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Nº 869 - 22 de febrero de 2010


Una ‘extraña alianza’ progre-conservadora podría acabar con la carrera del juez

Garzón, contra las cuerdas

En pocas fechas sabremos la decisión final que va a tomar el Consejo General del Poder Judicial con respecto a la petición de suspender de sus funciones al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ha causado cierto desconcierto que las actuaciones judiciales contra él, impulsadas por organizaciones de extrema derecha como Manos Limpias y Falange Española, además de ser admitidas por jueces conservadores –contra el criterio de la Fiscalía–, también han encontrado apoyo en algunos jueces progresistas. Para muchos, la larga trayectoria profesional del jurista ha dejado a muchos ofendidos en una amplia gama del espectro ideológico, y éstas podrían ser algunas de las consecuencias. Además de su carrera profesional, en este asunto se ha puesto en peligro el derecho a la justicia para las víctimas del franquismo.

Por Pedro Antonio Navarro

La pasada semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidía aceptar la solicitud realizada por el todavía juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para ser escuchado por este órgano y presentar sus alegaciones –un derecho que le corresponde, y para el que le han concedido diez días para preparar sus argumentos–, antes de que el máximo órgano de gobierno de los jueces se pronuncie acerca de la solicitud de suspensión en sus funciones que pesa sobre el magistrado estrella, y que podría poner fin a una carrera que durante 23 años ha ocupado miles de páginas en los medios españoles e internacionales.

Como relatábamos en el número anterior de El Siglo, la aparente paradoja parece encontrarse en que el juez instructor del caso contra Garzón por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo en el Tribunal Supremo, es un jurista fundador de la asociación Jueces para la Democracia, Luciano Varela, de reconocida adscripción progresista; y que quien más pugnó en el seno del CGPJ para agilizar los trámites para proceder a la suspensión de Garzón, es también una vocal progresista, perteneciente a la misma asociación judicial, Margarita Robles.

Pero los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que admitían a trámite la denuncia efectuada contra el juez, primero por el pseudo sindicato de extrema derecha Manos Limpias y, después, por el partido Falange Española de las JONS, eran magistrados del ala más conservadora de la judicatura, como Adolfo Prego, conocido por sus actividades extrajudiciales, entre las que destaca el hecho de ser patrono de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), el haber suscrito un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica en el que se incluían frases como que esa norma pretende que la sociedad “recuerde como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales”, o el haber sido el orador en actos de presentación de libros del pseudo historiador de extrema derecha (y ex miembro del GRAPO), Pío Moa, con quien afirmaba coincidir en su visión de la Guerra Civil, de la que culpan al Gobierno legítimo de la II República. Este magistrado –que también dedica el tiempo libre a escribir para la Hermandad del Valle de los Caídos–, que se encuentra al frente de la Sala Segunda del Supremo, y posteriormente Varela, rechazaban el archivo de la causa, como solicitaba la Fiscalía.

A Garzón ahora se le imputa un delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, y también otro de prevaricación por, supuestamente, haber sobreseído una causa contra directivos del Banco del Santander –la acusación imputa al juez haber recibido dinero de este banco durante su estancia por estudios en Estados Unidos– de modo indebido. Pero lo cierto es que el magistrado más famoso de España (y también uno de los más conocidos en todo el mundo) lleva más de dos décadas ‘pisando callos’ en innumerables ámbitos y en un amplísimo rango ideológico y hasta geográfico.

Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la comisión chilena de la Verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

Del mismo modo, manifestó reiteradamente su deseo de investigar al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, en relación con la instauración de las dictaduras de la década de los 70 en América Latina en el marco de lo que en el diseño geoestratégico del Washington de aquella época se denominó la Operación Cóndor.

En la misma línea abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina (1976-1983). En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión tras una causa instruida por el magistrado.

Sin emprender ninguna causa judicial criticó con dureza al Gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba, e hizo campaña activa en contra de la Guerra de Iraq, al tiempo que emitía una orden internacional de detención contra Osama Bin Laden.

Trasladándose a la misma Europa en sus pesquisas, en abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo, a quien pretendía procesar por corrupción.

Los delitos económicos han constituido otra de las ‘especialidades’ de Baltasar Garzón. En diciembre de 2001 ponía en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, el BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero.

