CC 00 y UGT quieren 'blindar' los servicios mínimos por ley antes del 29-S

LA HUELGA DEL METRO DE MADRID ASUSTA

A GOBIERNO Y SINDICATOS

"Vamos a reventar Madrid", dijo, en dos ocasiones, el ex portavoz del Comité de huelga del Metro de Madrid, Vicente Rodríguez. Y casi lo consiguen, con varias jornadas de caos total en la capital, cuyos ecos llegaron hasta fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, nadie, ni sindicatos ni Gobierno ni oposición, quieren que esta huelga se convierta en un anticipo del paro general convocado para el 29-S. De ahí que volviera a abrirse el melón de la famosa, y nunca rematada, Ley de Huelga. Todos coinciden en que hay que hacerla. Pero aquí llegan los matices. Los sindicatos mayoritarios quieren que sea ya, en caliente, con el fin de blindarla huelga de septiembre. El Gobierno, mientras, se lo piensa.

Por E. Moreno

Y el debate, además, llega en un momento clave, cuando faltan poco más de 70 días para que llegue la primera huelga general convocada contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De cara a esa cita, la huelga del Metro de Madrid ha sido toda una lección a no seguir. Aunque por motivos diferentes, ni sindicatos, ni Gobierno—ni siquiera la oposición del PP— quieren que los acontecimientos vividos en Madrid hace unos días sean la antesala del paro del 29S. Y para evitarlo, muchos ya hablan de la necesidad de regular los servicios mínimos, en el marco de la famosa Ley de Huelga, la única Ley Orgánica derivada de la Constitución que, tras décadas y seis huelgas generales después, aún sigue sin aprobarse.

Para los sindicatos, sobre todo CC 00 y UGT, el asunto está claro. "Con la huelga de Madrid las centrales mayoritarias se han pegado un buen susto, señala un economista, ex alto cargo socialista. "Los paros del Metro, por el caos y las tremendas molestias generados, han sido muy impopulares. De hecho, pueden predisponer a los ciudadanos en contra de los sindicatos, con lo que pueden restarles aún más poder de convocatoria de cara a la huelga general de septiembre. Y eso no se lo pueden permitir."

Según los expertos consultados, a CC 00 y UGT no les interesaba para nada la radicalización del conflicto del Metro de Madrid. Las dos centrales, en la actualidad, se encuentran inmersas en el proceso de preparación del paro de septiembre, con concentraciones y paros convocados en diversos sectores y territorios. Se trata de caldear el ambiente —sin pasarse— y crear un clima propicio.

Para ellos, esa huelga debía ser otra etapa de este calentamiento, y una demostración no sólo del poder de convocatoria de los sindicatos, sino también de su capacidad para hacerlo de forma ordenada. En suma, dejar claro que se puede llegar a un equilibrio entre la protesta y los perjuicios a los ciudadanos derivados de ella.

Sin embargo, Metro de Madrid es una compañía en la que CC 00 y UGT, como ocurre en otras empresas del transporte, no tienen, ni mucho menos la última palabra. Ésta está en poder de organizaciones profesionales o incluso funcionales, difíciles de controlar y que no siempre obedecen a motivaciones estrictamente sindicales, por lo menos, en la perspectiva de las mayoritarias. En este caso, la voz cantante en el Metro de Madrid corresponde al Sindicato de Conductores. En cuanto a las tendencias radicales, Solidaridad Obrera se lleva la palma, hasta el punto de que, salvo los tres primeros días de paro, fue la convocante única de muchas de las jornadas de protesta, con el apoyo, eso sí, de los demás sindicatos representados en la empresa. En total, con cinco: el sindicato de Conductores, CC 00, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicato de Estaciones.

