Leyes Rajoy Tiempos de hoy

 
   

                              Nº 1208. 7 de julio de 2017

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Politica / M. C.

‘Ley Mordaza’, Reforma Laboral, RTVE…

El difícil desguace del legado de Rajoy

Con el deshielo de las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se empiezan a dar los pasos para desmontar parte del legado legislativo del Gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Tras el acuerdo para la reforma de RTVE, en las mesas de negociación abiertas por PSOE y Podemos las prioridades son el acuerdo para la derogación de la Ley Mordaza y el desbloqueo de las iniciativas ya presentadas para la subida del Salario Mínimo y sobre el establecimiento de una Renta Mínima. A la espera de que esos acuerdos sumen a más fuerzas para articular una mayoría parlamentaria, en los próximos meses se avecina una guerra de trincheras en el Congreso, con el Gobierno intentando hacer valer su capacidad de veto de aquellas leyes que puedan implicar un aumento del gasto.


Sánchez e Iglesias deben sortear la capacidad de veto con la que cuenta el Ejecutivo para las leyes que impliquen un aumento del gasto. / PODEMOS

Aunque todavía está todo en pañales y ni siquiera se han inaugurado oficialmente las mesas de trabajo entre el PSOE y Podemos, la comunicación habitual entre Sánchez e Iglesias y sus respectivas portavoces parlamentarias, Margarita Robles e Irene Montero, supone un cambio de ciclo en las relaciones entre los dos partidos. Un nuevo capítulo que abre la puerta a articular mayorías parlamentarias que desmonten las leyes más polémicas que dejó la legislatura en la que Rajoy gobernó haciendo uso del rodillo parlamentario que le proporcionaba su mayoría absoluta.

Uno de los asuntos en los que será más fácil el acuerdo es el relativo a la derogación de la Ley Mordaza, a juzgar por el tono en el que discurrió la entrevista entre Sánchez e Iglesias. Y en las filas socialistas contemplan también la posibilidad de sumar al acuerdo a Ciudadanos sin excesiva dificultad. De hecho, ya hay en trámite dos Proposiciones de Ley al respecto, una presentada por el PSOE, que busca su derogación, y otra presentada por el PNV para la reforma de 44 de sus artículos. La toma en consideración de ambas fue aprobada en marzo por la Cámara, pero el PP ha ido alargando su plazo de tramitación y, de momento, se encuentran en stand by ante la falta de acuerdo del resto de los grupos y ante lo que algunas voces de la oposición tildan de “filibusterismo parlamentario” por parte del Grupo Popular, que en los últimos meses se ha dedicado a poner todo tipo de trabas para alargar sine die la tramitación de los textos que buscan reformar el legado legislativo de la mayoría absoluta de Rajoy. Así, según estas voces, los populares han conseguido prorrogar plazos de enmiendas o han retrasado al máximo su paso por comisión, lo que en la práctica viene a suponer un bloqueo.
De ahí que una de las primeras iniciativas de Margarita Robles como nueva portavoz del PSOE en el Congreso haya sido registrar una Proposición de Ley que busca precisamente desarticular los recursos a los que está acudiendo el PP para trabar la tramitación de los textos de la oposición. Por eso, la iniciativa que acaba de presentar el PSOE plantea modificar el reglamento de la Cámara para que sólo pueda haber dos ampliaciones del plazo para presentar enmiendas por una duración máxima de quince días. Como mucho, podrá haber una tercera ampliación. Pero eso sí, siempre que lo soliciten dos grupos parlamentarios que, además, tengan la mayoría absoluta en la Cámara.

Es de esperar que las trabas del PP, de momento, puedan solventarse con acuerdos entre las fuerzas de la oposición, como sucedió con el sistema de elección del presidente de RTVE. Pero en el caso de la Ley Mordaza, el optimismo de los socialistas acerca de sumar al acuerdo a Ciudadanos, todavía parece lejano. Y es que desde la formación naranja está de acuerdo con reformar los “artículos inconstitucionales” de la norma, pero no desea derogarla para volver a la Ley de Seguridad de 1992. Es decir, que está más cerca de la iniciativa presentada por el PNV que de la presentada por los socialistas.

En cualquier caso, no hay que perder de vista que, como en el caso de RTVE, si las posiciones del resto de los grupos se van a acercando es muy probable que el PP también acceda a sentarse a negociar para no escenificar su soledad en la Cámara, como ya tienen previsto en el PP, según algunas informaciones. Hay que recordar que el texto, que limita el ejercicio del derecho de huelga y manifestación y que, entre otras cosas, ha llevado ante los tribunales a unos 300 sindicalistas desde 2014, está recurrido en el Tribunal Constitucional desde julio de 2015.

Y si articular un acuerdo a tres bandas entre PSOE, Podemos y Ciudadanos va a ser complicado, en las filas socialistas son aún más conscientes de que será más difícil todavía sumar a la formación naranja a la ILP sobre la creación de una prestación de ingresos mínimos que los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, presentaron en el Congreso tras recoger 700.000 firmas a favor. El PSOE le dio forma de proposición de ley, pero su tramitación se encuentra atascada, al igual que sucede, desde diciembre, con la propuesta para subir el salario mínimo interprofesional de forma progresiva hasta los 1.000 euros en esta legislatura. En esta cuestión, el Gobierno abrió la mano a finales del año pasado, pactando con el PSOE una subida del 8% para este año, hasta los 707 euros en 14 pagas. Pero los populares ya se ha posicionado en contra de ir más allá, y los 1.000 euros quedan muy lejos de sus intenciones.

