El Gobierno pretende extender la edad laboral y se avecina el ‘gran recorte’

No es país para viejos (jubilados)

Globo-sonda o no, el Ejecutivo ‘confesaba’ su intención de hacernos trabajar ‘un poquito más’ para aligerar las cuentas del Estado y garantizar el futuro de un sistema de pensiones que, sin embargo, muchos expertos consideran saneado, pese a que nuestra esperanza de vida se va extendiendo, y que crece el número de pensionistas. Millones de trabajadores podrían tener que extender su vida laboral dos años más, esperando a los 67 para poder conseguir la jubilación. La medida, de momento, no ha encontrado el respaldo de ningún otro grupo político en el Parlamento, pese a las propuestas de ‘flexibilización’ ofrecidas por la titular de Economía, Elena Salgado. Incluso se atisba una ‘resistencia interior’ en el seno del propio Partido Socialista, donde algunos han alzado la voz en contra. Más nítidos en sus críticas y abierta oposición se han mostrado los sindicatos, hasta ahora, unos de los más claros aliados del Ejecutivo, que han contenido la movilización social con cuatro millones de parados. Algunas opiniones sitúan este proceder del Gabinete en un intento de ‘tranquilizar’ a los mercados financieros internacionales, tratando de huir del ‘efecto Grecia’, con quien ya han empezado a comparar a nuestro país.

Por Pedro Antonio Navarro

N i partidos ni sindicatos parecen dispuestos a acompañar al Gobierno en esta ‘aventura’ que nos pretende ‘prolongar la juventud’ por la vía legal. Sólo la mayor organización empresarial española, la CEOE, se ha mostrado dispuesta a “estudiar con todo interés” la propuesta de extender la edad de jubilación hasta los 67 años, aunque se han reprimido de dar su apoyo explícito, y eso que en sus documentos ya manejan la propuesta de una medida similar, sólo que la suya pretende alargar la vida laboral hasta los 70 años.

La pasada semana el Ejecutivo proponía al Parlamento retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria hasta los 67 años; una medida que deberá ser negociada en el marco del Pacto de Toledo, y simultáneamente con sindicatos y patronal. Este incremento de la vida laboral se haría de forma gradual, a partir de 2013, extendiendo dos meses por año, en un proceso que culminaría en 2025. Así, todos los trabajadores nacidos a partir de 1959 tendrían que prolongar su actividad dos años más.

Esta iniciativa coincide con los planteamientos que lleva realizando desde hace algún tiempo el Banco de España, y con las opiniones expresadas por entidades como el Círculo de Empresarios. Desde el Gobierno se ha querido explicar que la reforma no está relacionada con la actual crisis económica, sino con el envejecimiento paulatino de la población y la baja natalidad, que hace prever que entre 2024 y 2040 se incorporarán más personas al sistema de pensiones que trabajadores al mercado laboral.

De todos modos, el año más duro de la crisis, terminaba con un superávit en la Seguridad Social de 8.501 millones de euros, el 0,8 por ciento del PIB. Por otro lado, el Fondo de Reserva para las pensiones tiene 60.000 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 2.000 antes de que termine el mes de febrero. De hecho, desde 2000, la Seguridad Social se encuentra en superávit permanente, que se explica, de una parte, por el incremento de trabajadores cotizantes durante este periodo y, por otra, debido a la separación de las fuentes de financiación, puesto que tras los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, las pensiones no contributivas se pagan directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Aunque la edad legal de jubilación en nuestro país esta ahora establecida en los 65 años, el derecho a acogerse a la jubilación a partir de los 61 (perdiendo entre un seis y un 7,5 por ciento anual del total de la pensión devengada) y las prejubilaciones negociadas por muchas empresas, han fijado la edad media de jubilación en España en los 63,7 años –una de las más altas de la UE-. Es así, porque, además de las prejubilaciones y los que se anticipan, tal y como argumentan desde Comisiones Obreras (CCOO), también en los últimos años se ha incrementado el efecto contrario, es decir, un 15 por ciento de los trabajadores se están retirando a los 66, 67 ó 68 años –desde 2008 la jubilación se puede retrasar voluntariamente hasta los 70 años (si la empresa está de acuerdo), con una bonificación de un dos por ciento anual en la cuantía de la pensión.

