Las otras deudas públicas

Al margen de la deuda pública contraída por la Administración central del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales españolas presentan unas cuentas con casi 121.000 millones de euros en números rojos. El Gobierno, dentro de su plan de reducción del déficit, mediante un real decreto prohibía a las administraciones periféricas recurrir a nuevos endeudamientos hasta el año 2012, el pasado mes de mayo. El pasado 9 de septiembre se introducía una flexibilización de este criterio, permitiendo que los ayuntamientos más saneados sí tengan acceso al crédito público y privado, además de anunciar un nueve por ciento del incremento de su financiación en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Pero las autonomías y la mayor parte de las capitales de provincia se quedarán fuera de este ‘rescate’, por lo que casi nadie está contento, incluidos muchos gobernantes locales y regionales socialistas, que aceptan a regañadientes la decisión del Consejo de Ministros.

Por Pedro Antonio Navarro

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L a deuda pública correspondiente a la Administración central alcanzaba los 438.795 millones de euros a la finalización del ejercicio de 2009, lo que representa un 78 por ciento del total de la deuda pública española. Las comunidades autónomas presentan unos débitos que llegan hasta los 86.260 millones de euros, es decir, un 15,4 por ciento; mientras que los entes locales (ayuntamientos, cabildos insulares y diputaciones) deben en su conjunto 34.595 millones de euros, algo más del seis por ciento del total de la deuda pública de nuestro país. Estas cifras han aumentado considerablemente al final del primer trimestre de 2010 (últimos datos oficiales conocidos). La deuda de las comunidades autónomas se incrementaba un 28,4 por ciento en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2009, alcanzando la cantidad de 94.621 millones de euros, lo que equivale al 9 por ciento del PIB nacional.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue Cataluña, con 25.079 millones de euros, un montante que supone el 26,5 por ciento del total de la deuda acumulada en el conjunto de las autonomías. Después se sitúa Valencia (15.356 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 11.712 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,1 por ciento del total del endeudamiento regional. Ordenadas por el volumen de deuda les siguen Andalucía (10.788 millones de euros), Galicia (5.244 millones), Castilla-La Mancha (4.155 millones), Baleares (3.546 millones), Canarias (3.483 millones), País Vasco (3.317 millones), Castilla y León (3.141 millones de euros), Aragón (2.234 millones),  Murcia (1.687 millones), Navarra (1.495 millones), Extremadura (1.085 millones), Asturias (1.077 millones), La Rioja (627 millones) y Cantabria (595 millones).

Ninguna comunidad autónoma ha reducido su endeudamiento con respecto a 2009. Por el contrario, todas lo han aumentado, destacando el incremento del 103 por ciento en el caso de Canarias, el 73,6 de Navarra o el 58,2 por ciento de Murcia.

Pero el orden cambia si se toma en consideración la proporción entre la deuda y el PIB regional. En este caso, la Comunidad Valenciana continúa a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 15,1 por ciento de su PIB, seguida de Baleares (13,5), Cataluña (12,9), Castilla-La Mancha (11,9), y Galicia (9,6), todas ellas por encima de la media, que se encuentra en el nueve por ciento. Los porcentajes son menores en Canarias (8,4), Navarra (8,2), La Rioja (8), Andalucía (7,6), Aragón (6,9), Murcia (6,3), Madrid y Extremadura (6,2 en ambos casos), Castilla y León (5,6), País Vasco (5,1), Asturias (4,7) y Cantabria (4,4).

En cuanto a las corporaciones locales, la deuda crecía hasta los 36.085 millones de euros en el primer trimestre de 2010, el equivalente al 3,4 por ciento del PIB, lo que representa un aumento del 15 por ciento sobre el mismo periodo del ejercicio precedente. Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.660 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 14,9 por ciento, y de esta cifra, 15.235 millones pertenecen a capitales de provincia.

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.915 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,7 por ciento. De las capitales de provincia, destaca el incremento del 18,3 por ciento de la deuda del consistorio de Málaga, que sumó 725 millones de euros, y el de Madrid, que elevó su endeudamiento un 14,1 por ciento, hasta los 7.314 millones de euros. De esta forma, la deuda del consistorio de la capital es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, es más de diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona, que se situó en 792 millones de euros, un 5,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2009.

