por Carlos Berzosa

Hay dos temas que de un modo periódico se discuten en nuestro país. Uno de ellos es el del mercado laboral y otro el de las pensiones. A veces llega a ser un poco cansino el asistir a unos debates, que son fundamentales, en los que se repiten, sin embargo, siempre los mismos argumentos por las partes que mantienen esa controversia. A pesar de que se han hecho reformas tanto en el mercado laboral como en la financiación del sistema público de pensiones, no parece que se haya llegado a una situación óptima que permita un cierto consenso. Y eso que desde que en 1985 se cambió la base reguladora del sistema de pensiones, o desde que se ratificó en Pacto de Toledo en 1995 han gobernado tanto el PSOE como el PP. A veces parece olvidarse que el PP ha gobernado durante ocho años, y durante ese tiempo no realizó las reformas que ahora propugna, tampoco las que defiende la patronal que se encuentra tan cercana a sus posiciones ideológicas.

En todo caso, comprendo que se tienen que realizar cambios, tanto en el mercado laboral como en la financiación del sistema público de pensiones, pues la realidad es cambiante. Pero también hay que subrayar que en estos debates se enfrentan intereses contrapuestos, y derivado de ello concepciones diferentes acerca de lo que debe ser la economía y la sociedad. En el debate se hacen, sobre todo por parte de algunos economistas, referencias a cuestiones técnicas, pero lo que subyace en muchos casos son aspectos ideológicos, en los que éstos aparecen, no obstante, ocultos bajo sofisticados modelos y aparato cuantitativo.
Por lo que concierne a la viabilidad de la financiación del sistema público de pensiones, venimos asistiendo desde hace años con mucha insistencia, por parte de un grupo de economistas e instituciones, a la exposición de datos cuantitativos que proyectan hacia el futuro la confirmación de que en un plazo, más o menos breve, no resultaría posible su mantenimiento. Pero el futuro ha llegado y ya estamos en esos años en los que según esos estudios tan sesudos el sistema tenía que haber quebrado. No ha sido así, y las visiones que pintaban un panorama negro y al que había que poner remedio no se han llegado a confirmar. Lo erróneo de esas predicciones está en las limitaciones de los estudios realizados. En efecto, para poder determinar la viabilidad de la financiación de un sistema de reparto, co- mo es el actual, no solamente hay que tener en cuenta la cantidad de gente que hay que financiar, sino la capacidad financiera del sistema. En lo primero hay que tener en cuenta la esperanza de vida y el número de personas que llegan a la edad de jubilación. Esta predicción, aunque no de un modo exacto, se puede realizar con un cierto grado de aproximación a lo real. Lo segundo, sin embargo, es más difícil, pues dependerá del crecimiento económico, del aumento de la productividad y de la capacidad del sistema de generar empleo.

En estos estudios, cuyas predicciones han resultado fallidas, no se había previsto un escenario en el que se ha crecido tanto como ha crecido nuestro país, se ha generado tanto empleo y se ha absorbido tanta emigración. De ahí sus errores. Ahora nos enfrentamos a un escenariototalmente distinto, con una crisis económica profunda y con unas tasas de paro realmente graves. De aquí a quince años es posible que la esperanza de vida aumente algo más, y sobre todo comenzarán a llegar a la jubilación los nacidos en la década de los sesenta, con lo que el número de personas en edad de jubilación va ser muy elevada. Por otro lado, no parece que aunque se salga de la crisis se alcancen tasas elevadas de crecimiento y se genere suficiente empleo para poder absorber el desempleo creado en estos últimos años. Las incertidumbres son demasiado altas para que permanezcamos impasibles.

La experiencia que se puede extraer, en todo caso, es que debemos ser prudentes ante los estudios que nos anuncian visiones tan pesimistas, y que ny podemos dar a estos analistas demasiada credibilidad. Pero esto no significa que neguemos el hecho evidente de la dificultad de financiar ese sistema en el futuro. Hay que negociar y cambiar para que el sistema sea viable, pero dentro del Pacto de Toledo, sin demagogias y con realismo. Desde luego lo que no hay que hacer, en ningún caso, es acabar con el Pacto de Toledo, en la idea de que éste ha dejado de cumplir la función histórica que en su día se le encomendó, y sustituirlo por un grupo de expertos. Hay que huir del despotismo tecnocrático, pues esto sí que sería un riesgo para el mantenimiento del sistema y de los derechos de los trabajadores. Sin duda que hay soluciones, pero convendría adoptarlas ya, sin inmovilismos y sin la presión de los mercados. •

*Rector de la Universidad Complutense de Madrid.