Si comparamos la media de edad real de jubilación, sólo en Holanda, Reino Unido y Suecia los trabajadores abandonan más tarde que los españoles su carrera laboral.

En Europa se jubilan antes

Aunque de un tiempo a esta parte se observa una tendencia generalizada en los países integrantes de la Unión Europea de modificar sus legislaciones nacionales para extender la edad legal de jubilación, en la mayoría de ellos, este momento se produce antes que en España.

Los socios provenientes de Europa del Este tenían una normativa –desde los tiempos de su pertenencia al bloque socialista- que permitía la jubilación a edades más tempranas que la regulada en nuestro territorio nacional. En muchos casos, por debajo, incluso, de los 60 años.

En Francia, de momento no se ha debatido ninguna propuesta en el sentido de ampliar la vida laboral, aunque sí se ha extendido levemente el periodo de cotización necesaria por parte del trabajador para conseguir retirarse con la pensión máxima. Recientemente, el Ejecutivo galo –aunque sin cuantificar- dejaba entrever su intención de proponer cambios en una legislación que establece la edad de jubilación en los 60 años, vigente desde 1981.

En cuanto al resto, sólo Alemania, Dinamarca y Reino Unido han planteado llevar el momento de la jubilación hasta más allá de los 65 años. Si el Gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero consiguiera los apoyos suficientes para sacar adelante su iniciativa en esta materia, tal y como ha sido planteada, convertiría a nuestro país en el primero de toda la UE en completar el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, ya que los plazos que contempla para hacerlo se sitúan entre 2013 y 2025, mientras que las otras tres naciones que comparten esta intención acabarían de ponerlo en vigor entre uno y cuatro años más tarde.

Alemania: La edad de jubilación se va incrementar desde el actual límite de 65 años hasta los 67, de modo similar a la propuesta del Gobierno español, en un proceso que se hará de forma gradual entre 2012 y 2029. Se introducirán salvaguardas para algunas profesiones de mayor penosidad; actualmente, la mayoría de los trabajadores de la construcción se jubilan con 57 ó 60 años, según la categoría, mientras que el 90 por ciento de las enfermeras y enfermeros dejan los hospitales antes de cumplir los 65. En 2060 la población alemana habrá descendido a 65 o 70 millones, de los 82 millones actuales, según la Oficina Federal de Estadística. Uno de cada tres habitantes tendrá para entonces más de 65 años, y uno de cada siete superará los 80.

Austria: La edad mínima de jubilación se ha incrementado desde los 61,5 años para los hombres hasta los 65 años, y para las mujeres desde 56,5 hasta los 60, aunque para estas últimas seguirá aumentando de forma gradual hasta alcanzar los 65 entre 2024 y 2033.

Bélgica: La edad de jubilación legal es de 65 años, aunque también es posible dejar el mundo laboral con el máximo de pensión desde los 60. La condición para este adelanto es haber cumplido 35 años de carrera profesional.

Bulgaria: En este país se aplica un sistema por puntos que permite la jubilación a partir de los 63 años en el caso de los hombres, siempre que hayan acumulado 100 puntos (obtenidos en función de los años de trabajo), y de 60 años y 94 puntos para las mujeres.

Dinamarca: El Parlamento danés en 2006 decidía incrementar la edad legal de jubilación desde los 65 años hasta los 67, aplicando un sistema gradual entre 2024 y 2027. La medida es provisional y apunta a que acabará concretando nuevas extensiones de la vida laboral, ya que también quedaba establecida la posibilidad de ulteriores modificaciones en función de la esperanza media de vida de las personas de 60 años a partir de 2025.

