Zapatero suspende en geometría variable

A estas alturas de la fiesta, Iñigo Urkullu es el hombre más feliz del mundo. Nadie tuvo la posibilidad de tanto… con tan poco. Tras el anuncio hecho por CiU de que no apoyará los próximos Presupuestos Generales, y comprobado que la izquierda parlamentaria ha dado la espalda definitivamente a los socialistas, el PNV se ha convertido en la única opción que le resta al Gobierno para conseguir sacar adelante sus propuestas. Los nacionalistas vascos ya han dejado claro que el precio será caro. Además, la vuelta al cole de septiembre viene cargada de asuntos candentes. Asistiremos a la huelga general del día 29, mientras que patronal y sindicatos acordarán la reforma de la negociación colectiva; continuará el proceso de fusiones entre cajas de ahorros impulsado por la nueva ley. Veremos si el resto de formaciones puestas de acuerdo ‘tumba’ la congelación de las pensiones decretada por el Consejo de Ministros, y si los dos grandes partidos son capaces de acordar la renovación del Tribunal Constitucional. Por su parte, el PP se enfrenta a la fase judicial definitiva sobre la trama Gürtel, y tendrá trabajo extra por el salto a la fama de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

Por Pedro Antonio Navarro

Pese a la crisis y a su evidente caída de popularidad, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvía a ganar el Debate sobre el Estado de la Nación por quinta vez consecutiva al líder del PP, Mariano Rajoy, con una diferencia de más de seis puntos, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada la pasada semana. Así, del estudio del CIS se desprende que un 26,1 por ciento de los espectadores cree que Zapatero venció en el debate celebrado en el Congreso el pasado 16 de julio, frente a un 19,18 por ciento que opina que Mariano Rajoy fue el vencedor, mientras que el 36,5 estima que no ganó ninguno de los dos.

A pesar de este triunfo pintan bastos para el Ejecutivo tras la vuelta de vacaciones. Su soledad parlamentaria quedaba patente cuando perdía nueve votaciones tras este debate en el Congreso. CiU confirmaba la advertencia –que lleva meses haciendo– de que no dará su apoyo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, aunque avanzaban las conversaciones para conseguir los votos catalanistas para dar luz verde definitiva a la reforma laboral. De hecho, con su abstención, los nacionalistas catalanes propiciaban la aprobación del techo de gasto planteada por el Gobierno, moviéndose, como casi siempre, dentro de una calculada ambigüedad.

Con la izquierda parlamentaria enfrentada al Gabinete por la adopción de las impopulares medidas de recorte del gasto, la única opción que le queda a Zapatero para configurar mayorías que le permitan aprobar sus iniciativas, tras dar por finiquitada la estrategia de la ‘geometría variable’, es alcanzar acuerdos con los nacionalistas vascos del PNV. Pero no parece asunto fácil. El presidente de esta formación, Iñigo Urkullu, descartaba la pasada semana la posibilidad de suscribir un acuerdo estable con el Gobierno, aunque dejaba la puerta abierta a que su partido proporcionase los votos necesarios para dar luz verde a los Presupuestos Generales del año próximo. Tras producirse el rechazo a 13 de sus 15 propuestas de resolución en el Debate del Estado de la Nación, Urkullu aseguraba que “no hay acuerdo de estabilidad posible entre el PSOE y el PNV en estas condiciones”.

