Las eléctricas, las renovables, los jueces e incluso
Moncloa, contra la exestrella de Zapatero

EL CARBÓN ABRASA A SEBASTIÁN

Si bien llegó al Consejo de Ministros con el aura de ser el mimado de Zapatero, las cosas, seis años después, han cambiado radicalmente. Tanto, que algunos hasta se extrañaron que Miguel Sebastián, ministro de Industria, hubiera logrado
sobrevivir al reciente cambio de Gobierno. No en vano, se le han multiplicado los frentes abiertos, hasta el punto de que, solo en el sector energético, tiene en su contra a las eléctricas y las renovables, está a punto de perder, por discrepancias
internas, a su mano derecha, el secretario de Estado Pedro Marín, mientras su decreto sobre ayudas al carbón nacional, auspiciado desde Moncloa, se atasca en los tribunales. Todo un récord negativo, que, dicen muchos, no gusta nada al
presidente Zapatero.

Por E. Moreno

Es el mismo que dijo, no hace mucho, aquello de "los Consejos –de Ministros– son como los cumpleaños y nunca se sabe cuántos quedan". Sin embargo, por aquel entonces, hace tan solo unos meses, Miguel Sebastián, ministro de Industria, lo decía con cierto tono de suficiencia, seguro de que en la lotería del cambio de gobierno no iba a tocarle un billete de salida. Sin embargo, ahora las cosas ya no están tan claras. La culpa, en gran medida, la tiene el carbón, en cuyas brasas Sebastián está viendo en estos días consumido gran parte de su capital político, ya muy tocado por asuntos tan sensibles como el recorte de las primas a las renovables o las tarifas eléctricas. Y la más que posible salida de su número dos, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, del Ministerio, debido a discrepancias de gestión, arreglaría las cosas.

Sin duda, lo que ha distanciado a Sebastián de su mentor, el presidente Zapatero, es el espinoso tema de las ayudas al carbón. No es ningún secreto que para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, leonés de pro, la defensa del sector de la minería de la cuenca asturleonesa es una prioridad y un compromiso casi personal. Un compromiso que había confiado a su anterior asesor estrella.

El conflicto estalló el pasado 1 de octubre. Las eléctricas abrieron, con cierto éxito ante los tribunales, una auténtica guerra campal contra el Real Decreto aprobado ese día para impulsar medidas de ayudas al carbón nacional, por el que se obliga a las compañías a consumir el carbón nacional a un precio regulado, en detrimento del resto del resto de fuentes energéticas, incluido el carbón importado, casi siempre más baratas y menos contaminantes.

El 22 de octubre, la Secretaría de Estado de la Energía emitía una resolución en la que se fijaba el desarrollo normativo del polémico Real Decreto. Nada más conocer el nuevo texto, las principales compañías eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola) presentaron recurso ante la Audiencia Nacional, alegando que el texto ocasionaba al sector un daño económico irreversible y distorsionaría el mercado de la energía por la imposibilidad de negociar los precios. Como consecuencia, se aprobaron medidas cautelares que paralizaron la aplicación del Real Decreto. Unas medidas que, ahora, la Audiencia ha confirmado a través del autc dictado la pasada semana, y que da la razón a las compañías eléctricas.

Entre otros aspectos, la resolución de la Secretaría de Estado obligaba a las compañías a presentar, en el exiguo plazo de tres días, cartas de compromiso de compra d€ carbón nacional hasta 2012. En estas cartas de compra, se debían fijar las cantidades d€ carbón, el volumen máximo de producciór y los precios de retribución de la energía cor el objetivo de incentivar la quema de carbór nacional en centrales eléctricas.

Sobre el Decreto, que está recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo, también está pen diente que se pronuncie el Tribunal Supre mo. Éste deberá dictaminar, primero y pron to, sobre las medidas cautelares. Pero tam bién lo deberá hacer sobre el fondo del asun to. Y esto podría tardar, según algunas fuentes, hasta un año, tiempo durante el cual muy probable que el decreto no se pueda poner en marcha, a pesar de las presiones recibidas desde Moncloa para que se aplique cuanto antes. No en vano, hay que pagar nóminas en las minas, y algunas, como el Grupo Alonso, están presentando expedientes de regulación de empleo.

