Enrique Múgica concluye su segundo mandato en junio y afloran los 'sucesores'

SE BUSCA DEFENSOR DEL PUEBLO

Por P.A. N.

La figura del Defensor del Pueblo es una de las que requiere de un encaje más delicado entre las altas instituciones del Estado. Instaurada por mandato del artículo 54 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/81, que desarrolla y regula la elección del titular y el funcionamiento de la institución, establece las bases para que, necesariamente, sea producto de un amplio consenso, ya que el nombramiento, a propuesta del Gobierno, ha de ser refrendado por, al menos tres quintos de los votos, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado.

El actual Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, es el primero en la historia de la democracia que repite mandato. Fue designado en 2000 a propuesta del Ejecutivo entonces presidido por José María Aznar, convirtiéndose en el cuarto Alto Comisionado de las Cortes Generales, tras Joaquín Ruiz-Giménez (1982-1987), Álvaro Gil-Robles (1988-1993), y Fernando Álvarez de Miranda (1994-1999).

Pese a su militancia socialista –a la que renunció para acceder al cargo–, y a haber sido ministro en los gobiernos de Felipe González, Múgica, muy conocido por su radical posición nacionalista española, y ya considerado un 'díscolo' dentro de la estructura socialista, aparecía como un candidato ideal para el Gobierno conservador de Aznar, reu niendo las cualidades de poder ser consensuado con los socialistas y, al mismo tiempo, de ser cercano y 'sensible' a la línea gubernamental en materias tan delicadas como la política territorial.

De algún modo, tras conseguir el triunfo en las urnas en 2004, el actual inquilino de La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que 'cargar' con Enrique Múgica para un segundo mandato (el que ahora está a punto de concluir), dado que la obligatoriedad de un mínimo de tres quintos de los votos del Parlamento hacía necesario el consenso con el PP, aunque el deseo de Zapatero era que el cargo hubiera sido ocupado por Carmen Alborch –que perteneció al Comité de Notables que asesoraron al hoy presidente desde 2000, y que es la única de todos ellos que no fue 'premiada' con un cargo–, tratando de promover, además, a la primera mujer al frente de esta institución, y de paso, corregir la tendencia que ha llevado a que el puesto haya sido ocupado desde su fundación por hombres que representan, de una u otra forma, una línea conservadora. El perfil de Alborch no era aceptado por los populares, de modo que una solución de compromiso fue permitir la continuidad de Múgica.

Pero, especialmente en esta segunda vuelta, varios pronunciamientos públicos y decisiones del Alto Comisionado han puesto de los nervios al Gabinete. La personalidad de Múgica, en ciertos momentos le ha llevado a una incontinencia verbal poco apropiada para la dignidad que representa, como cuando llamó "tontos" a los colectivos antitaurinos –en una entrevista en la COPE, en noviembre de 2008–.

También se ha enfrentado con los internautas al solicitar al Ejecutivo que obligue a los proveedores españoles de servicios de internet a retener los datos de conexión y tráfico generados por la conexión de los usuarios, con el argumento de la persecución de los delitos de pornografía infantil, sugiriendo incluso en un informe que "todos aquellos establecimientos denominados 'cibercafés' lleven un control de los usuarios, registrando al efecto el DNI de la persona que utiliza el puesto de acceso a Internet y la franja horaria que utilizó".

De reconocida tendencia pro-israelí –es hijo de madre hebrea, y durante su estancia en el Gobierno fue el principal impulsor del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel–, también terciaba en la polémica cuando un padre recurría a su institución porque a su hija le impedían la asistencia a un centro educativo concertado por llevar un pañuelo en la cabeza. Entonces manifestaba que "la multiculturalidad no es buena; lesiona los valores de la igualdad y de los Derechos Humanos".

Con todo, el punto de mayor enfrentamiento con el actual Gobierno llegaba en septiembre de 2006, cuando Enrique Múgica, de posiciones enfrentadas al nacionalismo vasco –su hermano Fernando era asesinado por ETA en 1996–, decidía en uso de una de sus potestades, recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña –al igual que había hecho el PP, y con argumentos similares–.

Un Defensor demasiado 'político'. A raíz de este hecho, el presidente del al Generalitat, José Montilla le acusaba de "actuar al dictado del PP" y de "estar agradeciendo a Aznar su nombramiento". El senador del PNV Iñaki Anasagasti era mucho más duro, y en su blog lo calificaba como "sinvergüenza y vividor, cuya única defensa como Defensor ha sido hasta ahora la de su barriga y el recurso contra el Estatuto Catalán, aunque acepte y no diga absolutamente nada de artículos idénticos del Estatuto Valenciano o del Andaluz". Tampoco se quedaba corto en su juicio el portavoz de ICV, Joan Herrera: "Es un defensor que se caracteriza por opinar mucho sobre política y poco sobre Derechos Humanos".

Pese a que el propio Múgica no ha negado su interés por alcanzar un tercer mandato, tanto estos enfrentamientos, como su edad (76 años), hacen suponer que será relevado en junio. Para sustituirle se barajan varios nombres. Además de Carmen Alborch -que en su momento contó con la 'promesa' de Zapatero y, pese a que es consciente de las dificultades para ser aceptada por el PP, trata de encontrar apoyos a su candidatura-, se postulan otras figuras, como el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aunque, muy especialmente y, a juicio de muchos analistas, el que contaría con más posibilidades, emerge la figura de Francisco Vázquez.

El que fuera alcalde de A Coruña con mayoría absoluta durante 23 años, hoy ejerce como embajador de España ante el Vaticano desde hace cuatro años. Conocido católico practicante, ha desempeñado una delicada labor de recomposición de relaciones que habían sido muy deterioradas por la actitud de la Conferencia Episcopal Española. En su entorno se asegura que cuando se le propuso esta misión en Roma, se le aseguró que retornaría a la política nacional en un puesto de relevancia, y él mismo no niega que se encontraría muy cómodo en el relevo de Enrique Múgica. Su candidatura contaría, muy probablemente, con el beneplácito del PP, dado su talante moderado, sus posiciones críticas con el nacionalismo periférico, y su adscripción católica. Pero el problema podría radicar en las mismas filas socialistas, donde su ejecutoria despierta recelo por esa tendencia demostrada a 'ir por libre'. Además, fuentes socialistas recuerdan que se está poniendo en marcha la Ley de Libertad Religiosa, que podría 'herir' algunas sensibilidades, entre ellas, las del propio Vázquez.

Rodríguez Ibarra también podría contar con el respaldo de los populares por sus posiciones marcadamente antinacionalistas, aunque tampoco se olvidan en Génova de sus bravatas y excesos verbales, y de las posiciones más que críticas que ha mantenido con varios dirigentes de ese partido.

Aunque, de momento, como una 'outsider', entre los nombres que 'suenan' para ejercer un cargo que también tiene su reflejo autonómico –sólo la Comunidad de Madrid carece de Defensor del Pueblo propio-, podría estar el de la ex ministra con UCD y ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril. •