En Moncloa confían en que la situación puede reconducirse. En el ‘arsenal’ de bazas negociadoras, los socialistas tienen la llave de la gobernabilidad de las diputaciones que todavía están en manos del PNV en el País Vasco. Además, ya han adelantado una propuesta para entregar nuevas transferencias autonómicas, contando con la aquiescencia del Gobierno vasco y del PSE, que ha de jugar un papel decisivo en las conversaciones.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña también ha venido a complicar la vida del Ejecutivo y las relaciones entre el PSOE y sus hermanos catalanes del PSC. Tratando de salvar los muebles, la pasada semana ambas formaciones acordaban en el Congreso una propuesta de resolución para la última jornada del Debate sobre el Estado de la Nación en la que se instaba a desarrollar el autogobierno de Cataluña, dentro del marco constitucional. La resolución, presentada por el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, y el representante del PSC Daniel Fernández, comenzaba por constatar el “malestar” creado por la sentencia y por demandar “una fuerte acción política para preservar el anhelo de autogobierno de los catalanes en el marco de una España plural”. Sin embargo, la propuesta era derrotada por el resto de los grupos en la Cámara Baja.

Las tensiones internas aparecían también cuando el presidente del Congreso, José Bono, se desmarcaba públicamente del “grupo de socialistas que quieren imitar a los nacionalistas”, a quienes hay que ganar “en votos y no en nacionalismo”. Automáticamente, el viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha respondía que José Bono “expresa una idea de España demasiado parecida a la que tiene el PP”, una idea que hace “muy difícil una presencia cómoda de Cataluña”.

De hecho, ninguna de las resoluciones sobre el Estatuto catalán presentadas por los grupos en el Congreso conseguía salir adelante. La pactada entre PSOE y PSC era derrotada con 174 votos en contra de PP, CiU, ERC, PNV, Nafarroa Bai y UPyD, 169 a favor del Grupo Socialista y la abstención de IU-ICV y CC. Las propuestas de ERC, CiU e IU-ICV obtenían aún peores resultados al ser rechazadas por socialistas y populares.

Las formaciones independentistas, visiblemente contrariadas por la sentencia del TC ya encauzan su estrategia en el grito de independencia. La multitudinaria manifestación de Barcelona en contra del dictamen del alto tribunal parece reforzar esta posición, y ahora se abre un nuevo escenario que constituye toda una incógnita. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, lo explicaba con toda crudeza: “Si no cabemos en la Constitución española deberemos hacer una Constitución catalana en la que caber”. Para él, el próximo grito será “Visca Catalunya lliure”, después de que Cataluña haya gritado en sus calles “somos una nación, nosotros decidimos”.

En el Debate del Estado de la Nación, el PSOE sufría nueve derrotas, cinco más que hace un año. El Pleno del Congreso aprobaba 42 propuestas de resolución presentadas, entre ellas, cinco contra la congelación de las pensiones apoyadas por todos los grupos salvo los socialistas.

Septiembre también traerá la huelga general –el día 29– que certifica el fin del idilio entre el Gobierno y los sindicatos. Además, las conversaciones entre éstos y la patronal sobre la modificación de la negociación colectiva entrarán en la fase definitiva, mientras se sustancia la reforma laboral. Amparadas en la nueva Ley de Cajas de Ahorros, se producirán nuevas fusiones y diversos movimientos al hilo de la entrada de capital privado. También será el momento de comprobar si es posible el imprescindible acuerdo entre PSOE y PP que permita la renovación de un cuestionado Tribunal Constitucional que tiene a varios de sus integrantes con el ‘carnet caducado’ desde hace casi tres años.

El ‘estratega’ jurídico de los populares, Federico Trillo, tendrá trabajo extra con las múltiples actuaciones togadas contra miembros de su partido en diversas causas relacionadas con la corrupción. La actuación judicial en la trama Gürtel entra en su fase decisiva, y ya se ha conocido la petición de la Fiscalía de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Por si fuera poco, un nuevo ‘frente’ parece abrirse con la irrupción en el primer plano de actualidad del marido de la secretaria general de la formación, Ignacio López del Hierro, al que se relaciona con turbias gestiones y otros manejos.

Los sindicatos ya no se ‘ajuntan’ con Zapatero

Aunque estaba cantado, la semana pasada se hacía oficial la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no asistir a la tradicional fiesta minera que cada año se celebra en Rodiezmo, organizada por SOMA-UGT. El secretario general de este sindicato, Cándido Méndez, había comentado en privado que si Zapatero decidía acudir, entonces él no haría acto de presencia.

