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Nº 874 - 29 de marzo de 2010

La nueva ley del Parlamento andaluz reabre el debate sobre la eutanasia

Muerte digna en España

El Parlamento de Andalucía aprobaba por unanimidad hace poco más de una semana la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, más conocida como Ley de Muerte Digna. Es la primera de estas características que se aplicará en territorio español, aunque los llamados ‘testamentos vitales’ ya están regulados en todas las autonomías, con muchos contenidos similares a la norma que acaba de ver la luz verde. Pese a que, por el momento, ninguna otra autonomía ha expresado su disposición a tramitar un texto similar, y desde el Gobierno se sostiene que tampoco se va impulsar una ley nacional con este contenido, la posición tomada por los parlamentarios andaluces vuelve a introducir el debate sobre la eutanasia en nuestro país.

Por Pedro Antonio Navarro

Casi coincidiendo con el tercer aniversario del fallecimiento de la andaluza Inmaculada Echevarría (14 de marzo de 2007), el Parlamento Andaluz votaba por unanimidad la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, conocida como Ley de Muerte Digna.

Inmaculada Echevarría fallecía en el Hospital San Juan de Dios de Granada, donde había sido trasladada desde el Hospital de San Rafael, lugar en el que había sido atendida durante los últimos diez años de su vida. El motivo del cambio fue que la dirección de este último centro sanitario, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, solicitaba el traslado atendiendo a una petición hecha por el Vaticano. Inmaculada, paralítica prácticamente integral –sólo tenía movimiento en los dedos de las manos y en los músculos de la cara– a causa de una distrofia muscular progresiva, veía cumplirse su deseo expresado desde hacía años de ser desconectada del respirador que la mantenía, según sus palabras, “artificialmente con vida”. En los últimos momentos, junto a ella estuvieron los médicos y el personal sanitario que la venían atendiendo estos últimos años.

Con la aprobación de la reciente norma, ningún centro médico, público, privado o religioso podrá negarse al obligado cumplimiento de las garantías para esta clase de enfermos.

La ley andaluza es la primera en nuestro país que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden. La norma reconoce el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar su voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. La ley, redactada con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, reconoce igualmente el derecho a recibir o no, si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados. La persona afectada podrá, del mismo modo, rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar sus decisiones, hasta el punto de que el sanitario no podrá imponer sus opiniones personales, morales o religiosas. Los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica. La ley también regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.

La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria quedan garantizadas, ya que el paciente podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.

Para subsanar cualquier conflicto o diferencias en la interpretación de la norma, todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados, tendrán un comité de ética de carácter consultivo.

Uno de los aspectos de la norma que más ha dado que hablar es que niega el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos y personal sanitario. Para los impulsores de la ley, PSOE e Izquierda Unida, está claro que la regulación de la objeción de conciencia es de exclusiva competencia estatal y, además, argumentan que “no cabe la objeción”, puesto que se trata de respetar el derecho fundamental del paciente, y que es una norma de “buenas prácticas médicas”.

Esa opinión es compartida por Luis Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, y el anestesista jefe del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), que fue apartado de su puesto por la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras las denuncias falsas que se presentaron en su contra sobre sedaciones irregulares que hipotéticamente habrían acelerado la muerte de cuatro pacientes –los jueces sólo investigaron estos cuatro casos, sobre más de 400 denuncias y, finalmente eliminaron todos los cargos contra Montes y su equipo-. Montes sostiene al respecto de la posible objeción de conciencia a esta ley que “éticamente, es una buena práctica médica. ¿A qué se objetaría?”. Para él, si un médico infringiese esta norma podría estar cometiendo un “delito de lesiones por omisión”.

Sin embargo, este aspecto de la ley es el que ha llevado al Partido Popular a posicionarse en contra en tres de los 33 artículos de la norma, que admitió dos enmiendas presentadas por el PP –fueron rechazadas otras 27-. En concreto, los populares, que sí han dado su voto favorable en su conjunto, rechazaban los artículos 18 y 21, relativos a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden al paciente ante el proceso de la muerte, y también estuvieron en contra del artículo 27, que hace referencia a la composición de los comités de ética que habrá en cada hospital.

