Estrasburgo bloquea, por primera vez, un acuerdo de la Comisión

EL EUROPARLAMENTO, CONTRA EL ESPIONAJE AMERICANO

El pasado 12 de febrero, el Parlamento Europeo se oponía al acuerdo suscrito por la Comisión Europea y el Gobierno estadounidense, por el que se permitía a Washington acceder a los datos bancarios privados de los clientes del Viejo Continente, con la excusa de la lucha contra el terrorismo. Esa práctica viene produciéndose de facto desde 2001, y se complementa con la actuación de la Red Echelon de espionaje electrónico —a la que contribuye directamente el Ejecutivo británico—. Los europarlamentarios han dicho basta y han ejercido su nuevo
derecho de bloqueo.

Por Antonio Sarrión

En 2007, la Unión Europea –por decisión exclusiva de la Comisión Europea– y Estados Unidos suscribían un acuerdo por el que se permitía a las autoridades norteamericanas acceder a los datos bancarios de todos los ciudadanos del Viejo Continente, a través de la red bancaria SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Este pacto era firmado una vez que se tenía conocimiento de que la Administración estadounidense ya llevaba tiempo espiando –al menos, desde los atentados de septiembre de 2001–, sin ninguna clase de control, las transacciones de SWIFT.

De hecho, tanto las autoridades europeas como el propio Congreso estadounidense, se enteraban de esta bochornosa situación mediante una información publicada en The New York Times, en 2006, en la que se ponía de manifiesto que la CIA había introducido un programa para rastrear un flujo de tres trillones de dólares de pagos diarios registrados en la mencionada red bancaria, que gestiona unos 15 millones de transacciones diarias entre 8.300 bancos de todo el mundo. El programa del espionaje estadounidense en principio está diseñado para detectar posibles financiaciones de actividades supuestamente terroristas –de hecho, se denomina originalmente Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)–, y se había puesto en marcha de modo clandestino, incluso en los propios Estados Unidos.

Grupos en defensa de las libertades civiles y de la protección de datos, así como numerosas formaciones políticas en todo el continente se habían opuesto, hasta ahora sin éxito, a este 'permiso' que la Comisión Europea daba a Washington para que la Inteligencia de ese país navegase a sus anchas entre nuestros datos de forma casi indiscriminada.

Pero la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha otorgado al Parlamento Europeo –cuyos pronunciamientos no eran vinculantes anteriormente– la capacidad de bloquear las decisiones tomadas por la Comisión Europea, y la primera gran decisión ya ha llegado. Primero fue la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, el pasado 4 de febrero, la que rechazaba el pacto que permitía el acceso de Estados Unidos a los datos bancarios europeos, aunque, definitivamente, era el pleno del órgano legislativo comunitario, el que decidía el bloqueo de este pacto, mediante una amplia mayoría, el pasado 12 de febrero. 378 diputados bloqueaban este extraño 'contrato', mientras que lo apoyaban 196, y otros 31 se abstenían.

Los argumentos esgrimidos por quienes se han opuesto a esta permisividad de la actuación del espionaje de Washington se concentran en tres ejes. En primer lugar, este acuerdo infringe toda la legislación europea
(tanto la comunitaria, como la de cada uno de los Estados miembros) sobre protección de datos. Una segunda línea incide en el hecho de que las posibilidades de actuación ahora revocadas son demasiado amplias y exceden de hecho el propósito de persecución y localización de posibles financiaciones a grupos de delincuentes. La tercera razón esgrimida es que se trata de una actuación unilateral, en la que EE UU tiene barra libre, pero, a su vez, no está obligado a permitir a la UE el acceso a los datos bancarios de los ciudadanos estadounidenses.

