"ADELANTAR LAS ELECCIONES NO RESUELVE NADA"

	"ADELANTAR LAS ELECCIONES NO RESUELVE NADA"
Nº 890 - 19 de julio de 2010

El historiador Santos Juliá muestra en su último libro, una compilación de ensayos publicados entre 1996 y 2009, que los españoles han recorrido un camino muy largo desde la miseria y la ruralidad de la España de principios del siglo XX hasta la
sociedad de servicios, incorporada a Europa, de hoy. Con el título Hoy no es ayer (RBA), rechaza que el pasado determine el presente. Para él, cada generación es responsable de lo que hace. Sobre la actualidad política, Juliá asegura que
"adelantar las elecciones no resuelve nada" y que convendría un Gobierno "más compacto y con ministros más fuertes" para superar el momento de crisis económica que se vive.

Santos Juliá, historiador

Por Luis Marchal

Los que critican la República se les olvida que llegó en 1931 como "fruto maduro, largo tiempo esperado por las nuevas clases medias" de la época?
—Las críticas a la República, que han tenido un nuevo resurgir con esto del revisionismo, se basan en que abrió las puertas al comunismo y en que Franco estaba ahí vigilando para cerrar esas puertas.
—¿Qué opina de los revisionistas que, como Pío Moa, sitúan el inicio de la Guerra Civil en 1934?
—Han resucitado los puntos clave de la propaganda franquista. Repiten que la guerra empezó en octubre de 1934 y que la República ya no existía cuando los militares se levantaron, porque ya había sido entregada al comunismo.
—¿Si las fuerzas armadas y de seguridad hubieran guardado su juramento de lealtad a la Constitución en 1936, habría sido posible la Guerra Civil?
—Una guerra civil sin que se produzcan divisiones dentro de los que tienen el control de las armas es imposible. Si se hubieran mantenido leales a la República, no habrían dado el golpe y, por ende, no habría habido Guerra Civil.
—Usted afirma que el pasado no determina el presente. Sin embargo, vivimos un momento político en el que el pasado está influyendo bastante.
—Está determinando mucho el debate político. Cuando éste gira tanto en torno al pasado, lo que produce es un bloqueo de futuro.
—¿Hay un exceso de memoria con respecto al pasado?
—Hay un exceso de discurso sobre el pasado. La memoria es lo que nosotros contamos en relación con el pasado. Se ha utilizado al pasado como un instrumento de la política. Hay que poner remedio a la pretensión de construir una visión del pasado en torno a que la Transición fue amnésica y a que venimos de un pacto de silencio.
—¿La Transición no fue modélica porque significó el olvido?
—Nada es modélico. Varios politólogos, sobre todo extranjeros, han presentado la Transición española como un modelo tipo. Es el modelo de transición por transacción; entre el poder que viene del pasado, de una dictadura, con el de una democracia pactada con la oposición. El pacto está montado sobre una memoria del pasado, no sobre un olvido.
—¿Hemos liquidado la herencia de la Guerra Civil?
—La herencia de la Guerra Civil está recusada desde que aquellos universitarios de 1956 firmaron un manifiesto en el que hablaron de los hijos de los vencedores y de los vencidos. Empezaron a hablar de la guerra como una inútil matanza fratricida. La Transición no se habría podido realizar si la herencia de la Guerra Civil no hubiera sido recusada.
—¿La conocida como Ley de Memoria Histórica era necesaria para mirar al pasado con el propósito de recuperar señas de identidad supuestamente perdidas?
—Lo necesario era enterrar dignamente a los asesinados que estaban todavía en fosas. Eso se puede hacer con la ley de enterramientos. Habría bastado con que el Gobierno, con la ayuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, atendiera las demandas de exhumación de cadáveres. Algunas cuestiones, que podían estar pendientes, como el que no existan en las calles monumentos conmemorativos de la victoria de unos sobre otros, se podía hacer vía decretos.
—¿José Luis Rodríguez Zapatero se equivocó con esta ley?
—La ley no se enfrenta realmente a los problemas planteados por la sociedad. Los juicios sumarísimos no son nulos sino ilegítimos. La demanda de exhumaciones no la tiene el Estado, sino que está subvenciona a particulares para que la lleven a cabo. El resultado fue decepcionante.
—¿El juez Baltasar Garzón es, a su juicio, competente para investigar el franquismo?
—En realidad, Garzón no investiga el franquismo. Monta su auto sobre investigaciones del franquismo realizadas por historiadores. El juez abre un procedimiento penal, que tiene una característica muy curiosa: los 35 nombrados como posibles culpables de los crímenes que se quieren investigar están muertos. Un muerto ya no puede ser castigado ni enjuiciado ni procesado. La intención de Garzón está en la providencia que dicta de proceder de inmediato a la exhumación de los cadáveres. Él sabía que cuando recibiera los certificados de defunción tenía que cerrar la causa.
