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Nº 870 - 1 de marzo de 2010

Aumenta su colecta del IRPF y la crisis no recorta sus subvenciones

El Estado recauda menos, la Iglesia más

El Estado ha recaudado un 10,5 por ciento menos de IRPF en 2009. La asignación de la Iglesia se ha incrementado en cambio un 4,3 por ciento gracias al mayor número de contribuyentes que marcaron su casilla en la declaración de la renta. El déficit de las Administraciones asciende al 11,4 por ciento. La Conferencia Episcopal no sólo no está en números rojos sino que ha alcanzado ingresos suficientes para sostener el culto y el clero, sus instituciones educativas, sus monumentos y su labor social. El Gobierno se plantea ajustar el presupuesto con medidas impopulares como la ampliación de la edad de jubilación. Pero se mantienen las subvenciones públicas que permiten a las diócesis, asociaciones y fundaciones católicas financiar sus actividades. España está en crisis. El primero, el sector público. Sin embargo, la Iglesia ha escapado milagrosamente a la recesión. Gracias a la contribución de sus fieles y a unos privilegios que la permiten gozar de unas cuentas saneadas.

Por Virginia Miranda

El Ministerio de Economía y Hacienda acaba de hacer público el cierre del ejercicio de ejecución presupuestaria de 2009. Según su informe, el IRPF cerró el año proporcionando unos ingresos de 63.857 millones de euros, un 10,5% menos que en 2008. En el Impuesto de Sociedades, la recaudación se redujo un 26,1%. Y los impuestos indirectos retrocedieron un 21,2%, siendo especialmente significativo el caso del IVA, que bajó un 30,1%. El departamento que dirige Elena Salgado también subraya que el Estado registró al cierre del año un déficit de 99.785 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 9,49% del PIB. Este índice aumenta al 11,4% sumadas las pérdidas de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Como era de prever, la embestida de la crisis contra las arcas públicas ha sido inmisericorde. Como la que a diario arremete contra trabajadores, grandes empresas y pymes. Sin embargo, la jerarquía católica parece ser inmune a las dificultades económicas que atraviesa el país. Días antes de que Economía hiciera público estos datos, la Conferencia Episcopal (CEE) detallaba las cifras más relevantes de las declaraciones de la renta a su favor en 2009. Según los datos anunciados, su número se ha incrementado en 237.143. En total ascienden a más de siete millones, exactamente a 7.195.155. Y en tan sólo dos años, desde que está en vigor su nuevo modelo de financiación que elimina la aportación directa del Estado, se ha producido un aumento de 711.975. Además, si se tienen en cuenta que un buen número de declaraciones son conjuntas, la CEE estima que en la pasada primavera nueve millones de contribuyentes asignaron a favor de la Iglesia. Esta contribución se ha traducido en una recaudación de 252.682.547 euros, lo que significa un incremento de más de 11 millones de euros –11.355.225– con respecto al ejercicio anterior, esto es, un 4,3% más, y una proporción de declaraciones del 34,31% de los contribuyentes.

A pesar de ser de las pocas organizaciones que han logrado ‘beneficios’ el último año y de reconocer que esta asignación la permite “mantener el sostenimiento de las actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficiencia y austeridad semejantes a los que han venido siendo habituales hasta ahora”, desde la CEE recuerdan que en 2007 perdieron la exención del IVA, lo que dicen representa 30 millones de euros. Pero esta cifra la compensó con creces el Gobierno al incrementar la asignación de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, que pasó del 0,5239% al 0,7%. Así, desde entonces y descontando el coste del IVA, han ganado 133 millones de euros.

Los más de 252,6 millones de euros que la jerarquía católica ha recibido de los contribuyentes vía IRPF representan, según la CEE, el 25% de sus ingresos. El resto procede de la aportación directa de los fieles, del rendimiento de su patrimonio que asciende, dicen, al 5 por ciento, y de “los ingresos por la realización de algunas actividades económicas, subvenciones a través de convocatorias públicas, etc” que vienen a representar “un 20% del presupuesto de la Iglesia”.