El presidente asiste a esta fiesta minera, que se celebra en una campa, desde que era secretario general del PSOE de León, ya que tiene también un componente de confraternización entre los socialistas de Asturias y León, al situarse en su frontera la localidad de Rodiezmo. Desde que en 2000 fue elegido secretario general del PSOE, pasó a ser el invitado principal, junto al secretario general de UGT. Rodiezmo pasó a ser desde entonces el lugar donde Zapatero abría cada año el curso político y el escenario en el que, desde que fue elegido presidente del Gobierno en 2004, anunciaba la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional. Este año, no sólo no iba a poder hacer ese anuncio, sino que coincide con una edición especial al cumplirse el centenario de la fundación del sindicato minero y se celebra a tan sólo 24 días de la huelga general convocada por UGT y CCOO. Hasta ahora, Zapatero sólo había faltado en una ocasión a la cita, en 2001, cuando lo representó el entonces secretario de organización del PSOE, José Blanco.

La excusa oficial ha sido la agenda de compromisos internacionales. Zapatero viajará a finales de agosto a China, donde el día 30 inaugurará el pabellón de España en la Expo que se celebra en Shanghai y, seguramente, tendrá un encuentro con empresarios. Aunque todavía no hay confirmación oficial, desde China tiene previsto desplazarse a Japón. Aún así, habría margen, ya que la fiesta se celebra el día 5 de septiembre, pero desde La Moncloa se ha dejado claro que no acudirá Zapatero, aunque sí habrá una representación oficial del Partido Socialista. Entre los oradores estarán, como es habitual, Alfonso Guerra y el secretario general del PSOE de Asturias, Javier Fernández.

La huelga general convocada para el 29 de septiembre no es la única tarea que han de afrontar las centrales sindicales en el arranque del nuevo curso político. Patronal y sindicatos han puesto en marcha una profunda reforma de la negociación colectiva. Los agentes sociales son conscientes de que es necesario cambiar el título III del Estatuto de los Trabajadores, que se mantiene inalterado desde hace más de veinte años, y adaptarlo a la realidad de la economía. Han planteado la reforma sobre tres puntos.

El primero es que los acuerdos entre patronal y sindicatos mantengan su condición de ley. El segundo es cambiar su estructura. Cada año se negocian 6.000 convenios, pero el 75 por ciento apenas afecta a un 10 por ciento de los trabajadores. Se trata de fomentar grandes convenios sectoriales como el de banca, cajas de ahorro, construcción, metal o química, incluso de ámbito autonómico y luego otros en la empresa. Esto exige delimitar qué cuestiones deben incluirse en cada uno. Por ejemplo, en los convenios sectoriales no se habla de subida salarial, aunque sí de salario mínimo. Todos parecen de acuerdo en suprimir los convenios provinciales. Además, los empresarios quieren mejorar la cláusula de descuelgue que se ha regulado en la reforma laboral para las empresas con dificultades económicas.

El tercer pilar es la vigencia del acuerdo. En la actualidad un convenio se mantiene hasta que se sustituye por otro. Esto se traduce en una suma de derechos acumulados durante años. La patronal quiere que se ponga fecha de caducidad, de uno a tres años. Esto significa que cuando el convenio acabe, se puedan abordar todos los temas en la negociación del siguiente. Si no hay acuerdo, se sometería al arbitraje. El Ministerio de Trabajo propone que la fecha de caducidad sea tres años. La gran novedad es que los sindicatos están dispuestos a discutirlo, lo que supone romper otro tabú del mercado laboral.

El actual sistema de negociación colectiva empezó a desarrollarse en los años setenta. Su regulación nace con el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Los principios básicos establecidos para facilitar la transición de un sistema en que el Gobierno determinaba las relaciones laborales mediante las ordenanzas laborales han seguido en vigor durante los últimos veinte años (tras la reforma de 1994).

