La ubicación del ATC genera grandes divisiones en las comarcas probablemente afectadas

La patata caliente de los residuos atómicos

La ubicación del gran cementerio nuclear que habrá de albergar de forma unificada todos los residuos producidos por nuestras ocho centrales atómicas –denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC)– está abriendo brechas en la mayoría de los partidos (con la excepción de IU, ICV y ERC, que se mantienen firmes en su opción de un necesario y previo desmantelamiento de las centrales aún en funcionamiento), que hacen visibles los criterios enfrentados en su propio seno. Pero también está generando divisiones sociales profundas en las comarcas donde se encuentran los municipios que han pujado por ubicar en sus terrenos tan indeseables instalaciones. Esas tensiones se han percibido con mayor intensidad en el Partido Popular, donde su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su vicesecretario de Política Local y Regional, Javier Arenas, han entrado en abierta confrontación tras el intento de la primera de sancionar al alcalde de Yebra (Guadalajara), perteneciente a la formación conservadora, y que contra la posición de la Ejecutiva regional del PP castellano manchega –a cuyo frente se encuentra de Cospedal–, ha solicitado la instalación del ATC en el término municipal de su pueblo.

Por Pedro Antonio Navarro

No tengo una opinión fundada”, respondía la pasada semana el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, a la pregunta efectuada por un periodista acerca de su parecer sobre la candidatura presentada por el municipio de Yebra (Guadalajara) para albergar el cementerio nuclear unificado, ahora conocido como Almacén Temporal Centralizado (ATC), al frente de cuyo consistorio se encuentra el alcalde Pedro Sánchez, también militante del PP.

No es de extrañar que el jefe de la oposición se encogiera de hombros ante la interrogación recibida, pese a que añadiera que “lo que sí es evidente es que a algún sitio tiene que ir”, habida cuenta de la guerra interna en su formación que desataba esa decisión del edil de un pueblo de 635 habitantes. Con su solicitud para ubicar el ATC en su término municipal, Pedro Sánchez se colocaba frente a la posición oficial del principal partido de la derecha en Castilla-La Mancha, que es contrario a que el cementerio nuclear ponga sus cimientos en cualquier territorio de esta comunidad autónoma.

La bronca iba in crescendo con el anuncio por parte de la secretaria general del partido de sanciones al alcalde, a quien no tardaba en desautorizar airadamente el vicesecretario de Política Local y Regional, Javier Arenas. Poco después, de Cospedal tenía que dar ‘marcha atrás’ y declaraba que no había propuesto ningún tipo de sanción para Sánchez, sino la apertura de un simple expediente.

No es de extrañar la postura de Don Tancredo por parte de Rajoy, puesto que parecía evidente que no se había dado el debate suficiente en el seno de su formación para alcanzar una posición compartida por el conjunto de la militancia. Pero no es un problema exclusivo del principal grupo de la derecha. En la ambigüedad también se han desenvuelto sobre esta espinosa cuestión en el Partido Socialista y en Convergencia i Uniò. Por ejemplo, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Barreda, aseguraba que desde su autonomía se “hará todo lo posible” para evitar que el cementerio nuclear se ubique en territorio de su comunidad, los concejales del PSC en Ascó votaban favorablemente la candidatura de su pueblo para albergar el ATC, tal y como hacían los de la gobernante CiU.

La dirección de los nacionalistas catalanes anunciaba, pero en voz muy baja, que apartaría de la militancia a sus ediles, mientras que el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla –ministro de Industria en 2006, fecha en la que se publicaba la convocatoria para la ubicación de la ‘cripta atómica’–, guardaba un largo silencio hasta que la amenaza de ERC y, especialmente de Iniciativa per Catalunya (ambos, sus socios de gobierno en el Tripartito), que hacía casus belli de la cuestión, y anunciaba que si la Generalitat no actuaba con claridad para evitar que el cementerio se levantase en territorio catalán, ICV abandonaría el Gobierno, le ‘hacía’ reaccionar y declarar que el Govern no desea el ATC en Cataluña.

