El Ministerio Público trata de frenar la 'cacería' contra el juez de la Audiencia Nacional

LA FISCALÍA SE MOJA POR GARZÓN

Por Pedro Antonio Navarro

Cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo –de marcado cariz conservador– admitía a trámite la pasada semana una tercera querella contra Baltasar Garzón, las alarmas parecieron dispararse en la sede de la Fiscalía, que adoptaba la decisión de tomar seriamente cartas en el asunto de estas actuaciones que, poco a poco, van adquiriendo una sospechosa forma de 'montería' con una única pieza como trofeo: El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

En el fondo de esta última denuncia aceptada por la ya famosa sala antes mencionada, se está poniendo en juego la mayor parte de la investigación judicial acerca de la concesión de contratos por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el PP al conglomerado de empresas dirigidas por Francisco Correa y Álvaro Pérez (alias El Bigotes). La querella, presentada por Ignacio Peláez, ex fiscal de la propia Audiencia Nacional, y ahora en funciones de abogado defensor del empresario José Luis Ulibarri –imputado por su participación en la trama Gürtel–, trata de que las escuchas decretadas por el juez Garzón como elemento de investigación en estecaso sean declaradas ilegales, con lo que parece quedar clara la estrategia de fondo: anular la instrucción sumarial del caso Gürtel.

Llama la atención –una vez más– la aceptación de esta querella por parte del Tribunal Supremo, sobre todo, teniendo en cuenta los factores que confluyen en esta parte de la investigación. En primer lugar, las escuchas en las cárceles de las conversaciones entre abogados e imputados son explícitamente solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, con la intención de evitar el blanqueo de dinero y evasión de capitales. En segundo lugar, el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, no sólo ha avalado la autorización de estas escuchas, sino que, además, las ha defendido recientemente a través de un extenso auto. Tercero, el juez Garzón ordenaba mediante un auto el pasado 27 de marzo de 2009 que se segregasen del procedimiento todas las escuchas que tuviesen alguna relación con la "estrategia procesal de los abogados". Un cuarto factor es que el cliente del querellante, José Luis Ulibarri, nunca ha sido objeto de escuchas, puesto que, pese a estar imputado, nunca, hasta la fecha, se ha ordenado su ingreso en prisión. El 'quinto elemento' a tener en cuenta, es que el abogado de Francisco Correa y Antonio Crespo, el letrado José Antonio López Rubal, resultaba imputado, precisamente por blanqueo de dinero, y esta condición de imputado le era comunicada días antes de iniciarse las escuchas, decretadas sólo para la prevención de nuevos delitos fiscales y de blanqueo de dinero. Pese a esta circunstancia, López Rubal continuó ejerciendo la defensa de Correa y Crespo, a los que acabó por comunicar su propia condición de imputado 16 días después de saberlo, sugiriéndoles que buscaran otro abogado para evitar un posible conflicto de intereses.

En una lectura más política, también resulta sorprendente que una sala del Supremo en la que se encuentran nueve magistrados conservadores y seis considerados progresistas, once de ellos admitiesen la tramitación de esta tercera querella contra Garzón.

La Fiscalía, más allá de la tibieza de otras ocasiones, o de discretos respaldos a la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional, ha decidido coger el toro por los cuernos en este caso. El pasado 26 de febrero, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, remitía un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) oponiéndose a la suspensión en sus funciones del juez Garzón solicitada por los impulsores de las dos primeras querellas. Aseguraba tajantemente en un escrito de cinco páginas que "no procede la medida de suspensión provisional de funciones. (...) No puede ser concebida como de aplicación automática a todos aquellos titulares en la función jurisdiccional que vean como determinadas querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por tratarse de algo contrario a la lógica jurídica".

Más contundente se mostraba la Fiscalía en su recurso contra la admisión a trámite de la tercera querella –en un hecho sin precedentes, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres querellas contra un magistrado con el criterio contrario de la Fiscalía en todas ellas–. Juan José Martín Casallo llegaba a argumentar la intención de cometer un fraude de ley por parte del querellante en un texto de 37 páginas. Asegura el teniente fiscal que la intención de Ignacio Peláez –el denunciante–es la de "obtener fraudulentamente una resolución en un tribunal distinto de aquél que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos tomados en consideración para la práctica de las distintas actuaciones judiciales. Es decir, Peláez pretende que el Supremo invalide las escuchas realizadas a los principales acusados en el caso Gürtel". Para la Fiscalía, los hechos "contradicen rotundamente algunas afirmaciones contenidas en la querella en relación con la supuesta intención maliciosa del instructor –Garzón– que han sido particularmente valoradas por la Sala al pronunciarse a favor de su admisión", pero la realidad "es absolutamente opuesta a la que figura en la querella". Se refiere Martín Casallo al hecho de que la realidad es que el juez Baltasar Garzón remitió copias de la pieza de las escuchas decididas a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia (donde ahora se instruye el grueso del caso Gürtel), mientras que en el contenido de la querella, contra la evidencia de la realidad, se afirma lo contrario.

Pese a este decidido apoyo de la Fiscalía, parece que el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional no va a tener descanso. Una nueva querella, de contenido similar a la presentada por Peláez –en contra de las escuchas decretadas– está siendo preparada, nada menos que por el Colegio de Abogados de Madrid (será la primera vez en la historia que esta institución se querelle contra un juez). El vicedecano del Colegio, Luis Rodríguez Ramos, que integra la Junta en la que se ha tomado esta decisión, es defensor de varios de los imputados en la trama Gürtel.

De todos modos, contra Garzón continúan operativas otras dos denuncias en el Supremo. La primera, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, y que tiene escandalizados a los defensores de los derechos humanos. La segunda, una nueva versión de otras que ya fueron archivadas en su día, y que trata de repercutir en la idea de que Garzón recibió financiación del Banco de Santander durante su comisión de estudios en NuevaYork. Sobre este caso, el magistrado recibía una buena noticia el pasado 3 de marzo, cuando se hacía público que la propia Universidad de Nueva York había certificado el 15 de febrero que el más conocido de los juristas españoles no había solicitado patrocinio alguno a la entidad presidida por Emilio Botín, sino que, tal y como consta en el escrito de la prestigiosa institución universitaria, fue el Centro Juan Carlos I de esta universidad el que "pidió y recibió financiación del BSCH para planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios". Este dato echa por tierra la línea de 'ataque' de la querella presentada por Antonio Panea y José Luis Mazón.

Parece que, además de la Fiscalía, se está comenzando a organizar un movimiento amplio en defensa de la honorabilidad del magistrado ahora en entredicho, en el que ya están participando profesionales de la judicatura y personalidades del mundo de la cultura y la política. La abogada Cristina Almeida, que participaba en un acto en apoyo de Garzón en Jaén, el pasado 6 de marzo, considera escandaloso lo que está sucediendo, considera "que alguien fomente una obligación legal internacional y se pretenda que sea juzgado por ello, no es incongruente, sino un descaro y una ilegalidad. Ya no es una, sino una subasta de querellas contra el magistrado, y todas las ha interpuesto gente de una misma ideología. Lo más grave es que es una persecución a la democracia". •