Por su parte, tras la convocatoria de huelga general, el Gobierno parece dispuesto a ‘tensar la cuerda’ un poco más en sus relaciones con los sindicatos. La pasada semana, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se mostraba partidario de revisar algunas prestaciones sociales para que “no sean utilizadas de forma desaprensiva”, y aseguraba que las de incapacidad temporal no pueden ser usadas “perversamente”.

El secretario de Estado instaba a “aprovechar” la crisis económica para reformar el sistema de la Seguridad Social. Considera una “gravísima irresponsabilidad”, y dejaba claro que la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años es una medida “razonable y moderada” que “no tendrá los efectos devastadores” que algunos predicen. También anunciaba que el Ejecutivo estudia una modificación de estas cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad para que actúen como “estímulo a la competitividad de la economía”.

Los sindicatos consideran estos anuncios como el inicio  de la aplicación de otra ‘vuelta de tuerca’.

Cajas públicas, cajas privadas

A la vuelta de las vacaciones los efectos de la nueva Ley de Cajas de Ahorros se harán muy visibles, aunque ya se han producido grandes movimientos a lo largo de este mes de julio. La entrada de capital privado –la norma permite hasta un 50 por ciento– y la ‘despolitización’ de los órganos de gestión de las cajas –según la ley, ya no podrán formar parte de ellos los cargos políticos electos– son dos elementos del nuevo texto legal que han sido muy contestados, tanto por la izquierda parlamentaria, como por los sindicatos.

Junto a la decisión del Gobierno, el principal impulso a estos cambios ha estado sustentado en la figura de Isidre Fainé, presidente de La Caixa desde 2007, y también al frente de la asociación del sector, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

Como consecuencia de la nueva situación, y también por la dura pelea que mantienen PSOE y PP en CajaSur, la pasada semana la BBK se hacía con el control de la caja cordobesa, mediante una adjudicación decidida por el Banco de España. CajaSur estaba intervenida por esta entidad pública desde el pasado 22 de mayo, tras fracasar su integración con Unicaja. Las propuestas presentadas por la caja vasca BBK y la andaluza Unicaja fueron las mejores de entre todas las que llegaron al Banco de España, aunque lo que inclinaba la balanza a favor de la BBK era el plan de viabilidad presentado, y que fuese la que menos dinero pedía al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la operación. El ajuste de plantillas que se produciría tras la unión con BBK también será menor que el que figuraba en otros proyectos.

Ademças de BBK y Unicaja, también optaban a ‘quedarse’ con CajaSur Banco Sabadell, Banca Cívica y Cajasol.

Todo indica que los movimientos en las cajas de ahorros no han hecho más que comenzar, aunque no constituirán la única novedad en las políticas sobre el sistema financiero. El presidente del Gobierno, en calidad de secretario general del Partido Socialista, aseguraba ante una representación de partidos progresistas africanos, que se está trabajando sobre un mayor control de los mercados financieros, y que se estudia la aplicación de una tasa específica para la banca. Se comprometía a trabajar de aquí a septiembre, cuando los líderes mundiales se reunirán en Nueva York para evaluar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para que la comunidad internacional adopte esa tasa al sistema financiero, destinada a luchar contra la pobreza. “Nos debemos comprometer a cumplir los Objetivos del Milenio y debemos trabajar y encontrar alguna fuente de financiación para cumplirlos desde el sistema financiero. No sólo por solidaridad sino por un equilibrio en el orden internacional y económico”, afirmaba ante los presidentes de Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete; Cabo Verde, Pedro Pires, y el primer ministro etíope, Meles Zenawi. Zapatero se mostraba convencido de que “en algunos continentes antes y en otros después se va a imponer algún tipo de obligación fiscal, tasa o imposición al sistema financiero” porque ésta “es la salida de la crisis, desde luego en Europa y esperemos que también en Estados Unidos, el otro gran centro financiero del mundo”.