Todo ello ha hecho que muchos pongan en duda la propia viabilidad de unas ayudas otorgadas a un sector considerado como obsoleto y sin una salida económica clara. Para la patronal del sector eléctrico, Unesa, van a suponer más de 1.700 millones de euros de pérdidas de explotación para las centrales de ciclo combinado y casi 900 millones para las de carbón importado. Para empeorar todavía más las cosas, desde Galicia el propio ministro de Fomento, José Blanco, tampoco ve con buenos ojos la iniciativa, que perjudica seriamente a las centrales térmicas gallegas que usan carbón de importación.

El golpe que ha supuesto este tropiezo ha provocado tal seísmo en el propio Ministerio que en el sector se da por segura la salida del número dos de Sebastián, Pedro Marín, secretario de Estado de Energía. Aunque en el departamento se ha desmentido su cese o dimisión, lo cierto es que el propio Sebastián ha reconocido que Marín, defendido por las empresas del sector, optará a la Dirección de la Agencia Internacional de Energías Renovables lo que, a medio plazo, supondría su salida.

En todo caso, numerosas fuentes confirman que cada vez eran más claras las divergencias de opinión entre el ministro y el secretario de Estado, sobre todo en relación al decreto de ayudas al carbón, pero también debido a otros asuntos. Entre ellos, la falta de una estrategia clara en materias tan sensibles como las energías renovables –con la marcha atrás impuesta al recorte retroactivo a las primas renovables–, o el retraso sufrido en la solución al problema del déficit tarifario, es decir, la deuda que ha acumulado el estado con las eléctricas debido a la diferencia generada desde 2001 entre los ingresos regulados que reciben las compañías por el recibo de la luz y los costes reales que asumen. Una asignatura pendiente que asciende a la astronómica cifra de más de15.000 millones de euros.

La fórmula pactada con las compañías para zanjar este asunto (emitirla como deuda con el aval del Estado) ha fallado, o por lo menos está sufriendo un retraso que no gusta nada a las eléctricas. Debido a motivos técnicos, se ha aplazado la puesta en marcha de la titulización. Con ello, queda en el aire la primera colocación de 3.000 millones prevista para noviembre. El Ministerio de Economía, a quien esta solución nunca ha terminado de gustar del todo, podría no ser ajeno a este retraso, ya que la colocación de deuda entraría en competencia directa con la que emite, no sin dificultades y con coste añadido, el propio Estado, por lo que se habría aconsejado cierto aplazamiento hasta que los mercados vuelvan a calmarse.

Mientras tanto, desde Bruselas, y de la mano del comisario Joaquín Almunia, llega un cierto respiro. La comisión de Asuntos Económicos ha pedido prolongar las ayudas estatales a las minas de carbón no competitivas, que expiraban este año, hasta el 31 de diciembre de 2018. La solicitud todavía tendrá que ser ratificada por el pleno del Parlamento Europeo, el 23 de noviembre.

La estrategia energética hasta 2025, estancada también

Mientras los tribunales dirimen el futuro del sector del carbón, en el Parlamento se debate en torno al futuro modelo energético español a 25 años vista. Una discusión que, por ahora, parece más bien estancada en el seno de la Subcomisión de Energía del Congreso, donde se fijará el peso de las distintas fuentes energéticas en la producción eléctrica nacional de cara a los próximos años.

Uno de los motivos de este bloqueo es el nuevo sistema de retribución a las energías renovables. Se ha planteado la creación de un céntimo verde para financiar esta partida.

A pesar de la existencia de un pacto con Sebastián en esta materia, el PP, a través de su portavoz, Cristóbal Montoro, se ha opuesto a esta medida, alegando que no deben ser las petroleras las que, a través de una nueva tasa a los carburantes, financien las energías limpias.

Desde el PSOE, por su parte, tampoco se han terminado de mostrar a las claras sus cartas. Su portavoz, Antonio Cuevas, ha insistido en que hay que estudiar cómo se consigue que "el coste de las renovables no caiga solo en el sector eléctrico" pero ha añadido que eso no tiene que sermediante un impuesto a los carburantes, como temen las petroleras.

Para el Ministerio de Industria, la solución podría estar en cargar una parte del coste añadido como consecuencia de las primas a las renovables sobre los usuarios de carburantes, que actualmente contribuyen muy poco a alcanzar el objetivo europeo del 20 por ciento de energía limpia en 2020. Una medida que podría satisfacer al sector de las renovables, en tanto se solucione el conflicto con las eólicas, pendientes de su anunciado recorte retroactivo de las primas.