La bronca alcanzaba proporciones ‘ministeriales’ cuando el titular de Industria, Miguel Sebastián, al conocer la oposición del presidente de Castilla-La Mancha, declaraba que la opinión de Barreda “no tiene ninguna importancia”. El presidente del Congreso y también militante socialista, José Bono, terciaba con dureza: “Se me sulfuró la sangre (al oírlo), pero a los pocos momentos, como es buena gente, pidió perdón al presidente Barreda, y lo hizo con grandeza moral”. Pero lo cierto es que esos ‘pocos minutos’ fueron en realidad tres días.

Donde no parece haber divisiones sobre esta cuestión es entre las organizaciones ecologistas y en el seno de Izquierda Unida. Greenpeace apostaba por encontrar “un verdadero acuerdo social y territorial”, al tiempo que manifestaba su extrañeza por el hecho de que las comunidades autónomas no puedan pronunciarse sobre un asunto que las afecta directamente, al igual que opinan en IU. El responsable federal de Agua, Transportes, Energía y Sostenibilidad de esta formación, Adolfo Barrena, colocaba como condición primaria para abrir este debate la programación del cierre de las centrales nucleares que aún están operativas. Pero iba más lejos y ponía el dedo en otra llaga cuando aseguraba que “lo que no puede ser es que el beneficio se lo hayan quedado las eléctricas y ahora sea el Estado el que tenga que correr con ese gasto, mucho menos, chantajeando a municipios para que se queden con ellos, además de una miseria temporal, a cambio de dinero”. La división también ha llegado a la sociedad. Son varios los municipios que han optado a competir en esta carrera: Yebra, Ascó (que ya cuenta con una central nuclear), Villar de Cañas (Cuenca), o Santervás de Campos (Valladolid) –aunque es posible que surjan algunos más después del cierre de esta edición–. Las reacciones en sus comarcas son enfrentadas. Muchos de los municipios colindantes, o propios habitantes de estos pueblos se oponen a la instalación del ATC. En Ascó tenía lugar una manifestación a la que acudían más de 5.000 personas.

El plazo de presentación de candidaturas finalizaba el pasado 31 de enero. La decisión definitiva la dará a conocer el Consejo de Ministros, probablemente, dentro de cuatro meses, si se cumplen los plazos previstos.

El ‘ideal’ AGP y las instalaciones españolas

Cementerio nuclear es el término utilizado en ocasiones para denominar a los lugares preparados para gestionar de una forma definitiva los residuos radiactivos. Suelen ser subterráneos y deben estar ubicados en zonas de características geológicas tales que se pueda asegurar que no sufrirán filtraciones de agua que pudieran arrastrar isótopos radiactivos fuera del lugar. El nombre técnico que recibe un depósito de estas características  es el de Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), en referencia a sus características más destacables.

Un Almacenamiento Geológico Profundo es, por el momento, y con la tecnología ahora disponible, el lugar más adecuado para almacenar durante un periodo de miles de años los residuos nucleares de alta actividad o los denominados de semiperiodo largo.

Esta forma de tratar estos residuos es la más aconsejable por motivos tecnológicos, ambientales y de seguridad, además de razones éticas y de las que deberían guiar esta práctica a nivel internacional. Los objetivos básicos de un AGP se orientan a asegurar la protección a largo plazo del hombre y del medio ambiente contra las radiaciones ionizantes producidas por los residuos radiactivos, de acuerdo con los principios de protección radiológica aceptados en la actualidad. También debe asegurar el aislamiento duradero de los residuos de alta actividad del ser humano y del medio ambiente, así como la no necesidad de realizar ningún tipo de acción preventiva o correctiva en el futuro para mantener la capacidad de confinamiento del repositorio, sin imponer restricciones significativas a las generaciones futuras por la existencia del mismo.

Un AGP, además debe cumplir la función de resistir el calor residual que emite el combustible gastado, que es importante durante un periodo prolongado de tiempo, disiparlo adecuadamente y ser estable a los cambios térmicos que conlleva su almacenamiento durante miles de años.

En la actualidad solo existe un AGP en el mundo, en Nuevo México (WIPP), pero sólo se utiliza para almacenar los residuos militares de los Estados Unidos. Se están estudiando en casi todos los países localizaciones en las que construirlos, siendo los terrenos más favorables para ello los salinos, arcillosos o graníticos, debido a sus condiciones geológicas, físicas y químicas.