Un Tribunal Constitucional exhausto y desprestigiado

Septiembre será también el mes en el que se podrá comprobar la disposición al acuerdo entre los dos grandes partidos para lograr superar la asignatura pendiente de la renovación del Tribunal Constitucional, casi con tres años de retraso sobre los plazos establecidos en la ley.

La pasada semana el Senado ponía en marcha el proceso de renovación de los cuatro magistrados del TC que corresponden a la Cámara Alta. Tras la tormenta de la sentencia sobre el recurso presentado por el PP contra más de cien artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el prestigio de la máxima instancia judicial española está por los suelos.

En el actual proceso de renovación han podido participar por primera vez las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, presentando sus propios candidatos. Sin embargo, esta novedad legal era ‘aprovechada’ por el PP para presentar en todas las comunidades a los dos mismos candidatos: el presidente del anterior Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando, y su portavoz, Enrique López, si bien este último ya ha quedado oficialmente descartado por no cumplir el requisito legal de llevar al menos 15 años en el ejercicio profesional.

El Senado procedía a examinar a 20 candidatos de los 22 propuestos por las comunidades autónomas. Sin embargo, decidían posponer su decisión final hasta la vuelta de las vacaciones, después de más de dos años transcurridos desde que fueran seleccionados y propuestos por las comunidades autónomas.

Será el 7 de septiembre cuando vuelvan a reunirse los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta para continuar con las deliberaciones y dilucidar si es posible el acuerdo necesario entre PSOE y PP, ya que la ley exige una aprobación por tres quintos de los votos, como mínimo.

No parece que ese consenso vaya a resultar fácil. El ‘encargado’ de los asuntos judiciales en el Partido Popular, Federico Trillo, calificaba el proceso como una “mascarada destinada a no tener fin”. Los que tratan de presentar una imagen optimista son los senadores socialistas, que aseguran que “el acuerdo está cada vez más cerca”. No es de la misma opinión el portavoz de Entesa Catalana, Carles Bonet, perteneciente a ERC. Él tiene claro que al “PP le interesa fosilizar la actual estructura del Tribunal porque responde a sus intereses. En dos tercios pertenece a la etapa de Aznar”.

Lo cierto es que esta situación ha beneficiado directamente a los intereses políticos del principal partido de la oposición, que ha mantenido una presencia conservadora determinante en el TC, como se ha podido comprobar con la sentencia del Estatut, durante toda la etapa de Gobierno socialista.

El cerco judicial se estrecha sobre el PP

El pasado 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidía reabrir el caso de los trajes regalados al presidente de la Generalita valenciana, el popular Francisco Camps, dentro de la conocida como trama Gürtel. El TC ordenaba esta reapertura, por unanimidad, y mediante una sentencia muy dura y crítica con la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia de archivar el caso. Baste recordar que el TSJV está presidido por el juez Juan Luis de la Rúa, proclamado “más que amigo” por el propio Camps.

Esta decisión no constituye sino una más de las malas noticias que le van llegando al Partido Popular desde el ámbito judicial. Además de la imputación al presidente valenciano, en la rama levantina de Gürtel también están procesados el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex presidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, todos ellos, a cuenta exclusivamente de los regalos, ya que la supuesta financiación irregular del PP camina por otros cauces.

Desde Madrid, donde las piezas que corresponden al TSJM están siendo instruidas por el magistrado Antonio Pedreira, este juez considera que hay indicios de que personas aforadas del PP podrían haber cometido varios supuestos delitos, incluido el cohecho, el delito electoral y la financiación irregular, que están conectados con la causa de los trajes que instruye en Valencia el juez Flors. El delito que Flors imputa a Camps –cohecho pasivo impropio– está relacionado con los otros enumerados por Pedreira, lo que se podría traducir en una imputación de cohecho, cuyas consecuencias son mucho más graves y que en caso de culpabilidad puede penarse con la inhabilitación política. Si no se amplía la causa con otros delitos, el juez Flors podría concluir a finales de septiembre su trabajo y proceder a la apertura de juicio oral en octubre. Esa decisión pondría al presidente Francisco Camps frente a un jurado a finales de año o principios de 2011.

