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Los dossieres

 

Nº 904/ 29 / 11 /2010

 

Por primera vez se impiden los homenajes en el Valle de los Caídos

35 años sin Franco

Habrá a quien le parezca como si hubiera sido ayer, pero ya han pasado siete lustros desde la muerte de uno de los dictadores más sanguinarios de la historia, y dueño y señor de los destinos de este país durante cuatro décadas. Como cada año por estas fechas, sus cada vez más escasos seguidores han continuado con su runrún de finales de noviembre, aunque, en esta ocasión, no han podido celebrar su ‘fiesta’ en su lugar favorito, el Valle de los Caídos. De aquel régimen ominoso aún quedan rescoldos en una derecha de extracción franquista –muchos descendientes de destacados personajes de aquel fascismo ostentan hoy altas responsabilidades en el PP– poco homologable con la del resto de Europa, una cúpula eclesiástica que no se arrepiente de haber apoyado la asonada, alguna ley difuminada entre el resto del nuevo ordenamiento jurídico; un rey que fue designado sucesor de Franco en 1969 –aunque su figura haya sido refrendada en el referéndum constitucional de 1978– y, sobre todo, una deuda no pagada con las víctimas de la dictadura y con nuestra propia historia reciente, sobre la que todavía hoy, los libros de texto pasan de puntillas.

Por Pedro Antonio Navarro

Pese a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica –que muchos consideraron insuficiente- en 2007, todavía pueden verse en muchas fachadas de nuestros pueblos y ciudades placas del antiguo Ministerio de la Vivienda franquista, con su yugo y flechas grabados. Aún perviven estatuas y retratos del dictador Francisco Franco y de otros personajes de relevancia durante el régimen fascista de los 40 años. Innumerables calles llevan los nombres de destacados protagonistas de la represión contra las libertades, y hasta 26 vías públicas –en A Coruña, Aragón, Extremadura, León, Murcia, La Rioja, salamanca, Valencia y Zamora- llevan directamente el nombre del dictador.

Los pactos de la transición política impidieron la vía de la ruptura democrática, por lo que los crímenes del franquismo quedaron absolutamente impunes, hasta el trágico extremo de que hoy, el magistrado con mayor prestigio y proyección internacional de nuestro país se encuentra procesado por haber tratado de esclarecer esos delitos, y haber intentado encontrar una vía para aplicar la justicia y conseguir la reparación de las víctimas.

España es hoy un Estado democrático plenamente asentado e integrado en la práctica totalidad de las instituciones internacionales. Sin embargo, no resulta difícil encontrar rescoldos de ese régimen fascista en nuestros días. Más allá de la huella física de sus monumentos, de un Valle de los Caídos que permanece –pese a lo que indica la ley al respecto- como símbolo de la victoria militar de los sublevados contra el Gobierno legítimo y democrático de la II República-, de las fachadas de iglesias que aún exhiben impunemente sus “caídos por Dios y por España”; también se puede hallar cierto rastro ideológico, además de en los pequeños partidos de corte fascista, como Falange u otros similares, en la principal formación de la derecha, el Partido Popular.

Los hijos no son responsables de los actos de los padres, pero muchos apellidos que hoy se encuentran en la dirección y en posiciones de responsabilidad en esta fuerza política son idénticos a los de muchos personajes del franquismo. Las posiciones del PP en diversos asuntos, especialmente en los referentes a las libertades individuales, la laicidad del Estado o la concepción territorial del país no son homologables a los de sus correligionarios conservadores de nuestro entorno político y cultural.

Si bien es cierto que la influencia de la ultraderecha en el Estado español es inferior comparativamente a la que nos encontramos en otras naciones de nuestro entorno, en parte es debido a que buena parte de ese ‘potencial’ es absorbido electoralmente por el PP, un partido que se niega sistemáticamente a condenar el franquismo.

Otro tanto nos encontramos en la jerarquía de la Iglesia Católica en España. Con el cardenal Tarancón en un recuerdo cada vez más alejado, en todos los sentidos, la Conferencia Episcopal participa de un modo muy activo en la vida política nacional –incluso promoviendo manifestaciones antigubernamentales- postulando un ideario ultraconservador y oponiéndose a las iniciativas legislativas de un gobierno democrático. Esta actitud ha despertado duros recuerdos en personas que han vivido la época de la II República y la actual, como el ex secretario general del PCE y colaborador habitual en las páginas de El Siglo, Santiago Carrillo, que ha dejado escrito que el comportamiento de la cúpula eclesial hoy en día le recuerda al que mantuvo esta institución durante los años republicanos, y que los llevó a bendecir la sublevación militar y declararla “Cruzada”.