Por el momento es la única alternativa de gestión de parte de los residuos producidos en las centrales nucleares de fisión. La cantidad a almacenar en estos AGP puede verse reducida considerablemente mediante técnicas como el reprocesado o la transmutación, también denominada fisión asistida.

Aunque en España no existe ninguna de estas instalaciones definitivas, contamos con  una preparada para recibir y almacenar, durante un periodo de 300 años, residuos radiactivos de baja y media actividad en El Cabril (Córdoba), con una capacidad para 50.000 metros cúbicos de esos residuos. El único cementerio nuclear español actualmente en funcionamiento, acondicionado para materiales de baja y media actividad (con una vida máxima de 300 años) está situado en el término municipal de Hornachuelos, a 80 kilómetros de Córdoba, en plena Sierra Morena.

El Cabril almacenaba a comienzos del año pasado 16.279 metros cúbicos de basura –el 28 por ciento de su capacidad–. Alrededor de las instalaciones, que ocupan 15 hectáreas de monte, funcionan 36 puntos de control del aire, el agua y la vegetación. Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) asegura que no se emite nada al exterior y que no existe más radiactividad que la natural –el origen del complejo está en una mina de uranio ya agotada–. El Cabril se compone de oficinas, laboratorios, instalaciones para recibir y acondicionar los residuos, una incineradora, celdas de almacenamiento, una piscina de agua y un depósito ciego para potenciales filtraciones.

Todos los días llega un camión procedente de alguno de los nueve reactores nucleares españoles y cada semana, dos camionetas cargadas con material contaminado de unos 600 hospitales y centros de investigación. En total, suman 2.000 toneladas anuales, que, en el futuro, serán cubiertas por dos metros de tierra tachonada de árboles. El modelo de tratamiento está copiado de instalaciones similares en Francia.

Los ecologistas advierten de que la estructura geológica y la historia sísmica de la sierra de Hornachuelos no son tan idóneas como afirman las autoridades. Y, en 1996, el Tribunal Superior de Madrid declaró que allí se habían almacenado desechos de las centrales nucleares sin tener la licencia necesaria, como denunció Aedenat.

Las actuales instalaciones de El Cabril reemplazaron hace años a unos pabellones donde se apilaban los bidones radiactivos. Con anterioridad, se amontonaban en la vieja mina de uranio. Ahora, Enresa los ficha minuciosamente y los guarda luego en unos cubos de hormigón. El contenido es, básicamente, de dos tipos. Por un lado, están los bidones procedentes de las centrales nucleares –el 90 por ciento del total–, acondicionados con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Otros residuos -generados por hospitales y otras instalaciones- han de ser incinerados o compactados antes de introducirlos en los cubos. Cuando éstos quedan repletos, se rellenan de mortero a través de unos orificios de la parte superior. A continuación, varios camiones los transportan hasta unas grandes celdas de hormigón, con paredes de 0,5 metros de espesor. Esas celdas –28 en total– se alinean en dos plataformas surcadas por pasillos interiores. Los camiones se detienen a la entrada de los mismos y depositan su carga mediante un sistema de grúas colgadas de unos techos móviles que se desplazan por encima de las celdas.

Las ocho que ya están repletas han sido selladas con una cubierta de hormigón. Cuando las plataformas queden completas, el conjunto se recubrirá con una capa de materiales impermeables, de dos metros de grosor. El resultado final –hacia la segunda década del siglo XXI– serán dos colinas, sobre las que se plantará vegetación. Bajo esta apariencia natural, cada estructura conserva un orificio conectado a una tubería que desemboca en un recipiente de cristal. Su objetivo es poder detectar visualmente posibles filtraciones, que serían desviadas a un depósito subterráneo.

La organización ecologista Greenpeace adviertía que esa medida de prevención demuestra, que el riesgo de filtración es algo más que una teoría. Y recuerda que la dosis radiactiva emitida por un bidón como los enviados a El Cabril superaría varias veces el límite anual admisible para un ser humano. Sin embargo, Enresa subraya que las operaciones están automatizadas, lo que somete al personal al mínimo riesgo posible. Además, las estructuras de almacenamiento están concebidas para afrontar un terremoto de 7,5 grados y los residuos son recuperables si surgiera un método más seguro. Lo guardado en Sierra Morena mantendrá su actividad radiactiva durante los próximos 300 años.