La cantidad global, superior a los 1.000 millones de euros, se reparten entre más de 40.000 instituciones eclesiásticas –las 67 diócesis, más de 20.000 parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones y fundaciones– para sostener el culto y el clero –22.000 sacerdotes–; atender los centros educativos; sufragar los gastos de conservación de sus 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios; y atender su labor social en centros hospitalarios, penitenciarios, de mayores, guardería y de reinserción y sufragar la labor de cerca de 18.000 religiosos y seglares en 147 países.

Grupos laicos cifran en cambio las arcas de la jerarquía católica muy por encima de estas estimaciones. Europa Laica, que ultima un nuevo informe sobre su financiación en base a datos recabados de distintos organismos públicos, diócesis y la propia CEE, ha adelantado a esta revista los datos más relevantes de su último estudio. Según la agrupación, “disfruta de más de 6.800 millones anuales del Estado, libres de impuestos”. En su cálculo incluyen los sueldos de los profesores de religión en la enseñanza pública y privada –unos 30.000–, que supera “los 600 millones de euros”, la financiación de los centros educativos con ideario católico, “que representa 3.800 millones a través de los conciertos educativos en cada Comunidad Autónoma”, los sueldos de los capellanes hospitalarios, penitenciarios y castrenses, que “superan los tres millones”, o las ayudas directas para la reforma y conservación de su patrimonio artístico e inmobiliario, que “se acerca a los 350 millones de euros”.

Además, Europa Laica incluye en su valoración las exenciones tributarias de impuestos municipales, autonómicos y estatales, cuya cifra podría ascender, asegura, a 900 millones de euros.

Lo cierto es que, en virtud de la Ley de Mecenazgo de 2002 –ya existían privilegios en virtud de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979–, el régimen fiscal de la Iglesia se equipara al de las entidades sin ánimo de lucro, como son las ONGs y fundaciones. De este modo, donativos, colectas, rendimientos de patrimonio inmobiliario –los intereses y dividendos de sus inversiones– y mobiliario y plusvalías generadas por la venta de los mismos están exentos del pago del Impuesto de Sociedades. También lo están las actividades económicas en hospitales y colegios, centros deportivos, editoriales y librerías, cursos y conferencias y aquellas que no superen los 20.000 euros. Además están exentas del Impuesto de Bienes Inmuebles las propiedades en las que se llevan a cabo estas actividades, las instituciones de la Iglesia no tienen que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y no ha de hacer frente al pago de plusvalías por terrenos, al impuesto de sucesiones y donaciones ni al Impuesto de Actividades Económicas.

La Iglesia se defiende de las críticas que generan sus ventajosas condiciones económicas enumerando su labor social: la enseñanza, la atención a los niños, ancianos y discapacitados; la acogida de inmigrantes; la ayuda a personas afectadas por la crisis, las misiones. “Con poco dinero, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto”, subrayan en su campaña de publicidad X tantos, que desde que se aprobara el nuevo sistema de financiación se ha convertido en un efectivo mecanismo de captación de contribuyentes dispuestos a marcar la casilla de la Iglesia en el formulario del IRPF. Incluso de aquellos que hacen la declaración conjunta, es decir, que marcan ésta y la de “fines sociales”. Los ingresos recaudados a través de esta última también van a parar a asociaciones católicas, como Cáritas y Manos Unidas.

Los grupos laicos alegan que la Iglesia hace proselitismo y política a través de sus actividades de carácter social y educativo y que el Estado debe asumir estas tareas generando riqueza social y puestos de trabajo. Pero el Gobierno no parece dispuesto a cambiar este sistema después de la intensa negociación que tuvo que llevar a cabo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, con Antonio Cañizares, entonces vicepresidente de la CEE, para reformar el sistema de financiación de las instituciones católicas suprimiendo la aportación directa del Estado. Y es que en el trasfondo de las manifestaciones encabezadas por los obispos contra las leyes sociales más progresistas de Zapatero, según decían entonces en círculos católicos, estaba el intento de presionar al Ejecutivo para sacar las condiciones más ventajosas posibles en el porcentaje de la casilla de la Iglesia.