Al cierre del ejercicio contable de 2009, la deuda de las entidades locales llegaba a la cifra de 34.595 millones de euros, de los que 28.770 millones correspondían a los ayuntamientos, y 5.825 millones eran responsabilidad de las diversas diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares. De entre esta categoría, destaca el débito que presenta la Diputación Foral de Vizcaya, que alcanza los 758 millones de euros.

De los más de 8.000 ayuntamientos diseminados por todo el territorio nacional, 5.137 tienen contraído algún tipo de deuda financiera. En los últimos 12 meses, 466 municipios han incrementado su deuda en más del 100%, y otros 380 la han aumentado en más de un 50 por ciento. A estos números rojos de los consistorios hay que añadir otros 7.885 millones de euros que deben las empresas públicas municipales, cuya contabilidad se efectúa por separado.

Entre los 25 ayuntamientos con mayor deuda contraída se encuentran cinco ciudades que no son capitales de provincia: Elche, Alcorcón, Reus, Cartagena y Móstoles. En la localidad ilicitana la deuda bancaria se eleva a 137,9 millones de euros (604,2 euros por habitante); en Alcorcón a 128,2 millones (763,3 euros por ciudadano) y en Reus es de 111,9 millones (1.038,4 euros por persona). La deuda viva de Cartagena es de 102,7 millones (488,2 euros por habitante), y la de Móstoles se eleva a 94,9 millones, 460,4 euros por habitante. Según datos del Ministerio de Economía, más de 3.000 municipios no tienen ninguna clase de débitos, mientras que 306 entidades locales superan los 1.000 euros de deuda por habitante.

El ayuntamiento español con mayor deuda viva en relación con su población es el de Ochánduri, en La Rioja, ya que tiene 74 habitantes y una deuda bancaria de 726.000 euros, lo cual arroja una media de más de 9.800 euros por habitante. Otros tres pequeños municipios tienen un nivel de deuda por habitantes superior a los 5.000 euros: Palo (Huesca), con 6.281 euros; Olóriz (Navarra) con 5.682, y Lerga (Navarra), con 5.154.

Otros casos llamativos los constituyen ayuntamientos como los andaluces de Almensilla, donde la deuda alcanza los 23 millones y medio de euros, frente a unos ingresos que no alcanzan los tres millones, lo que significa un ratio de más del 800 por ciento; o el de Alhabia, con casi tres millones y medio de euros de débito, con unos ingresos que apenas superan el millón; un ratio de más del 300 por ciento.

Todos contra

la prohibición

E l Gobierno central anunciaba el pasado mes de mayo que ni las comunidades autónomas ni los entes locales podrían solicitar nuevos créditos a entidades bancarias hasta el año 2012. El real decreto se enmarcaba en las medidas para reducir el déficit público, y con él se pretendía conseguir un recorte extra de 15.250 millones de euros. “Las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones”, rezaba la literalidad del decreto.

Sin embargo, la pésima reacción detectada en la práctica totalidad de los afectados –incluidos municipios y comunidades autónomas gobernados por los socialistas– provocaba una primera y casi automática rectificación por parte del Ejecutivo. Las medidas, tal y como estaban planteadas en el decreto, debían ser aplicadas con fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero el Gobierno decidía posponer su entrada en vigor hasta enero de 2011.

El segundo ‘giro’ llegaba el pasado 9 de septiembre. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, anunciaba una modificación a este decreto, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. El Gobierno, daba a conocer que, además de incrementar los ingresos municipales en un 9 por ciento, accedía también a revisar el decreto autorizando la formalización de créditos a los ayuntamientos cuya deuda no sobrepase el 75 por ciento de sus ingresos. De esta medida se beneficiarán a tres de cada cuatro consistorios, aunque quedarán fuera, por su nivel de endeudamiento, la práctica totalidad de las grandes ciudades.

