por Santiago Carrillo

Lo que tiene de endiablado, oscuro, contradictorio la situación política española proviene del cruce de problemas, unos más graves que otros y con muy poca relación entre sí, a no ser la coincidencia en el tiempo en que estallan y las dificultades que acumulan en un momento en que con toda razón puede considerarse crítico. El Debate sobre el estado de la Nación los ha puesto de relieve.

El momento es el peor inimaginable: una crisis económica que está en su segundo año, que ha provocado desempleo, ruina de empresas, sobre todo pequeñas y medias, de la que nadie se siente seguro de que estemos al final. Una crisis que nos viene de Estados Unidos y que alcanza hasta el último rincón de la Tierra y que nos está revelando la impotencia de los poderes políticos nacionales ante el carácter global del fenómeno y la conversión del sistema financiero en el auténtico poder político a escala mundial. Todos los centros de poder internacionales, creados desde la Segunda Guerra Mundial, están bajo la influencia de ese poder de hecho que carece de toda base legal, pero dispone del capital.

Y el poder del capital que desencadenó la crisis es precisamente quien dictamina la política anticrisis.

Al empezar ésta, todos los Gobiernos –y el nuestro también– acudieron al endeudamiento para impedir el desmoronamiento del sistema financiero. Éste ha llegado a introducirse tan directamente en la vida de la gente que si dejaba de funcionar hubiera creado un caos insoportable ya que nuestros salarios nos llegan a través de él; nuestras compras las pagamos a través de él; nuestros recursos pasan por sus manos y los controla él. Él maneja nuestros ahorros por modestos que sean. El cierre de las ventanillas de los bancos hubiese producido un verdadero caos.

Cuando este peligro fue esquivado, los bancos decidieron que el endeudamiento era un peligro y que había que ponerle fin, pues las deudas de los gobiernos ponían en peligro la estabilidad futura de los bancos y decidieron las políticas de austeridad que están imponiendo claramente en Europa y otros continentes y en medida esencial, la reforma del mercado laboral, los recortes drásticos en el Estado del Bienestar. Había y hay razones suficientes para suponer que está en marcha un intento de suprimir este tipo de Estado.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero se resistió tanto como pudo. Pero ha llegado un momento en que la Unión Europea ha forzado la decisión. ¿Podía hacer otra cosa el Gobierno? Me temo que no. Las consecuencias del aislamiento de España hubieran supuesto mayores sufrimientos, una especie de bloqueo financiero contra España. Lo que sí podía haber hecho Rodríguez Zapatero es venderlo no como la solución más adecuada a la crisis –lo que está en contradicción con sus posiciones anteriores– y justificarlo por el papel dominante del poder financiero y la extrema debilidad de la izquierda europea.

Al desgaste natural del Gobierno en un periodo de crisis –fenómeno común a todos los Gobiernos, indiferentemente de su color político– en el debate a que vengo refiriéndome, se han añadido los efectos de un planteamiento que, aparte de la izquierda y los sindicatos, puede parecerles una rendición. Personalmente, antes de compartir este sentimiento prefiero ver en las semanas siguientes cómo aborda las consecuencias de éste y otros problemas de que se ocupa en estos instantes. Y hay ya un inicio favorable. En medio de una feroz campaña derechista contra los sindicatos, en el debate Zapatero los ha defendido y ha dado a entender su comprensión hacia la huelga general de septiembre.

En estas circunstancias no podemos dar de lado un hecho que puede ser grave para el futuro inmediato del sistema democrático.

Un sector importante de la opinión pública española, aunque por fortuna no mayoritario, considera que el cambio político que tuvo lugar con la Transición ha ido demasiado lejos y pugna por llegar al poder a toda costa para restaurar un tipo de Estado más tradicional, de acuerdo con su ideología. Ese sector lo encabeza Rajoy –y tras él Aznar–, su partido, el PP, acompañado por la mayoría de la Conferencia Episcopal que, con acuerdo del Vaticano, trata de que España vuelva a ser frente a Europa y el mundo el bastión de la tradición católica.

Este sector considera que hay que dar marcha atrás en el Estado de las Autonomías, que a su entender rompe la unidad de España. Ellos son los que han provocado la crisis en las relaciones con Cataluña, con su recurso contra el Estatuto precedido de una gran campaña anticatalana, en la que dijeron haber recogido tres millones de firmas de apoyo. Ellos son los que harían una reforma radical del mercado laboral; los que se escandalizan por los derechos que está logrando la mujer, lo que para ellos es un auténtico desmadre, igual que los derechos reconocidos a los gays. Son la variedad española del neoconservadurismo que pone en peligro la paz del mundo y la suerte de la democracia.

Este sector considera que la crisis puede ser la gran ocasión de alcanzar el poder y maniobran con toda suerte de tretas para abrirse camino. En este momento hablan menos contra Cataluña para atraer a las derechas nacionalistas periféricas para el enfrentamiento con Zapatero y sus colaboradores, que son quienes en el PSOE mantienen una opinión más abierta sobre el reconocimiento de la pluralidad española. Reclaman a los sindicatos que hagan una huelga general contra Zapatero. Acusan prácticamente a Zapatero de ser el culpable de la crisis mundial. Están decididos a hacer lo que sea para provocar la caída de Zapatero, sabiendo que es la única posibilidad de que triunfe Rajoy.

Desde la izquierda no se puede enfocar la endiablada situación política que vivimos, olvidando que para enfrentar el peligro de la derecha hace falta la unidad más amplia posible.

También habrá que reflexionar sobre el peligro del neoconservadurismo en la época actual, no subestimándolo como pasó con el fascismo en una época anterior.

En el mundo en que vivimos, el hecho de que en Europa la derecha ocupe la mayoría de los Gobiernos, que la izquierda clásica esté casi desaparecida y la nueva izquierda que las circunstancias reclaman está en sus balbuceos, es francamente inquietante. Sobre todo porque el país que para algunos pasaba por ser la garantía del "mundo libre" se ha convertido en un Estado militarista, en el "que el Ejército recurra a la fuerza dentro del país no resulta algo tan hipotético. Con frecuencia son los militares los que llevan a cabo detenciones y ejecuciones que, como arbitrarias medidas de excepción, legitiman más una interminable 'guerra contra el terror' que no deja de expandirse".

El autor de estas palabras, el profesor de Georgetown Norman Birnbaum escribía en El País un gran artículo en el que trazaba el proceso por el cual el Ejército de EE UU ha llegado a una situación en la que "el poderío militar estadounidense se justifica por sí solo al tiempo que su conservación y en realidad su engrandecimiento se han tornado fines en sí mismos". Los intereses de los servicios armados y su cultura encerrada en sí misma poco puede garantizar grandes valores democráticos".

Este artículo plantea la posibilidad de que los fracasos militares en el Oriente Próximo animen al Pentágono a tomar en sus manos el poder del Estado.

La batalla en que estamos metidos es una batalla a librar en Europa y los sindicatos españoles, al hacer coincidir la huelga con una jornada de movilización europea nos ayudan a comprender que el adversario está no tanto en Madrid como en Bruselas, desde donde se nos impone la política que conviene a los poderes financieros.
Y es también una batalla internacional por la preferencia de EE UU de las soluciones militares. Si esto es así presidiendo Obama, hay que imaginar lo que sería si el Pentágono tomara directamente en sus manos el poder.