Cuatro millones de parados, descrédito internacional y crisis de liderazgo

750 días para reaccionar

El presidente del Gobierno está pasando por sus peores días desde que llegó a La Moncloa. Asfixiado por un déficit público desbocado y unas cifras de paro que no terminan de tocar techo, ha decidido amagar con algunas de las reformas que durante mucho tiempo le han exigido los empresarios y organismos internacionales como el FMI y la OCDE. Ante el temor de que España siga los pasos de Grecia y se coloque al borde de la bancarrota, Zapatero ha intentado contentar a los mercados internacionales a costa de enfrentarse a los que han sido sus aliados hasta hace bien poco: CC OO y, especialmente, UGT. Con estas medidas, el presidente del Gobierno no sólo está perdiendo apoyos entre sus bases electorales, sino que está creando un malestar en el partido al que ha puesto palabras el presidente castellano-manchego, José María Barreda. Y, por si fuera poco, el PP no ha dudado en subirse al carro para amenazar con una moción de censura. Sin embargo, para disgusto de los populares, todo esto sucede mediada la legislatura, con tiempo suficiente para que Zapatero y el Gobierno reaccionen.

Por Manuel Capilla

La tormenta se ha desatado y las críticas llueven desde todos lados, aparte de las ya tradicionales por parte del Financial Times, referencia del liberalismo económico. La distancia entre Grecia y España es abismal. Nada tienen que ver la potencia industrial, la estructura económica y financiera o la seriedad de la gobernanza en ambos países. Sin embargo, la psicosis de que España puede ir tras Grecia se está apoderando de los mercados. El propio ministro de Finanzas griego, George Papaconstantinou, ha asegurado que tras su país “vienen otros como España y Portugal”. El comisario de Asuntos Económicos de la Unión, Joaquín Almunia, ha admitido que Grecia, Portugal y España comparten “problemas comunes”, como “una pérdida constante de competitividad”. Hasta el Nobel de Economía y gurú de la socialdemocracia Paul Krugman, ha señalado que “la mayor dificultad” para la eurozona no es Grecia, sino España. En su blog de The New York Times, Krugman señala que esto se debe al colapso económico de la economía española, no tanto a su déficit público que, en su opinión, no es la cuestión central en un país con dificultades. Todo ello agravado por el hecho de que, bajo el paraguas del euro, no se puede recurrir a una política monetaria verdaderamente ajustada a los problemas de estos países.

En opinión  de los analistas consultados por El Siglo, buena parte de estas críticas se deban a un problema de confianza y de la imagen que España y su gobierno transmiten al exterior. España es un país muy necesitado del capital exterior. Sólo este año va a hacer falta una cantidad de dinero equivalente a un 30 por ciento del PIB, ya que, por ejemplo, más de 100.000 millones de euros en deuda vencen este ejercicio. Por otro lado, el FROB, el fondo destinado al rescate de las entidades financieras con dificultades, principalmente las cajas de ahorros, todavía no está dotado con un presupuesto concreto. De ahí que desde el Gobierno se esté intentando por todos los medios transmitir la imagen de que sí se están haciendo reformas de calado. Elena Salgado ha contradicho a Almunia, afirmando que ha sido “poco prudente” por su parte meter en el mismo saco a España y Grecia porque la situación de ambos países “no tiene nada que ver”. “La situación de España no es parecida a la de Grecia ni en términos de deuda pública ni de fortaleza económica”, ha explicado la ministra en la Cope.

Por su parte, el presidente del Gobierno está multiplicándose para cambiar la percepción de que España tiene una economía muy difícil de recuperar y un gobierno incapaz de enderezar el rumbo. La semana pasada, el presidente se reunió en la Moncloa con el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y con el líder de la patronal europea Jürgen Thumann, quien aplaudió la propuesta del Gobierno español de prolongar la vida laboral hasta los 67 años. Y tras el famoso Desayuno de la Oración, Zapatero asistió a un almuerzo en la Cámara de Comercio de EE UU para asegurar a los representantes de gigantes como JP Morgan o IBM que, pese a la gravedad de la crisis, es una potencia que puede recuperar su puesto de primer nivel. Además, Zapatero dedicó su paso por el foro de Davos para subrayar que España es un país “serio y cumplidor” y que, por tanto, se van a poner en marcha un plan de austeridad, la reforma de la seguridad social, que consolidará el sistema de protección social “de aquí a quince años”, y la reforma del mercado laboral. El problema es que estas explicaciones las dio en una mesa redonda en compañía de los dirigentes de Grecia y Letonia, probablemente los dos países de la Unión más golpeados por la crisis, lo que da una idea de la opinión que existe internacionalmente acerca de la salud de la economía española.