Pero este ‘indulto’ tiene una condición: los ayuntamientos podrán utilizar los fondos adicionales sólo para la partida de inversiones, pero no para el gasto corriente. El incremento del nueve por ciento de la financiación municipal incrementará esta partida hasta los 14.400 millones de euros en 2011, frente a los 13.200 millones empleados para tal fin en 2010.

A pesar de que el Gobierno ha suavizado considerablemente su primera intención, las reacciones entre la mayoría de los consistorios no son nada favorables. Las reacciones más virulentas provienen de municipios gobernados por el Partido Popular. El regidor madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, no duda en calificar esta actuación gubernamental como una “maniobra de distracción” sobre la deuda pública en general, al tiempo que exigía la habilitación de líneas crediticias del ICO y reclamaba que la Administración central aborde “este año la reforma de la financiación de las corporaciones locales”. Desde Valencia, Rita Barberá recurría al insulto al presidente del Gobierno, y anunciaba su intención de recurrir esta decisión ante instancias internacionales, si fuera preciso.

Las quejas han llegado desde prácticamente todos los consistorios, incluidos los gobernados por los socialistas. El concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, acusaba al Ejecutivo de haber introducido un cambio en las normas “por la puerta de atrás”, mientras que desde Sevilla, el equipo de gobierno (PSOE e IU) dejaba claro que “el anuncio del Gabinete no concreta las magnitudes a tener en cuenta para hacer el cálculo”. En Barcelona, el pleno municipal acordaba el pasado mes de julio recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto por el que se impedía el endeudamiento de los ayuntamientos, aunque está por ver si ahora darán marcha atrás con la flexibilización anunciada por Elena Salgado.

Pero esta medida a la que podrán acogerse el 75 por ciento de los consistorios españoles no alcanza a las comunidades autónomas, sobre las que también pesa la prohibición de acudir a la deuda antes de 2012. Los entes regionales no ven con agrado la decisión del Consejo de Ministros, pero llama la atención que haya sido un presidente autonómico socialista el que más haya aireado el asunto. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pedía al Gobierno, el pasado 9 de septiembre, que extienda la autorización de endeudamiento a los ayuntamientos más saneados en 2011 a las comunidades autónomas con menor deuda, como Andalucía. Ya el pasado mes de marzo, la Junta andaluza llevó la propuesta a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron los planes económico-financieros de reequilibrio para cumplir con el déficit para este año.

Pese al rechazo a su propuesta por parte del Ministerio de Economía, Griñán aseguraba que “habrá que seguir luchando”, anunciando de este modo su intención de insistir en su solicitud. A su juicio, “ese principio no rompe nada de lo que sea el concepto básico que defendemos para toda España, porque no es que venga bien a Andalucía, creo que viene bien al conjunto de España”. Aún dejando clara la determinación de “apoyar sin duda al Gobierno de España”, simultáneamente hacía hincapié ante los suyos en que hay que “estar atentos a que se cumpla todo lo que Andalucía no solamente necesita sino todo aquello a lo que tiene derecho. Tenemos que exigir”. En este asunto, el presidente socialista de la Junta andaluza encontraba el apoyo inmediato del presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas.

Pero la petición de Griñán encontraba una rápida respuesta negativa por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguraba ante la prensa que no existe margen para incrementar los niveles de endeudamiento de las comunidades autónomas, ni en el caso de las que se encuentren en una situación financiera más saneada. La vicepresidenta remataba su comparecencia con un “Qué más quisiéramos, pero hoy las cosas son como son”.

Mientras tanto, la agencia de calificación de riesgo financiero Moody’s rebajaba la calificación de deuda de cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia han caído de AA1 a AA2, y Castilla-La Mancha de AA2 a AA3. Los argumentos esgrimidos por la agencia hablan de expectativas de “deterioro duradero” de las finanzas de estas autonomías, y las enmarca en la “perspectiva negativa asignada a todas las regiones españolas”. También advierte que la calificación podría seguir bajando en los próximos meses.

