Por la democracia, contra la corrupción
(crítica del "cleptocapitalismo")

Por José Antonio Pérez Tapias*

A más corrupción, menos democracia; a más democracia, menos corrupción. Esa relación inversa, en los dos sentidos, se confirma universalmente. Cuando la democracia está consolidada, los casos de corrupción pueden afrontarse por vías judiciales, además de ser denunciados ante la opinión pública. Que un político tenga que dimitir por un escándalo de corrupción, como ha ocurrido en Baleares con la presidenta de su parlamento autonómico, la diputada de Unió Mallorquina, es un trago amargo para la democracia, pero también señal de que cuenta con resortes para hacer frente a esas situaciones. Distinto es cuando las instituciones democráticas no están suficientemente asentadas. En ese caso, la corrupción, siempre un cáncer para la sociedad, puede abortar la implantación de un Estado democrático de derecho, no sólo por viciar los procedimientos democráticos, sino por atentar incluso contra derechos de los ciudadanos. Así, desde la conciencia de lo que ello implica, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE ha anticipado en su reunión de invierno de este año lo que será uno de los principales temas de debate para sus siguientes sesiones: la corrupción política. El asunto es de importancia capital, habida cuenta de cómo la corrupción lastra la democratización de muchos países de la antigua URSS, empezando por la misma Rusia. Se ha vuelto a constatar en las recientes elecciones presidenciales en Ucrania cómo la ciudadanía, aunque haya votado en un alto porcentaje, ha tenido que resignarse a unos partidos políticos percibidos como correas de transmisión de oligarquías empresariales.

Es miope explicar los casos de corrupción sólo por la debilidad de la condición humana. Por el contrario, es de la máxima relevancia abordar la cuestión en sus componentes estructurales. Una obra como Economía canalla, de Loretta Napoleoni, explica por qué el peso de la corrupción en muchos países ex soviéticos: ella se ha favorecido con procesos de privatización de bienes estatales, a precios muy bajos pero pagando comisiones ilegales muy altas a los cargos públicos –en muchos casos de la vieja nomenklatura comunista– que realizaban esas privatizaciones, inductoras de una acumulación de capital tan injusta como salvaje. Tal capitalismo de rapiña, reluctante al control político y a toda legislación democrática, es freno para un desarrollo equilibrado y democrático de cualquier sociedad. Mientras no se ponga coto a un expolio sin contemplaciones de lo público no se orientarán los procesos democráticos hacia una dirección adecuada de respeto a los derechos de los ciudadanos –empezando por el derecho a la vida y la libertad de expresión– y de acatamiento del principio de legalidad.

Por otro lado, sería injusto atribuir esas prácticas de lo que el peruano Oswaldo de Rivero llama "cleptocapitalismo" sólo a países del Este o de lo que otrora llamamos Tercer Mundo. Con la crisis económica global han aflorado las prácticas de cleptocapitalismo que han socavado el mercado financiero que el neoliberalismo trataba de legitimar. El llamado "capitalismo de casino" se ha nutrido de un gran expolio social para sus apuestas especulativas. En su versión celtibérica, la especulación inmobiliaria no ha dejado de ser un expolio organizado durante décadas sobre las riquezas y recursos productivos de la sociedad española. Por algo el mapa de la corrupción política en España se superpone a las zonas de desaforado crecimiento urbanístico. La batalla contra la corrupción, además de la vía judicial, ha de tener una vertiente política encaminada a salir de ese cleptocapitalismo corrosivo de personas e instituciones. La denuncia que ha de hacerse respecto a la corrupción, cuando la desconfianza, como señala Pierre Rosanvallon, se ha situado en el centro de la vida política, no debe quedarse en la atención que los procesos judiciales requieren –máxime si éstos acaban exonerando a imputados por corrupción aduciendo defectos de forma en la instrucción procesal, como puede pasar con la operación Gürtel en la que presuntamente está implicado un alto número de políticos del PP–, sino que debe llegar a la crítica de un sistema económico que somete el Estado a los mercados y que atrapa a los partidos políticos en connivencias en las que el juego de la democracia queda asfixiado. Ya estamos viendo en el berlusconismo que atenaza a Italia a dónde puede llegar la combinación de demagogia populista e intereses económicos a cuyo servicio se pone la política. •

*Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.