Zapatero excluye a Corbacho del núcleo duro del Gobierno

EL 'PATITO FEO' DEL GOBIERNO

Por Manuel Capilla

Su exclusión de la troika que va a efectuar las negociaciones políticas anticrisis ha supuesto la culminación de unas semanas en las que Celestino Corbacho ha estado en claro fuera de juego. Su desconexión con Zapatero se ha hecho evidente con esta decisión, aunque llevaba siendo un secreto a voces desde hace tiempo. Prueba de ello es el cruce de declaraciones en torno a los datos sobre la economía sumergida que Corbacho hizo públicas hace pocas semanas. Según el ministro de Trabajo, la magnitud de esta actividad económica irregular podría estar entre el 16 y el 20 por ciento del Producto Interior Bruto. Estas cifras estaban basadas en las estimaciones de organismos internacionales como la OCDE, la OIT y el Banco Mundial, pero rápidamente el secretario de Estado de Economía, Manuel Campa, en un gesto muy poco respetuoso, las calificaba como "muy osadas", basándose en la evidencia de que "no se puede estimar lo que está sumergido". Poco después, su jefa, Elena Salgado, insistía en que "no tienen ninguna base científica".

En principio, parece difícil de explicar por qué el ministro de Trabajo se queda fuera de un foro donde previsiblemente se van a abordar cuestiones que tendrán que ver con el empleo y con las jubilaciones, aunque sea de forma tangencial. El propio Corbacho parecía darse cuenta de ello el mismo día en que Zapatero anunciaba en el Congreso la creación de la comisión integrada por los ministros de Economía, Industria y Fomento. Tras la intervención del presidente, mientras José Blanco conversaba con los periodistas en los pasillos de la Cámara, Corbacho se detuvo en el corrillo para saludar a Blanco y pedirle que explicara a los informadores por qué no estaba en la comisión. El ministro de Fomento justificó su ausencia con la gran actividad que le espera próximamente en torno a la mesa de diálogo social y al Pacto de Toledo. "Algunos estáis para el futuro", le respondía Corbacho.

Un futuro para el que no parece contar Corbacho si se tiene en cuenta que la propuesta de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años choca con las manifestaciones que ha venido haciendo desde que es ministro, en las que ha llegado a considerar "enormemente injusto" que se ésta se ampliase por ley. En su opinión, es más razonable trabajar para acercarse a la edad legal de jubilación antes de abrir el debate sobre prolongar la edad laboral. Sin embargo, ahora se encuentra defendiendo un proyecto que no es el suyo, explicando que "el Gobierno no va a retirar la propuesta. Es necesario abordar el debate", como afirma en la entrevista concedida hace escasos días a El País, y admitiendo que su Trabajo habría abordado esa reforma "con un recorrido más largo". Una entrevista en la que destila cierta melancolía cuando responde, a una pregunta sobre las bonificaciones para el empleo, que "el colectivo con el que hay que hacer el máximo esfuerzo es el de los jóvenes. Durante tres años, no más. (...)Pero dentro de tres años al ministro de Trabajo -que no voy a ser yo, seguro- habrá que preguntarle qué va a hacer cuando se acabe ese tiempo".

La estrella de Corbacho se apaga apenas un año después de que emergiera como uno de los pocos políticos natos en el Gobierno.

Hace 12 meses el perfil técnico del gabinete de Zapatero se acentuaba con la sustitución de Mariano Fernández Bermejo por Francisco Caamaño al frente de la cartera de Justicia, y algunos de los otros pesos pesados empezaban a desafinar. Pedro Solbes ya manifestaba abiertamente sus ganas de ser "un ex ministro" y Miguel Sebastián protagonizaba algún que otro patinazo como el del Plan Vive, que terminó mutando en el Plan 2000E ante la ineficiencia que demostró para reactivar el mercado automovilístico. Sin embargo, la apuesta de Zapatero por llegar a un acuerdo con patronal y sindicatos le situó en el centro del escenario.