En Washington sabían desde hace tiempo que la mayoría de la Eurocámara, muy probablemente, rechazaría y bloquearía el acuerdo en cuanto el Tratado de Lisboa entrase en vigor, otorgándole esa prerrogativa, por lo que vienen ejerciendo toda la presión diplomática ante los Gobiernos comunitarios, tratando de evitar lo que finalmente ha sucedido. El máximo responsable de asuntos de Terrorismo e Inteligencia del Departamento del Tesoro norteamericano, Stuart Levey, advertía de que el bloqueo a este acuerdo por parte del Parlamento Europeo sería "un error trágico", mientras que el embajador estadounidense ante la UE, William Kennard, remitía una carta al presidente de la Eurocámara, el conservador Jerzy Buzek, en la que amenazaba con que su Gobierno trataría particularmente con cada Estado integrante de la UE sobre éste y otros asuntos, orillando a las autoridades comunitarias. Su misiva no ofrecía muchas dudas: "Si el Parlamento europeo se opone a este acuerdo, no estoy seguro de que las autoridades norteamericanas deseen volver a hablar del asunto a nivel de la Unión Europea".

A las presiones se sumaba la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que poco antes del pronunciamiento de los eurodiputados, telefoneaba a Jerzy Buzek y a la nueva ministra de Asuntos Exteriores de la UE, Catherine Ashton, para poner de manifiesto la "decepción" que produciría en Washington un rechazo al acuerdo suscrito.

No faltaban aliados a este lado del Atlántico. A favor de continuar permitiendo el espionaje norteamericano se mostraba la mayoría del Partido Popular Europeo, el mayor grupo de la Eurocámara, aunque con la importante excepción de sus socios alemanes. Del otro lado se hallan los socialistas, el resto de la izquierda, los verdes y los liberales, aunque con la excepción de los socialistas españoles y portugueses. Incluso los ministros españoles de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, a finales de enero, expresaron la posición española a los eurodiputados, y les solicitaron su apoyo para ratificar el acuerdo.

De todos modos, el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado en contra, y su decisión es inapelable, y es que ya venía lloviendo sobre mojado. Varios acuerdos en materia de seguridad suscritos entre la Comisión Europea –que ahora se deberá someter al escrutinio parlamentario– y Estados Unidos suponen una amenaza a la privacidad de los ciudadanos, cuando no entran en abierta confrontación con las legislaciones nacionales y hasta comunitarias en esta materia, como el que entró en vigor en julio de 2007, y que obliga a transferir los datos de los europeos que viajen a EE UU desde 72 horas antes del embarque, y que deben incluir las tarjetas bancarias y el trayecto que se efectuará en el interior del país.

Pero, sobre todo, el Parlamento Europeo ya se había enfrentado a una investigación en profundidad de las actuaciones del espionaje estadounidense en el Viejo Continente, especialmente en lo concerniente a las comunicaciones por vía electrónica –llamadas telefónicas, fax y correo electrónico, especialmente–. Se trata de la Red Echelon, un sistema que opera a través de gigantescos ordenadores y 120 satélites Vortex, con capacidad para intervenir y procesar 2.000 millones de comunicaciones al día.

Estrasburgo puso en marcha una comisión de investigación ya en 2000. En septiembre de 2001 presentaba sus conclusiones demoledoras: "La existencia de un sistema global de interceptación de las comunicaciones en el que cooperan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda ya no puede ponerse en duda (...) Lo que resulta importante es que su propósito es interceptar comunicaciones privadas y comerciales, y no comunicaciones militares".

Entonces el Parlamento Europeo no tenía capacidad de resolución sobre estos asuntos, por lo que tuvo que limitarse a efectuar recomendaciones a compañías y particulares para el reforzamiento de la seguridad de sus comunicaciones y el encriptamiento de las mismas. Las tensiones con Reino Unido, miembro de la UE y, sin embargo, cooperador necesario en el espionaje contra sus aliados, eran notables. Como los órganos ejecutivos de la UE no tomaron medida alguna, Echelon continúa actuando.

Como sostiene el sociólogo belga Jean Claude Paye, que lleva años centrando sus investigaciones en estas cuestiones, "el conjunto de nuestros datos personales ha dejado de pertenecernos. Pertenecen al Estado, e igualmente a las firmas privadas. La dominación del Derecho Penal prepara el establecimiento de ese futuro derecho privado (...) Las leyes que tienen por objetivo luchar contra el terrorismo son, en realidad, leyes contra las poblaciones". •