Juan Carlos de Borbón es el actual jefe del Estado, al frente de una denominada monarquía constitucional. Su papel está recogido en el Texto de la Carta Magna de 1978 –junto a otros muchos artículos-, cuya vigencia fue refrendada en consulta popular celebrada el 6 de diciembre de 1978. Sin embargo, se podría, en todo caso, hablar de una ratificación, puesto que su cargo, el más alto del Estado, ya se encontraba ocupado por el actual monarca en la era predemocrática, concretamente desde el 22 de noviembre de 1975, cumpliendo lo dispuesto por el dictador Francisco Franco, que lo designó como su sucesor “a título de rey”, en julio de 1969, para lo que juró lealtad a los “Principios Fundamentales del Movimiento”.

Todavía hoy, esta monarquía constitucional goza de unos privilegios poco asimilables a los de otras casas reales en Europa, y prácticamente escapa a la fiscalización del Parlamento, del mismo modo que la figura del rey se declara literalmente “inviolable” en el texto constitucional, lo que significa que ni sorprendido ‘in fraganti’ en la comisión de un delito podría procesarse a Juan Carlos de Borbón.

Pero ciertos ‘aromas’ del franquismo también perviven en la estructura judicial española. No sólo algunas leyes continúan, sino que las sentencias emitidas por los tribunales de excepción de aquel régimen de terror mantienen su validez, y una mayoría parlamentaria impedía incorporar la total nulidad jurídica de aquellos ominosos dictámenes en el texto de la Ley de Memoria Histórica, aprobada sin plena satisfacción de las víctimas a finales de 2007.

‘Efectos’ de la dictadura aún yacen por decenas de miles en las cunetas de las carreteras de nuestro país y extramuros de centenares de cementerios, esperando ser identificados y entregados a sus familiares y amigos, su memoria reivindicada y la reparación para sus descendientes o herederos.

Los actos ‘tradicionales’. El franquismo, directamente, no su vaga memoria, todavía encuentra un lugar en el presente. Como cada año, los últimos días del mes de noviembre son el momento elegido para salir a las calles y hacer exhibición de la simbología fascista y homenajes que exaltan esa ideología y al dictador y a sus colaboradores.

El fin de semana del aniversario (20-N) varios grupos neonazis organizaban un concierto en Madrid con la presencia de bandas de Inglaterra, Italia y Alemania, bajo el lema: “Buenas noches, rojos de mierda”. El mismo 20 de noviembre, con autorización de la Delegación del Gobierno en Madrid, la confederación de Combatientes realizaba su ‘tradicional’ homenaje al dictador y al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en la madrileña Plaza de Oriente, lugar favorito de Franco para sus actos multitudinarios en vida.

La Delegación del Gobierno en Madrid también autorizaba una marcha nocturna organizada por Falange, la noche del 20 al 21 de noviembre, desde la calle Génova –lugar de nacimiento de Primo de Rivera- hasta el Valle de los Caídos. El 20-N tenía lugar una misa por las almas de Franco y Primo de Rivera en la basílica del Valle de los Caídos, aunque no se permitió la asistencia de fieles. Una misa similar era oficiada en la parroquia San Juan Evangelista de Albacete, y otras muchas en diversas iglesias de Alicante, Avilés, Barcelona, Castellón, Ceuta, Córdoba, Figueras, Granada, Jaén, Jerez, Lorca, Lucena, Málaga, Manacor, Oviedo, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Hasta en Buenos Aires (Argentina), y convocada por Fuerza Nueva, tenía lugar otra misa en homenaje a Franco y José Antonio en la Basílica de San Francisco.

En una de estas ‘misas’, la celebrada en la parroquia madrileña de Santa Gema, en el altar mayor estaba ondeando la bandera preconstitucional. El acto estaba convocado por la Fundación Nacional Francisco Franco, y contó con la presencia del ex líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y la duquesa de Franco. En la homilía, pronunciada por el cura Gabriel Calvo, éste proclamaba que “La España auténtica, la que evangelizó América, la que hizo rente a la herejía protestante y al Islam y luego a las Revoluciones liberales, venciendo siempre. No hay que tener miedo ante la actual persecución, sabiendo que Dios está con nosotros y que volveremos a vencer”.