Por eso, las instalaciones de El Cabril están diseñadas para un tipo de residuos diferentes –con menos actividad radiológica, y durante menos tiempo-, que los que acogerá el futuro Almacen Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares por cuya instalación pugnan ahora varios municipios.

En todo el territorio nacional existen un total de 600 instalaciones radioactivas y 9 centrales nucleares. La producción total española anual de residuos radioactivos es de unas 1.800 toneladas de tipo de baja y media actividad y 170 toneladas de combustible gastado de las centrales nucleares, que habrán de ‘guardarse’ en el nuevo ATC. Según Enresa, este volumen supone tan sólo la mitad de la milésima parte de todos los residuos industriales tóxicos y peligrosos que se producen anualmente en España.

Además de este ‘cementerio’ de El Cabril, en España, las nucleares guardan los residuos radiactivos en piscinas pero también hay dos almacenes en superficie. Uno está en la central nuclear de Trillo (Guadalajara), cuya piscina se saturó. Se trata de un almacén cubierto con 12 contenedores de residuos radiactivos y tiene capacidad para 80. El segundo es mucho más primitivo y está junto a la central de Zorita, a 12 kilómetros de Yebra. Al aire libre, sólo protegidos por un vallado exterior, están los contenedores con el combustible gastado que almacenó durante 38 años la nuclear, que fue ‘desenchufada’ en 2006.

El tratamiento de residuos en Europa

La UE no tiene a fecha de hoy una directiva que regule el tratamiento necesario de los residuos nucleares. La Comisión Europea intentó en 2003 elaborar unas normas comunes para los 27 en materia de residuos, seguridad o desmantelamiento nuclear, pero se encontró con la oposición de los estados miembros. El veto vino de la mano tanto de países antinucleares, que consideraban este planteamiento una legitimación de este tipo de energía, como de los países productores de energía nuclear, que lo consideraban como una intrusión en sus políticas estratégicas.

Ninguna nación del Viejo continente posee todavía un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) –sólo existe uno en todo el planeta, en Nuevo México (EEUU)-, pero varios Estados ya existen planes avanzados para su construcción, mientras que en otros se le da un tratamiento alternativo. La situación de la seguridad es muy desigual de un país a otro, aunque Rusia se lleva la palma de denuncias por parte de las organizaciones ecologistas.

Alemania prepara una operación que la Oficina Federal de Protección contra la Radiactividad “única en el mundo”. En realidad, se trata de corregir un grave error cometido con la elección de la mina de sal de Asse (al norte del país) como depósito de basura nuclear en 1967. Ahora, máquinas manejadas a distancia tendrán que sacar más de 100.000 barriles en los próximos diez años. El coste aproximado del proyecto es de 2.000 millones de euros. Los barriles de Asse serán trasladados a una antigua mina de hierro, seca y más adecuada como depósito nuclear. El motivo del traslado es que la mina de Asse corre peligro de desmoronarse. Desde 1988, se cuelan en su interior unos 12.000 litros de agua al día,

En Francia, la Agencia Nacional para la Gestión de los Desechos Radiactivos (Andra) está investigando las posibilidades para construir un AGP, que creen que podría entrar en funcionamiento en 2025. En la localidad de Bure, Andra planea edificar una inmensa mina a 500 metros de profundidad, en medio de una formación rocosa de argilita arcillosa, un material poco permeable al agua y de características adecuadas para albergar durante milenios los residuos atómicos. El proyecto, financiado en parte con fondos de la UE, cuesta unos 100 millones de euros al año, y desde el comienzo del proyecto ya se han invertido más de mil millones. Aunque Andra es una sociedad pública, los costes de la planta de tratamiento y del laboratorio corren íntegramente a cargo de las industrias propietarias de las centrales, que entregan también a cada comarca afectada por el proyecto unos 20 millones de euros al año, casi 400 euros por habitante.

Los ecologistas franceses se muestran muy críticos con estos proyectos, porque aseguran que los argumentos supuestamente científicos para estos enterramientos en profundidad de los residuos contaminantes, lo que pretenden  también es enterrar los desechos de la maquinaria nuclear francesa.