Eslovaquia: A partir de 2014, se fijará en los 62 años la edad mínima de jubilación, tanto para hombres como para mujeres, desde los actuales mínimos de 60 años para los varones y de 57 para las mujeres.

Eslovenia: Es uno de los Estados en los que más se ha extendido el periodo laboral necesario. Ahora la edad legal es de 61 años para las mujeres y de 63 para los hombres, frente los 53 y los 58 años, respectivamente, antes establecidos. Se contempla una excepción para aquellas féminas que comenzaron a trabajar antes de los 18, que podrán jubilarse desde los 55 años.

Estonia: La actual edad legal de jubilación es de 63 años para los hombres y de 61 para las mujeres, pero todo indica que volverán a ser revisados los mínimos para ambos sexos, que además se equipararán desde 2016.

Finlandia: La jubilación para ambos sexos está fijada en los 63 años, aunque en el sector público existen mínimos más bajos que son variables en función del desempeño que los trabajadores afectados hayan llevado a cabo.

Francia: La ley marca los 60 años como edad para poner fin al periodo laboral. Está en vigor desde 1981, cuando el Parlamento la aprobaba, a propuesta del Gobierno presidido por el socialista  François Mitterrand, y está considerada como una de las conquistas sociales de referencia por parte de los trabajadores galos. El cambio fundamental consiste en que el número de años de contribución necesarios se elevará desde los actuales 40 años hasta los 41 en 2012 y los 41,50 en 2020. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha advertido que la reforma de las pensiones es su principal objetivo para este año. La prolongación de la vida laboral es una de las medidas que se manejan, aunque, de momento, como un globo-sonda. El ministro de Trabajo del país vecino, Xavier Darcos, exponía las intenciones de su Gabinete la pasada semana: “claramente, la gente deberá trabajar más años”, aunque él mismo reconocía que las negociaciones con los sindicatos que espera mantener este mes el Gobierno conservador “no van a ser fáciles”. Y en Francia existe mucha experiencia previa sobre la reacción sindical ante otras medidas de recorte de derechos adquiridos que han sido propuestas –sin éxito, en su mayoría- por diferentes Ejecutivos.

Hungría: Desde el 1 de enero de este año entraba en vigor la norma que eleva en cinco años la edad de jubilación, que ha pasado de los anteriores 57 años hasta los 62 actuales.

Italia: Establece la jubilación masculina en los 65 años y en la de las mujeres en 60. Pero es posible jubilarse antes si se cumplen 35 años de cotización a la Seguridad Social. Los italianos pueden jubilarse con el máximo de pensión que les corresponda si han cotizado durante 40 años. En el sector privado las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Entre los funcionarios y los empleados públicos la situación es algo distinta. La edad de la jubilación de las mujeres es hoy de 61 años, pero de forma gradual irá subiendo hasta los 65, como consecuencia de una sentencia europea que consideró discriminatorio el diferente trato según el sexo.

Letonia: La edad de jubilación normalizada para los hombres es de 62 años. El pasado año se aprobaba la ley que equiparaba la femenina hasta el mismo límite, cuando antes se producía a los 59,5 años.

Lituania: La reforma de su sistema de pensiones se llevaba a cabo en 2003. Desde entonces, la edad mínima legal para las mujeres aumentó desde los 58,5 años hasta los 60, y para los hombres, desde los 60 hasta los 62,5.

Malta: Desde la reforma legal del sistema, la jubilación puede obtenerse a los 65 años por parte de todas las personas nacidas a partir de 1962. Con anterioridad, el baremo estaba fijado en 60 años para las mujeres y 61 para los hombres.

Polonia: La edad de jubilación está determinada en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Reino Unido: Actualmente la edad para poner fin a la vida laboral es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, aunque esta última se elevará hasta los 65 entre 2010 y 2020. De un modo muy similar al de la propuesta efectuada por el Gobierno español, está previsto aumentar la edad legal de jubilación para ambos sexos hasta los 68, de modo gradual, entre 2024 y 2046.