Valencia y Zaragoza, en serios apuros

A parte del especialísimo caso de la capital del Estado, otras grandes ciudades acumulan elevados niveles de deuda. Dos de los casos más significativos los constituyen Valencia y Zaragoza, consistorios gobernados por el Partido Popular y el Partido socialista, respectivamente.

El segundo ayuntamiento de España en morosidad es el valenciano, presidido por la popular Rita Barberá. Sus números rojos alcanzan los 835 millones de euros, e ‘implican’ a sus 850.000 habitantes en casi mil euros ‘por barba’. Si se tiene en cuenta la parte del pastel negativo que le corresponde a la Empresa Municipal de Transporte, el ratio de la deuda con respecto al prepuesto municipal alcanza el 122 por ciento, algo que dejado clara la imposibilidad del consistorio de cumplir su propio plan de equilibrio, que preveía alcanzar el déficit cero en 2009.

Desde 2003, el endeudamiento de este ayuntamiento está muy cercano al 110 por ciento que establece la Ley de Haciendas Locales. En los últimos 15 años, la deuda ha aumentado un 115 por ciento. Obras, sobrecostes sobre lo establecido en las licitaciones y el aumento de altos cargos son algunas de las razones que explican esta situación. Estos gastos se han dado en casos como la reforma del Mercado de Colón, el Parque de Cabecera, las mejoras para conseguir la adjudicación de la organización de la Copa del América, o las nuevas miles de farolas que adornan ahora la ciudad. Por otro lado, la Generalitat valenciana adeuda más de 30 millones de euros a la capital del Turia por los servicios delegados que afronta el consistorio.

Por hallarse por encima del 75 por ciento del ratio de endeudamiento, Valencia no podrá beneficiarse del ‘levantamiento’ de la prohibición de acudir a los créditos que el Gobierno central daba a conocer semanas atrás. Esto ha provocado la ira de la alcaldesa, que no dudaba en calificar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de “incompetente, ignorante, inmoral político y miserable”, por considerarlo responsable de la, a su juicio, “tropelía” de impedir a los consistorios de todo el Estado endeudarse más hasta enero de 2012. Por ‘culpa’ de esta decisión, Rita Barberá aseguraba que ahora su ayuntamiento tendrá que “modificar todos sus presupuestos, eliminar proyectos, y dejar de invertir con lo que se va a perjudicar la actividad económica, rescindir contratos, cerrar empresas y crear más paro”.

La enérgica edil valenciana aseguraba que llegará “hasta donde haga falta” para recurrir esta decisión gubernamental, incluido el Tribunal de La Haya.

Otro ejemplo de consistorio en apuros, aunque en esta ocasión, gobernado por el PSOE, lo constituye la ciudad de Zaragoza, a cuyo frente está el ex ministro Juan Alberto Belloch. La capital aragonesa ha de hacer frente a una deuda de 752 millones de euros –es la cuarta ciudad en morosidad de todo el Estado–. Esta situación llevó un serio problema de tesorería a las arcas municipales durante la pasada primavera, que alcanzaban casi los cien millones de euros que debían ser afrontados de modo inmediato. La situación de casi asfixia vino provocada por las dificultades para conseguir el cobro de venta de suelo público por valor de 65 millones, mientras que las deudas con los proveedores llegaban a más de 76 millones, y con las contratas, a más de 32 millones de euros.

A esto, había que añadir un fuerte descenso en los ingresos, como consecuencia de la crisis, y no solamente en los impuestos municipales, sino, especialmente, en los recibidos del Estado, que pasaban de 252 millones, en 2007, a poco más de 202 millones en 2010. El gasto corriente se lleva un 81 por ciento del total del presupuesto municipal, por lo que la capacidad de realizar inversiones –tras la organización de la Expo–, quedaba muy mermada. En los últimos cinco años, la deuda municipal se ha incrementado en más de 300 millones de euros, lo que coloca el ratio del débito con respecto a los ingresos en el 124 por ciento, lo que impedirá a este consistorio acudir a la solicitud de nuevos créditos, al menos, hasta 2012. L

El ‘record’ madrileño

El consistorio de la capital del Estado es, de largo, el más endeudado de todo el país. Por sí solo, teniendo en cuenta los 6.777 millones de euros de sus números rojos –el siguiente en el ranking, Valencia, queda muy por debajo, con 835 millones- acumula casi el 24 por ciento de la deuda contraída por la totalidad de los ayuntamientos españoles.

