El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sobrevive a un intento de asonada

EL GOLPISMO VUELVE A ASOMAR EN AMÉRICA LATINA

Ecuador acaba de superar un intento de golpe de Estado que pudo, incluso, cobrarse la vida de su presidente electo, Rafael Correa. La justicia se ha puesto en marcha y ya hay, al menos, medio centenar de detenidos por su implicación en el magnicidio frustrado, muchos de ellos son policías, pero también dos parlamentarios y personas vinculadas al anterior presidente, Lucio Gutiérrez. Las autoridades de Quito sostienen que todavía permanece el riesgo de involución, mientras que la comunidad latinoamericana ha dado la voz de alarma, recordando el último precedente en Honduras, donde los golpistas se han salido con la suya ante la pasividad de buena parte de la comunidad internacional.

Por Pedro Antonio Navarro

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condena enérgicamente el intento de golpe de Estado y posterior secuestro de Ra fael Correa. (...) Es necesario que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados. Los Gobiernos de la región no tolerarán bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad constitucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido. En caso de nuevos quiebros, los Gobiernos de Unasur adoptarán medidas concretas e inmediatas, tales como cierre de fronteras, suspensión del comercio, tráfico aéreo, provisión de energía y servicios". De esta forma tan rotunda se expresaba la conferencia de presidentes de Unasur, convocada de urgencia el pasado 1 de octubre en Buenos Aires (Argentina), para tratar el único punto del orden del día: el intento de golpe de Estado en Ecuador perpetrado sólo un día antes.
El fantasma de las asonadas militares y gobiernos sangrientos regresaba a una región traumatizada por estas experiencias de la que todas las naciones latinoamericanas pa recían haber salido definitivamente desde finales de los años noventa. Sin embargo, el reciente golpe triunfante en Honduras y la tibia reacción internacional ante la interrupción por la fuerza de un proceso democrático en ese país han dejado muy sensibilizados a los gobiernos de Unasur, prácticamente los únicos —y no de forma unánime—que han mantenido sus sanciones al nuevo régimen hondureño, y la falta de reconocimiento a su legitimidad.
La inmediata reacción de la organización suramericana debe leerse también en clave preventiva. El fantasma del golpismo parece amenazar de nuevo a la región más castigada del mundo por brutales gobiernos militares. El espantajo de los espadones parece brotar con cierta periodicidad, y quienes más lo denuncian son los Ejecutivos de los Estados que dicen representar el socialismo del siglo XXI, como el propio Ecuador, Bolivia o Venezuela.
A finales de la pasada semana, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que conseguía por poco salvar su vida tras la intentona, advertía de que el peligro no ha terminado, y expresaba sus sospechas de que se volverá a intentar derrocar al Gobiernolegítimo, elegido democráticamente: "Para nosotros el golpe no ha terminado, tenemos que estar atentos porque hay muchos grupos que intentan atentar contra el proceso de cambio, no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Nos midieron a ver hasta dónde aguantábamos y qué apoyos teníamos, como hicieron con Allende meses antes del golpe en Chile. No pueden acabar con nosotros en las urnas, así que intentan acabar conmigo. Es la única forma de acabar con el socialismo del siglo XXI". Señalaba a un denominado Grupo Policial Armado —al que comparó con los escuadrones de la muerte y la Triple A argentina— como responsable directo, aunque no como autor intelectual.
El ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, vinculaba la asonada con grupos de extrema derecha estadounidenses, los mismos que apoyaron el golpe de Estado en Honduras en junio de 2009.
Las alarmas también saltaban en el entorno de los servicios de Inteligencia, que no habían detectado ningún tipo de señal que La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condena enérgicamente el intento de golpe de Estado y posterior secuestro de Rafael Correa. (...) Es necesario que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados. Los Gobiernos de la región no tolerarán bajo ningún concepto cualquier nuevo desafío a la autoridad constitucional ni intento de golpe al poder civil legítimamente elegido. En caso de nuevos quiebros, los Gobiernos de Unasur adoptarán medidas concretas e inmediatas, tales como cierre de fronteras, suspensión del comercio, tráfico aéreo, provisión de energía y servicios". De esta forma tan rotunda se expresaba la conferencia de presidentes de Unasur, convocada de urgencia el pasado 1 de octubre en Buenos Aires (Argentina), para tratar el único punto del orden del día: el intento de golpe de Estado en Ecuador perpetrado sólo un día antes.
El fantasma de las asonadas militares y gobiernos sangrientos regresaba a una región traumatizada por estas experiencias de la que todas las naciones latinoamericanas parecían haber salido definitivamente desde finales de los años noventa. Sin embargo, el reciente golpe triunfante en Honduras y la tibia reacción internacional ante la interrupción por la fuerza de un proceso democrático en ese país han dejado muy sensibilizados a los gobiernos de Unasur, prácticamente los únicos —y no de forma unánime—que han mantenido sus sanciones al nuevo régimen hondureño, y la falta de reconocimiento a su legitimidad.
