La izquierda insiste en fiscalizar sus cuentas

LAS DONACIONES AL REY DEBEN IR AL ESTADO

Por Virginia Miranda

EI caso tal vez más excéntrico de donaciones de particulares a algún miembro de las familias reales europeas es el de Porcelanosa y el príncipe Carlos de Inglaterra. La empresa española, que hace tiempo logró fichar al hijo de Isabel II como uno de sus famosos reclamos publicitarios –son muchas las portadas que el Heredero al trono británico ha compartido con Isabel Preysler–, le regaló en 2001 un jardín de estilo islámico valorado en más de 156.000 euros. Aquel detalle de la azulejera, que tuvo en agradecimiento por la fiesta que el príncipe de Gales le organizó en su residencia de Highgrove –y que la prensa inmortalizó para mayor gloria promocional de la empresa–, avivó la polémica sobre los negocios de la familia Windsor. La prensa inglesa, proclive a afear la conducta de su monarquía, obligó entonces a Buckingham Palace a dar explicaciones. Es tan estrecho el cerco al que es sometida la Casa Real británica y su patrimonio –sobre todo si procede de las arcas públicas– que hoy es la más transparente de Europa.

La donación de una fortuna estimada en varias decenas de millones de euros a los Príncipes de Asturias y a los nietos de don Juan Carlos y doña Sofía, noticia conocida el pasado enero, es sin embargo la más llamativa. El desaparecido menorquín Juan Ignacio Balada, sin relación alguna con la Familia Real, les dejó su dinero y propiedades en herencia. Tras saltar la noticia a los medios, que trataron la información con más curiosidad que alarma, ICV pidió a Zarzuela que los beneficiarios dieran el dinero al Estado para dedicarlo a fines sociales. "Ya que todos los ciudadanos mantienen la Casa del Rey con sus impuestos, es de recibo que ahora que tienen la posibilidad de heredar una gran fortuna de Ciutadella, retornen este dinero al Estado", rezaba su comunicado. Asimismo, aseguraba que el caso viene a demostrar la necesidad de conocer las cuentas de la Familia Real, que debería ser más transparente respecto a su patrimonio y los regalos que recibe.

Al poco de conocerse esta demanda, Zarzuela anunciaba que los Príncipes destinarían su parte de la herencia a fines sociales. Sin embargo, los grupos minoritarios de izquierda, si bien valoran positivamente el gesto, insisten en una demanda que vienen acaciriciando largo tiempo a pesar de la oposición de los grupos mayoritarios. Si hasta ahora han intentado sin éxito que el Congreso considerara siquiera auditar el presupuesto que don Juan Carlos recibe cada año y administra a su libre disposición, ahora solicitan regular casos como el de la herencia menorquina. Los diputados de ICV, Joan Herrera, e Izquierda Unida, Gaspar Llamazares res, han firmado una proposición no de ley en la Cámara Baja para que las donaciones que reciba algún miembro de la Familia Real sean inscritas a favor del Estado. La propuesta, que ha partido de Iniciativa per Catalunya, pretende avanzar hacia un modelo de monarquía "más transparente" [ver entrevista con Herrera más abajo].

Igual que su presupuesto, el resto de familias reinantes prestan especial cuidado a asuntos de esta naturaleza. Bien por iniciativa propia, bien atendiendo a la demanda social y del Parlamento, la mayoría publica sus distintas partidas de gastos, audita su presupuesto o desglosa el sueldo de Reyes y Príncipes [ver EL SIGLO número 848: Tome ejemplo, Majestad]. En el caso de los regalos, que también los hay –como los barcos de Harald de Noruega y Beatriz de Holanda–, son los Herederos los que toman especiales precauciones para no despertar el recelo de ciudadanos, políticos y periodistas.