De hecho cuando estuvo claro que la huelga se les iba de las manos a los sindicatos profesionales, CC 00 y UGT presionaron a fondo para rebajar el tono. De ahí que se empezaran a respetarse los servicios mínimos. Pero sobre todo, que se relevara, de forma brusca y en pleno conflicto, al portavoz del Comité de huelga del Metro, Vicente Rodríguez, secretario del mayoritario Sindicato de Conductores. Considerado como la cabeza visible del ala más dura y radical del paro, es famosa su frase, repetida en público por lo menos dos veces, de "vamos a reventar Madrid", que no gustó nada en las sedes centrales de CC 00 y UGT.

"Por eso –señala un conocido experto en relaciones laborales– los sindicatos prefieren que se regule cuanto antes el asunto de los servicios mínimos". Una regulación que, para las centrales, tendría doble ventaja. Por un lado, evitar excesos como los vividos en Madrid, y que no hacen sino predisponer en su contra a amplios sectores de la ciudadanía. Pero también y sobre todo, impedir que unos servicios mínimos demasiado rigurosos desluzcan la ya de por sí problemática convocatoria del paro de septiembre.

En la actualidad, al no existir Ley de Huelga, este derecho constitucional se rige por un decreto que data de 1977. Las únicas actualizaciones proceden de las sentencias del Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales. Lo malo es que estas sentencias, que en muchos casos son favorables a las tesis de los sindicatos en lo que a servicios mínimos se refiere, llegan, en la mayoría de los casos, demasiado tarde, con años de retraso, con lo que "el daño está hecho". Un buen ejemplo de ello fue la huelga general del año 2002, en la cual años después la justicia falló que los servicios mínimos decretados para el sector eléctrico habían sido abusivos.
Mientras, el PP se muestra dividido con respecto a la idea de legislar el derecho de huelga. Mientras una parte propugna que hay que hacerlo, pero con calma, otra, que se aglutina en torno a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre –la gran protagonista, aunque no principal perjudicada, de la huelga del Metro– opina que es necesario elaborar la ley cuanto antes.

El Gobierno, mientras, se lo piensa. No en vano, en el año 1993, otro gobierno socialista, el de Felipe González, presentó sin éxito una Ley de Huelga. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, por su parte, ha adelantado que "la aprobación de un proyecto de Ley de Huelga no está en este momento en la agenda del Gobierno". Sin embargo, el Fiscal General del Estado. Cándido Conde Pumpido, es partidario de elaborar la ley para evitar la actual situación "preconstitucional". En todo caso, el Ejecutivo no quiere renunciar sin más a un arma valiosa de cara a la huelga general, como es el tener poder de decisión sobre los servicios mínimos. Un arma básica a la hora de influir sobre el éxito o el fracaso de un paro como el convocado para el 29 de septiembre. •

Servicio esencial 'versus' servicio público

Todos parecen dispuestos, más tarde o más temprano, a legislar sobre la huelga, pero ¿sobre qué bases? La Ley de Huelga, que tampoco existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, tendría como finalidad principal regular los servicios mínimos en caso de conflicto. Yen esta cuestión, el punto fundamental es determinar cuáles son los servicios esenciales, para los cuales los servicios mínimos deben ser mucho más rigurosos.
En nuestro país, lo único que dice la legislación se encuentra, por un lado, en la Constitución, y por el otro, enpúblico
el decreto de 1977. Así, la Carta Magna dice textualmente: "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". El decreto de 1977 sólo menciona que la autoridad podrá determinar las medidas necesarias para "asegurar el funcionamiento de los servicios".

Gracias a esta indefinición, con el tiempo se ha metido en el mismo saco de serviciosesenciales a sectores tan dispares como el eléctrico o la televisión. El frustrado proyecto socialista de 1993 hablaba de 17 sectores que se consideraban esenciales, entre los que estaban la sanidad, la recogida de basuras, los transportes, la radio y las televisiones públicas o los servicios eléctricos.

Muchos expertos se inclinan por poner en marcha un modelo similar al vigente en Italia. Aunque no se trata de una ley, los italianos disponen de un código de autorregulación de estos servicios mínimos que, al parecer, ha funcionado.