La Fiscalía pide 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castellón

FABRA, CONTRA LAS CUERDAS

Por P. A. N.

Lo único que tiene que decir el PP es que respeta absolutamente la acción de la justicia y vamos a esperar a lo que decida la justicia", aseguraba el pasado 22 de julio la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, respondiendo a las preguntas acerca de cuál iba a ser la reacción de su partido ante la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, presidente del al Diputación de Castellón y presidente del PP en esta provincia, acusado de varios delitos por los que el Ministerio Público pide para él una pena de 15 años de prisión.

Nada nuevo, si tenemos en cuenta que toda la estructura de la principal formación de la oposición lleva varios años protegiendo a su poderoso compañero de partido. El famoso código ético del PP no va a aplicarse a uno de sus barones más influyentes. De hecho, a comienzos de este mes de julio, Fabra recibía el apoyo explícito del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y del secretario general de esta organización en la Comunidad valenciana, Antonio Clemente, que llegaba a comentar que le parecía "una crueldad" celebrar la vista contra Fabra, recordando que casi continúa convaleciente de una enfermedad.

Han tenido que pasar seis años, cuatro fiscales distintos y nueve jueces diferentes para sentar al presidente de la Diputación de Castellón en el banquillo de los acusados. El fiscal Anticorrupción Luis Pastor acusa al dirigente del PP valenciano de los delitos de tráfico de influencias, cohecho continuado y cinco delitos contra la Hacienda Pública. Los otros dos imputados en esta causa son el empresario Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives Plaja, para los que se solicitan sendas penas de cuatro años de cárcel y multa de 600.000 euros, por cohecho. Fue el propio Vilar, empresario, quien acusó originalmente a Fabra. El fiscal Anticorrupción Luis Pastor solicita para él la pena de 15 años de prisión, otros tantos de inhabilitación y multa de 2,3 millones de euros, así como a indemnizar a la Hacienda Pública con el dinero que presuntamente le defraudó: 886.473 euros. Para su ex mujer, María Amparo Fernández Blanes, se piden ocho años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por no declarar 586.369 euros entre los años 1999 y 2003.

La acusación popular, representada por la Unión de Consumidores de España (UCE), lleva sus peticiones más allá y le solicita 20 años y tres meses de prisión y 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, un total de 12 años y medio de prisión por los delitos fiscales, así como una multa del dinero supuestamente defraudado a Hacienda -que según sus estimaciones ascendería a más de 1,7 millones de euros- multiplicado por seis. Con respecto al cohecho activo continuado y cohecho pasivo, la UCE reclama tres años y nueve meses de prisión para el también dirigente del PP de Castellón y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante 12 años, a los que hay que sumar otros seis años de inhabilitación por un supuesto delito de tráfico de influencias, por el que se pide además otro año de prisión. También solicitaban tres años de prisión para Fabra por blanqueo de capitales, un delito que el juez no ha imputado al presidente de la Diputación.

La UCE pide 13 años de prisión para la esposa de Fabra por cuatro delitos de fraude fiscal y por blanqueo de dinero, mientras que para el empresario Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, pide cuatro años de cárcel para cada uno por cohecho y tráfico de influencias.

La denuncia original que levantó este escándalo era presentada en diciembre 2003 por el empresario Vicente Vilar, que acusaba a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios, actividad a la que se dedicaban sus empresas. Según Vilar, él había encargado al político levantino, a cambio de determinadas cantidades, que "intermediara y tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización". Según esta versión, el dirigente del PP aceptaba el encargo y entre 1999 y 2002 mantenía diversas reuniones con ministros, secretarios de Estado, diputados y senadores desu partido con el objeto de informarse del estado administrativo de las solicitadas cursadas por las empresas de Vicente Vi lar y Montserrat Vives.

El 28 de abril de 2000, el presidente de la diputación constituía la sociedad Carmacas, a través de cuya facturación ocultaba los pagos que le hacía Vilar. Como consta en el escrito del fiscal Anticorrupción, lo hacía facturando a Naranjax, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000 –empresas de Vilar- porunos "unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo" que dichas entidades pagaron, respectivamente, a 12,4 millones de pesetas, 5,8 millones de pesetas y 72.121 euros.
Además, según la Fiscalía, Fabra y su ex esposa habrían conseguido importantes ingresos que no declararon en ningún momento a Hacienda. A él se le imputan cinco delitos de estas características y a su mujer, cuatro. Se calcula que entre los dos habrían podido defraudar a las arcas públicas un total de 1.472.842 euros. Si resultasen condenados por estos hechos, la ley prevé que han de devolver íntegra esa cantidad más los intereses desde hace seis años, al ser 2003 el último ejercicio fiscal del que se los acusa.

A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y, tras ello, el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese momento hasta 2004.

Parece que esta es la primera ocasión en la que el polémico personaje se va a ver en serios apuros. Hasta ahora siempre ha mantenido una actitud desafiante y altiva. Son famosas sus constantes salidas de tono y el desprecio con el que trata a los representantes de la oposición en el organismo que preside. Todavía se recuerda el insulto que dirigió al portavoz socialista, Francesc Colomer, al que tildó de "hijo de puta" al cierre de un pleno de la Diputación, a finales de julio de 2008. Por toda explicación, se limitó a comentar que "hijo de puta es una frase bastante común en nuestra provincia". Ni siquiera permitió un turno de réplica a Colomer.

A pesar de todo ello, su formación, el Partido Popular ya ha advertido de que no tomará ninguna clase de medidas contra su presidente provincial en Castellón. Pese al clamor con el que, desde hace años, toda la oposición viene reclamando que se le exijan responsabilidades políticas, en el PP han dejado claro en todo este tiempo que su figura es prácticamente intocable. El propio presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy, calificaba a Fabra como un "ciudadano ejemplar y un político ejemplar para el PP, y también para los ciudadanos de Castellón", apenas dos semanas antes del famoso insulto al portavoz socialista. •