Mientras el Episcopado dispone de unas cuentas saneadas y se muestra optimista ante la campaña de la renta de este año, para la que lleva tiempo ocupando espacios de publicidad en prensa, radio, televisión e internet, el Estado y los ciudadanos pasan serios apuros económicos. En materia fiscal, las diferencias son especialmente llamativas. Mientras las instituciones católicas están exentas del pago de los impuestos mencionados, los españoles deberán hacer frente a la subida del IVA a partir del mes de julio; el tipo reducido pasa del 7% al 8% y el general, del 16% al 18%.

En la ciudad de Madrid, las comparaciones son odiosas. Su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subido el IBI y ha creado una nueva tasa de recogida de basura cuyo importe va de los ocho a los 190 euros al año en función de los metros cuadrados del inmueble. Y al mismo tiempo –fue hace ahora un año–, ha autorizado un proyecto que permite al arzobispado de Antonio María Rouco Varela levantar cinco edificios en el Parque de la Cornisa, una de las zonas verdes más emblemáticas de la capital, destinados a albergar una Biblioteca Diocesana, una Casa de la Iglesia con un aparcamiento de 200 plazas, una residencia para sacerdotes, oficinas, un centro de mayores y un hogar para indigentes. La Iglesia cuenta con sus habituales beneficios fiscales para construir su ‘Vaticano’. Y la cesión gratuita del terreno.

Mientras la CEE se relaja después de presentar un saldo positivo en su presupuesto, el Gobierno no deja de perder popularidad con cada medida propuesta para cubrir el déficit sin rebajar el nivel de protección social. La pasada semana, CC OO y UGT salieron a la calle para protestar por el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Y el Ministerio de Economía tuvo que emitir un comunicado asegurando que “el Gobierno respetará en su integridad el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre el salario de los funcionarios” después de que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, dijera que barajaban su revisión, dentro de la negociación sindical, para cumplir con el objetivo de reducir un 4% en el gasto de personal público para 2013 y que ahora asciende a unos 120.000 millones de euros.

Haya sido o no un globo sonda –error de comunicación, lo ha llamado Elena Salgado–, el Gobierno anda estos días buscando dónde meter la tijera para acometer el plan de ahorro de cuatro años anunciado a finales de enero y centrado en un fuerte recorte del gasto, al que espera que se unan el resto de las Administraciones para reducir el elevado déficit público del 11,4% del PIB.

La estrategia marcada por el Ejecutivo se traduce en el Plan de Austeridad 2011-2013 para la Administración del Estado. Su objetivo fundamental es dejar de gastar 50.000 millones de euros en cuatro años, un ahorro que pesará sobre todo en el Estado –40.000 millones de euros– y que afectará a prácticamente todas las partidas presupuestarias, a excepción de las sociales, la educación y la investigación. Algunas ya han sufrido los primeros recortes, como la de Fomento. Y la vicepresidenta económica acaba de anunciar que el número de empresas públicas se reducirá de manera “importante” para recortar el gasto de la Administración General del Estado, admitiendo que podría haber fusiones entre compañías con funciones similares.

La situación que vive la Iglesia, frente a los serios apuros que atraviesa el Estado y, por extensión, la ciudadanía, resulta excepcional en los tiempos que corren. Pero para algunos, basta leer la letra pequeña para descubrir los privilegios mundanos que desmontan el milagro.

La ‘Cope’, el talón de Aquiles

Que la Iglesia haya podido garantizar el sostenimiento de un nuevo ejercicio económico no evita que en la Cope anden tentándose la ropa por lo que pudiera pasar. La última oleada del EGM arroja un descenso de 535.000 oyentes –600.000 en el caso de la mañana, tras la marcha de Federico Jiménez Losantos– y la empresa, que sufre la crisis  de publicidad en los medios de comunicación, negocia con los sindicatos una bajada salarial que, de no terminar en acuerdo, acabará por transformarse en un ERE que afectaría a los 200 trabajadores de la emisora, el 25 por ciento de la plantilla. Incluso en Popular TV, su televisión local en TDT, están buscando un socio inversor con un paquete minoritario del ocho por ciento con posibilidad de ampliación, si bien desmienten que tengan intención de venderla como se ha venido publicando. Lo reconoce su presidente, Alfonso Coronel de Palma, en la entrevista que El Siglo publica en próximas páginas. Dice también que, aunque los obispos son propietarios mayoritarios de la compañía, no intervienen en la gestión ordinaria de la radio.