República Checa: La edad legal de jubilación para los hombres aumentará gradualmente hasta alcanzar los 65 años, partiendo de los 62 actuales. Las mujeres se jubilan ahora entre los 60 y los 58 años, en función del número de hijos que hayan tendido (desde los 60 para las trabajadoras sin hijas, hasta los 58 para aquellas con cinco hijos o más), pero estas edades está previsto que se prolonguen hasta los 65 y los 62 años, respectivamente.

Rumanía: La reforma prevista propone que la edad mínima aumente desde los 63 años para los hombres hasta los 65 en 2014, mientras que para las mujeres el incremento será de los 58 hasta los 60.

Suecia: En el país nórdico está en vigor un sistema que permite la jubilación flexible desde los 61 años. Se aplican incentivos económicos, como el aumento de la pensión anual de hasta el 60 por ciento para los trabajadores que decidan retrasar su jubilación hasta los 67.

España, Chipre, Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Portugal, tienen establecida su edad legal de jubilación en los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, aunque existen diferentes excepciones en cada uno de estos Estados que afectan a determinados colectivos laborales que pueden conseguir su jubilación con anterioridad a esa edad.

Cómo nos afectará la reforma de las pensiones

L os efectos del retraso en la edad de jubilación, caso de sustanciarse, no afectarán a las personas que ya cumplieron 65 años –o menos- y se encuentran en esa situación legal, pero sí puede tener un efecto directo sobre las prejubilaciones que se estén negociando cuando la medida entre en vigor. De hecho, el Gobierno ya ha explicado que pretende evitar que las empresas puedan prejubilar a sus trabajadores con menos de 58 años (se impondría una norma de aplicación gradual en varios años). Actualmente puede hacerse con 52 años de edad.

Hoy en día, 8,6 millones de españoles perciben una pensión contributiva, de los que algo más de cinco millones son de jubilación, mientras que el resto se dividen en pensiones de viudedad, de orfandad o de incapacidad. El coste para las arcas públicas es de 6.650 millones de euros al mes.

En la hipotética nueva situación también se podrá adelantar la edad de jubilación voluntariamente, pero tendrá un coste en la cuantía de la pensión percibida. En la actualidad, para ejercer ese derecho se requiere una edad mínima de 61 años para los que no cotizaron hasta, al menos, 1967, pero por cada año de adelanto con respecto a los 65, se aplica un coeficiente de reducción anual de la prestación que, en función de los años cotizados, se sitúa entre el seis y el 7,5 por ciento. Se espera que estas condiciones se mantengan, aunque es probable que esos 61 años de edad mínima también sean elevados.

Las condiciones actuales establecen un mínimo de 15 años de cotización para percibir una pensión contributiva de jubilación y, al menos, de 35 años para optar a la prestación máxima. La cuantía se calcula en función de los salarios de los últimos15 años –hasta 1988 se tasaba en base a los dos últimos (cuando se supone que el trabajador gana más en toda su vida profesional), y esta reforma (que en un primer momento pasó el periodo de cómputo de los dos a los ocho últimos años), junto a los nuevos modelos de contratación, estuvo en el origen de la segunda huelga general de la democracia-. El Ejecutivo ya ha anunciado su intención de extender ese periodo para el cálculo de la pensión, aunque sin concretar.

La argumentación fundamental del Gabinete para proponer este alargamiento de la vida laboral es el de garantizar el futuro de las pensiones, ante un envejecimiento de la población, y la constatación de que la proporción entre cotizantes y pensionistas se va decantando hacia un crecimiento porcentual de estos últimos. El ahorro de la medida es evidente: se cotiza dos años más y se abonan dos años menos por todos y cada uno de los millones de trabajadores. El Gobierno esgrime el dato de que en nuestro país la población mayor de 67 años representa el 26,2 por ciento de los españoles, mientras que la media en la OCDE es el 23,8. También la esperanza de vida –promediando hombres y mujeres- se sitúa en los 81,1 años (el segundo estado más longevo del mundo, tras Japón), mientras que en la OCDE es de 78,9 años. Otro dato para ‘apelar’ al ahorro. En 1975 un pensionista percibía la prestación del Estado durante una media de cinco años. En la actualidad ese periodo se ha triplicado.