En estas cuestiones, la oposición entre en arenas movedizas, porque el Ejecutivo no está dudando en aplicar su derecho de veto, recogido en la Constitución,  sobre cualquier iniciativa parlamentaria que, bajo su criterio, puedan implicar un aumento del gasto o una disminución de los ingresos públicos. Hasta ahora, el Gobierno ya ha rechazado la tramitación de 36 iniciativas legislativas, sobre asuntos muy dispares y a primera vista inocuos. Las últimas hace sólo unos pocos días. Por ejemplo, una presentada por el PDECat para fomentar el uso de vehículos eléctricos y otra de ERC para el reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura. Y Podemos ya ha advertido al PSOE que la propuesta estrella que ha venido defendiendo Sánchez en las últimas semanas, la del plan de ayuda para jóvenes, también tiene todas las papeletas para topar con el veto del Ejecutivo.

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Los acuerdos a tres bandas con Albert Rivera se prevén fundamentales para que el PP también se avenga a negociar, como ha sucedido con la reforma de RTVE. / EUROPA PRESS

En estos meses, la Mesa del Congreso sólo ha desoído dos vetos, los relativos a la paralización de la LOMCE y la equiparación de condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, presentada por el PSOE y que implica una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Ambas proposiciones de ley fueron recurridas a principios de año por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, abriendo un conflicto insólito con el Congreso y sobre el que el alto tribunal todavía no se ha pronunciado.

La cuestión de la reforma laboral queda, de momento, en el cajón. En el encuentro que mantuvieron Sánchez e Iglesias la cuestión no se trató, entre otras cosas porque Podemos aspira a meter presión al PSOE demandando también la derogación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, no sólo la diseñada por la ministra Fátima Báñez en 2012. Y lo mismo sucede en relación a las pensiones y a la negociación en el marco del Pacto de Toledo, donde los socialistas aspiran también a llegar a un pacto de Estado sobre su financiación. La semana pasada, Iglesias registraba en el Congreso una Proposición de Ley sobre pensiones que planea revertir las dos últimas reformas, la de 2011 y la de 2013, y que pondrá encima de la mesa cuando arranque la negociación con el PSOE. 

El líder de Podemos comparecía en la Cámara Baja acompañado de los catedráticos de derecho laboral que han participado en la redacción del texto, para abrir la puerta a descolgarse del Pacto de Toledo si "si no respeta la Constitución española", que en su artículo 41 subraya que se cumpla con unas prestaciones sociales "suficientes". Aunque una reforma tan ambiciosa, que busca devolver la edad de jubilación a los 65 años, suprimir el facto de sostenibilidad y financiar las pensiones, por lo menos en parte, vía Presupuestos, sitúa a Podemos con un pie fuera del Pacto de Toledo, ya que parece complicado que tanto PP como PSOE estén dispuestos a desandar el camino andado por sus dos últimos gobiernos.

Así las cosas, va a ser muy complica avanzar en el desguace de la herencia legislativa del Rajoy con mayoría absoluta. Las únicas leyes que tiene más fácil no toparse con el veto del Ejecutivo son las de regeneración democrática que Sánchez trató con Rivera en la entrevista que mantuvieron la semana pasada. Los socialistas ven especialmente interesados a Ciudadanos en la reforma de la Ley Electoral. Y con Alberto Garzón, Sánchez se comprometió concretamente a estudiar mejorar la proporcionalidad de la ley, una cuestión que ha sido abordada varias veces en las últimas legislaturas y que ha terminado siendo relegada ante la falta de interés de los dos grandes partidos. Pero, de momento, Rajoy parece contar con el blindaje suficiente para salvar las grandes reformas de su mayoría absoluta.


El Gobierno ha recurrido la paralización de la Ley Wert ante el Constitucional.

RTVE y la LOMCE, las únicas leyes ‘desguazadas’

El PP ha encajado de forma muy diferente las dos derrotas parlamentarias que ha recibido por parte de la oposición revirtiendo su legado legislativo. En la más reciente, la relativa a la reforma de la elección del presidente y de los consejeros de RTVE, el PP prefirió sumarse al acuerdo final antes que escenificar su soledad en la Cámara. Un acuerdo articulado principalmente en torno a un documento elaborado por los socialistas y Podemos, que fija el relevo de José Antonio Sánchez en la presidencia de la Corporación para dentro de tres meses y que supone retomar en buena medida el sistema de elección que legó José Luis Rodríguez Zapatero, imponiendo la necesidad de un amplio acuerdo para nombrar a su sucesor en la Presidencia de la Corporación.
La otra derrota tuvo que ver con la paralización de la Lomce, más conocida como Ley Wert, a finales del año pasado, articulada en torno a una Proposición de Ley del PSOE. A pesar de que el Gobierno había renunciado a buena parte de sus planes previamente –por ejemplo, con la no aplicación de las reválidas, que habían puesto a las comunidades en pie de guerra- el Ejecutivo intentó frenar en seco la tramitación de esa Proposición de Ley, ejerciendo su derecho de veto a cualquier iniciativa legislativa que suponga una merma para las arcas públicas. Y es que el Gobierno argumenta que esa paralización supondría perder 615 millones de euros procedentes de fondos europeos. Como el veto fue desoído por la Mesa del Congreso, la cuestión está en manos del Constitucional, que seguramente no se pronunciará hasta el año que viene. Mientras, en el Congreso está abierta una subcomisión de la que debe salir un pacto de Estado en Educación, en teoría antes de final de año.