El Gobierno británico ha puesto en marcha un plan para unificar en un solo enclave todos los residuos nucleares generados en el país, aunque todavía no está decidida la ubicación definitiva. El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Energía anunciaba la construcción de diez nuevas centrales nucleares. Cada una de ellas generará 20 toneladas anuales de residuos de alta actividad, cuya capacidad contaminante se extenderá, al menos, durante 10.000 años. El gran cementerio nuclear deberá albergar también los 5.000 bidones con residuos producidos en los programas nucleares civil y militar, que se encuentran en un almacén temporal situado en la central de Sellafield.

Italia se desprendía de los últimos residuos nucleares que se encontraban en el país en 2007, tras la consulta popular que en 1987 decidía poner fin a la energía nuclear. Pero ahora, el actual Gobierno ha decidido volver a utilizar la energía nuclear y ha puesto en marcha un plan para la construcción de ocho centrales antes de 2020.

Gran parte de los residuos producidos por las centrales atómicas europeas van a parar a cementerios situados en Siberia (Rusia), cuya seguridad deja mucho que desear, como diversos grupos y organismos están poniendo de relieve desde hace tiempo. Las organizaciones ecologistas rusas llevan años denunciando el tránsito y almacenamiento de materiales radiactivos procedentes del extranjero. Recientemente, contenedores con hexafluoruro de uranio (UF6), procedentes de Francia, eran descubiertos dentro del territorio de Complejo Químico de Séversk, la factoría de reprocesamiento nuclear conocida con el nombre de Tomsk-7, que en su día fue la mayor factoría del mundo para la producción de plutonio. Posee hoy día el depósito subterráneo de desechos radiactivos más grande del planeta.

El portavoz de Rosatom, la agencia nuclear rusa, Serguéi Nóvikov, sostiene que “el hexafluoruro de uranio no es un producto de desecho y se puede almacenar al aire libre como se hace también en EE.UU. y en Europa”. En declaraciones a la prensa de su país, explicaba que los materiales radiactivos enviados desde Europa son reprocesados en Séversk y otras plantas rusas y devueltos de nuevo, ya como combustible nuclear, “para ser suministrados a las centrales atómicas de países como Alemania, Holanda, Suecia y Suiza, según licencia de la firma francesa Areva”.

A las 700.000 toneladas de hexafluoruro de uranio, sustancia muy tóxica y radiactiva, que se han acumulado en Rusia como consecuencia de la actividad de sus propias centrales, se unen otras 120.000 toneladas llegadas de otros países, especialmente, de Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido.

La cantidad total de basura nuclear almacenada actualmente en Rusia, según la subdirectora de Rosatom, Tatiana Elfímova, “se acerca a los 550 millones de toneladas”. El período de desintegración de los isótopos, según su nivel de radiactividad, varía entre los 50 y los 24.000 años.

También Rusia se ha ofrecido para albergar en su suelo el centro internacional de enriquecimiento de uranio. Estará enclavado en las instalaciones ya existentes de la planta de Angarsk, en Siberia, muy cerca del lago Baikal. La iniciativa cuenta con el apoyo de EE.UU. y la UE. Uno de sus objetivos sería enriquecer el uranio para las centrales atómicas iraníes, evitando así que el régimen islámico realice este proceso.

Por su parte, en España, Enresa tiene elaborado el proyecto para iniciar la construcción del gran cementerio nuclear –el Almacen Temporal Centralizado (ATC)- en cuanto reciba las autorizaciones correspondientes y el Gobierno indique cuál será el municipio en cuyos terrenos quedará instalado. El modelo elegido para este almacén es muy parecido al que ya existe en la localidad holandesa de Borssele, donde uno similar se encuentra rodeado de un polígono industrial. La nave que se construya tendrá la altura de un bloque de nueve pisos, tendrá la longitud de tres campos de fútbol y el complejo completo necesitará una extensión equivalente a 20 estadios, puesto que albergará áreas de seguridad y un centro tecnológico en el que, entre otras cosas, se investigará cómo reducir el tiempo de radiactividad que conservan los residuos procedentes de las centrales nucleares. La inversión inicial prevista será de unos 600 millones de euros.