Las agencias del capitalismo nos aprietan las clavijas

La reforma del sistema de pensiones que ha propuesto el Gobierno español, que incluye un retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, y que va acompañada de un plan de austeridad en el gasto público que lo comprimirá en 50.000 millones de euros hasta 2013, no ha encontrado el apoyo explícito de ninguna otra formación política parlamentaria, y menos aún de los sindicatos mayoritarios.

Sin embargo, este anuncio de recorte en los avances sociales consolidados –la jubilación a los 65 años aparece por primera vez en la legislación española (aunque sólo para determinados colectivos) en 1919, y con carácter universal, en 1967- no le parece ‘suficiente’ a los técnicos de las grandes agendas monetarias internacionales, como el FMI o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que creen que aún deben adoptarse otras medidas aún más duras.

La pasada semana, la OCDE advertía que la reforma de las pensiones en España necesita ir acompañada de “esfuerzos complementarios” a las propuestas lanzadas por el Gobierno -que consideraba “muy positivas”-, y ‘sugería’ diversificar la financiación con pensiones complementarias privadas. En una declaración oficial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dejaba claro su criterio de que para “atajar el problema de la sostenibilidad del sistema de reparto” de las pensiones, España tendría que recurrir a medidas como “vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y aumentar la edad efectiva de jubilación”.

No se quedaban ahí a la hora de esgrimir ‘la tijera’. Sus sugerencias también incluían la ampliación del periodo de cotización a la Seguridad Social para conseguir retirarse con la pensión máxima, pasando de los actuales 35 años hasta los 40. Además, unido a estos cambios, a criterio de la posición tradicionalmente ligada a los planteamientos de un liberalismo económico sin matices que caracteriza la trayectoria de la OCDE estas reformas “deberían complementarse con una política clara dirigida a que las contribuciones a las pensiones complementarias privadas se incrementaran y éstas fueran así un componente más para financiar la jubilación, diversificando las fuentes para financiar la jubilación”.

A este respecto, este organismo recordaba que el sistema de pensiones privadas en España “es uno de los menos desarrollados” de entre los países que integran este foro. Lo cierto es que el 54 por ciento de los trabajadores de nuestro país tienen suscrito algún tipo de plan de pensiones con bancos y otras entidades financieras, aunque la aportación media es bastante menor que en otras naciones. El 60 por ciento contribuye con menos de 300 euros al mes.

Mucho más lejos ha ido el Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista jefe de esta entidad internacional defensora a ultranza de las recetas capitalistas, Olivier Blanchard, instaba la pasada semana a las autoridades españolas –aunque también a las griegas y las portuguesas, países a los que el FMI considera en serias dificultades en la gestión de sus finanzas públicas- a que se planteasen una bajada generalizada de los salarios, ya que el mecanismo de devaluación de la moneda no podría ser utilizado por sus gobiernos, ya que los tres países pertenecen a la zona euro. Blanchard aseguraba que “ahora con la crisis, Portugal, España y Grecia tienen serias dificultades que implican ajustes muy penosos. Sobre todo cuando el entorno inflacionista es muy bajo. El restablecimiento de su competitividad puede necesitar grandes sacrificios, como una baja de los salarios”.

A este planteamiento no tardaba en sumarse la patronal española, CEOE, que considera que los, a su criterio, elevados salarios y alto coste de los despidos son los responsables de la destrucción de empleo en nuestro país, tal y como apuntaba la pasada semana el presidente de la Comisión de Economía del gran club de los empresarios, José Luis Feito. Para él, los costes laborales en España “son mucho mayores” que en el resto de la UE, y los de los despidos, más altos, lo que, según su línea argumental, implica que también lo son los costes de contratación.