La regulación de la objeción de conciencia venía siendo reclamada por parte de algunos colectivos desde hace meses, cuando se iba conociendo el contenido del texto aprobado el 17 de marzo. Ya el pasado mes de noviembre, e presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Andalucía, Juan José Sánchez, reclamaba la inclusión de esta regulación. Paradójicamente, y pese a esta diferencia, la ley ha sido bien acogida por los representantes de los médicos colegiados.

Por el otro lado, Izquierda Unida, que ha brindado su apoyo total a la norma, ha planteado que en caso de haberse introducido este derecho de objeción, “con toda probabilidad” se habría opuesto a su aprobación en esos términos.

La Iglesia católica ha quedado en una posición de ambigüedad en este caso. Los obispos de Andalucía valoran “positivamente” una regulación “a favor de la humanización del proceso de la muerte”, pero, acto seguido hablan del riesgo de que se esté amparando una “eutanasia encubierta”, hasta llegar a cuestionar la raíz misma, el espíritu y la intención final de la ley, cuando afirman que “la autonomía personal nunca puede llegar a justificar decisiones o actos contra la vida humana propia o ajena”.

La Junta de Andalucía ha dejado claro que no habrá regulación de la objeción de conciencia, y que el régimen sancionador de la Ley de Muerte Digna se regirá por el que ya recoge la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Lo aprobado en Andalucía vuelve a reabrir el debate sobre la eutanasia en nuestro país. Casos como el de la mencionada Inmaculada Echevarría, o el más famoso del tetrapléjico Ramón Sampedro, están en el origen de una legislación que va dando pasos paulatinos hacia la regulación de la muerte asistida para evitar el sufrimiento.

El ‘caso Severo Ochoa’. Lo acontecido en el Hospital Severo Ochoa de Leganés es un buen ejemplo de lo que no habría ocurrido en caso de que estos aspectos contasen con una regulación más clara. La auténtica cacería desatada contra el jefe del servicio de Urgencias de este centro médico, Luis Montes, por parte del entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, generó no sólo graves consecuencias profesionales y emocionales para los médicos afectados –a montes se le calificó de ‘nazi’ en la emisora de radio de la conferencia Episcopal (razón por la que todavía quedan pendientes varias demandas del facultativo por calumnias y difamación contra varios de los periodistas de la COPE y contra el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez)-, sino que, a partir de ese proceso, muchos pacientes fallecieron con dolor en ese hospital, dado que los médicos tenían miedo de ser denunciados si aplicaban sedaciones y cuidados paliativos. La historia comenzaba en marzo de 2005, cuando una ‘llamada anónima’ acusó a los médicos del nosocomio de haber cometido 400 homicidios en pacientes terminales. Ocho días después, tras haberse estudiado los expedientes, se concluyó que debería ahondarse sólo en 25; con celeridad se destituyó al doctor Luis Montes. Con el paso de los meses se solicitó la opinión de la fiscalía de Madrid, de un grupo de expertos, del Colegio de Médicos de Madrid y, finalmente, se concluyó, en junio de 2006, que cuatro sedaciones fueron calificadas como contraindicadas; este último punto fue rebatido por expertos en cuidados paliativos, quienes aseveraron que “no hay una dosis de calmantes máxima fijada en ningún protocolo ni, mucho menos, en una ley”. El 22 de junio de 2007 el caso del hospital Severo Ochoa fue sobreseído. Pero el daño ya estaba hecho.

Desde Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y otros grupos de la izquierda parlamentaria –incluso en el propio seno del PSOE- se reclama que el Gobierno legisle para regular y despenalizar la eutanasia, tal y como recogía el mismo programa electoral socialista en 2004, pero la respuesta desde el Gabinete es que ese asunto ahora ‘no toca’, probablemente, pensando en la cantidad de frentes que ya tiene abiertos el Ejecutivo, tanto con el PP, como con la jerarquía de la Iglesia católica.

