Derecho a decidir

Por Francesc Homs i Molist*

En Catalunya, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya no se puede disimular la encrucijada. Tenemos ante nuestras narices tres caminos con horizontes muy distintos. El primero, conformarnos con lo que hay. El segundo, intentar recomponer el pacto del Estatut por la vía del federalismo. Y el tercero, aplicar el lema de la manifestación del pasado 10 de julio en Barcelona: "Somos una nación, nosotros decidimos". La manifestación, por cierto, más multitudinaria que jamás se ha celebrado en la capital catalana.

El primero de los caminos es directamente una irresponsabilidad. El conformismo normalmente es una actitud vital no aconsejable, pero es que en este caso, además, sería claramente una irresponsabilidad. El segundo, la segunda opción –la del federalismo o de intentar recomponer el Estatut–, es insistir en lo que sabemos que ha fracasado. La sentencia del Tribunal Constitucional lo dice de forma clara: el Estatut tal y como lo votó el pueblo de Cataluña está fuera de la Constitución. Además, durante los años de vigencia tampoco se ha cumplido lo pactado. Irrita constatar que, por ejemplo, ni tan siquiera se ha traspasado el Museo Arqueológico de Tarragona. Y la tercera opción, la del derecho a decidir, es la única que parece razonable visto lo visto. Unos llegarán a esta conclusión por convicción. Otros por pura eliminación de las anteriores. Pero el camino hacia el ejercicio inalienable del derecho a decidir es el único que puede dar salida a la expresión democrática Y pacífica de la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña.

Si Cataluña es una nación y el término nación debe entenderse como "la voluntad de construir un futuro común", el "derecho a decidir" de Cataluña es la consecuencia lógica des de el punto de vista democrático. ¿Puede un demócrata o un sistema democrático negar a una nación el derecho a decidir sobre su propio futuro? Quizás alguien dirá que no es un planteamiento constitucional o legal. Entonces cabe repetir la pregunta: ¿puede un demócrata o un sistema democrático ampararse en el imperio de la ley de una nación para negar a otra nación distinta el derecho a decidir sobre su futuro? A no ser que, como alguien del PSOE dijo un día, la nación española se considere una cebolla –que permite pelarla y visualizar las distintas capas o nacionalidades–, es de pura lógica afirmar que Cataluña es una nación y España también. Siendo así, ¿puede un demócrata de la nación española, o el conjunto de su sistema democrático, impedir al conjunto de la nación catalana el ejercicio del derecho a decidir su propio futuro? Por obvias las respuestas a todas estas preguntas retóricas me sorprenden determinadas reacciones, declaraciones y comentarios ante la apuesta que ha relanzado Artur Mas, democráticamente consecuente con su pensar, con su fuerza política y con su país. Mas ya lo advirtió solemnemente en una conferencia en noviembre de 2007.

Lo expliqué una vez en esta tribuna, pero estos días vale la pena rememorar el dato. Ramón Chao en un libro titulado Aprés Franco, l'Espagne, de 1975, recoge un documento del PSOE donde se daban las razones por las que no podía formar parte de la Junta Democrática de España, organismo que intentó agrupar toda la oposición a la dictadura. Uno de los párrafos de este documento del PSOE de entonces dice textualmente: "nosotros consideramos que de los 12 puntos del programa de la Junta hay uno, el noveno, que restringe la democracia política. No reconocer para Cataluña, Euskadi y Galicia el derecho a la autodeterminación es amputar la democracia; la única manera de reconocer la personalidad política de una nacionalidad es reconocerle el derecho a la autodeterminación". Este fragmento puede sorprender. A veces la memoria es amnésica. Pero su arraigo democrático es aplastante y debería hacer reflexionar a más de uno. Y actuar en democrática consecuencia. •

*Diputado al Parlament de Catalunya por CIU.