El juez Pedreira, un poco cansado de las declaraciones públicas de algunos dirigentes del PP cuestionando su labor, y de las actitudes dilatorias y maniobras jurídicas que emprende este partido –que actúa en la instrucción como ‘acusación particular’, pero que mediante la presentación sistemática de recursos trata de entorpecer el proceso–, ya advertía días atrás del riesgo de una “batalla campal o campo de Agramante”.

Lo cierto es que la decisión sobre el destino final de esta investigación realizada por Pedreira la adoptará la sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa. Está por ver si esta vez se atrevería a archivar el caso, tras el ‘revolcón’ que le propició el Tribunal Supremo.

No sólo la trama Gürtel agobia al PP. Las investigaciones judiciales también avanzan a buen ritmo sobre la corrupción política en las Islas Baleares gobernadas por Jaume Matas. La pasada semana se producían nuevas detenciones relacionadas con el caso –ya van 16–. La instrucción se va orientando hacia el desentrañamiento de la trama de financiación irregular del PP en esa comunidad, en la que estarían implicadas varias empresas –algunas relacionadas directamente con la trama Gürtel, aunque otras, no- y un buen número de ex altos cargos, tanto de los gobierno presididos por Matas, como por el también popular Gabriel Cañellas.

Probablemente, uno de los más duros varapalos para un ocupadísimo Federico Trillo era el proporcionado por la Fiscalía, que se descolgaba la pasada semana con una petición de 15 años de prisión para el polémico presidente de la Diputación de Castellón, y presidente del PP en esta provincia, Carlos Fabra. Imputado por nueve delitos, el fin de un largo proceso de dilaciones de sus causas parece tocar fin. Septiembre, una vez más podría ser un mes clave en el rumbo de esta ya larga historia.

Por si todo esto no era suficiente, un nuevo ‘invitado’ salta a las primeras páginas para complicar un poco más la vida a Trillo y compañía. El marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, Ignacio López del Hierro, se convertía en protagonista informativo en días pasados. Desde el PSOE sospechaban que su figura se encontraba detrás de la campaña emprendida contra el presidente del Congreso y ex presidente de la Comunidad castellano-manchega, José Bono. En los cuarteles generales socialistas se decidía pasar al contraataque. Apoyados en las declaraciones de Juan Pedro Hernández-Moltó, ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), en las que aseguraba que se había reunido con María Dolores de Cospedal en 2007, y que le “exigió una sola cosa, que colocara en la Caja a Ignacio López del Hierro. Apeló a la cuota del PP, y no me pidió que colocara a nadie más. Yo acepté porque entendí que era el precio para pacificar la Caja. Tuvimos que ampliar el número de consejeros de la Corporación Industrial para hacerle un hueco, porque en el Consejo de la Caja era imposible”.

En esa época, López del Hierro y Cospedal aún no habían contraído matrimonio, pero era pública y notoria su relación de pareja. La secretaria general popular ha amenazado con la presentación de querellas por difamación, pero la cosa no está fácil. López del Hierro, amigo personal de Alejandro Agag, tiene un historial complicado. Fue sancionado con 36.000 euros de multa impuesta por la comisión Nacional del Mercado de Valores por una infracción grave y ha estado imputado en la Audiencia Nacional por una supuesta estafa. Ha sido la mano derecha de Joaquín Rivero en las inmobiliarias Gecina, Bami y Metrovacesa. Fue el gobernador civil más joven de España, en Toledo, en 1977. Más tarde lo fue de la provincia de Sevilla.