Investigó a Jesús Gil antiguo alcalde de Marbella y dueño del Club Atlético de Madrid, por corrupción. Asimismo, ha dirigido importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia (Operación Nécora y otras).

Uno de los hitos de su carrera, y que le ha granjeado la ‘inquina eterna’ de algunas personalidades históricas del Partido Socialista, fue la apertura de la investigación sobre los fondos reservados y su deriva hacia la comisión de delitos en la lucha antiterrorista. Tras su paso fugaz por la política en las listas electorales del PSOE, regresaba a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones sobre el terrorismo de Estado contribuyeron a poner en la picota a José Barrionuevo Peña, Ministro de Interior del PSOE, vinculándolo con las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), en el escenario de la que se denominó ‘guerra sucia’ contra el terrorismo. Muchos, aún hoy, recuerdan que aquella actuación judicial, junto al enorme revuelo mediático –muchas veces, perfectamente orquestado– fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista (PSOE) en las elecciones de 1996.

Otra de sus ‘obsesiones’ ha sido ETA y la izquierda abertzale en el País Vasco. Garzón decidía abrir una profunda investigación de ETA (dedicando grandes medios policiales para ello) y lo que se considera su entorno. A veces, como ha demostrado, al cabo de los años, la conclusión de varios de los procesos abiertos entonces, que han concluido declarando la inocencia de procesados, quitando con ello la razón al juez, el empeño iba más allá de las auténticas causas jurídicas.

En 1998 ordenó el registro de varias sedes de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos (AEK) y el arresto de su tesorero. En julio de ese año ordenó el cese de actividades de Orain SA, empresa vasca de comunicación que gestionaba el diario Egin y su estación radiofónica, Egin Irratia. Acabada la instrucción de Garzón, el cierre fue levantado por la Audiencia Nacional, pero Orain SA quedó en bancarrota. Posteriormente ordenó el cese de actividades de Zabaltzen y el cierre de Egunkaria, el único diario que se editaba íntegramente en lengua vasca. Estos hechos han sido duramente criticados por los movimientos de defensa del euskera, que consideran que el cierre de periódicos atenta más contra la cultura vasca que contra el terrorismo de ETA.

En octubre de 2002, suspendía durante tres años las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte del entramado de ETA. Asimismo ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como Xaki, Ekin, Jarrai, Haika y Segi, y a sociedades y organizaciones cuya vinculación con el MLNV no está clara, como el coro musical Euskaria, alegando que forman parte de diversos frentes del entramado de ETA.

Una de sus más recientes actuaciones ha sido la de ejercer de instructor del Caso Gürtel hasta que se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, al haber imputados aforados (un senador, un diputado nacional, un diputado europeo y diputados de los correspondientes parlamentos autonómicos). Se trata de la investigación del entramado de empresas de Francisco Correa, al que se acusa de haber practicado dádivas y sobornos a altos cargos del Partido Popular para la obtención ilícita de contratos millonarios con la administración pública.

Por ello, el PP interpuso varias quejas y una querella contra él que no prosperó, pero tras los halagos de hace años por su ‘valentía’ ante los ‘crímenes de Estado’ que provenían de las filas populares y de su entorno mediático, ahora el magistrado recibe duras críticas y severas acusaciones desde este mismo entorno.

La persecución de la corrupción política y económica siempre ha sido uno de los ejes principales de su trayectoria profesional. En esta dirección, una de sus últimas actuaciones se iniciaba el pasado 30 de octubre de 2009. Por solicitud del fiscal anticorrupción, Luis Pastor, y tras tomarle declaración en la Audiencia Nacional, ordenaba el ingreso en prisión del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, tras comparecer en el juzgado especial en relación con la Operación Pretoria contra la corrupción urbanística en Cataluña, en la que se investigaba corrupción urbanística y apropiación indebida, entre otros delitos, en las localidades de  Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. En su instrucción, además aparecen imputados un ex diputado socialista, Luis García, dos ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña gobernada por CIU entre los 80 y los 90, Lluís Penafreta y Macià Alavedra, el teniente de alcalde y concejal de urbanismo Manuel Dobarco, además de los empresarios Manuel Carrillo, madrileño; y los catalanes Josep Singla, y Lluís Casamitjana.