—¿La clase política actual ha entrado en un proceso de extrema polarización?
—Ha entrado, porque piensa que es la manera de triunfar en elecciones, no porque la sociedad esté polarizada. Cuando un partido cree que no va a ganar nuevos electores, actúa para que los del contrario desistan de votar al contrario. Se recurre a la retórica de la confrontación.
—¿La sociedad está pidiendo que dejen esa retórica de la confrontación?
—Esto es una evidencia para cuestiones que realmente requieren que los dos grandes partidos, el PSOE y el PP, se pongan de acuerdo. Una gran parte de la sociedad empieza a pensar, según las encuestas de opinión, que los políticos se están convirtiendo en un problema. La última ha sido la actuación del PP en la crisis. No importa que el Gobierno finalmente haya tenido que hacer lo que decía que nunca iba a hacer, pero que era lo que estaban pidiendo. Cuando llega la hora de la verdad, el PP vota en contra. Los conservadores europeos han debido de decir algo a Mariano Rajoy. Es evidente por su abstención a la hora de votar la convalidación en el Congreso del decreto-ley de la reforma laboral.
—Con la crisis económica, hay discretas voces que apuntan a que el modelo de Estado autonómico está agotado.
—La crisis pone de manifiesto que en las comunidades autónomas ha crecido desmesuradamente el gasto, pero no es concebible que demos marcha atrás en el modelo de Estado. Otra cosa es el desarrollo que ha tenido dicho modelo. Se ha intentado forzar la Constitución a base de reformas de estatutos. Ese camino sí que se ha agotado. Ese forzar la Constitución hace que sea precisa, como se decía en 2004, una reforma de la Constitución en el sentido federal. Nos hemos federalizado de hecho, pero no tenemos instituciones que en un Estado federal son claves como, por ejemplo, un Senado federal. A la relación bilateral de cada comunidad con el Gobierno se le añadiría una toma de decisiones conjunta en la que las comunidades y el Gobierno tuvieran su voz y su peso.
—¿Estamos preparados para convertirnos en una España federal?
—De momento, mientras las relaciones de los dos grandes partidos de ámbito estatal estén construidas sobre la confrontación permanente, no veo esa posibilidad. Hace fal ta un acuerdo de Estado. Los partidos políticos deberían primero pactar a tiempo la renovación de los puestos del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o de las comisiones nacionales. No han medido el daño que produce el que no se pongan de acuerdo en esto. Hemos presenciado en los últimos años un deterioro irreparable de las instituciones.
—¿Son necesarias unas elecciones anticipadas?
—No. Sí que me parecería razonable un anuncio, no digo que en este momento, de que el actual presidente no se presentará a una tercera legislatura. Adelantar las elecciones no resuelve nada.
—¿Qué solvencia otorga a los rumores sobre una remodelación del Gobierno con mayor peso de la vieja guardia del PSOE?
—Nada permite pensar que eso vaya a ser así. Las remodelaciones de Gobierno que ha hecho Zapatero nunca han ido por ese camino. En tiempos tan difíciles como éstos, lo que hace plausible ese argumento es que el Gobierno pueda ser reforzado en algunos de sus ministerios por personas que ya no tienen ningún interés político. Por tanto, harían la política que, por muy impopular que fuera, creyeran que es precisa. Gente de la llamada vieja guardia estaría mejor preparada para hacerlo que gente que tiene una carrera política por delante.
—¿Y un gobierno de coalición en una legislatura corta para tomar los grandes acuerdos necesarios?
—Los gobiernos de coalición en un sistema como el español no tienen mucho sentido. En todo caso, un partido mayoritario puede llegar a acuerdos con los minoritarios. El mensaje debe ser el de remodelar el Gobierno, haciéndolo más compacto para hacer frente a la crisis. Que deje claro que el Ejecutivo que se forme es para dirigir la crisis. Si en un año se empieza a ver que las políticas dan resultados, entonces sería el momento de unas elecciones. Lo que se puede adelantar ahora es qué convendría en el resto de la legislatura.
—¿Conviene un Gobierno con menos ministros?
—Sí, más compacto y con ministros más fuertes. Que no se transmita al público la idea de que aquí más que ministros hay una especie de secretarios de Estado del presidente y que éste es el ministro universal.

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