El Príncipe Guillermo de Holanda y Máxima Zorreguieta recibieron el 'regalo del pueblo', el llamado 'Fondo Orange', en vísperas de su matrimonio. Las aportaciones públicas y privadas, que ascendieron a 3,6 millones de euros, se destinaron a promover la integración de culturas en su país. Con motivo de su enlace, Haakon de Noruega y Mette-Marit recibieron una donación del Gobierno de cerca de 54.000 euros –la cantidad se correspondía con una corona noruega por cada ciudadano–, que dedicaron a un fondo de caridad. Mary Donaldson, esposa del príncipe Federico, inscribió una fundación con su nombre para ayudar a los desfavorecidos antes de contraer matrimonio con el hijo de la reina Beatriz. A ella destinaron los cerca de 150.000 euros que el pueblo de Dinamarca y Groenlandia regalaron a la pareja con motivo del su boda, celebrada días antes del enlace de don Felipe y doña Letizia. Ahora, la princesa Victoria y su prometido, Daniel Westling, han creado una fundación exclusiva para que aquellos que deseen hacerles regalos de boda, lo hagan en forma de donación a esta fundación, cuyo objetivo es luchar contra la exclusión de los niños y jóvenes en Suecia.

Igual que los Reyes europeos a los monarcas españoles, los 'primos' –así se llaman entre ellos los Herederos– de los Príncipes les han tomado la delantera en cuestión de transparencia. •

Joan Herrera, portavoz de ICV

"Tenemos que avanzar hacia un modelo más transparente"

—Acaban de registrar una proposición no de ley en el Congreso que pide que donaciones y herencias recibidas por los miembros de la Familia Real sean inscritas a favor del Estado. ¿Cuál es su intención?
—Un régimen más transparente. Aceptando el modelo de Estado que tenemos, lo que no tiene mucho sentido es que la Casa Real pueda recibir grandes patrimonios como herencias.

—Ustedes pidieron en principio, tras conocerse la herencia menorquina a favor de los Príncipes y nietos de los Reyes, que la destinaran a fines sociales. Y eso es lo que ha anunciado Zarzuela que harán con el dinero y propiedades. ¿No se dan con ello por satisfechos?
—El hecho de que se destine a fines sociales es un buen gesto. Ahora bien, supongo que se debe traducir,
obviamente, en que la titularidad en este caso del inmueble sea de la fundación u organización no gubernamental a la que vaya destinada. Si eso es así, es positivo. Ahora, esto también lo digo, lo anunciaron con posterioridad a nuestra iniciativa.

—¿Creen que Casa Real ha sido sensible a su demanda?
—Es posible. En cualquier caso, valorando el gesto como positivo, lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un modelo más transparente, que además redundaría en un mayor prestigio y autoridad de la Casa Real.

—Estas proposiciones, como la de pedir transparencia en las cuentas del Rey, no prosperan en el Congreso. ¿Por qué se oponen los grupos mayoritarios?
—Habría que preguntárselo a ellos, pero creo que la Casa Real tendría que abrir una reflexión. Si esa transparencia existe en otras monarquías, la pregunta es por qué no en España. Y creo que tienen que abrir una reflexión porque hoy hay quizás muchos juancarlistas, pero si lo que pretenden es que la institución se consolide, habrá cosas como ésta que tendrán que reformar.

—¿No será acaso que estas iniciativas no prosperan porque se considera que es un ataque a la monarquía para debilitarla?
—No. Tiene una intención, que es fortalecer la democracia. Y un modelo democrático lo que tiene que hacer es apostar claramente por la absoluta transparencia, que es lo que se echa en falta.

—En el resto de casas reales europeas, muchas auditan sus cuentas, o su presupuesto anual está desglosado en su lista civil, pero todas se resisten a declarar su patrimonio privado. ¿Ustedes se conformarían con una solución de este tipo o querrían conocer la propiedades de la Familia Real?
—Deberíamos avanzar en todos los aspectos, y sería positivo el conocimiento de ese patrimonio privado. Pero como mínimo debería haber una homologación de la monarquía española al resto de monarquías. Lo que significa la audición de cuentas, saber en qué se gastan los dineros, el régimen incluso de incompatibilidades. Elementos que existen en otras monarquías.