Más allá de lo que casi se ha convertido en un tópico acerca de su desmedido afán de protagonismo, y de sus, comentadas en muchos ámbitos, carencias técnicas como instructor, lo que resulta evidente echando un vistazo a su trayectoria procesal, es que difícilmente puede imputarse a Garzón tendenciosidad ideológica en sus actuaciones, del mismo modo que, como atestiguan sus más directos colaboradores, estamos ante un trabajador incansable.

Vistas sus actuaciones, a nadie puede extrañarle que el magistrado tenga incontables enemigos en casi todas las parcelas públicas y muchas privadas, y aquí es donde algunos buscan la explicación a esa ‘extraña alianza’ entre ultraconservadores y algunos progresistas –no todos, obviamente; la asociación Jueces para la Democracia (a la que pertenecen Margarita Robles y Luciano Varela) ha hecho público un comunicado defendiendo a Baltasar Garzón y rechazando que su conducta sea constitutiva de un delito de prevaricación-.

Más allá de las duras consecuencias personales y profesionales que pudiera tener para el magistrado ser apartado de la carrera judicial, también quedaría muy tocado el derecho a la justicia para las víctimas del franquismo, que verían cómo la actual estructura judicial española –muy escorada a la derecha- está más dispuesta a favorecer los intereses de los herederos políticos de la dictadura fascista (Manos Limpias, Falange Española) que los de las auténticas víctimas y los agraviado.

El juez no está solo

Muchas han sido las reacciones de apoyo y solidaridad con Baltasar Garzón ante la inminente amenaza de ser apartado de la carrera judicial, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Jueces, fiscales, políticos e intelectuales ya han expresado su desacuerdo con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, de mantener el procesamiento de Garzón, y también con que el consejo General del Poder Judicial decida apartarlo de la carrera judicial.

Desde el ámbito de la magistratura, la Unión Progresista de Fiscales y la asociación Jueces para la Democracia –a la que pertenecen el juez instructor del Supremo Luciano Varela, y la vocal del CGPJ Margarita Robles– suscribían un documento en el que ponen de manifiesto que el proceso contra Garzón supone “criminalizar la discrepancia jurídica”, y consideran que su actuación, en todo momento “se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional”.

Para el antiguo Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, “la extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura”, al tiempo que denunciaba que detrás de este procesamiento se esconde “recelo, envidia y venganza”.

Otro magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, remitía hace pocas fechas un escrito a Luciano Varela defendiendo la actuación de su compañero Garzón, mientras que un grupo de juristas españoles, encabezados por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Girona, Hernán Hormazábal, y en el que también se encuentran el ex rector de este centro, Josep Maria Nadal y los catedráticos de Derecho Penal Mercedes García Arán (Universidad Autónoma de Barcelona), y Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha), elevaban una denuncia formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. Los impulsores de esta medida consideran que “lo que está sucediendo supone un gran desprestigio para la justicia española. Es una maniobra política increíble, que no se entenderá en ningún país del mundo. Es como si en Alemania se encausara a un juez por investigar a nazis”.

La solidaridad con el magistrado también provenía de todos sus compañeros en el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, que se concentraban en su apoyo. La comisión Internacional de Juristas, organismo que agrupa a más de 70 presidentes y ex presidentes de Tribunales Supremos de países miembros de Naciones Unidas elaboraban un comunicado en el que aseguran que “España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente los crímenes contra la Humanidad”, y califican el procesamiento de Garzón como “interferencia injustificada e inapropiada”. Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, y actual embajadora de Suiza en Argentina, y el magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni, actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, ya se han mostrado dispuestos a testificar a favor de Garzón.

No sólo desde el campo judicial llega la indignación con lo que acontece. Escritores como José Saramago, Juan Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, Fanny Rubio o Manuel Rivas; los catedráticos Juan Oleza y Pero Martínez Montálvez, el cantautor Paco Ibáñez; el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, el hispanista Ian Gibson o el sociólogo José Vidal Beneyto, suscriben un manifiesto en el que se consideran “sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón”.

Más apoyos llegan desde el Partido socialista e Izquierda Unida, y algunas de las reacciones más duras contra el proceso a Garzón llegan de la prensa. Un editorial del diario El País de la pasada semana sentenciaba que “la aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen lleva camino de consumarse”.