Estas altísimas cifras, divididas por los 3,2 millones de habitantes de la ciudad, provocan que cada madrileño ‘deba’ 2.082 euros, lo que multiplica por cuatro la media nacional y por nueve la deuda per cápita de los vecinos de Barcelona, la segunda ciudad del país en población (1,6 millones de habitantes). Para hacerse una idea de la magnitud, la deuda del consistorio madrileño representa el 55 por ciento de lo que deben la totalidad de las capitales de provincia, y es superior a la de todas las comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Esos 6.777 millones un ratio del 159 por ciento de deuda en comparación con los ingresos.

Estos datos están detrás de la decisión de recortar un grado el rating sobre la deuda de Madrid, tomada por la agencia de calificación de riesgo financiero Standards & Poor´s (ha pasado del tipo AA al de A+).

Las razones para haber llegado a esta situación son diversas, aunque la faraónica obra del enterramiento de la mayor parte de la autovía de circunvalación de la ciudad, la famosa M-30, ha tenido buena parte de la culpa. Sin embargo, también han confluido otros motivos. En los últimos años han aumentado de manera considerable las contrataciones de asistencias técnicas externas, junto a una reducción del patrimonio municipal –a través de ventas de inmuebles y privatizaciones- que, paralelamente, ha traído consigo un considerable aumento del presupuesto destinado a alquileres. Del mismo modo, otros gastos –muy criticados por la oposición- han contribuido a la actual situación, como el acondicionamiento del Palacio de Comunicaciones (ubicado en la Plaza de Cibeles) como nueva sede del ayuntamiento, el proyecto del eje Paseo del Prado-Recoletos, la extensión del Servicio de Estacionamiento Regulado al exterior de lo delimitado por la M-30, en concreto a los distritos de Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral.

A todo esto hay que añadir el sobrecoste de diversas adjudicaciones de obras, que se ha disparado hasta los 1.100 millones de euros. Estos precios finales muy por encima de lo acordado en los pliegos de condiciones se han dado en distintos casos, como en las obras del anillo distribuidor Norte, licitadas en 91 millones, y que en realidad han costado 151.  Situaciones análogas se han producido en el estanque de Arroyo Fresno o los colectores del río Manzanares.

Los gastos del traslado de las dependencias municipales al Palacio de Comunicaciones y el acondicionamiento del mismo se han ido por encima de los 500 millones de euros, mientras que, por contraste, las partidas destinadas a escuelas, centros de formación y centros para mayores y de asistencia, tienen una dotación de 106 millones.

De los 13 millones de euros destinados a publicidad institucional previstos en 2003, se ha pasado a 45 millones en el ejercicio anterior, mientras que de los 483 altos cargos con los que contaba el consistorio madrileño en 2002, hemos llegado a los 1.336 actuales.

En 2003 –año del relevo del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, por Alberto Ruiz Gallardón-, la deuda del ayuntamiento capitalino ascendía a 1.167 millones de euros, lo que situaba a la ciudad en este aspecto por debajo de Barcelona, que en las mismas daba cuenta de una deuda de 1.259 millones de euros. Los caminos que han seguido desde entonces las dos mayores urbes españolas no podían ser más dispares en materia de gestión económica. Mientras Madrid ha multiplicado su débito por seis, la Ciudad Condal ha conseguido reducir sus números rojos hasta los 792 millones.

Fe de errores

En el dossier dedicado a los ayuntamientos más endeudados, correspondiente al nº 894 de El Siglo, se incluía erróneamente  a Barcelona entre las ciudades que no podrán acogerse a la posibilidad de nuevas financiaciones bancarias. La realidad es que la deuda de esta corporación se encuentra por debajo del 75 por ciento de su presupuesto, con lo que sí podrá solicitar nuevos créditos. (publicado en el número 895, de 27 de septiembre de 2010)