A comienzos de la primavera, Corbacho encaraba lo que él esperaba que fuese la recta final del diálogo social. Las enormes diferencias de planteamiento entre los agentes sociales estaban provocando que las conversaciones llevasen estancadas ocho meses y en el Gobierno empezaba a cundir la impaciencia. Corbacho dio un puñetazo en la mesa apremiando a sindicatos y patronal, afirmando que "estamos a punto de entrar en el tiempo de descuento de la prórroga", porque "las negociaciones no pueden ser eternas". El ministro ponía la última semana de marzo como fecha límite para cerrar un acuerdo que debía incluir cuestiones como la mejora al acceso al crédito por parte de las empresas y en el que "no se trata de que todo el mundo esté de acuerdo al cien por cien". Para Corbacho, no se podían esperar "grandes unanimidades", sino un "consenso razonable", porque en esos momentos había "otro debate abierto", el del mercado laboral, que "debe tener más recorrido". Un recorrido que, probablemente, Corbacho, no esperaba que fuera tan largo.

Pero el puñetazo en la mesa sirvió de poco. La situación seguía sin avanzar y, ya entrada la primavera, Zapatero decidió cortar por lo sano y desplazar a Corbacho, depositando la responsabilidad de llevar las riendas del proceso en el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Javier Vallés. Las brechas entre el presidente del Gobierno, que empezaba a no fiarse de la capacidad de Corbacho para llevar el diálogo a buen puerto, y su ministro de Trabajo, que ya expresaba a su círculo cercano su malestar por la escasa atención que Zapatero prestaba a sus propuestas, comenzaban a aparecer y desde entonces no han hecho más que agrandarse.

Desde ese momento, la deriva del proceso de diálogo social es bien conocida. La ruptura de la mesa en el mes de julio durante una cena en la Moncloa y la guerra abierta entre patronal y sindicatos hasta que, forzados por las circunstancias, han vuelto a sentarse a finales del año pasado para cerrar la negociación colectiva y volver a intentar llegar a la tan traída y llevada reforma del mercado laboral. Durante todo este tiempo, Corbacho ha ido perdiendo foco y algunas voces apuntan la posibilidad de que, en la teóricamente segura crisis de Gobierno que Zapatero ejecutará al final del semestre europeo, el ministro regresará a Cataluña para ir en la candidatura de José Montilla en las próximas elecciones autonómicas a celebrar a principios del otoño.

El objetivo de Corbacho en estos momentos sería volver a un PSC en el que siempre ha gozado de una posición preeminente. Desde su cargo de alcalde de la segunda población catalana tras Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Corbacho fue el representante de los socialistas catalanes en la comisión gestora que rigió los destinos del PSOE tras la dimisión de Joaquín Almunia. En esa época Zapatero consiguió implicar a Corbacho en su asalto a la secretaría general del partido y le convirtió en su mediador con Montilla, para conseguir que el actual presidente de la Generalitat le apoyase en su carrera contra José Bono. Desde entonces, Zapatero le estuvo agradecido por su implicación, pero fue la actuación del titular de Trabajo durante el caos en torno a las obras del AVE, a pocos meses de las elecciones generales de 2008, lo que convenció al presidente del Gobierno de que en Corbacho había un ministro potencial. Cuando Zapatero decidió acudir en persona a Cataluña para reunirse con los afectados por los socavones que las obras habían abierto, Corbacho ejerció de anfitrión de la cita en L'Hospitalet, precisamente el municipio más afectado, demostrando un poder de resolución importante y contribuyendo a apaciguar los ánimos de los ciudadanos y los políticos locales. Sin embargo, esa confianza ya se ha roto y quizá la única salida para Corbacho sea esa, el retorno a un PSC en el que mantiene intacta su cuota de poder. •

El PP pasa de la 'vice'

