La cantidad de indicios contra Bárcenas era de tal envergadura que su situación se hacía poco menos que insostenible. Las pesquisas del juez Antonio Pedreira, de la Guardia Civil y de la Brigada de Blanqueo de Capitales lo colocaban en el disparadero. En el sumario se establece que la organización corrupta habría entregado al ya definitivamente –su cese, hasta ahora, tenía carácter provisional– ex tesorero nacional del PP diversas cantidades hasta un total de 1.353.000 euros.

Las cosas también estaban feas para el ex militante popular con las declaraciones incluidas entre los 50.000 folios del funcionario de Policía identificado por el número 81.067: “La figura de Luis Bárcenas, por su posición en el organigrama de la organización política, le hacía ser un punto de referencia y conocer a muchas personas que bien ocupaban o iban a ocupar responsabilidades en alguna Administración, y por tanto le hacía acreedor de esa capacidad de influencia sobre determinadas personas que sí tenían esa capacidad decisoria en procesos de adjudicación administrativa”.

También los policías aseguran que en su investigación habían podido establecer “sin ningún género de dudas”, que las siglas L.B. que aparecen constantemente en la contabilidad B de la trama pertenecen a Luis Bárcenas. A lo largo del gigantesco sumario, también se acredita que el cabecilla de la trama empresarial, Francisco Correa, mantenía contacto habitual con Bárcenas, al que, según sus declaraciones, habría hecho entrega de dinero en diversas ocasiones, tanto en el propio domicilio de éste, como en la propia sede central del Partido Popular, donde, de momento, sigue manteniendo un despacho a su entera disposición.

Desde muchos ámbitos del partido, aunque con especial virulencia desde la Comunidad de Madrid, y muy particularmente, la lideresa Esperanza Aguirre, se había solicitado a Mariano Rajoy que tomase cartas en el asunto, y que cesase definitivamente al también senador de su cargo de tesorero nacional y que fuera dado de baja de la formación. Sin embargo, nada de eso sucedía. Tenía que ser el propio Bárcenas el que presentase su dimisión irrevocable –tal y como aseguraba el presidente nacional ante los medios–, y también su baja temporal como afiliado al PP, al igual que había hecho la semana anterior el ex presidente de la Comunidad Balear y también ex ministro de Medio Ambiente en los gobiernos de José María Aznar, Jaume Matas.

Sin embargo, el cargo que se resistía a abandonar era el de senador, sabedor de que, de esta forma no perderá su condición de aforado –algo que Matas sí hizo, y de lo que probablemente ahora se esté arrepintiendo–, y por tanto, su caso habrá de dilucidarse en el Tribunal Supremo, donde la proporción de magistrados propuestos por el PP es muy superior a la de la jurisdicción ordinaria.

Rajoy le agradecía públicamente los servicios prestados, pero no aclaraba si el ex tesorero continuará en el seno del Grupo Popular en el Senado, como tampoco daba explicaciones acerca de si el PP le seguirá pagando el abogado que actualmente le defiende, ni si mantendrá el despacho en la calle Génova que no ha dejado de utilizar en ningún momento. Lo que sí avanzaba el líder de la oposición es que el nuevo encargado de las cuentas nacionales del partido sería el ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, además de apuntar la intención de una inconcreta reestructuración de toda el área económica del Partido.

Eso sí, en esta comparecencia ante la prensa después de dos días de mutismo absoluto, Mariano Rajoy insistía en la tesis oficial de su formación de que lo conocido tras el levantamiento del secreto sumarial no aporta nada nuevo, y que, según su particularísimo criterio, demostraba que no existe una financiación irregular organizada de su partido.

Pero los datos que se van conociendo apuntan en sentido diametralmente opuesto. Los contratos de administraciones públicas con las diversas empresas de la trama corrupta, siempre según lo recogido en el amplísimo sumario, se habrían producido de modo constante y sistemático a lo largo de varios años en las comunidades autónomas de Valencia, Galicia, Castilla-León y Madrid, y en los ayuntamientos de Majadahonda, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Alcalá de Henares –municipios de la Comunidad madrileña–, todos ellos, gobernados por el PP. Del texto también se desprende la existencia de contratos con empresas del tinglado desde el Gobierno central en la época en que Francisco Álvarez Cascos era ministro de Fomento.

