Por José María Benegas

Me pronuncié a través de esta columna sobre la convocatoria de huelga general remarcando que no tenía justificación fundamentada utilizar este recurso extremo por parte de los sindicatos. Se quiera o no, una huelga general siempre es una huelga política, y desde mi punto de vista era injusta con respecto al Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, que invocó, apoyó y reclamó un acuerdo de los interlocutores sociales para reformar el mercado laboral que éstos fueron incapaces de alcanzar.
Mi valoración de esta huelga es negativa para los sindicatos. La estimación no se fundamenta en cuántos trabajadores la secundaron. El análisis es de otra índole. Los discursos de los líderes sindicales y de los voceros que apoyaban la huelga a través de sus altavoces me parecieron un tanto trasnochados. Ningún análisis serio sobre la situación económica que padecemos ni sobre cuáles son las propuestas de las organizaciones sindicales para responder a una crisis que no es "española", sino que tiene una dimensión global, internacional.
En otro orden de cosas, sinceramente ceo que el sindicalismo moderno no puede utilizar métodos coactivos, tolerar su uso o no adoptar las medidas necesarias para evitar acciones poco democráticas. Es muy posible que los piquetes se excedieran en su papel sin el consentimiento de las cúpulas sindicales. Sin embargo, creo que el mayor daño que han sufrido los sindicatos ante la ciudadanía proviene de que no se respetaron en todo caso la libertad de los trabajadores que no tenían in tención de secundar la huelga por la razón que fuera. Suscribo el pensamiento de José María Soroa (Diario Vasco, 02/10/2010) cuando advierte refiriéndose a las acciones coactivas que "comportamientos que resultaban comprensibles y disculpables casi todavía ayer aparecen hoy como chirriantes atentados a la idea misma de lo que es una ciudadanía democrática".
El sindicalismo moderno no puede escudarse en un no generalista. No a las medidas de austeridad presupuestaria. No a la reforma laboral. No a la reforma de las pensiones. Debe, por el contrario, explicar a los ciudadanos cuál es su propuesta de reforma laboral. Cuál es su proyecto para sostener el modelo actual de pensiones para las futuras generaciones. Es decir, un sindicalismo reivindicativo pero a su vez propositivo. El sindicalismo es eficaz cuando pacta. La movilización tiene que tener como objetivo el pacto y por lo tanto no debe ser a toro pasado, como ha ocurrido en esta ocasión, porque en este supuesto la movilización se convierte en un "moralismo ineficaz".
En una crisis global el sindicalismo debiera tener en cuenta la situación de España como país y las limitaciones que tiene el Gobierno más allá de su ideología. Los sindicatos podrían proponer muchas alternativas concretas para conseguir modular las tendencias de los gobiernos a cuadrarse ante los mensajes que reciben de los mercados o de Bruselas. ¿Se pueden cumplir los objetivos que nos marcan desde las instancias comunitarias con otras medidas menos lesivas para los trabajadores? Creo que éste es el meo llo de la reflexión necesaria que deben hacer hoy los sindicatos y desde luego la izquierda política.
Dicho lo que antecede y pensando en que debemos extraer lecciones de lo ocurrido, creo que el Gobierno debe ser receptivo a lo que sienten los trabajadores, los asalariados en general, o al menos los que han perdido su empleo, o lo tienen en vilo, o no lo han encontrado aún. Me parece que los ciudadanos son conscientes de las complicaciones del mundo de hoy y de la complejidad de las sociedades modernas. Sin embargo, los sentimientos que se están abriendo paso pueden alejarlos del proyecto socialista como parece que está sucediendo. Estos, desde mi punto de vista, son dos fundamentalmente: uno, el de injusticia, y el otro, la inseguridad sobre el futuro.
El primero se nutre de la convicción de que los trabajadores no han sido culpables de esta crisis cuyos orígenes fueron financiero/ especulativos, y en el caso de nuestro país, además, se le añade un sector, el de la construcción, que tuvo todo tipo de facilidades bancarias para financiar sus excesos. Es decir, ninguna responsabilidad en la crisis es atribuible a los trabajadores, funcionarios o pensionistas y, desde esta perspectiva, el sentimiento de injusticia se genera por la percepción de que una vez más los paganos de los desmanes de otros son los trabajadores, tengan empleo o no, los funcionarios y los pensionistas, con el agravante de que esto se produce gobernando los socialistas.
Este cuadro nos obliga a hacer un gran esfuerzo de pedagogía política, de explicación cruda sobre la situación en que se encontró España en el mes de mayo pasado y del porqué de las medidas que hemos tenido que adoptar. Debemos combatir la idea de que antes decíamos una cosa y ahora nos desdecimos y hacemos lo contrario. La política en el mundo moderno tiene muchos imprevistos, temporales no detectados podríamos decir, que obligan a variar de rumbo la nave, pero no el punto de destino que sigue siendo el mismo: una sociedad de valores, más justa y más solidaria.