En El Periódico de Catalunya, Joan Barril se quejaba amargamente: “Los golpes de estado hoy ya no necesitan carros blindados ni generales. Los golpes de estado se hacen a plazos”. El diario estadounidense Los Angeles Times se sumaba al coro, y en un editorial de la pasada semana asegura que la situación en la que se encuentra Garzón está provocada por “sus adversarios”. El rotativo estadounidense habla de la “politización” del sistema judicial español, y expresa su solidaridad con el juez: “Admiramos a Garzón por una vida completa dedicada a perseguir crímenes sin importar su ideología”.

Varela, en el ojo del huracán

No se trata de uno de los jueces estrella cuyas actuaciones han estado en la primera línea de la información en nuestro país. La mayor parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en su Galicia natal, permaneciendo 23 años en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La llegada al Tribunal Supremo de Luciano Varela se producía en 2007.

Volcado con la docencia en la Universidad de Santiago, también ha preparado a numerosos alumnos para la oposición a la carrera judicial, y de ellos, más de 40 han alcanzado su objetivo, entre ellos, dos de sus cuatro hijos.

Muy al contrario que Garzón, no se ha tratado nunca de un magistrado mediático. Irónicamente, su conocimiento por parte del gran público ha tenido que producirse por su condición de juez instructor del sumario contra el magistrado de la Audiencia Nacional, como consecuencia de la denuncia presentada contra él por Manos Limpias, por considerarse competente para proceder a la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo.

Luciano Varela ha estado considerado como un juez progresista, aunque en la Sala Segunda del Tribunal Supremo se dé una mayoría de jueces muy conservadores. Fue fundador de la asociación Jueces para la Democracia, junto con Margarita Robles –la principal impulsora del procedimiento de urgencia en el seno del CGPJ para proceder a la suspensión en sus funciones de Garzón-, aunque ahora, esa asociación (a la que continúa perteneciendo) se haya pronunciado públicamente, y por escrito, contra el procesamiento a Garzón que el propio Varela se ha empeñado en mantener, incluso en contra del criterio de la Fiscalía.

Fue el ponente de la Ley del Jurado Popular, y firme defensor de su significado frente a quienes todavía critican la participación de los ciudadanos de a pie en la impartición de justicia: “Es como meter camiones en descarga continua de sentido común en el aparato judicial. Eso es lo que es el jurado popular”.

La redacción de la parte técnica de la norma le fue encargada por Juan Alberto Belloch, en sus tiempos de ministro del ramos, y de quien se confiesa amigo personal –Margarita Robles fue secretaria de Estado con Belloch, durante esa misma época–.

Antes de que se viera en el ojo del huracán por ser el instructor de la causa contra Garzón, afirmaba en una entrevista en un diario gallego que “si el sentido de mis resoluciones hace que quienes tienen capacidad para levantar acta de una situación decidan que tenga carácter polémico, habrá polémica”. Y vaya si la ha habido. Varela ha recibido numerosas críticas, precisamente por lo excesivamente ‘literario’ de su auto en el que negaba el archivo de la causa, y también por haber incurrido en errores de bulto, imputando citaciones a Garzón que, dado que éste se encontraba de baja médica, las había realizado Santiago Pedraz.

Si hay algo que parece claro en ese auto, es su defensa de los límites establecidos por la Ley de la Memoria Histórica –que a su criterio no permiten la investigación sobre los desaparecidos ni apoyan la exhumación de cadáveres-, y su ‘respeto’ por la Ley de Amnistía de 1977, en contra del parecer de otros muchos juristas y de las cortes penales internacionales.

Curiosamente, Garzón y Varela habían coincidido en el pasado, tanto profesionalmente (Caso ‘Nécora’), como personalmente. Varela fue el encargado de realizar la presentación de Baltasar Grazón en varias intervenciones y conferencias en Galicia, especialmente en una, en el club Faro, probablemente el más importante foro de debate en la Comunidad Gallega. En aquella ocasión, Garzón quedó muy satisfecho y, medio en serio, medio en broma, le llegó a pedir que ejerciera ese papel en todas sus conferencias. Evidentemente, eran otros tiempos.

