del derecho internacional, que prohíbe trasladarlos a lugares donde se encuentren desprotegidos.

Varios diputados europeos han señalado que se trata de un plan inhumano, cínico e inaceptable. “Así sólo conseguiremos que haya más refugiados bloqueados en el norte de África, donde corren el riesgo de ser torturados o maltratados”, se quejaba la eurodiputada alemana Cornelia Ernst.

 


El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acusado a las ONG de fomentar la inmigración irregular.

Spain is not different

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmaba recientemente que las ONG “fomentan la migración irregular”. La respuesta llegaba pronto. Médicos Sin Fronteras (MSF) lamentaba el “gran desconocimiento” del ministro acerca de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo Central. “Las ONG están trabajando coordinadas con los guardacostas italianos, no es un grupo de hippies que vaya por libre”, aseguraba la responsable de Operaciones para el Mediterráneo de MSF, Paula Farias. “Nos gustaría saber desde qué autoridad moral habla Zoido, cuando representa a un país que está incumpliendo los compromisos que había adquirido respecto a la reubicación de refugiados”, añadía Farias, al tiempo que explicaba que las ONG están “sacando gente del agua” cuando deberían ser los Estados miembros los que “deberían estar haciendo ese trabajo”.

Por su parte, Save the Children invitaba a Zoido a participar en sus misiones de rescate de refugiados en el Mediterráneo, para que vea la “desesperación" de las familias”, para las que “arriesgar sus vidas en el mar es la única opción”. Del mismo modo, la organización expresaba su “más profunda indignación” por las palabras del ministro.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunciaba igualmente la “gravedad” de las declaraciones de Zoido por el “intento de culpabilización” de las ONG. Estas palabras, según la Red, son aprovechadas por la extrema derecha para “apuntalar” su estrategia de comunicación ante la opinión pública.

Pero no sólo las palabras de Zoido reflejan la posición oficial española ante el conflicto. También los hechos hablan por sí mismos. A finales de enero de este año, el Ministerio del Interior anunciaba la llegada a España de 55 refugiados, 36 de nacionalidad siria y 19 iraquíes, procedentes de Grecia en el marco del programa europeo de reubicación y reasentamiento por el que España debe acoger a 17.337 personas antes de septiembre de 2017, de los cuales 15.888 vía reubicación y 1.449 vía reasentamiento.

El grupo estaba integrado por 22 hombres, 11 mujeres y 22 menores de edad, acogidos en Almería (4), Málaga (4), Huesca (7), Palencia (5), Tarragona (14), Castellón (17), Murcia (2) y Cáceres (2).

Hasta el momento, nuestro país ha acogido un total de 1.034 solicitantes de protección internacional, de los que 745 lo han sido vía reubicación desde Grecia e Italia y 289 vía reasentamiento procedentes de campos de refugiados en Líbano y Turquía. Esto implica que, para cumplir con el compromiso adquirido, España debería acoger desde ahora hasta septiembre a más de 16.000 nuevos refugiados. Sin embargo, el ministro Zoido se mostraba ‘optimista’ y ‘satisfecho’ ante la perspectiva de que la UE ‘rebaje’ la cuota a solo 7.000 personas, 10.000 menos de las ‘adjudicadas’ inicialmente.

No parece, sin embargo, que la posición gubernamental ante esta grave situación sea compartida por la mayoría de la población. Cientos de ayuntamientos –incluidos los de Madrid, Barcelona o Valencia–, y varias comunidades autónomas han instado al Ejecutivo a acelerar los trámites de acogida, mientras que múltiples manifestaciones se han sucedido por todo el país, en las que los ciudadanos han hecho la misma reclamación.

En febrero, Barcelona fue el escenario de una manifestación masiva en favor de la acogida de personas refugiadas bajo el lema “¡Basta de excusas! ¡Acojamos ahora!”. 160.000 personas, según el Ayuntamiento, y 300.000, según los organizadores, convocadas por la campaña Casa Nostra, Casa Vostra. Se daban cita en la Ciudad Condal, que conseguía organizar la mayor manifestación pro refugiados de toda Europa hasta la fecha.

El coordinador de la campaña Casa Nostra, Casa Vostra, Rubén Wagensberg, en su intervención final calificaba de “vergüenza” los incumplimientos de acogida por parte de los estados de la Unión Europea y, en ese sentido, proponía sancionar a los países que incumplan los compromisos de acogida.