El segundo sentimiento que se abre paso en el mundo del trabajo, en la juventud y en nuestros mayores es la incertidumbre sobre el futuro, la inseguridad, que tiene mucho que ver con la satisfacción o insatisfacción personal y el desarrollo de un proyecto de vida. Debemos ser conscientes de que la inseguridad influye negativamente en la vida personal, genera tensiones en todos los ámbitos y produce un cuerpo social de descontentos. Quizá sea una de las tareas más complicadas de la política el generar confianza en nuestras posibilidades y seguridad en un futuro de mayor bienestar. Desde la izquierda debemos analizar con detenimiento por qué en Europa se está produciendo un auge de la derecha y la extrema derecha. Entiendo que algo tiene que ver con lo que antecede. El incremento de la xenofobia también está relacionado con la inseguridad sobre el futuro como también la viabilidad del sistema de pensiones.
No hay una receta unívoca para generar confianza. Me atrevo a apuntar que se requiere de un discurso de carácter nacional que dibuje con claridad qué tipo de nación queremos que sea España, que las nuevas generaciones sepan en qué tipo de país van a vivir. El Gobierno tiene entre sus logros muchos elementos que, ordenados de manera finalista, son suficientes para elaborar un discurso político de carácter nacional. En segundo térmi no, para combatir las incertidumbres es necesario definir con claridad el modelo de sociedad por el que apostamos y no auspiciar vanas ilusiones que generen decepciones posteriores. Ni la reforma laboral ni la Ley de Economía Sostenible ni el cambio de modelo productivo resuelven los problemas en el corto plazo. Se necesita tiempo, estamos es un momento de transición, en un tiempo intermedio en el que vamos a sentar las bases para un futuro mejor, pero los efectos no son inmediatos. Debemos explicar, además, que toda transición requiere del esfuerzo de todos, también de los ciudadanos.
Desde esta última perspectiva, el nuevo modelo debe suponer también un cambio de cultura en muchos órdenes. Los socialdemócratas hemos sido estatistas e intervencionistas y debemos seguir siéndolo defendiendo el ámbito de lo público, porque sin intervención del Estado la solidaridad salta por los aires, la redistribución de la riqueza y la corrección de las desigualdades corre la misma suerte y el medio ambiente seguirá deteriorándose inexorablemente. Pero este modelo no debe confundirse por la ciudadanía con el Estado paternalista que todo lo atiende y todo lo resuelve. En nuestro país tenemos una clara tendencia hacía el proteccionismo y la sociedad subvencionada. La culpa de todo es del Gobierno de turno y la solución de los problemas es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.
Hay que cambiar esta cultura. El Gobierno es el responsable de que el marco político, económico, social y jurídico propicie el desarrollo y el bienestar del país. A partir de ahí, las responsabilidades son compartidas: los empresarios, los sindicatos, las entidades bancarias, la universidad, etc., y los ciudadanos, tienen también sus responsabilidades y sus deberes. Estos últimos deben ser conscientes de que el futuro del país depende fundamentalmente de ellos tanto en la política, a través del vo to, como de su esfuerzo personal en el desarrollo de un proyecto de vida. Los empresarios tendrían que considerar el despido como primer recurso para hacer frente a las dificultades como una vergüenza personal, como algo no deseable. Los banqueros deberían entender que además de perseguir el propio beneficio tienen una responsabilidad pública a la hora de facilitar el crédito a jóvenes, a medianos empresarios, a todo aquel que tenga voluntad de afrontar un proyecto nuevo o mantener el que tiene. La universidad debería ser consciente de que tiene que vivir insertada en la sociedad de su entorno peleando también por la entrada en el mercado laboral de sus licenciados y ofreciéndoles a éstos la posibilidad de una formación permanente que profundice sus conocimientos adecuándolos a los cambios sociales y a las nuevas necesidades. Los ejemplos pudieran multiplicarse.
Resumo. Debemos explicar el porqué de nuestras decisiones siendo muy conscientes de los sentimientos de injusticia e inseguridad de muchos ciudadanos afectados por la crisis de una manera u otra. Es preciso elaborar un discurso político claro sobre el tipo de nación que queremos construir y el modelo de sociedad que perseguimos que está indisolublemente unido a los valores de progreso, justicia social, solidaridad, y reducción de las desigualdades. Hay que explicar también que las reformas que propugnamos no tienen efectos inmediatos y el cambio de modelo productivo requiere de tiempo. Estamos afrontando un periodo de transición que requiere el esfuerzo de todos. Debemos propiciar un cambio cultural en el país que redefina el papel del Estado y la responsabilidad de todos los actores sociales, cada uno en su ámbito, pasando del Estado paternalista a la sociedad responsable. Son algunas ideas para recuperar la confianza en el proyecto socialista. •


*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.