Sin embargo, la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte vuelve a poner sobre el tapete esta cuestión, cuando el 67 por ciento de los españoles se declaran partidarios de la eutanasia. Este asunto también demuestra que existe una división interna al respecto en las filas del PP, que ha optado por apoyar la norma en el Parlamento Andaluz, pero tratando de introducir ciertas enmiendas que podrían ‘contentar’ a sus militantes más conservadores.

La legislación autonómica

La ley aprobada por el Parlamento Andaluz es la primera de estas características que entrará en vigor en una comunidad autónoma de nuestro país. Sin embargo, otras normas anteriores ya hacen referencia a las voluntades de los enfermos y a la promoción de una muerte sin dolor y a la no extensión innecesaria del sufrimiento del paciente. En todas las comunidades autónomas está regulado por ley el denominado testamento vital. Cataluña fue la primera autonomía en regular este derecho a través de la ley 21/2000 de 29 de diciembre. Todas las comunidades tienen regulada por ley este documento que se denomina instrucciones previas, voluntades anticipadas y manifestaciones anticipadas de voluntad. También en todas ellas existe un Registro Oficial de Testamentos Vitales.

En Andalucía, con anterioridad a la nueva norma, quedaba regulado por la Ley 5/2003; en Aragón, por la Ley 6/2002; en Baleares por la Ley 5/2003; en Canarias, por el decreto 13/2006; en Cantabria, por la Ley 7/2002; en Castilla-La Mancha, por la Ley 6/2005; en Castilla y León, por la Ley 8/2003; en el País Vasco, por la Ley 7/2002 y el Decreto 270/2003; en Extremadura, por las leyes 10/2001, 3/2005 y 6/2005; en Galicia, por las leyes 3/2001 y 3/2005; en Madrid, por la Ley 3/2005, Ley de Ampliación 3/2005 y el Decreto 15/2006; en Murcia, por el Decreto 80/2005; en Navarra, por las leyes forales 11/2002 y 29/2003; en La Rioja, por la Ley 9/2005; y en la Comunidad Valenciana, por la Ley 1/2003.

A nivel estatal está recogido en la Ley General de Sanidad 41/2002 y por el Real Decreto 124/2007.

Sin embargo, a día de hoy no parece que ninguna de las autonomías tenga intención de secundar los pasos de la andaluza. La consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Merina Geli, asegura que “no se ha planteado una modificación legislativa porque hicimos el documento de voluntades anticipadas y ha funcionado bien. Somos la autonomía con mayor número de personas que accede a este documento. Tenemos una larga tradición en el desarrollo de los cuidados paliativos y dispositivos para que los pacientes puedan morir en casa y estar acompañados”.

Algo similar sucede en la comunidad Valenciana. Su consejero de Sanidad, Manuel Cervera, cree que las voluntades anticipadas “están muy desarrolladas dentro de la Ley de Derechos de Información del Paciente y más de seis mil personas han hecho testamento vital. Todo lo que se circunscribe a esta materia está ya regulado”.

Lo mismo pasa en la comunidad de Madrid, desde donde sostienen que “ya hay bastantes artículos y leyes que dan a las personas capacidad para elegir y decidir cómo quieren ser tratadas en su vida y en los momentos próximos a su fallecimiento. Hay una Ley de Autonomía del Paciente que en su artículo sobre voluntades anticipadas deja claro que el enfermo es absolutamente libre para decidir en un momento final si quiere ser o no reanimado”.

En Murcia también comunican que “no hay un proyecto para una ley de muerte digna en esta comunidad, y aunque el anteproyecto andaluz es una posible vía creemos que las leyes vigentes en materia de voluntades anticipadas y cuidados paliativos son suficientes”. Mientras, en Galicia , mantienen que está suficientemente regulado mediante el registro de voluntades y las disposiciones sobre cuidados paliativos. En Navarra y La Rioja tampoco hay nada previsto y, por su parte, en Cantabria aseguran que “por ahora no nos planteamos ninguna actuación más en este ámbito”.

