La ultraderecha consigue poner a Garzón al borde de la expulsión de la judicatura

EL JUEZ ESTRELLA, JUZGADO

Por P A. N.

Jueces para la Democracia se opone a la utilización del proceso penal "para conseguir sentar en el banquillo al único juez de este país que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas". La asociación progresista de togados recuerda que la principal causa contra Garzón en el Tribunal Supremo (TS) "se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo", refiriéndose al pseudo sindicato de extrema derecha Manos Limpias, el colectivo de la misma ideología, Libertad e Identidad, y Falange Española de las JONS.

El pronunciamiento de este grupo, aunque resulte lógico, adquiere una importancia relevante, teniendo en cuenta que el juez instructor del TS que atribuye a Garzón un delito de prevaricación por querer investigar los crímenes del franquismo, el magistrado Luciano Varela, paradójicamente, pertenece a esta asociación judicial progresista.

Argumentaciones cruzadas. De hecho, el auto de Varela ha recibido numerosas críticas por parte de un nutrido grupo de juristas en los últimos días, tanto por sus argumentaciones jurídicas, como por el tono "hiriente" en varios de sus pasajes. Varela deduce que Garzón pretendió "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar" del franquismo, tratando de sortear las limitaciones impuestas por la Ley de Memoria Histórica, de 2007. Igualmente le acusa de obviar la Ley de Amnistía aprobada "por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar". Exactamente, la argumentación dada por los denunciantes ultraderechistas en su querella original contra Garzón; un argumento que ha sido rebatido por infinidad de juristas, que consideran que los convenios internacionales suscritos por España sobre la persecución de crímenes contra la Humanidad constituyen un ordenamiento jurídico superior que anula lo recogido en la Ley de Amnistía, y que ésta se refiere a contenidos políticos, no criminales, tal como quedó de manifiesto en el hecho de que en 1995, la Audiencia Provincial de Madrid ya declaró que la Ley de Amnistía no podía evitar el juicio por el asesinato del estudiante Enrique Ruano ocurrido en 1969.

Por otro lado, Varela también recibía críticas por el tono y los juicios de valor que podrían alejarse de la dialéctica jurídica en varios pasajes de su auto, como ése en el que habla de "ignorancia inexcusable" de Garzón acerca de la Ley de Amnistía "tan jurídicamente grosera que no merece mayor comentario". El juez hasta incurre en un grave error cuando atribuye a Garzón una providencia fechada el 29 de octubre de 2008 revolviendo sobre diversas peticiones de exhumaciones. En realidad, la providencia la dictó el juez Santiago Pedraz, porque Garzón se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica sufrida el día anterior.

La actuación de Varela en este asunto no se queda ahí. Aún reconociendo que su resolución no es firme, ya que remite la decisión final a la Sala del Supremo que admitió la querella –integrada por Adolfo Prego (que compatibiliza su cargo con el de patrono de la ultraconservadora asociación Denaes y con la presentación de libros del pseudo historiador ultraderechista Pío Moa), los conservadores Francisco Monteverde y Juan Ramón Berdugo, y por el progresista Joaquín Jiménez–, decidía trasladar al CGPJ la petición de suspensión de Baltasar Garzón, en función del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que debe suspenderse de sus funciones a un magistrado "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra jueces o magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

La Comisión Permanente del CGPJ, integrada por el propio presidente del órgano, Carlos Dívar, y las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, y los conservadores Antonio Dorado y Manuel Almenara, decidía, por la vía de urgencia, elevar una pregunta al Fiscal General sobre si procedía la suspensión del juez, aunque la opinión de la Fiscalía no es preceptivamente vinculante.

En esta ocasión volvía a llamar poderosamente la atención que eran las vocales progresistas, Margarita Robles –que fue secretaria de Estado con Juan Alberto Belloch de ministro de Justicia– y Almudena Lastra, quienes más presionaban para tramitar la cuestión con urgencia.

Sobre Garzón pesan otras denuncias, como la admitida a trámite por el TS el pasado 28 de enero, acerca de los supuestos cobros de unas conferencias en Nueva York en 2005, supuestamente pagadas por el Banco de Santander (en la que también se denuncia que el juez sobreseyó una causa contra directivos de este banco, motivado por esa razón), a pesar de que otra exactamente igual era archivada por el CGPJ en julio de 2009. También era denunciado por un presunto delito de prevaricación por parte del Partido Popular con motivo de sus actuaciones judiciales en el caso Gürtel.

La fiscalía ha aclarado que no apoya la petición de suspensión, y el propio Garzón ha recurrido el auto del Supremo, calificando sus argumentos como "insostenibles, incomprensibles y sin fundamento jurídico", al tiempo que ha solicitado que se llame a declarar a varios magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, entre otros, además de otros juristas de reconocido prestigio internacional, muchos de los cuales ya han mostrado su total disposición a hacerlo en apoyo del Titular de la Sala 5 de la Audiencia Nacional, como la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Carla del Ponte, o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet.

En España también se han producido muchas reacciones contra este intento de apartar a Garzón de la carrera judicial, en lo que consideran un intento de sofocar toda posible vía de investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo. Así, el magistrado del TS José Antonio Martín Pallín calificaba el auto de Vare-la de "jurídicamente incorrecto", mientras manifestaba su asombro porque Varela confunde "delitos políticos y delitos contra la Humanidad".

Para varias asociaciones de víctimas del franquismo, el auto constituye "el colmo de la desvergüenza". Izquierda Unida pedía "un mínimo de razón" al TS. Hasta la Asociación Francisco de Vitoria considera que la actuación de Garzón ha podido "ser discutible, pero no una prevaricación".

La reacción más dura ha venido de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que recordaba en un comunicado que "más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento y fidelidad al general Franco".

Garzón tiene pocas posibilidades de librarse en esta ocasión. Por una vez en el Poder Judicial, los conservadores y algunos progresistas parecen haberse dado la mano en este asunto. Ahora muchas voces recuerdan que Garzón ha resultado molesto a casi todos en alguna ocasión, y que 'agravios' como los del caso Gürtel, el GAL, Banca Catalana, el procesamiento y detención de Augusto Pinochet pueden verse vengados a través de una alianza contra natura que pondrá fin al estrellato del magistrado más mediático de nuestro país.