TRIBUNA Sergio del Campo Tiempos de hoy
 
   

                             Nº 1201. 19 de mayo de 2017

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Tribuna / Sergio del Campo

Hacia un estatuto del becario


La actividad realizada debe tener una naturaleza formativa y, por lo tanto, no existir servicios entre la empresa y el becario que revistan las notas características del contrato de trabajo

Hoy quiero tratar uno de los temas de los que se ha hablado mucho en las últimas semanas: la polémica con el trabajo de los becarios”. Todo se inicia con unas declaraciones de un conocido cocinero, que en cierto sentido justificaba la no remuneración de los aprendices que están en su cocina, aduciendo que la formación que en ella reciben constituye en sí ya una forma de pago. Rápidamente comenzaron a lloverle las críticas por sus declaraciones y en las tertulias políticas  se abrió el debate acerca del papel de los becarios y el abuso que del mismo pueden hacer las empresas. Personalmente, creo que el tema no se ha tratado con el suficiente rigor desde los medios de comunicación. Y es que el tema no es sencillo. La pregunta clave a la que debemos responder primero es la siguiente: ¿hay o no relación laboral entre los aprendices y sus formadores?

En primer lugar, debemos aclarar que existen determinados contratos laborales (los contratos formativos) que tienen por objetivo la obtención por parte de personas no tituladas de una formación adecuada o de una práctica profesional adecuada a su nivel de estudios. En ambos casos existe relación laboral (y por lo tanto salario, cotización, etc.) de modo que el problema principal no radica en esta modalidad de prácticas. El problema aparece cuando hablamos de prácticas no laborales excluidas del Derecho Laboral.

El primer error se comete al realizar el análisis desde el punto de vista de una situación en particular. El debate debe englobar todas las modalidades existentes y no sólo casos concretos. El concepto de prácticas no laborales alude a una multiplicidad de supuestos tanto regulados como no regulados. Estos últimos dan lugar a un gran número de ofertas de prácticas que no tienen ningún amparo normativo. Es en estos supuestos de prácticas no reguladas donde se está constatando la existencia de mayores niveles de fraude.

Independientemente de su clasificación, las prácticas no laborales tienen dos notas en común. La primera de ellas es que la actividad realizada debe tener una naturaleza formativa y por lo tanto, no existir servicios entre la empresa y el becario que revistan las notas características del contrato de trabajo. La segunda es la posible percepción por el alumno de una beca o contraprestación por su realización que, de recibirse, no debe de tener la consideración de salario. El interés fraudulento consiste en utilizar los servicios laborales de personas que formalmente no aparezcan como tal. Es decir, cubrir un puesto de trabajo con un becario. De este modo se les priva de sus derechos laborales y de Seguridad Social con un significativo ahorro de costes.

Estas situaciones sólo pueden evitarse con una definición clara de las características de las prácticas o actividad formativa a fin de poder distinguirlas de la relación laboral. Las regulaciones, en su caso, contemplan de forma poco rigurosa, dispersa y fragmentada determinados requisitos formales que debe cumplir la actividad de los becarios. Nos referimos a la necesidad de tutorías, de informes de evaluación del desempeño o de valoraciones finales. Pero no definen las notas sustantivas básicas susceptibles de prueba propias de una práctica no laboral. La solución pasa por avanzar hacia una regulación conjunta donde se tengan en cuenta las diferentes situaciones y se incorpore el análisis de la jurisprudencia, todo ello previo estudio de sus deficiencias. Esto nos permitirá alcanzar una definición sustantiva de “práctica no laboral” claramente diferenciada del servicio laboral.

Dejémonos por tanto de debates superficiales, en los que nos sorprendemos ante algo que todos sabemos que existe y cuyo principal problema no está precisamente en los chefs de alta cocina. La apuesta por un mercado laboral más justo debe contemplar cuanto antes la regulación de un “estatuto del becario” para evitar abusos y otorgar seguridad jurídica a esta modalidad de prácticas. 

 

 

Firma

Diputado de Ciudadanos por Tarragona en la XI y XII Legislaturas. Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo. También es Subinspector Laboral de Empleo y Seguridad Social. Actualmente, es Portavoz en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y portavoz adjunto en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

 

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