Donde tampoco parece que se vaya a producir ningún movimiento de ficha es en la Administración central. Sostienen desde el Gobierno que no tienen en agenda la elaboración de una normativa similar a nivel nacional, ya que consideran que en asuntos de conciencia se requiere de un amplio consenso social. Desde la bancada de la izquierda, sin embargo, se reclama una iniciativa en este sentido e incluso que se plantee la posibilidad de despenalizar y regular la eutanasia.

Pese a las resistencias, este asunto estaba incluido en el Programa electoral del PSOE en 2004. En la página 34, bajo el epígrafe ‘La democracia de los ciudadanos y ciudadanas. La España plural. La España constitucional’, los redactores del texto incluían el siguiente párrafo: “: “Promoveremos la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor”.

Cómo es un testamento vital

En un documento de Voluntades Anticipadas –conocido genéricamente como Testamento Vital– se expresa la propia voluntad sobre las atenciones médicas que se desea o no desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que haya llevado a la persona a un estado que le impida expresarse por sí mismo. Cualquier ciudadano puede realizar su propio documento con las indicaciones y razonamientos que considere pertinentes, pero la Asociación Federal por el Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) ha elaborado un modelo estándar para facilitar este trámite, y en el que constan los elementos básicos que han de incluirse en una declaración de este tipo con pleno valor legal.

El documento privado de testamento vital puede firmarse ante notario o ante tres testigos. Dos de ellos no pueden ser familiares en segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante. El modelo de AFDMD está preparado para la firma con testigos. En los modelos oficiales de las comunidades autónomas se firmará generalmente ante un funcionario público. La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente propone que se añadan las siguientes instrucciones:

1.- Deseo finalizar mi vida con una limitación del esfuerzo terapéutico, evitando todos los medios artificiales, tales como técnicas de soporte vital, fluidos intravenosos, fármacos (incluidos los antibióticos), alimentación artificial (sonda nasogástrica) o cualquier otro tratamiento que pueda prolongar mi supervivencia.

2.- Deseo unos cuidados paliativos adecuados al final de la vida, que se me administren los fármacos que palien mi sufrimiento y aquellos cuidados que me ayuden a morir en paz, especialmente –aún en el caso de que pueda acortar mi vida– la sedación terminal.

3.- Si para entonces la legislación regula el derecho a morir con dignidad mediante eutanasia activa, es mi voluntad morir de forma rápida e indolora de acuerdo con la lex artis ad hoc.

Existe también la posibilidad de nombrar un representante. La asociación recomienda que la persona elegida como tal sea alguien que comprenda lo mejor posible los deseos, valores y motivos que sustentan las decisiones sobre el final de su vida de quien suscribe este tipo de testamentos vitales, para cuando el firmante no pueda expresarse por sí mismo. Además, ha de ser una persona dispuesta a luchar para que se cumplan las instrucciones dejadas en el documento en caso de incumplimiento por parte de sus médicos o allegados.

También existe la posibilidad de nombrar un segundo representante –un sustituto–, por si el primero se encontrase ausente, hubiese fallecido o por alguna otra razón no pudiese cumplir su cometido.

Es conveniente que se repartan copias del documento al representante, en caso de tenerlo, y a otras personas de confianza, incluido el médico de cabecera, si es posible. Es prudente dejar indicaciones sobre dónde localizar el documento por si surgiera un accidente o enfermedad súbita que hiciera imposible comunicar el lugar donde se ha depositado.

La AFDMD tiene abierto un Registro de Testamentos Vitales para sus socios desde 1996. En la tarjeta de socio se añade el número de registro para facilitar su localización. Los allegados o representante del interesado podrán contactar con la asociación y recabar asesoría sobre como actuar en casos conflictivos.