De modo que la Cope no podría beneficiarse del presupuesto que maneja la Conferencia Episcopal, a pesar de que los obispos sí han intervenido en decisiones estratégicas de la cadena. Fue motivo de confrontación entre los prelados, pero la opción defendida por Antonio Cañizares, hoy prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en la Santa Sede, de prescindir de Losantos, acabó imponiéndose sobre la idea inicial de Antonio María Rouco Varela, partidario de mantenerle en la emisora. Después de que llegara a oídos del Papa a través de su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, la poco ejemplarizante línea editorial de las estrellas de la cadena, los partidarios de Cañizares contaron con mayor fuerza moral y jerárquica para imponerse al cardenal-arzobispo de Madrid, más pragmático e incluso visionario sobre los efectos perniciosos de la marcha de Losantos sobre la audiencia y, por tanto, la publicidad.

La ‘anexión’ de la Iglesia vasca continúa

Iba a anunciarse el pasado jueves y se acabó postergando hasta marzo, pero el nombramiento de Ricardo Blázquez como nuevo arzobispo de Valladolid en sustitución de Braulio Rodríguez está hecho.

La salida del hasta ahora obispo de Bilbao era asunto conocido desde que comenzaron a emprenderse los cambios de San Sebastián aprovechando la ‘jubilación’ de Juan María Uriarte al frente de la diócesis guipuzcoana. Como contara El Siglo [ver número 857: Rouco se ‘anexiona’ la Iglesia vasca], Antonio María Rouco Varela ha promovido diversos cambios para promocionar a prelados de su absoluta confianza y, en el caso de Euskadi, ‘españolizar’ la Iglesia vasca. Aunque abulense, Blázquez comparte el perfil pastoral de Uriarte y es sensible a la realidad nacionalista del País Vasco.

Tras formalizarse su marcha a Valladolid, todo apunta a que su sustituto sea el obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, procedente de Álava. Cuando el pasado noviembre se supo que José Ignacio Munilla desembarcaría en San Sebastián procedente de Palencia –provocando gran revuelo, incluido un comunicado de protesta de la mayoría del clero donostiarra–, ya se dio por descartada la salida del que fuera presidente de la Conferencia Episcopal y el ascenso de su número dos.

Formado en el Opus Dei –cursó estudios de Teología y Medicina en la Universidad de Navarra–, la llegada de Iceta a Bilbao hace dos años ya causó cierto malestar. Se pensó entonces que el elegido sería el claretiano Xabier Larrañaga o el misionero Joseba Segura, pero el cardenal-arzobispo de Madrid, perteneciente al dicasterio que nombra los obispos, habría hecho valer su posición para promover el cambio de última hora y favorecer a alguien de perfil más conservador. Incluso hubo parroquias vizcaínas que emitieron un comunicado en protesta por la forma en que se designó al obispo auxiliar, aduciendo motivaciones ideológicas por encima de criterios apostólicos para elegir a Iceta.

Ahora, su posible ascenso ha empezado a despertar los recelos de la población católica vasca, convencida de que el Episcopado quiere acabar de ‘anexionarse’ la Iglesia de Euskadi con otro obispo del perfil de Munilla capaz de devolverla al redil de la jerarquía en España y borrar los dos principales rasgos de su perfil: su proximidad al nacionalismo y su fidelidad al Concilio Vaticano II, caracterizado por una línea pastoral participativa y social. De ser así, sólo el obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi, seguiría representando esta corriente en peligro de extinción.

¿Es la crisis un castigo de Dios por la Ley del Aborto? por Enric Sopena


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