Para mayor desazón en el seno del principal partido de la derecha, el levantamiento del secreto sobre esta extensísima parte del sumario ha coincidido con el procesamiento del ex presidente balear Jaume Matas y con la salida a la luz pública de las conclusiones de los peritos judiciales acerca de los ingresos sin justificar del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que según sus conclusiones, ascienden a 5,3 millones de euros.

Para muchos, la conocida como caso o trama Gürtel se ha convertido en la mayor red de corrupción vinculada a un partido político en toda la historia de la democracia en nuestro país. Los dirigentes del Partido Popular han tratado de echar balones fuera introduciendo la comparación con lo acontecido con el caso Filesa, que en los años 80 afectara al Partido Socialista. Pero cuantitativamente, un caso y otro resultan incomparables. Mientras que en Filesa las condenas se redujeron a tres –un senador, un diputado autonómico y una ex coordinadora de finanzas–, y los fondos ilegales detectados alcanzaron unos siete millones de euros; en la trama Gürtel hay, de momento –puesto que en el propio sumario se advierte de que las investigaciones no han concluido, y se apunta a que muy probablemente el número de acusados se incrementará en el futuro– 72 personas imputadas, de las cuales, 16 son altos cargos del Partido Popular. Y eso sin contar con los cuatro imputados en Valencia (Camps, Costa, Betoret y Campos), cuya causa fue archivada por el juez más que amigo Juan Luis de la Rúa. En cuanto al dinero que ha movido esta maquinación empresarial, aún sin tener los datos exactos, el juez ha tenido que fijar fianzas por importe de más de 200 millones de euros en concepto de caución de responsabilidad, es decir, en cantidad suficiente estimada para poder hacer frente a las cifras que hubieran obtenido de modo ilícito.

El levantamiento del secreto de sumario no ha afectado a 15 comisiones rogatorias que los jueces han enviado a ocho países –algunos, auténticos paraísos fiscales– para averiguar si la trama ha llevado parte de su dinero a cuentas de bancos ubicados allí. Sí se conoce que la respuesta enviada por Suiza confirma que Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia, y Francisco Correa, cabecilla del entramado de empresas corruptas, han depositado en este país 21 millones de euros en diversas cuentas bancarias.

El modus operandi resultaba sencillo y no era original, aunque sí parece que muy efectivo: la componenda empresarial de Correa, mediante el pago de comisiones o la entrega de regalos –algunos escandalosamente caros y ostentosos– conseguía que los cargos públicos del PP en las diferentes administraciones les adjudicasen a dedo infinidad de contratos de servicios. También se habían especializado en ejercer de intermediarios entre los políticos y otros empresarios para conseguir para éstos otros contratos o adjudicaciones de obras o suelo público, en el caso de la construcción, siempre, claro está, a cambio de una mordida que podía variar en los porcentajes del total de lo adjudicado. En según qué casos, parte o el total de esta coima podría regresar a las arcas del partido.

Pese a que el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba recientemente la mayor parte de las escuchas ordenadas por el primer instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la parte gruesa de la trama podía ser investigada por la intervención policial de un pen drive en posesión del contable de la tramoya empresarial de Correa, José Luis Izquierdo, que contenía la práctica totalidad de la contabilidad B de todas las operaciones, prácticamente desde el mismo comienzo de sus actividades corruptas. En este fundamental documento informático, además de las anotaciones de cada asiento, y de poner de manifiesto el continuo empleo de la doble contabilidad, también figuraban los nombres de la práctica totalidad de los imputados. En una de las grabaciones que ha sido anulada, aunque, en su momento, filtrada a la prensa, Francisco Correa expresa su perplejidad y su frustración cuando comenta a su interlocutor que sin ese pen drive “no tendrían nada”.

Como primer efecto político de lo conocido a través de tan voluminoso sumario, el Partido Socialista ha exigido la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en la Comunidad valenciana, mientras que la federación madrileña del PSOE ya ha anunciado que sus servicios jurídicos están preparando sendas querellas contra 45 altos cargos del Partido Popular en la Comunidad presidida por la lideresa Aguirre, a la que acusan de mantener una estructura de corrupción transversal que afecta a todas las consejerías de su gobierno.