El documento de Voluntades Anticipadas-Testamento Vital puede ser anulado en cualquier momento, simplemente rompiéndolo, aunque debe hacerse también con las copias que se hayan entregado, y es aconsejable también, en este caso, declarar el cambio de opinión por escrito u oralmente ante testigos.

La eutanasia en el mundo

Nuestro Código Penal considera delito la ayuda necesaria para la eutanasia y el suicidio asistido. El artículo 143 del Código tipifica la inducción al suicidio en el punto 1; en el punto 2, la cooperación necesaria, y en el punto 3, la cooperación hasta el extremo de causar la muerte, con penas de entre seis y diez años de prisión. Pero en el punto 4, se establece una reducción de uno o dos grados en la pena para  “el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. En este caso “será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”. En la práctica supone que, caso de que la persona imputada en la comisión de este “delito” careciera de antecedentes penales, la pena que le resultaría impuesta (menor de tres años), no implicaría su entrada en prisión.

En el ámbito de la Unión Europea sólo existen dos naciones donde la eutanasia –también la activa- está completamente despenalizada: Bélgica y Holanda. En esta última, la ley fue aprobada en abril de 2002, con unas condiciones muy estrictas. El paciente ha de padecer un sufrimiento inaguantable, debe haber pedido reiteradamente la aplicación de la eutanasia y también debe expresar de modo directo su deseo de morir. Según esta normativa, el médico debe controlar el proceso de la muerte del paciente y redactar un completo informe. En el caso belga, se aprobó en mayo de 2002, con condiciones muy similares a las de Holanda, pero se está debatiendo la introducción de una ampliación para extender el derecho a los menores que sufran una enfermedad incurable.

Pese a que en Estados Unidos no existe una regulación federal, la Corte del Circuito de Apelaciones ha fallado en diversas ocasiones contra legislaciones que penalizaban la ayuda a una muerte digna. Así, en marzo de 1996, este tribunal declaraba inconstitucional una ley que criminalizaba a los médicos que ayudaran a morir a pacientes terminales. De nuevo sucedía lo mismo en abril de ese mismo año. La sentencia incluía un párrafo que explicaba que “cuando los pacientes no pueden perseguir la libertad o la felicidad, y no desean tener la vida, el rigor del Estado para mantenerlos vivos es menos obligatorio (...) Un competente mental, el adulto enfermo terminal, habiendo vivido aproximadamente toda su vida, desea la libertad de elegir una muerte humana y dignificada, en vez de ser reducido al estado de un niño”. En el Estado de Oregón existe una ley de eutanasia desde 1994.

El Territorio Norte de Australia también ha legislado permitiendo la eutanasia activa bajo cuidadosos controles, desde mayo de 1995. En Dinamarca, la ley autoriza al paciente que sufre una enfermedad incurable a decidir por sí mismo el cese del tratamiento. Desde el 1 de octubre de 1992, en caso de enfermedad incurable o de accidente grave, los daneses pueden hacer un ‘testamento médico’, que los facultativos deben respetar. En Suecia, la ‘ayuda al suicidio’ es un delito despenalizado.

En Alemania, la administración de un medicamento mortal es considerado un homicidio. Según el tribunal de apelación de Francfort, la eutanasia sólo puede ser decidía por un tribunal tutelar y si corresponde sin ambigüedades a la voluntad del paciente.

En América Latina, el Tribunal constitucional de Colombia admitió en mayo de 1997 la práctica de la eutanasia para los enfermos en fase terminal que la reclaman expresamente.

En 1998, el gobierno de China autorizó a los hospitales a practicar la eutanasia para los pacientes en fase terminal de una enfermedad incurable, mientras que en Filipinas, un ley vigente desde 1989 permite el retiro de “respiradores o cualquier otro sistema para conservar la vida” a petición de los parientes 30 días después que éstos hayan sido notificados por un doctor de que no hay esperanza de que el paciente se recupere.

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