A estos homenajes también quiso sumarse algún sector de la prensa. Así, los diarios El Mundo, La Razón y ABC decidían publicar en los días previos esquelas recordatorias de Franco y Primo de Rivera, así como las convocatorias a algunos de los actos anteriormente mencionados. Curiosamente, otra publicación en ubicada en similares parámetros ideológicos, La Gaceta, decidía no incluir en sus páginas ninguna de estas esquelas, aunque ofrecía un suplemento especial de fin de semana dedicado al asunto.

Los ‘supervivientes’ del Caudillo

Cuando ya han transcurrido 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco, además de cierta impronta en reducidos sectores de la sociedad española y algún resto legislativo, también le han sobrevivido varios de sus más directos colaboradores –algunos de ellos, continuaron haciendo ‘carrera’ en la política democrática, mientras que otros se han limitado a ‘triunfar’ en la empresa privada-, entre ellos, una docena de los que formaron parte de alguno de los gobiernos franquistas, en calidad de ministros.

El más antiguo de todos continúa siendo un referente de primera línea en la política nacional. De estos supervivientes, el que primero se incorporaba a un Gabinete presidido por Francisco Franco era Manuel Fraga Iribarne, que era nombrado ministro de Información y Turismo en julio de 1962. El hombre de quien se decía que ‘le cabía el Estado en la cabeza’ fue letrado de las Cortes, diplomático y catedrático de Derecho Político de la Universidad Complutense. Continuaría en el cargo hasta octubre de 1969, tras un enfrentamiento con el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Fue nombrado embajador en Londres entre 1973 y 1975. Regresaría al Gobierno tras la muerte de Franco como vicepresidente para Asuntos de Gobernación e Interior, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro –fue en esos momentos cuando pronunció la célebre frase: “la calle es mía”-. Dimitiría el tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente –cargo al que él íntimamente aspiraba- en julio de 1976. Es el fundador de  Alianza Popular (posteriormente, Partido Popular, del que sigue siendo presidente honorario). Ha presidido  la Comunidad gallega en varios mandatos y en la actualidad es senador.

José Luis Villar Palasí llegaba a los gobiernos de la dictadura en abril de 1968, como ministro de Educación Nacional. Nacido en Valencia el 30 de octubre de 1922, fue letrado del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Fue cesado en junio de 1973, con la llegada de Carrero Blanco a la presidencia del Gobierno. Con la llegada de la democracia desaparecería de la vida pública, continuando como profesor universitario, aunque también perteneció un tiempo al Consejo de Estado.

Licinio de la Fuente es uno de los ministros más duraderos en los gabinetes del franquismo tardío. Se incorporaba al Ejecutivo en octubre de 1969, con el cargo de ministro de Trabajo. Este toledano, nacido en 1923, era sostenido en el cargo a la llegada de Carrero Blanco, y tras el atentado que acabó con la vida de éste, era ascendido por Carlos Arias Navarro –el ‘carnicerito’ de Málaga- a la Vicepresidencia tercera del Gobierno. Dimitía de su cargo en marzo de 1975. En la etapa democrática conseguía un escaño por Alianza Popular en las elecciones de 1977.

Alberto Monreal Luque, economista madrileño nacido en 1926. Fue nombrado ministro de Hacienda en octubre de 1969, y recibía su cese en junio de 1973. En 1974 era designado presidente de la entonces empresa pública Tabacalera, permaneciendo en este cometido hasta 1982.

José María López de Letona se incorporaba al gobierno franquista en 1970 como ministro de Industria, nacido en Burgos, en 1922, y de formación técnica (ingeniero de Caminos), era cesado por Arias Navarro en enero de 1974. Junto a Gregorio López Bravo y Laureano López Rodó –el clan de los ‘lópeces’- estaba considerado como uno de los ministros ‘tecnócratas’ del régimen. En los albores de la democracia (1976) era designado Gobernador del Banco de España. Dos años más tarde pasaría a ser vicepresidente y consejero delegado de Banesto.

Antonio Barrera de Irimo sería designado ministro de Hacienda en el Gobierno de Luis Carrero Blanco, en junio de 1973. Este inspector de Hacienda lucense, nacido en 29, se mantuvo en el Ejecutivo tras la muerte de Carrero, y ya como vicepresidente tuvo toda la responsabilidad en los nombramientos de Raimundo Fernández Cuesta y Santos Blanco como ministros de Comercio e Industria, respectivamente. En octubre de 1974 protagoniza una de las dimisiones más sonadas del franquismo, al expresar su solidaridad con el cesado Pío Cabanillas, partidario de iniciar una apertura del régimen. Continuó su trayectoria profesional en la empresa privada.