Las Autonomías más involucradas

Se da la paradoja de que, aunque la pieza del caso Gürtel que quedaba a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia era declarada hace unos meses como causa archivada por el juez –Juan Luis de la Rúa– a quien el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, había considerado en público “más que amigo”, y que, a pesar de ello, no se inhibió en el caso; los contendidos ahora revelados en las 50.000 páginas del sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí contienen múltiples y serios indicios de una posible financiación irregular del PP en esa comunidad, y de la adjudicación de múltiples y multimillonarios contratos por parte del Govern de Camps a las empresas de la trama corrupta.

Del mismo modo surgen evidencias del paso de Gürtel por Galicia –uno de los cabecillas, y junto a Correa, el que ha de depositar la fianza más alta, es Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia–, por la Comunidad de Madrid, y por la Comunidad de Castilla-León.

La red valenciana. El juez Antonio Pedreira recoge en el tomo número 60 del sumario todas las pruebas halladas por la investigación judicial en relación a la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad valenciana, que podría haber desembolsado, según los documentos que aparecen en el sumario, hasta 6,3 millones de euros por actos electorales en dinero negro. También figuran las facturas de Orange Market, la empresa de la trama corrupta que hacía los actos del PP, que acreditarían una financiación ilegal de la actividad de la formación política que preside Francisco Camps, a través de cinco empresas contratistas de la Generalitat Valenciana: Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos, FACSA y PIAF. En esta misma línea, el Gobierno de Francisco Camps respondía el pasado 12 de junio a un requerimiento del juez Pedreira que había contratado con siete empresas de la trama corrupta además de con Orange Market, a cuya cabeza se encuentra Álvaro Pérez, alias “el Bigotes”,  y que llegó a facturar casi siete millones de euros en la Comunidad Valenciana pese a que carecía de experiencia, ya que la empresa fue crada específicamente para hacer negocio en ese territorio. Otras empresas integradas en la tramoya corrupta beneficiadas con contratos del Gobierno de Francisco Camps, por cantidades superiores a los 300.000 euros, son Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen.

En la parte del sumario ahora desvelada, el juez entiende que existe una vinculación directa de la trama con responsables del PP valenciano y con el Gobierno de la Comunidad. El texto se refiere a pagos en dinero negro: “La facturación de Orange al cliente Partido Popular es dual”. Esto significa que de los actos ejecutados se realiza una doble facturación, “una real”, que queda plasmada en la factura formal emitida por la empresa al PP valenciano con el IVA, y otra parte del coste del servicio prestado cobrado fuera de factura. La trama denominaba a la facturación legal “Alicante”, en referencia al dinero A, y otra, la de dinero B, denominada “Barcelona”. El auto concluye que para la financiación de la deuda A, se cambió el nombre del cliente, “que pasa de ser Partido Popular de la Comunidad Valenciana o el Partido Popular de Castellón” a ser empresas privadas: Ortiz e hijos contratistas de obras, S.A y Pacsa.

En el sumario también consta que “existe una financiación” de actos del PP valenciano por parte de empresarios mediante donaciones que no ingresan en la cuenta corriente del partido. Todos estos empresarios habían sido adjudicatarios de contratos y obras con la Administración valenciana. En esta parte del texto se destaca el papel de Ricardo Costa: “Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero(...). Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación”.  A este modus operandi, el sumario lo denomina “financiación irregular”.

Pero este esperado texto judicial revelaba más sorpresas que afectan directamente a numerosos altos cargos del Gobierno de Francisco Camps, y a él mismo. El sumario desvela que nada menos que ocho consellers del Gobierno valenciano y otros altos cargos de otras administraciones, como Rita Barberá, Carlos Fabra, Ricardo Costa y Adela Pedrosa y varios miembros de los gabinetes de prensa recibieron decenas de regalos por parte de los cabecillas del entramado Gürtel.