En cuanto al plan de austeridad anunciado por el Gobierno, la decisión de recortar 50.000 millones del PIB hasta 2013 podría ser una buena medida para recuperar la confianza de los inversores internacionales, preocupados con un déficit que ya supera el 11 por ciento del PIB. Sin embargo, muchos aspectos de ese recorte todavía están por definir, con lo que el anuncio corre el riesgo de verse como un ejercicio de improvisación por parte del Gobierno, y más cuando hace apenas un mes se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado. Uno de los principales puntos débiles del plan es que 10.000 millones de esos 50.000 corren a cargo de las comunidades autónomas. El Gobierno confía en que se aprieten el cinturón, pero, aunque desde luego puede cerrar el grifo de las tranferencias, tampoco puede garantizar que se ajusten al plan de austeridad al cien por cien. Además, todavía está por ver en qué medida contribuye cada uno de los ministerios al plan, que tienen hasta el 1 de marzo para concretar sus recortes. Fomento va a ser el más afectado, como ha asegurado Elena Salgado. La ministra ha subrayado que se recortarán en “varios miles de millones” el gasto en infraestructuras previsto, sin dar más detalles (más información en el dossier ‘Las pensiones a revisión’, en páginas centrales).

Y en cuanto a lo sucedido con las pensiones, todavía está por ver si sale adelante la idea de retrasar dos años la edad de jubilación, a la vista de las reacciones del resto de partidos políticos y de los sindicatos. Las más duras y peligrosas para el gobierno han venido por parte de los responsables de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Méndez ha afirmado, en declaraciones a la Ser, que “es una medida muy polémica”, “cortoplacista” y diseñada “para contentar a los mercados financieros”, avisando al Gobierno de que tenga cuidado con las propuestas de reforma laboral (ver apoyo “El idilio con el otro vicepresidente se rompe”). Eso sí, el secretario general de UGT descarta por el momento la huelga general, al igual que Toxo, pero los dos sindicatos se movilizarán la semana del 22 al 26 de febrero, para reivindicar “el derecho a vivir la jubilación”, según ha explicado el secretario general de CC OO. Toxo ha llegado a calificar al Gobierno como una “pandilla de aficionados” que pone en duda la sostenibilidad de las pensiones cuando no es así.

Por mucho que desde el Gobierno se intente suavizar la propuesta y se subraye que la propuesta “no está cerrada”, “puede ser matizada” en la comisión no permanente del Pacto de Toledo, como ha explicado Elena Salgado, el Gobierno ya se ha ganado la desconfianza de los sindicatos. Lo cual puede tener repercusiones importantes aparte de las movilizaciones. Fuentes de CC OO aseguran a El Siglo que la iniciativa del Gobierno en torno a las pensiones “es un palo para el diálogo social”, desde donde debería salir una reforma laboral consensuada. Estas voces no entienden  el paso dado por el Ejecutivo, y más cuando quizá esta misma semana, según aseguran, haya un acuerdo entre patronal y sindicatos en torno a la negociación colectiva, el paso previo para reactivar la mesa tripartita entre el Gobierno y los agentes sociales para reactivar el diálogo social.

La polémica en torno a las pensiones la culminó la semana pasada una metedura de pata del Gobierno, que ha tenido que rectificar un párrafo incluido en el documento enviado a Bruselas con las medidas para corregir el déficit. En él, se apuntaba la posibilidad de que, si se subía la dos años la edad de jubilación y “se aumentaba en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030”. En la rectificación, Economía explicaba que se había incluido esa proyección como un “ejemplo”, aunque se había optado por suprimirlo para evitar hacer creer que el Gobierno propone ampliar ese plazo de 15 a 20 años. Y, efectivamente, se suprimía esa pormenorización, pero se seguía recogiendo la posibilidad de ampliar el número de años necesarios para el cómputo de la pensión, con lo que “se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales” en el gasto en pensiones.

A la vista de todo lo sucedido, parece claro que Zapatero está atravesando su peor momento desde que está al frente del Gobierno. Ni la reforma del Estatut de Cataluña ni la ruptura del diálogo con ETA a raíz del atentado de la T4 se tradujeron en tanto descrédito entre la opinión pública. Quizás la única buena noticia para el presidente es que todavía restan casi dos años para las próximas elecciones y que todavía cuenta con posiciones sólidas dentro del PSOE, a pesar de que el número de descontentos esté creciendo (ver apoyo 'Barreda, la voz crítica').

El pasado día 30, Zapatero recibió el aval del Comité Federal del PSOE en torno a la reforma de las pensiones, bajo la premisa de que es "razonable" y asegurando que buscará el consenso. Sólo hubo contestación por parte de los dos integrantes de la corriente Izquierda Socialista que pertenecen al comité, por entender que puede costar la confianza de los sindicatos y de los ciudadanos. Más matizadamente que los representantes Izquierda Socialista, el presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, puso el dedo en la llaga al señalar que no se pueden provocar fracturas con los agentes sociales, “los mejores aliados”.