Una judicatura muy escorada a la derecha

Los jueces conservadores, en su mayoría pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, son clara mayoría en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y, sobre todo, en la Audiencia Nacional.

En el Tribunal Supremo ostentan la presidencia de cuatro de sus cinco salas y amplia mayoría en todas ellas, excepto en la Sala de lo Civil, la única con un presidente progresista, Juan Antonio Xiol, y una composición más o menos equilibrada. La diferencia más patente radica en la Sala de lo Penal, la más sensible de todas por tener asignada el enjuiciamiento de delitos cometidos por aforados, entre los que se cuentan los miembros del Gobierno y del Legislativo. Es la que ha decidido la admisión a trámite de las querellas contra Garzón. A su cabeza, el magistrado Adolfo Prego.

La Sala  de lo Penal mantenía una proporción equilibrada hasta la jubilación de los magistrados progresistas José Antonio Martín Pallín y Siro García, cuyas plazas han sido cubiertas por el fiscal conservador Antonio Marchena y el magistrado progresista Luciano Varela, juez instructor de la querella contra Baltasar Garzón, y que ha mantenido su procesamiento, pese a la solicitud en sentido contrario de la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso, que tiene asignados los recursos contra disposiciones del Gobierno, tiene también mayoría de dos tercios de conservadores. Esta tendencia se ponía de manifiesto con sus decisiones sobre la OPA de Gas Natural o la anulación del traslado de la Comisión de las Telecomunicaciones a Barcelona.

La Sala de lo Militar, presidida por Ángel Calderón, ha sentenciado que las condenas impuestas por el franquismo en los asuntos más significados –el ministro republicano Juan Peiró o los anarquistas Delgado y Granados– no son revisables.

El escoramiento a la derecha también es muy apreciable en la Audiencia Nacional. Con el nombramiento –tras tres intentos frustrados por parte del CGPJ, presidido entonces por  el polémico Francisco José Hernando– de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala Penal y la incorporación de Fernando Grande-Marlaska al Juzgado Central Número Tres, la Audiencia está dominada por una mayoría de magistrados conservadores que, en su momento, demostraron su preponderancia al revocar la excarcelación del etarra De Juana, o con sentencias como las del propio De Juana o Henri Parot. Son tres cuartas partes en un pleno de 16 magistrados.

De los 17 Tribunales Superiores de Justicia –uno por cada comunidad autónoma–, la conservadora APM cuenta con 11 presidencias, entre ellas la del ultraconservador Fernando Ruiz Piñeiro en el País Vasco, que tuvo imputado al entonces lehendakari Ibarretxe como supuesto cooperador necesario en un delito de desobediencia,  o en la Comunidad Valenciana, a Juan Luis de la Rúa, el ‘más que amigo’ del presidente Camps y que, pese a todo, seguirá dirigiendo la instrucción del Caso Gürtel en su parte referida a esta comunidad autónoma.

En cuanto al actual consejo General del Poder Judicial, tras la salida del polémico y ultraconservador Francisco José Hernando, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero sorprendía proponiendo como presidente a Carlos Dívar. Un jurista de ideas conservadoras y profundamente religioso, presidente de la Audiencia Nacional en 2001, en pleno Gobierno de José María Aznar, que levantaba los recelos en buena parte de la bancada socialista,  que no acababa de comprender bien esta ‘maniobra de consenso’. Lo cierto es que Zapatero se garantizaba el voto favorable de los vocales conservadores que, a cambio, colocaban en la Vicepresidencia  al juez ultraconservador Fernando de la Rosa.

En el asunto de la suspensión del juez Garzón, Dívar votó a favor de continuar con los trámites. La nieta del que fuera presidente de la II República Juan Negrín, Carmen Negrín había solicitado que se abstuviera de participar, ya que le consideraba concernido por el asunto, dado que, en su momento había jurado lealtad al dictador Francisco Franco y a los Principios Fundamentales del Movimiento. Esta práctica estuvo vigente hasta junio de 1977 para acceder a la carrera judicial. La Comisión Permanente del CGPJ, a diferencia de lo adoptado con respecto a la solicitud de suspensión a Garzón, decidía archivar esta petición. L

Aciertos y desaciertos en el ‘caso Garzón’

En este nuestro país tan dado a maniqueísmos y a argumentos de baja calidad, asistimos apesadumbrados estos días a una de sus más genuinas manifestaciones cuando se trata se contemplar la actitud de Garzón y de la causa judicial que viene padeciendo. Por ello desde la más absoluta frialdad jurídica, intentaré analizar los aciertos y desaciertos que en su caso, en mi criterio, están sucediendo.