CÓmo serÁ el ATC

El Congreso de los Diputados aprobaba en 2004 la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), un gran ‘cementerio nuclear’ que albergaría la totalidad de los residuos radiactivos producidos por nuestras centrales atómicas. En 2006, con el actual presidente de la Generalitat, José Montilla, al frente del Ministerio de Industria, se lanzaba el proyecto y se abría un periodo de presentación de candidaturas por parte de las poblaciones que estuvieran dispuestos a ubicarlo en su término municipal, fase al final de la que ahora nos encontramos.

El análisis sobre el terreno y los trámites necesarios de impacto ambiental, llevarán cuatro meses más, hasta que el Consejo de Ministros tome una decisión y comunique el lugar definitivo de su emplazamiento.

Convivir cerca de unas instalaciones nucleares, por muchas garantías de seguridad que den las autoridades y los técnicos, no es algo que la población en general vea con gusto. Por eso, y teniendo en cuenta la crisis económica por la que estamos atravesando, la Administración trata de ‘motivar’ a las corporaciones locales con grandes sumas de dinero en ‘compensación’ por permitir en sus tierras la ubicación de tan indeseable vecino. El presupuesto para la construcción del ATC y un centro tecnológico asociado es de 700 millones de euros. En impuestos y compensaciones directas, el municipio finalmente elegido recibirá cerca de siete millones de euros al año.

La ‘tentación’ se complementa con la segura creación de empleo en la comarca ‘agraciada’. Se crearán unos 150 puestos de trabajo permanentes durante 60 años, y más de 300 durante los cinco años de la construcción del módulo inicial, pudiendo alcanzar momentos en los que desempeñen su labor en el lugar hasta 500 técnicos y operarios. Según el Ministerio de Industria, en situaciones similares anteriores, “el 60 por ciento de la mano de obra utilizada es local”. A esto hay que añadir los empleos indirectos y el negocio que generen las visitas de técnicos e investigadores al centro tecnológico sobre desechos atómicos, además de las infraestructuras asociadas.

El ATC y el centro tecnológico adjunto ocuparán un espacio de entre 25 y 30 hectáreas. Prácticamente se construirá siguiendo el modelo del ATC HABOG, en Holanda. Será difícil de distinguirlo de una nave industrial de considerable tamaño, con chimeneas de refrigeración. Tendrá un triple blindaje que consta de muros de hormigón de metro y medio de espesor, un tubo de acero inoxidable y una cápsula del mismo material como envoltorio último de las barras de uranio. Al igual que su gemelo holandés, cumplirá esta función de ‘cementerio’ de residuos durante sólo 60 años. Para entonces existe la confianza de que existirán soluciones tecnológicas que permitan  reutilizar, separar y transmutar el uranio irradiado, o métodos para descontaminarlo y atenuar su radiactividad. En ese momento sería más fácil rescatar las barras vitrificadas de una simple nave industrial que de un depósito profundo.

Según José Alejandro Pina, presidente de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), los ATCs que ya funcionan en Europa “están probados, sus tecnologías disponibles y su seguridad y fiabilidad, ampliamente demostradas.

La ‘necesidad’ de unas instalaciones de este tipo se ve reforzada por el hecho de que Francia devolverá a principios del 2011 el combustible de Vandellós I (clausurada tras un grave incendio en 1989) que guarda en sus cementerios a razón de 40.000 euros diarios.  Además, si en esa fecha nuestro país no puede hacerse cargo de vuelta de esa basura nuclear, entraría en funcionamiento la cláusula de penalización, que elevaría el precio en otros 20.000 euros diarios añadidos.

Del mismo modo, está previsto el retorno de los materiales de reprocesado de combustible de Garoña, que actualmente se encuentran en Reino Unido. En la construcción del ATC también se ha tenido en cuenta el espacio y las condiciones para albergar el combustible gastado de Zorita, inactiva, y que aún se encuentra en fase de enfriado antes de poder reposar en el futuro almacén.

El ATC debe disponer de unos depósitos seguros para ‘enterrar’ las 6.700 toneladas de uranio que han gastado las centrales españolas a lo largo de su vida útil.

El fondo del que dispone el Ejecutivo para la aplicación del Plan General de Residuos Radiactivos asciende a 2.300 millones de euros.