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LA QUINCENA JUDICIAL
Nº 891
26/7/2010

El control del poder judicial

Por José M. Benítez de Lugo*

EI tema del control de los poderes es básico en una democracia, viniendo al caso recordar una conferencia pronunciada en el año 1962 por el ilustre jurista García Enterría, en la que comenzaba diciendo que la idea de someter el poder para exigirle justificaciones a su comportamiento ante el Derecho es una idea que surge ya de la concepción del Estado establecida por la Revolución Francesa. Y aunque nuestro insigne autor citado se refiere al control del poder ejecutivo, todo ello resulta aplicable al control del poder judicial, el cual, en definitiva, debe estar sometido también a un control en la medida en que es un poder. Porque el poder ejercido sin control de otro tiende naturalmente al abuso o, si se prefiere que se diga más suavemente, le permite al poderoso actuar o decidir más irreflexivamente si es sabedor de que nadie revisará su decisión.

Y me estoy refiriendo al tema ya tratado por mí en el n° 863 de esta revista, relativo al derecho a los recursos judiciales. Y si vuelvo sobre él es porque en la Memoria realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el estado de la justicia en el año 2009, entregada la pasada semana a la presidenta de la Comunidad, el presidente de dicho Tribunal critica la existencia de segundas y terceras instancias, postulando una modificación legislativa que reduzca las posibilidades de recurrir las decisiones judiciales. Es esta una idea nada novedosa que opera desde un punto de vista pragmático, carente de una visión de lo que debe ser la justicia, pues, como decíamos al principio, el gran avance del Estado de Derecho ha sido que las decisiones de los poderosos (y no sólo del poder administrativo), sean controlables por otros.

Debe pensarse en el ciudadano, en la frustración que puede suponer que reciba una sentencia que resulte manifiestamente injusta y frente a ello se encuentre con la imposibilidad de que otro Tribunal reexamine su caso. Y no debe servir de pseudoargumento lo que ha dicho el citado presidente de que son muy pocos los casos en los que son revocadas las sentencias, porque bastaría la existencia de un solo caso para evidenciar la bondad de la segunda instancia; y conste que no estamos hablando de sentencias dictadas por jueces que no resulten imparciales, sino de la posible y real existencia de sentencias equivocadas. Nótese que si todos los poderes públicos deben estar sometidos a un control, resulta totalmente anómalo que el poder judicial no lo tenga, y la forma de controlarlo es, precisamente, la posibilidad de recurrir su decisión. Y resulta absurdo también, que como "argumento" contra la posibilidad de la segunda instancia, se alegue la sobrecarga de trabajo que tienen algunos jueces. Hay que ir a la raíz del problema y lo que no tiene ningún sentido es que todo un juez de Instrucción o de Primera Instancia tenga que juzgar un tema de mínima entidad; habría que establecer un escalón inferior de juzgadores (jueces de Proximidad o los antiguos jueces de Distrito) que fueran competentes para tal tipo de cuestiones y que a los citados sólo llegaran las apelaciones de las resoluciones de éstos. Es éste un tema incluso contemplado en algún programa electoral, pero que duerme el sueño de los justos cuando resulta una imperiosa necesidad la modificación legislativa.

El recurso ante otro órgano judicial superior no es garantía de acierto en la administración de justicia, pero sí supone la existencia de condiciones para que sea más conseguible. En definitiva, el poder ejecutivo está controlado, con acierto, por el poder judicial, pero si éste resuelve en única instancia, nada ni nadie tendrá posibilidad de controlarlo. •

* Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

 
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