La inmediata reacción de la organización suramericana debe leerse también en clave preventiva. El fantasma del golpismo parece amenazar de nuevo a la región más castigada del mundo por brutales gobiernos militares. El espantajo de los espadones parece brotar con cierta periodicidad, y quienes más lo denuncian son los Ejecutivos de los Estados que dicen representar el socialismo del siglo XXI, como el propio Ecuador, Bolivia o Venezuela.
A finales de la pasada semana, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que conseguía por poco salvar su vida tras la intentona, advertía de que el peligro no ha terminado, y expresaba sus sospechas de que se volverá a intentar derrocar al Gobierno legítimo, elegido democráticamente: "Para nosotros el golpe no ha terminado, tenemos que estar atentos porque hay muchos grupos que intentan atentar contra el proceso de cambio, no sólo en Ecuador, sino en toda la región. Nos midieron a ver hasta dónde aguantábamos y qué apoyos teníamos, como hicieron con Allende meses antes del golpe en Chile. No pueden acabar con nosotros en las urnas, así que intentan acabar conmigo. Es la única forma de acabar con el socialismo del siglo XXI". Señalaba a un denominado Grupo Policial Armado —al que comparó con los escuadrones de la muerte y la Triple A argentina— como responsable directo, aunque no como autor intelectual.
El ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, vinculaba la asonada con grupos de extrema derecha estadounidenses, los mismos que apoyaron el golpe de Estado en Honduras en junio de 2009.
Las alarmas también saltaban en el entorno de los servicios de Inteligencia, que no habían detectado ningún tipo de señal que plicación ofrecida por las autoridades de Ecuador es que el espionaje de este país acaba de ser transformado en su totalidad, ya que la estructura anterior estaba al servicio directo de la Embajada de Estados Unidos en Quito.
Por lo pronto, el país permanecía toda la pasada semana bajo el estado excepción, con el fin de permitir que las fuerzas militares —que no parecían implicadas en la intentona— protegieran la Asamblea Nacional, en la que habían irrumpido los policías, paradójicamente ayudados por varios escoltas oficiales de algunos parlamentarios.
La Fiscalía General del Estado ponía en marcha, de inmediato, una investigación, y ordenaba el arresto de medio centenar de policías del regimiento Quito 1, así como de varias personas más, entre los que se encuentran dos destacados miembros del partido opositor Sociedad Patriótica, Pablo Guerrero y Fidel Araujo. Este último, un mayor retirado del Ejército, era capturado por la policía judicial tras comprobar que había participado personalmente en lo que en principio era una protesta policial contra la Ley de Servicio Público que, dentro del plan de austeridad, eliminaba algunos complementos salariales de todos los funcionarios públicos ecuatorianos, incluidos policías y miembros de las fuerzas armadas. Araujo había explicado en una emisora local, horas antes, que su presencia en el lugar había sido casual, pero que una vez allí, había decidido sumarse al contingente policial.
Sociedad Patriótica está liderada por el ex presidente Lucio Gutiérrez, a quien el Gobierno ecuatoriano acusa de estar detrás del fallido golpe de estado. La reacción de Gutiérrez ha sido la de asegurar que denunciará a Rafael Correa ante los tribunales por difamarle y acusarle en falso. En cualquier caso, la investigación judicial de los hechos tan sólo acaba de comenzar.
Días después de la fracasada intentona, la agencia Andes distribuía unas estremecedoras grabaciones realizadas en el lugar de los hechos, en las que se escuchaba a varios policías proponer el magnicidio del presidente, al que mantuvieron retenido durante más de 11 horas. "Maten rápido a ese hijo de puta de Correa, que lo maten para que se acabe esto ya. Mátenle, embósquenle, dispárenle". La frase "maten al hijo de puta de Correa" se pronuncia en numerosas ocasiones, aunque, como es evidente, no llegaron a cumplir sus amenazas.
Un policía fiel al poder constitucional no tenía la misma suerte que el presidente, y perdía la vida por un balazo de sus compañeros de cuerpo, cuando protegía la evacuación de Correa. En total, el fracasado golpe de Estado se llevaba por delante la vida de ocho personas y dejaba numerosos heridos.
La ley origen o excusa para la sublevación, finalmente resultaba aprobada por el procedimiento denominado 'ministerio de la ley', que según la legalidad ecuatoriana permite la entrada en vigor de una norma propuesta por el Ejecutivo al Parlamento, simplemente cuando se cumpla el plazo para aprobarla sin que se haya producido su votación.
Rafael Correa también decidía dar marcha atrás en su intención inicial de disolver el Parlamento y convocar nuevas eleccionés generales. Explicaba que lo más importante en momentos tan delicados era mantener la estabilidad institucional.
La popularidad del presidente había bajado por la aplicación de una ley que reduce el poder adquisitivo de los funcionarios —aunque durante su mandato, desde 2006, sus salarios se habían duplicado—, pero el intento de golpe le devolvía el favor popular, según las encuestas más recientes. No conviene olvidar que, además del ejército, a su rescate acudieron miles de ciudadanos, recordando lo sucedido en 2002 en Venezuela, cuando la población se echaba a la calle para apoyar al presidente Hugo Chávez cuando estuvo detenido por los golpistas, en aquella otra asonada fallida. •