España recibió 12.500 solicitudes de asilo hasta el pasado 30 de octubre de 2016, según los datos del Ministerio del Interior, un incremento del 35 por ciento respecto a las 9.300 peticiones recogidas en el mismo periodo de 2015.

Las tres principales nacionalidades de los solicitantes de asilo en lo que va de año son ucraniana (3.600), venezolana (2.850) y siria (2.390), que suman el 70 por ciento de las peticiones registradas. Le siguen los argelinos, colombianos, palestinos, salvadoreños, marroquíes y hondureños.

 


El barco C-Star es el instrumento que la organización xenófoba Defend Europe utiliza en su cruzada identitaria.

‘Piratas’ xenófobos

Para el movimiento Generación Identitaria, “se está produciendo una invasión. Esta inmigración masiva está cambiando la faz de nuestro continente. Estamos perdiendo nuestra seguridad y nuestro modo de vida y corremos el peligro de que los europeos se conviertan en una minoría en sus propios países”.

Generación Identitaria es un grupo xenófobo de extrema derecha que alberga en sus seno a diversas organizaciones de esta ideología de todo el continente. Han puesto en marcha un movimiento al que han denominado Defend Europe (Defender Europa), cuya última ‘ocurrencia’ ha sido la de fletar un barco que se sumará a los que ya patrullan el Mediterráneo, pero con la intención no de ayudar a los refugiados en apuros, sino la de devolverlos a las autoridades libias, acusadas por organizaciones internacionales de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes.

El C-Star –nombre del buque racista– ya ha puesto rumbo hacia el puerto de Catania, que será la base desde la que se propone vigilar a los barcos de las ONG que trabajan en el Mediterráneo Central rescatando personas.

En su página web, Defend Europe ataca a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, SOS Mediterranee o Proactiva Open Arms, a los que acusa de ser colaboradores de las mafias que trafican con personas –curiosamente, en la misma línea que las recientes declaraciones de Juan Ignacio Zoido o, incluso, los comunicados emitidos por Frontex, lo que refuerza la actuación de este grupo filofascista–.

Defend Europe ha conseguido recaudar más de 100.000 euros mediante donaciones anónimas a través de Internet, pese a que PayPal había bloqueado su cuenta de donaciones el pasado junio y su cuenta corriente en la entidad bancaria Steiermärkische Sparkasse había sido también cancelada. Aun así, el movimiento racista ha conseguido la financiación necesaria para alquilar el barco, de 40 metros de eslora, y contratar una tripulación. Desde su web continúan pidiendo donaciones a los “patriotas” europeos para “permanecer en el Mediterráneo el máximo tiempo posible”.

“Queremos empezar una misión identitaria de búsqueda y rescate en la costa de Libia. Nuestro objetivo es registrar los hechos de las ONG, exponer su cooperación con los traficantes de personas, e intervenir si hacen algo ilegal”, aseguran en un comunicado, a la vez que anuncian que prestarán asistencia a las personas que estén a la deriva, pero que los “devolverán a África”, y que pincharán las embarcaciones que encuentren vacías para que los traficantes no puedan volver a usarlas. Aseguran que su participación no pondrá en peligro la vida de personas y que el C-Star no bloqueará ninguna embarcación en operación de rescate.

Pero el líder del Movimiento Identitario de Austria, Martin Sellner, una de las caras más visibles de la iniciativa racista, ha asegurado que “se deberían bloquear los barcos que van a la costa libia” para rescatar inmigrantes y trasladarlos a Italia.

Ante este ‘desafío’, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al grupo ultraderechista europeo Generación Identitaria. En su denuncia, la ONG insta a la Fiscalía a que implique “de forma inmediata” a la Guardia de Costas y a la Guardia Civil, de forma que lleven a cabo las “acciones necesarias" para detener la nave C-Star”.

En la denuncia, la ONG considera probados varios delitos como el de “organización criminal, piratería y abordaje con fines políticos”, tipificados en el Código Penal.
Anteriormente, la Red había pedido al Gobierno que “movilice cuantos recursos sean necesarios para impedir que esa flota del odio y la muerte pueda alcanzar sus objetivos”, emplazando a los ministerios de Interior y Defensa a evitar que el grupo de extrema derecha actúe en aguas españolas.