Pero lo cierto es que, según datos de la agencia europea de estadística, Eurostat, y un reciente estudio elaborado por la empresa de trabajo temporal Adecco, los salarios en España se ubican un 20 por ciento por debajo del promedio de la Unión Europea. Esa distancia se hace sideral en comparación con las retribuciones percibidas por los asalariados en Reino Unido, que son casi exactamente el doble de las percibidas por los españoles., que se sitúan en una media de 21.500 euros brutos anuales –según los últimos datos globales disponibles, de 2008-.

El plan de austeridad: adiós a 50.000 millones

La extensión de la edad de jubilación de los 65 hasta los 67 años no era la única ‘mala noticia’ que tenía que comunicar la pasada semana la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado. El anuncio de que trabajaremos también cuando lleguemos a viejecitos venía acompañado de una propuesta del ya clásico ‘apretarse el cinturón’, pero a escala superlativa, en forma de un plan de austeridad en las cuentas públicas (de todas las administraciones) para conseguir ahorrar nada menos que 50.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2010 y 2013. Se trataba de una reacción tras conocerse que el déficit público se había encaramado hasta el 11,4 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), dos puntos por encima de las previsiones que manejaba el Ejecutivo.

El recorte del gasto del Gobierno central afectará “a prácticamente todas las partidas y a todas las políticas”, en palabras de Salgado, con la excepción de las prestaciones sociales, las políticas del Estado de Bienestar y las que afecten a la renovación del modelo productivo, por lo que, al menos en teoría, no se verán afectadas las partidas de investigación, desarrollo e innovación, las políticas sociales y la financiación de la lucha contra el terrorismo.

El plan va acompañado de tres acuerdos complementarios. El primero hace referencia a  la aplicación inmediata del plan en las cuentas de este año, el segundo para iniciar los contactos para establecer acuerdos-marco con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para sostener las finanzas públicas. El tercero es el Programa de Estabilidad Financiera que el Gobierno deberá enviar a la Comisión Europea, detallando sus previsiones de gasto para reducir el déficit.

El plan aprobado por el gobierno contempla una reducción de la oferta de empleo público hasta el 10 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, además del compromiso de no hacer nuevas contrataciones de interinos. Todos los ministerios tienen de plazo hasta el 1 de marzo para presentar a Economía y Hacienda los recortes que propongan para concretar su aportación al plan.

Está previsto recortar en “varios miles de millones” el gasto en infraestructuras previsto, aunque Elena Salgado no ha sido más precisa, puesto que las cifras definitivas debe acordarlas con el Ministerio de Fomento. De todos modos, ha explicado que se tratará más de una “graduación en el tiempo” de las inversiones. José Blanco estaba perfilando un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras (básicamente en carreteras y ferrocarril) por importe de unos 15.000 millones procedentes en buena medida del sector privado -actualmente las obras en diferentes grados de ejecución tienen un coste de 30.000 millones de euros-. Ahora el Ejecutivo pretende reducir el gasto directo en obra nueva y sustituirlo por los pagos por disponibilidad, para evitar que estas inversiones computen como déficit público.

Según el Ministerio de Economía, el déficit del 11,4 por ciento se justifica del siguiente modo: un saldo negativo del 9,5 por ciento del PIB en las cuentas del Estado (1,4 puntos por encima d lo previsto), del 2,2 porciento en las de las comunidades autónomas (siete décimas por encima) y del 0,5 en los ayuntamientos (dos décimas más).

Sin embargo, la Seguridad Social presentaba el doble del superávit esperado, situándose en el 0,8 por ciento del PIB. A finales de 2010, el Gabinete cuenta con reducir el déficit del Estado al 6,2 por ciento del PIB, pero el superávit de la Seguridad Social se reducirá y quedará en el  0,2 por ciento del PIB. Como efecto de la ejecución de su plan, en 2011, 2012 y 2013 las previsiones de Elena Salgado también dan el mismo superávit a la Seguridad Social.