La otra gran perdedora ante el nacimiento del triunvirato Salgado-Blanco-Sebastián es María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta primera pierde peso en el Ejecutivo a ojos vista y en el PP no han desaprovechado la ocasión para ningunearla y abrir una brecha en el ejecutivo. Rajoy desveló la semana pasada que su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dirigirá sus preguntas a Elena Salgado durante las sesiones de control al Gobierno, en lugar de a De la Vega como venía sucediendo. "Soraya hace las preguntas a quien estima oportuno y conveniente, y ahora efectivamente me ha dicho que las preguntas se las va a pasar a hacer a la señora Salgado", aseguró Rajoy ante la prensa, subrayando que "ella pregunta a quien cree que tiene más influencia, supongo, o a quien cree que tiene más capacidad de decisión". Las sesiones de los miércoles en el Congreso tendrán nuevas protagonistas.

Curiosamente, durante la sesión del miércoles pasado, en la que la portavoz del PP estrenaba interlocutora, De la Vega se encontraba en Bruselas. Quién sabe si para no aparecer en el Congreso callada, a la sombra de la vicepresidenta que sí ha sido elegida por Zapatero para integrar la comisión anticresis y que, además, ha amagado con desautorizarla. Su número dos, Carlos Ocaña, abrió la puerta a revisar los límites salariales de los funcionarios, que De la Vega acordó con los sindicatos hace pocos meses, pero Salgado lo ha negado.

`MINICRISIS' EN TRABAJO Y PRESIDENCIA

Por M. C.

A la espera de la hipotética crisis ministerial que dará un nuevo impulso al Gobierno en la recta final de la legislatura, los dos
afectados por la troika negociadora de los pactos anticrisis, Fernández de la Vega y Corbacho han ejecutado una 'minicrisis' con un cambio de piezas. Según adelanta la Ser al cierre de esta edición, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmela Gomis, cesa en su cargo por razones personales para ser sustituida por la hasta ahora secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí. Gomis llevaba en el cargo casi un año, desde que Función Pública se desgajó del Ministerio de Administraciones Públicas para pasar a depender de Vicepresidencia.

Rumí será la encargada ahora de dar fluidez a un área del Gobierno que, además, ha estado de actualidad en la semana pasada tras el anuncio por parte del secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, de que Economía manejaba la posibilidad de reformar los acuerdos salariales de los funcionarios, pactados a finales del año pasado por De la Vega. La vicepresidenta Salga-do ha negado la mayor, desautorizando a su número dos, aunque habrá que ver si sucede lo mismo que con el periodo de cómputo de la cuantía de las jubilaciones, que apareció como un ejemplo en un documento enviado a Bruselas, se retiró, y ahora se ha puesto de nuevo encima de la mesa por Celestino Corbacho, que ha invitado a abrir un debate en torno al tema en el marco del Pacto de Toledo.

El relevo de la secretaria de Estado de Inmigración será la ex europarlamentaria del PSC Ana Terrón, que hasta ahora era la responsable de las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y la Unión Europea. El ministro de Trabajo ha optado por una persona cercana a él para sustituir a la que ha sido responsable de Inmigración desde que Zapatero ganó las elecciones de 2004. Llegó al cargo de la mano de Jesús Caldera y Celestino Corbacho la confirmó en él tras los comicios de 2008.

Cercana a Nueva Vía, la corriente que aupó a Zapatero a la secretaría general del PSOE, la andaluza Consuelo Rumí ha sido una eterna futura ministra. Papeletas ha tenido para ello. En el congreso en que Zapatero derrotó a José Bono, ella fue elegida miembro de la Ejecutiva Federal como responsable de la secretaria de Ocupación, Políticas e Inmigración. Pero no fue así. Quizás por los equilibrios entre Chaves y Zapatero a la hora de negociar la 'cuota andaluza' en el gobierno –cubierta por Carmen Calvo y Magdalena Álvarez– o quizás por el veto de Chaves a una 'zapaterista' que desobedeció la posición oficial de la federación andaluza, favorable a Bono, se quedó fuera del consejo de ministros. •