José María Gamazo Manglano, madrileño, nacido en 1929, se incorpora al Gobierno de Carrero como ministro subsecretario de la Presidencia, dejando su puesto de director general de Servicios de la Presidencia, que ocupaba desde 1964. Fue cesado al poco tiempo, en enero de 1974, y nombrado presidente de Minas de Almadén.

Fernando Liñán y Zofio llegaba al Ejecutivo presidido por Carrero en 1973 como ministro de Información y Turismo, pese a que el almirante le tenía destinada, en principio, la cartera de Gobernación, al igual que Gamazo Manglano, es cesado en enero de 1974. Este madrileño nacido en 1930 y licenciado en Ciencias Exactas, pasaría a ocupar la presidencia de Aviaco.

José Utrera Molina. El suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, era designado ministro de Vivienda en junio de 1973. Con la llegada de Carlos Arias Navarro, este malagueño nacido en 1926 es nombrado secretario general del Movimiento, cargo que ocuparía hasta marzo de 1975. Todavía en la actualidad participa en algunos debates televisivos en los que defiende y ensalza la figura del dictador.

Antonio Carro Martínez. Nacido en Lugo en 1923, este letrado del Consejo de Estado irrumpe en el Gobierno de Arias como ministro subsecretario de la Presidencia, sucediendo a José María Gamazo, en enero de 1974. Fue cesado en diciembre de 1975, con Franco ya muerto. Obtendría su primer escaño como diputado por Alianza Popular en las elecciones de 1977, y sería vicepresidente segundo del Congreso en la legislatura 1982-1986.

Fernando Suárez González. Falangista nacido en León, en 1933. Catedrático de Derecho del Trabajo, entra en el último Gabinete presidido por Arias Navarro, en marzo de 1975, haciéndose cargo de la Vicepresidencia tercera y la cartera de Trabajo. Uno de los más activos desde el lado franquista en el impulso de la transición democrática. Sería diputado por León en las listas de Coalición Popular, en 1982, y en 1986, en el Parlamento Europeo.

José María Sánchez-Ventura y Pascual. Este notario zaragozano, nacido en 1922, pasaría a formar parte del último Gobierno Arias en marzo de 1975, como ministro de Justicia. Desde esa responsabilidad registró el juramento de Juan Carlos de Borbón como rey de España. Con la llegada de la democracia retornaría a su actividad profesional de notario.

Señor,

¡qué cruz!

Durante los días del entorno del 35 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el Valle de los Caídos se ha convertido en el simbólico ‘campo de batalla’ entre los fascistas nostálgicos del viejo régimen y los defensores de la recuperación de la memoria histórica en nuestro país.

Precisamente, el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica –aprobada en diciembre de 2007-, establece que “las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Tal vez por ello, desde el Gobierno se tomaba la decisión de impedir, por primera vez, que en el Valle de los Caídos –lugar en el que se encuentran los restos de Francisco Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera- se celebrase un acto público de exaltación de las figuras de ambos, además de una misa multitudinaria en su memoria, tal y como ha venido sucediendo cada año desde la muerte del dictador.

Lo cierto es que, con intención política o no, desde hace algunos meses el acceso a la basílica y al mausoleo está restringido por las obras de restauración del conjunto escultórico ‘La Piedad’ –en 2009 se desprendieron algunos trozos de un granito-, y en las últimas semanas no se ha permitido el acceso público a la basílica para asistir a las misas, lo que comenzó a desatar la ‘guerra’ de los monjes benedictinos (y de los nostálgicos del fascismo) contra la Administración central.

El Valle de los Caídos quedaba cerrado al público el pasado mes de abril, aunque los fieles podían seguir accediendo a las misas por la parte posterior del templo. Sin embargo, la entrada se prohibía definitivamente el pasado 3 de noviembre. Desde entonces, los monjes celebran los oficios religiosos fuera del recinto, con una carga de protesta en la que denuncian la supuesta intención gubernamental de cerrar definitivamente el valle de los Caídos. El abad de los benedictinos, que regentan la basílica, Anselmo Álvarez, incitaba a “una campaña nacional de oración por la libertad de culto en santa Cruz del Valle”.

Este religioso, de conocida filiación franquista, ha realizado múltiples declaraciones en las que deja clara la intencionalidad política de su trayectoria al frente de la basílica. En las semanas en las que la Ley de Memoria Histórica estaba siendo debatida en el Parlamento, aseguraba que “aquí se olvida que Franco era un símbolo de la mitad de España. Cuando se juzga a Franco se juzga a los españoles que le siguieron en la guerra y en la paz. Franco unió los símbolos de lo fundamental de España: cruz, templo y basílica”.