Sobre las cuentas del Estado, una vez que las medidas de austeridad comiencen a ser aplicadas, el Gabinete calcula que en 2011 su déficit sea del 2,5 por ciento del PIB. Esa gran disminución se producirá porque ese año las comunidades autónomas tienen que hacer efectiva la liquidación negativa por las entregas a cuenta de 2008, y devolver a la Administración central el dinero que recibieron de más.

Siguiendo con las previsiones de Economía, en 2012, el déficit del Estado volverá a subir hasta el 3,8 por ciento y en 2013 caerá hasta el 1,9% del PIB.

Según el Gobierno, cuando en 2013 el déficit del Estado, contemplando todas las administraciones, se reduzca hasta el tres por ciento –tal y como exige el Pacto de Estabilidad de la UE–, el déficit en las cuentas del Estado central llegará al 1,9 por ciento del PIB, con un superávit del 0,2 de la Seguridad Social, mientras que tendremos un déficit del 1,1 de las comunidades autónomas y del 0,2 por ciento del PIB en los ayuntamientos.

Según el análisis de muchos expertos, estas medias de austeridad, unidas a la propuesta del retraso en la edad de jubilación, podrían venir impulsadas por la ‘necesidad’ del Ejecutivo español de transmitir un ‘mensaje internacional’ de firmeza y actuación de ajuste ante el riesgo de que se estuviera produciendo un cambio en la percepción internacional de las posibilidades de recuperación de España, que podrían provocar que nuestra capacidad de financiación se viera más limitada. El ‘fantasma’ de Grecia podría ser uno de los culpables.

Pacto de Toledo, todos a una

El llamado “Pacto de Toledo” nace como una ponencia que se constituye en el Congreso de los Diputados a propuesta de la Comisión de Presupuestos del propio Congreso, en 1994, como consecuencia de un acuerdo entre todos los partidos para dejar fuera de la liza política la cuestión de las pensiones públicas. En 1996 se alcanzaba el primer gran consenso sobre la reforma del sistema de pensiones. El pacto era revisado en 2003. Sus decisiones, en teoría, son también acordadas con sindicatos y organizaciones empresariales. Ante la reciente propuesta del Gobierno para extender la edad de jubilación, la mayoría de los grupos políticos han recordado que cualquier cambio de esta naturaleza ha de ser discutido y aprobado en el seno de este Pacto de Toledo.

‘Va trabajar tu puta madre hasta los 67 años’

Al extenso coro de voces de partidos, sindicatos y organizaciones contrarias a la reforma planteada para extender la vida laboral de los españoles hasta los 67 años, se están sumando numerosas iniciativas impulsadas por particulares. Una de las más llamativas se ha puesto en marcha en uno de los foros sociales de Internet de uso más extendido, Facebook.

En muy pocos días, el club denominado ‘Va a trabajar tu puta madre hasta los 67 años’ ha conseguido la adhesión de 225.000 personas. En este foro, entre miles de comentarios individuales, se recuerda el agravio comparativo entre los trabajadores en general y la especial situación de numerosos cargos públicos a la hora de acceder a la jubilación y a la percepción de las pensiones contributivas –para el régimen general, la pensión media de jubilación es de 875 euros, y la máxima, de 2.466-.

Los internautas del club denuncian que para acceder a la pensión máxima, los parlamentarios sólo precisan de ocho años de ejercicio del cargo, y por su parte, el presidente del Gobierno y los presidentes de los ejecutivos autonómicos tienen una pensión vitalicia, sólo por el hecho de haber accedido a esa función, con independencia del tiempo permanecido. La pasada semana, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se mostraba abierto a modificar también este aspecto, dentro del ambicioso plan de austeridad que ha planteado paralelamente el Gobierno.