por Miguel Ángel Aguilar

Acaba de aparecer el libro de Alejandro Nieto titulado El malestar de los jueces y el momento judicial (Editorial Trotta. Madrid, 2010), donde a partir de una descripción sintomática se indaga en la etiología pero apenas se dibuja la terapéutica. El volumen es de obligada lectura después del episodio vivido tan recientemente de la primera huelga de los jueces, cuando Mariano Bermejo ocupaba la cartera de Justicia. Esta de la modernización y reforma de la Justicia es una asignatura pendiente, clave para asegurar la calidad de nuestra democracia.

Se ha dicho con algunas dosis de razón que la huelga sobrevino precisamente durante el gobierno que mayores atenciones e inversiones económicas ha dedicado a la Administración de Justicia. Como si los años de postración y abandono hubieran desalentado las reivindicaciones mientras que las perspectivas de cambio las incentivaran.

Cualquier visitante que por razones profesionales o procesales haya tenido que acudir a las oficinas judiciales puede dar razón cumplida del espanto en el que hemos vivido con toda naturalidad.

La parálisis de los asuntos, los disparates de las sentencias, las arbitrariedades de los nombramientos, las sinergias entre jueces y periodistas, la utilización de los medios de comunicación para llevar a cabo procesos paralelos, los fusilamientos en la primera página de los periódicos, la pena de banquillo, la guerra de las afinidades, más grave y de peores consecuencias que la de las indulgencias. Todo ha contribuido a la degradación que se suma a ese proceder tradicional que llevaba al profesor Rodrigo Uría a reconocer que en España la justicia no se compra, se regala.

Entre tanto, cunden los manifiestos y los comunicados que los ponderan o los descodifican. El que han suscrito más de mil jueces ha merecido un análisis crítico de la asociación Jueces para la Democracia, fechado el 23 de febrero pasado. El manifiesto, sin el menor atisbo de autocrítica, establece reivindicaciones sobre el incremento de la inversión pública en la administración de justicia, la adaptación de la planta judicial a la litigiosidad real, la necesaria conciliación de la vida familiar y profesional, la mejora de las condiciones económicas y la jubilación. Pero luego, como dicen en su comentario los de Jueces para la Democracia, el texto del manifiesto rebosa de un confuso discurso de despolitización que intenta invalidar cuanto haya salido del Parlamento de la nación y sólo declara responsable a los actuales titulares del poder político.

Se recomienda una lectura reposada del capítulo que Alejandro Nieto dedica a la independencia judicial. Allí explica que los jueces ahora y con el franquismo se sienten independientes cuando "ningún político les ha llamado para influir en sus decisiones". Pero en absoluto reparan en que sus competencias de ordinario se circunscriben a cuestiones inter privatos carentes de repercusión sobre los intereses públicos o personales de los políticos. Y sucede que el Poder no acostumbra a perder el tiempo en negocios de calderilla.

El profesor Nieto aconseja distinguir, a efectos de independencia, entre zonas frías (que no rozan la política), zonas calientes (que no dejan indiferente al Poder) y zonas tórridas (en las que es difícil transitar sin atenerse a pautas políticas estrictas). Pero de estas zonas climáticas hablaremos el próximo día. •