1.– Resultó un desacierto que Garzón tardara nada menos que nueve meses en resolver un recurso del fiscal sobre su falta de competencia para instruir, incompetencia por cierto que él finalmente acabó reconociendo por su Resolución de 18 de noviembre de 2008. Si bien ello no debería ser motivo de procedimiento penal contra él, sí debería haber sido motivo de análisis disciplinario, pero ya sabemos que en lo que se refiere a la responsabilidad en que puedan incurrir los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, “ni está, ni se le espera”.

2.– Me pareció y me sigue pareciendo que la admisión de la querella contra Garzón fue un desacierto jurídico y que debería haber tenido corto recorrido judicial pues, hasta ahora al menos, la Doctrina del Tribunal Supremo para considerar la existencia de un delito de prevaricación era muy exigente en cuanto al quebrantamiento de la legalidad.

3.– Es faltar a la verdad y desacertado el afirmar, y se ha hecho en muy diversos foros, que el proceso contra Garzón se debe a su voluntad de investigar los crímenes del franquismo; su encausamiento se debe a no haber asumido a tiempo (finalmente sí lo hizo) que él no era el juez competente para esa investigación.

4.– El magistrado instructor del caso creo que desacierta cuando entra a analizar la aplicación o no de la Ley de Amnistía, tema éste complejo y de innecesario análisis para el caso en cuestión, pues la supuesta prevaricación de Garzón no se halla en que la ignorase, sino en que asumiese una competencia judicial que territorialmente no le correspondía, tal como sostenía con acierto el fiscal de la Audiencia Nacional, y declaró el citado Tribunal por su Auto de 2 de diciembre de 2008.

5.– El afirmar que el proceso a Garzón se debe al “espíritu de revancha” o a “malevolencia política” contra él, como se ha dicho por ilustres juristas, me parece un notable desacierto, pues supone introducir un elemento político en la decisión del Tribunal Supremo  al admitir la querella y en su instructor al continuar con las actuaciones, que no me parece de recibo, pues es una afrenta a nuestro más alto Tribunal Penal.

6.– El hacer hincapié en el sesgo político de los querellantes contra Garzón para defender la actuación de éste me parece otro error, pues las conductas de las personas, a efectos penales, son o no delictivas según encajen en el Código Penal, con independencia de quien las denuncie. Por ello es un acierto discrepar del proceso que se le sigue, pero un desacierto el “tirar de su currículum” como supuesto argumento en su favor.

7.– En todo este apasionado debate, lo que nos parece acertado es la actuación del defensor de la legalidad, el Ministerio Fiscal: atacó la competencia de Garzón para la investigación que estaba llevando a cabo, y en la querella interpuesta contra él lo defiende por considerar la inexistencia del delito de prevaricación.

En definitiva, dada la atípica personalidad del magistrado Garzón, activista judicial por excelencia, cúmulo en sus actuaciones de luces y sombras, de méritos (sus actuaciones contra ETA) y deméritos (como por ejemplo, su recientemente declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifiesta falta de imparcialidad en la instrucción del caso Vera, aspecto éste gravísimo y por cierto silenciado cuidadosamente por sus panegiristas), seguirá produciendo manifestaciones de filias y fobias pasionales que son justamente lo contrario de lo que deber ser un sereno debate sobre su actuación en el caso por el que se le enjuicia. Lo demás, sus antecedentes históricos más o menos remotos, han de servir para hacernos una idea de su persona como juez, pero no deben mezclarse con los concretos hechos por los que ahora es investigado; tanto la manía, como el fetichismo o adoración de personas impiden ponderar  en su justa medida los casos, pues el calor de los debates sofoca los argumentos racionales. Y en eso estamos y por eso, como ha dicho Dworkin, rechazamos las manipulaciones aun cuando los valores que pretenden proteger o instaurar sean los míos propios.

José Mariano Benítez de Lugo, Presidente Honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

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