La intención opuesta es la que guía a los impulsores de la recuperación de la memoria histórica y el resarcimiento a las víctimas de la dictadura fascista del general Franco. El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, se quejaba en el aniversario de la muerte del dictador de que el conjunto del Valle de los Caídos es “el único monumento de exaltación del fascismo que queda en Europa”, al tiempo que exigía que se desacralice la basílica, “porque no es una referencia del cristianismo, sino del poder franquista”. Del mismo modo, sus exigencias pasan por que los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera salgan de sus actuales mausoleos y sean entregados a sus familiares para que les den sepultura donde ellos decidan.

En la misma posición se sitúa la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Al tener conocimiento de que se invertirán 100.000 euros en la construcción de un pasillo de acceso al templo, mientras duren las obras de restauración de La Piedad –además, la remodelación de la cruz, de 150 metros de altura, también había costado 2,3 millones de euros a las arcas públicas-, esta organización enviaba una misiva al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se le preguntaba “¿hasta cuándo el Estado va a seguir obligando a las víctimas del franquismo a financiar con sus impuestos la tumba del dictador responsable del asesinato de decenas de miles de civiles y la persecución de millones de españoles?”.

ARMH considera “una humillación que las víctimas paguen la tumba de los verdugos. No es comprensible que un Estado democrático sostenga con fondos públicos ese gran mausoleo dedicado a quien tanto daño hizo a nuestra sociedad”. El presidente de la Asociación, Emilio Silva, se cuestiona las diferentes actuaciones gubernamentales ante actos de incitación a la violencia de dispar origen ideológico: “¿Hasta cuándo el Estado va a sostener la doble moral de que el enaltecimiento de unas violencias sea considerado delictivo y el de otras no? No es comprensible que el franquismo, que causó muchísimos más asesinatos que cualquier otro grupo violento en nuestra historia, pueda ser honrado públicamente a través del Valle de los Caídos”.

Los asociados de ARMH ya han manifestado en múltiples ocasiones que su pretensión es la de convertir Cuelgamuros en un “lugar de memoria que honre el recuerdo de quienes fueron obligados a construirlo por la fuerza, como esclavos políticos, y que cuente en su nave central con una exposición en la que se cuente quiénes fueron”. Por ello, el pasado 20 de noviembre convocaban una concentración ante el megalómano monumento bajo el lema ‘Verdad, justicia, demolición’. La demolición de la que habla la convocatoria es la de la cruz de 150 metros, considerada por ellos como el símbolo de la prepotencia franquista. Sobre el resto del recinto, su pretensión es la de convertirlo en un “memorial democrático”.

En un día ‘tan señalado’, algunos franquistas de pro no querían tolerar que ‘su’ lugar favorito fuera ocupado por antifranquistas. Por eso, unas decenas de ellos se concentraban en el lugar tratando de impedir el acto de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Con la intervención de la Guardia Civil todo quedaba en un cruce de insultos y descalificaciones.

Los nostálgicos franquistas tenían motivos para el mal humor en el 35 aniversario del fallecimiento de su líder espiritual. Esa misma mañana, las fuerzas del orden impedían el acceso a centenares de ‘fieles’ que, como han venido haciendo cada año, se aproximaban a pie a la carretera que da acceso a la basílica, portando sus banderas preconstitucionales, falangistas, y todo tipo de simbología fascista. Desde ese instante, los insultos a los diferentes miembros del Gobierno se convertían en los eslóganes más coreados.

Paradójicamente, las razones aducidas para impedir este acto de exaltación fascista no hacían referencia a la Ley de Memoria Histórica –que los prohíbe expresamente–, sino el peligro de desprendimiento del conjunto escultórico. De todos modos, la ley parece que no va con los monjes benedictinos que gestionan la basílica y mantienen la escolanía (por la perciben una subvención pública anual de más de 300.000 euros). El abad, Anselmo Álvarez desafiaba la normativa y anunciaba que pese a que el público no podría asistir, los monjes sí celebrarían –como así hicieron– un funeral privado en memoria de Franco y Primo de Rivera. Para ello, por encima del conjunto del cuerpo legislativo español colocaba el Derecho Canónico, que establecía en el siglo IV las liturgias en honor a los fundadores de iglesias –y consideran a Franco fundador de su basílica–.

Desde el franquismo parece que la Iglesia española ha cambiado poco. Desde la perspectiva de hoy, el cardenal Tarancón parece un espejismo.


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