La empresa Orange Market enviaba todas las Navidades decenas de obsequios a los máximos dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Los consellers afortunados son el actual titular de Industria y vicepresidente primero del Ejecutivo de Camps, Vicente Rambla; el portavoz popular en Cortes y titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco; el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora; y los responsables de Sanidad, Bienestar Social, Turismo y Justicia. Fuera del Gobierno también consiguieron premio la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que recibió un bolso, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, obsequiado con un reloj, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y la ex secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa. La esposa del presidente de la Generalitat valenciana también recibía lo suyo: bolso de Loewe valorado en 750 euros. Para sus hijos, unos videojuegos y una maleta. Pero el regalo más costoso estaba destinado a la consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, quien les otorgaba las adjudicaciones de Fitur. Para ella fue un reloj de 2.400 euros. A Ricardo Costa le regalaron una maleta de Loewe de 1.130 euros y a Juan Cotino, un chaqueton de Milano.

Madrid y Fundescam. El sumario también hace referencia expresa a las actuaciones de la red en la Comunidad madrileña. En las páginas 136 y 137 del tomo 60 –en el que también se pormenorizan los hechos en la Comunidad valenciana– explica el mecanismo de funcionamiento. Special Events, una empresa administrada por Pablo Crespo –ex dirigente del PP gallego y número dos de la trama de Correa– organizaba los actos electorales del PP en la comunidad y, en lugar de que los pagos los realizase el propio partido, eran efectuados por una fundación denominada Fundescam para, supuestamente, eludir la normativa legal que impedía usar esa entidad para abonar gastos electorales. Los documentos hallados reflejan el uso de doble contabilidad, en una columna aparece el concepto que se puso en la factura y, en la otra, el verdadero uso que se dio a ese dinero, que no es otro que efectuar el pago de los gastos de las campañas del PP de Madrid.

En el extenso texto judicial también se pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid adjudicó 367 contratos a las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008, según la propia información remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el Gobierno regional. Los pagos por los eventos contratados (galas, entregas de premios, visitas de la presidenta, casetas) ascienden a 3.189.565 euros. El técnico judicial concluye en el informe incluido en el sumario que casi un tercio de los contratos (105) vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. El importe total de las facturas de estos 105 contratos suma 1.154.612 euros. El técnico también denuncia una práctica habitual entre la Comunidad de Madrid y algunas de las empresas de Francisco Correa (Diseño Asimétrico, Good & Better, Easy Concept y Servimadrid). El Gobierno regional troceaba los contratos en diferentes facturas inferiores a 12.000 euros, cantidad límite para evitar el imprescindible concurso público de la adjudicación. El informe acusa al Gobierno de Aguirre de utilizar “de forma intencionada” y reiteradamente ese fraccionamiento en las contrataciones.

Según el mismo técnico judicial, otra fórmula utilizada consistía en contratar un evento mediante negociado sin publicidad. Así, la Administración invitaba a determinadas empresas sin publicar la convocatoria en el boletín oficial. Para la Feria Integra Madrid 2008, la Consejería de Inmigración y Cooperación solicitó ofertas a tres empresas. Todas pertenecían a un mismo grupo, al entramado de Correa, lo que también va en contra de la normativa sobre contratación.

Entre las 50.000 páginas del sumario se ha incluido un informe que había llegado al juzgado el 15 de julio de 2009, en el que se presta atención a la costumbre de decretar la “urgencia” en múltiples convocatorias de adjudicaciones de contratos. Según reza el texto: “No está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor, por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia”. En otro momento, el redactor amplía y se reitera en sus argumentos: “Ha habido un fraccionamiento intencionado del objeto del contrato, tramitando al menos 15 contratos menores por razón de su cuantía con el fin de no utilizar los procedimiento de contratación (Negociado o Abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.

