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Nº 878 26/4/2010

Roland Gamarra, perito en la querella contra el juez Varela de las asociaciones de Memoria Histórica

"EXISTEN JUECES QUE PREFIEREN LA IMPUNIDAD A LA JUSTICIA"

El abogado Ronald Gamarra, junto a la jueza Cecilia Medina, han sido propuestos como peritos en la querella por prevaricación interpuesta contra los magistrados Luciano Varela y Juan Saavedra por las asociaciones por la Memoria Histórica de Cataluña y Mallorca. Ronald Gamarra es secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, ex procurador ad hoc para casos de corrupción y abogado civil en el juicio contra el ex presidente de Perú Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en abril de 2009. En esta entrevista el abogado Ronald Gamarra nos acerca a los conceptos jurídicos
que sustentan en derecho el buen hacer del juez Baltasar Garzón.


Por Carlos Mallagaray (Santiago de Chile)

De aceptarse la querella de las asociaciones por la Memoria Histórica de Cataluña y Mallorca, Medina y Gamarra deberán sustentar por qué el juez Garzón procedió correctamente al investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, haciendo caso omiso de la amnistía dictada en 1977.
—¿Cómo afronta esta solicitud de las asociaciones españolas para actuar como perito en la querella presentada contra los magistrados Varela y Saavedra?
—Estoy gratamente halagado por la designación que se me ha hecho junto a la Dra. Medina para eventualmente participar como perito en la querella planteada. No tengo más mérito que ser el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. El de ser un hombre particularmente identificado con la causa de los Derechos Humanos y haber sido abogado en el juicio contra el ex presidente Fujimori. Y como todo demó
crata o persona que se preocupa por la promoción y defensa de los Derechos Humanos tengo un sentimiento de identificación con los temas que ha trabajado el juez Garzón, al que reconozco su calidad de pionero en la aplicación de la Justicia Universal para que no haya impunidad tratándose de graves casos de violación de los Derechos Humanos.
—¿Ud. cree que prosperará la querella interpuesta contra los magistrados Varela y Saavedra por las asociaciones por la Memoria Histórica de Cataluña y Mallorca?
—Estoy convencido de que sí. Yo creo que, más bien, ellos prevaricaron al admitir la querella contra el juez Garzón. Y finalmente, estoy sorprendido de que los países no quieran a los jueces que justamente legitiman a su poder judicial, que son independientes, que prefieren el honor y la justicia al pasado vergonzante. Me sorprende mucho eso, incluido España. Más bien, no vaya a suceder como en Perú, donde nosotros cuestionamos a nuestros jueces probos y más bien premiamos a nuestros jueces corruptos.
—¿La Ley de Amnistía de 1977, en su opinión, es aplicable en el derecho interno español?
—Para mí el tema está claro. Una ley que sea contraria a la Constitución y al avance del Derecho Internacional de los derechos humanos, a los pactos internacionales, a las decisiones jurisprudenciales de Cortes de Justicia, evidentemente, es una ley, la Ley de Amnistía, que no puede ser aplicada por ningún magistrado. En ese sentido, los jueces que tienen en cuenta todos estos avances en el Derecho Internacional de los derechos humanos es evidente que no pueden cometer acto de prevaricación en absoluto. Lo que pasa es que muchas veces en la ciudadanía hay un criterio que reduce la ley a una aplicación del Derecho Penal o a leyes especiales, cosa que no es así, por lo menos en los últimos veinte años.
En el tema de las leyes de amnistía, tratándose de graves casos de violación de los Derechos Humanos, en la doctrina, en la jurisprudencia, y particularmente en América Latina, este es un caso que ha sido debatido y resuelto ya hace muchos años. Hay diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjando este debate. Y por ejemplo, en diversas Cortes Supremas, particularmente en la de Perú, han ratificado ese aserto de la Corte Interamericana.
En realidades como la nuestra, Ia de Perú, pese a las dificultades y debilidades de nuestras instituciones democráticas nosotros hemos dado el paso suficiente como para saber que las leyes de amnistía, tratándose de violaciones de los derechos humanos, no tienen ningún efecto, son nulas, y que por lo tanto el juez no las puede invocar para impedir el avance de las investigaciones o para favorecer la impunidad.
—¿Cuáles son los criterios jurídicos aplicables para las leyes de amnistía?
—Permítame decirle que este tema de la aplicación o no de las leyes de amnistía o su superación por los avances en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los derechos humanos que obligan, por cierto, a todos los magistrados españoles como a todos los magistrados del mundo, en el momento de aplicar un criterio u otro no es un debate meramente de interpretación jurídica, de Código Penal o de Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que va más allá de una interpretación legalista y pasiva de la norma, tiene que ver también con la ubicación de los magistrados respecto al desarrollo de la protección de los Derechos Humanos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero también tiene que ver, creo yo, con una postura política. Yo no puedo negarme a eso en el sentido de que hay ciertos nlagistrados que prefieren dejar las cosas del pasado conlo están. Es decir, prefieren la impunidad a la justicia, y es justamente esa orientación, ese sesgo político hacia un lado o hacia el otro el que lleva a algunos jueces a preferir la justicia y a otros la impunidad.
—Para usted este debate jurídico, esta postura del Tribunal Supremo español, ¿significa un retroceso en las libertades?
—Yo creo que sí. Pero primero tengo que reconocer que en las últimas décadas España ha jugado un papel importantísimo en la defensa de las instituciones democráticas no sólo en el interior de sus fronteras, sino en el mundo en general. Reconozco el valor de diversos magistrados que aplicaron en su momento el principio de Jurisdicción Universal y que posibilitaron las investigaciones y se convirtieron en un acicate para que diversos países, particularmente en América Latina, pudieran atreverse a juzgar aquello que hasta ese momento no querían o no estaban en condiciones de hacerlo, es decir, las violaciones de los Derechos Humanos del pasado.
Pero yo lamento que en los últimos años esta campaña que enarbolaba España y que así era visto por los demócratas en el mundo ya no sea más, que haya un retroceso. En todo caso, yo quiero decirle que aquí hay una imagen exterior de España venida a menos, si se quiere, debilitada en los últimos años por alguna orientación política que se está imponiendo sobre los jueces democráticos. No me quiero pronunciar sobre temas en concreto, pero parece evidente que aquellos que incorporan teorías del pasado y que prefieren la impunidad a la justicia tienen que ser descubiertos y denunciados.
—¿Qué le diría a la sociedad y judicatura española en estos momentos?
—Lo primero, que los derechos humanos son derechos de todos, que hay un deber no solo del Estado, sino concretamente del Poder Judicial, y en general de la sociedad civil española en el sentido de velar por el respeto de los derechos fundamentales de la personas, y entender que enfrentarse con el pasado no significa reabrir nuevas heridas sino hacer de España un país más fuerte y más justo.


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