Así las cosas, Zapatero se encuentra ante la disyuntiva de reconstruir la confianza de los sindicatos e impulsar la mesa de diálogo social o bien tratar de contentar a los mercados e instituciones internacionales, que han solicitado aún más reformas difícilmente digeribles por los sindicatos y la opinión pública.

El idilio con el ‘otro’ vicepresidente se rompe

Quién sabe si Zapatero ha conseguido contentar a los tan traídos y llevados mercados internacionales con la propuesta de reforma de las pensiones, pero lo que es seguro es que ha abierto una fisura por la que puede romperse su relación con su más fiel aliado durante estos meses, Cándido Méndez. El secretario general de UGT ha confesado públicamente que se enteró “por los medios” de la reforma de las pensiones y ha advertido de que si sale adelante, “tendríamos problemas”. Quizás no se esté abriendo la puerta a una huelga general, pero en cualquier caso el presidente se puede dar por avisado. Si pretende sacara delante la reforma en Parlamento sin contar con los sindicatos habrá consecuencias. Y aprovechó para mandar un recado a Zapatero sobre la reforma laboral que el Gobierno presentó el viernes pasado y cuyos detalles no se conocían al cierre de esta edición. Méndez afirmó que espera que el Ejecutivo mantenga su rechazo al contrato sin tutela judicial y al abaratamiento del despido.

Las críticas hacia Zapatero estos días son las primera que se le recuerdan a Méndez, quien se jacta de tener el móvil del presidente y de que este le atiende cada vez que le llama (ver El Siglo nº 861 ‘El ‘otro’ vicepresidente’). Ambos cultivaban unas relaciones muy fluidas desde antes de la llegada de Zapatero a la Moncloa, pero la ascendencia de Méndez sobre el presidente se ha ido viendo cada vez con más reticencias desde algunos sectores del PSOE. Muchos socialistas han empezado a considerar al sindicato una rémora a la hora de afrontar las, en su opinión, necesarias reformas para hacer frente a la crisis.

De no atraer Zapatero a sus filas a Méndez, sería la segunda ocasión en que una reforma de las pensiones provoca una brecha entre el PSOE y la UGT. En octubre de 1987, el por entonces secretario general del sindicato, Nicolás Redondo, renunciaba a su escaño en el Congreso para no votar la reforma de las pensiones impulsada por Felipe González, que suponía ampliar de cinco a 15 años el periodo de cotización que daba derecho a la prestación. Poco más de un año después, Redondo organizó, junto a CCOO, la huelga general contra el Plan de Empleo Juvenil diseñado por el Gobierno, que se saldó con un éxito histórico. Es cierto que el malestar de Redondo con la gestión de González venía de antes y que el asunto de las pensiones fue el detonante de la ruptura, pero quizá Zapatero debiera aprender de sus antecesores, porque las palabras “huelga general” ya se están mencionando, aunque sea con la boca pequeña.

Barreda, la voz crítica

La gestión de Zapatero está creando un malestar en el PSOE al que ha puesto palabras José María Barreda. El presidente de Castilla-La Mancha, en una entrevista concedida a Punto Radio, ha subrayado la necesidad de remodelar el Gobierno y “crear un gabinete más reducido orientado en exclusiva a combatir aquello que preocupa a los ciudadanos”, es decir, el paro, “la verdadera tragedia”. Barreda no ha hecho sino abrir un debate que hasta ahora no había salido del partido, en torno a la pérdida de fuelle del Ejecutivo y a los efectos beneficiosos que tendría una crisis de gobierno al término de la presidencia semestral de la UE o en el comienzo del nuevo curso político, después del verano. “Sería una inflexión, un signo inequívocamente claro de que se quiere recuperar terreno, de que se quiere dar respuesta”, explicó Barreda.

“No está la agenda”, esa ha sido la respuesta oficial del partido, por boca del portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. “Cualquier posibilidad de remodelación no está para nada en la agenda”, afirmó Alonso, porque además, no existe “atmósfera política” para llevarla a cabo. Sin embargo, sí que en el seno del PSOE se contempla el mes de septiembre como clave para esa crisis de gobierno tan esperada por algunos. Y más desde que el propio Zapatero aplazó hasta después del semestre europeo la designación de los candidatos del partido para las elecciones municipales y autonómicas, a celebrar en la primavera de 2011. Sería el momento perfecto en el caso, probable, según muchas quinielas, de que algún miembro del actual gabinete encabezara algunas de las candidaturas. Además, también previsiblemente, en otoño las cifras macroeconómicas y de empleo empezarán a dar un cierto respiro a Zapatero.

Dios nos coja confesados por Enric Sopena