En Castilla y León el asunto va de obras. El sumario también se ocupa de los trabajos de la red en la Comunidad de Castilla y León. El texto judicial incorpora un informe de la Agencia Tributaria, de junio de 2009, en el que se desvela que el ex portavoz adjunto del PP en el Congreso y todavía diputado Jesús Merino se embolsó 8,44 millones de euros procedentes de una docena de empresas entre 2002 y 2008. Según el mencionado informe, la mayoría de estas empresas de varios sectores, como construcción, energía o servicios optaba a contratos públicos en Castilla y León. Merino fue vicepresidente de esta comunidad hasta 1999. Hacienda le relaciona con cinco consultorías, además de la sociedad de inversión Astrolago, de la que es socio junto con Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, y Jesús Sepúlveda, ex hombre del aparato del partido y alcalde de Pozuelo hasta su imputación en la trama Gürtel. Merino y su esposa son accionistas mayoritarios –prácticamente al cien por cien– de otras cinco sociedades: Serrano 50 Global Consulting, Algaba Consultores, Dolthins, Everland y Fuentelavanda. Según el sumario, los clientes de estas firmas se repiten constantemente. Un caso concreto: el Grupo Ortiz pagó a estas empresas 1,4 millones de euros  repartidos en 375.000 euros a Algaba, 202.000 a Dolthins y 900.000 a Everland. Otro caso es Fomento Territorial, que abonó 1,2 millones entre Serrano 50 Global Consulting y Everland. Otro más, el grupo Ros Roca, que pagó 300.000 euros a Serrano 50 Global Consulting y Fuentelavanda. Siempre según el informe de la Agencia Tributaria que aparece en el sumario, la mayoría de empresas que pagó por sus servicios optaba a contratos público, casi siempre en Castilla y León. Ese mismo informe advierte de que Everland pagó 400.000 euros a empresas sin actividad real conocida, una de las cuales es una “presunta emisora de facturas falsas”, apuntando indicios de un fraude fiscal que podría superar los 600.000 euros.

El jugoso sumario hace referencia a otro posible caso de corrupción en esta comunidad. Las obras de la variante de Olleros de Alba (León) que el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago (PP), adjudicó a la empresa Teconsa, implicada en la trama Gürtel, tuvieron un sobrecoste del 23 por ciento. El presupuesto inicial de 2,8 millones se convirtió en 3,5 millones al finalizar la obra, con un año de retraso, según un informe de la Fiscalía Anticorrupción incorporado al sumario. La policía hace constar sus sospechas de que parte de la comisión que Teconsa podría haber abonado a Correa, podría haber recalado en los bolsillos de Fernández Santiago y Luis Bárcenas. Teconsa, que podría estar integrada en la trama de empresas corruptas, fue la adjudicataria de los trabajos de sonido durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica, Canal 9, dirigida por Pedro García –amigo del jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez–, le adjudicó ese contrato por el que percibió seis millones de euros, de los que la mitad habrían ido a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no realizó el servicio, sino que subcontrató los trabajos a firmas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero proporcionado por la televisión valenciana.

Los políticos del PP implicados

- Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria.

VALENCIA

- Francisco Camps, presidente del Gobierno valenciano.

- Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

- Ricardo Costa, diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano.

- Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano.

- Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

- Pedro García, ex director general de Canal 9.

MADRID

- Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes autonómico y ex concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

- Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico en Madrid y ex alto cargo de la empresa municipal del suelo de Arganda del Rey.

- Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey.

- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración.

- Alfonso Bosch, diputado autonómico y ex alto cargo municipal de Boadilla.

- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla.

- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda.

- Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo.

CASTILLA Y LEÓN

- José Manuel Fernández Santiago, presidente del Parlamento autonómico y ex consejero de Fomento.

GALICIA

- Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia.

Cifras clarificadoras

EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA

- Francisco Correa:    38,5 mill. de euros

- Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros

- Arturo González Panero:    642.000 euros

- Pablo Crespo:          539.120 euros

- Ginés López:           534.000

- Jesús Sepúlveda:     455.000 euros

- Tomás Martín Morales:       450.000 euros

- Alberto López Viejo:          352.000 euros.

- Benjamín Martín Vasco:     340.000 euros.

- Álvaro Pérez:           330.833 euros

- Alfonso Bosch:       250.000 euros

Total:   43.200.000 euros

LAS FIANZAS ESTABLECIDAS POR EL JUEZ

- Pablo Crespo:          85 mill. de euros

- Francisco Correa:    85 mill. de euros

- Ramón Blanco Balín
(ex vicepresidente de Repsol-YPF):  30 mill. de euros

- Carmen Rodríguez Quijano
 (esposa de Correa):    800.000 euros

- Álvaro Pérez (El Bigotes): 650.000 euros

Total:   201.450.000 euros