El Gobierno, ante el reto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

DESMONTANDO LA SGAE

Por Manuel Capilla

EI documento de Competencia llega a poner en duda el "rol tradicional" de entidades como la SGAE ante "el progreso tecnológico y las nuevas formas de distribución y consumo de obras". Según el organismo dependiente del Ministerio de Economía, su "posición monopolística" crea dos problemas principales: el establecimiento "de tarifas inequitativas y/o discriminatorias" y la dificultad para que se "desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras".

Estos hechos hacen necesaria una reforma del marco legal que protege esta situación, la Ley de Propiedad Intelectual, que, entre otras cosas, "impone la gestión colectiva obligatoria a través de entidades de gestión más allá de lo que obliga la legislación de la Unión Europea", por lo que la CNC no descarta que España pueda ser objeto de sanciones por parte de Bruselas. Estas imposiciones legales eliminan "la libertad del titular del derecho para elegir entre la gestión individual o la colectiva", lo cual "es cada vez más factible, de forma especial en el ámbito online".

Entre las asociaciones de gestión el malestar por estas afirmaciones es importante. Desde lbercrea, la plataforma creada recientemente que agrupa a la SGAE, AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutores), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales), se ha señalado que el "informe es oportunista e intrusivo", ya que, entre otras cosas "la CNC no ha ofrecido trámite de audiencia a las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual". Sin embargo, según afirman fuentes de la CNC a EL SIGLO, sí que llegaron a reunirse con ellas.

Las discrepancias de los gestores de derechos con la Comisión Nacional de la Competencia son varias. Entre otras cosas, rechazan que se pueda estar vulnerando la legislación europea porque "en Europa el sistema de gestión colectiva por entidades específicas es general y aceptado de modo pacífico" y "las instituciones de la Unión Europea han respaldado la gestión colectiva de la propiedad intelectual". También se niega que las entidades impongan las tarifas, ya que se negocian sectorialmente y tienen el visto bueno del Ministerio de Cultura, y que la cuantía de estas tarifas en nuestro país sea más elevada que la de nuestro entorno europeo, de hecho, según lbercrea, "las tarifas en España se sitúan en el umbral medio-bajo europeo". Esta tesis la ha secundado públicamente el cantante Víctor Manuel, uno de los participantes en el famoso vídeo de la 'zeja' de la campaña electoral de 2008 (ver EL SIGLO n° 860, 'La cultura se aleja de ZP).

En contra del informe del organismo presidido por Luis Berenguer, esgrimen un documento redactado en 2008 por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, respaldando "la corrección de la gestión y funcionamiento de las entidades". Este informe señalaba que la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual es más efectiva que la gestión individual, ya que, de no procederse así, muchos artistas y autores se quedarían sin cobrarlos.
El responsable de lbercrea, el ex eurodiputado socialista Manuel Medina -quien saltó a la fama por presentar en el Parlamento Europeo una proposición que pretendía i legalizar la descarga de archivos en I n te r n et-, ha afirmado que la CNC ha utilizado un procedimiento "que podríamos considerar inquisitorial" al no "haber contado con los interesados". Medina ha subrayado que el informe "no tiene consecuencias jurídicas, pero sí puede tenerlas políticas y hace un daño enorme a la reputación de las entidades de gestión en un momento, además, en el que se están discutiendo en el Congreso las nuevas normas de la propiedad intelectual".

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia no ha hecho sino añadir otro factor de enfrentamiento entre los diferentes grupos parlamentarios, entre los que ya existe un ambiente muy tenso a raíz de la inclusión de la 'ley antidescargas' en el borrador de la Ley de Economía Sostenible. A, José María Lasalle, portavoz de Cultura del PP en el Congreso, no le extrañan las críticas de la CNC. Según explica a EL SIGLO, "hay un problema en cuanto a la fijación de tarifas", ya que se realizan de forma unilateral por las sociedades de gestión, y además, existe un déficit en lo relativo al control y la transparencia de estas sociedades. Para Joan Tarda, el portavoz de ERC, el informe de la CNC "es un toque certero". Aunque hay aspectos que no lo sean tanto, el informe supone un paso adelante, en opinión de Tardá, porque "hasta ahora se quería reducir y desacreditar las críticas a las sociedades de gestión que provenían de algunos colectivos". Sin embargo, el homólogo de Lasalle y Tardá en el PSOE, José Andrés Torres Mora, señala que el documento "es un dato" más a tener en cuenta por la subcomisión de Cultura encargada de sentar las bases para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Torres Mora reconoce que "se percibe una demanda de reforma de la ley", pero habrá que ver cómo termina el trabajo de la subcomisión, ya que el grupo integrado por ERC, IU e ICV, junto al PNV y UPyD han amenazado con boicotearla tras lo sucedido con la 'ley antidescargas' -en el plante, hecho público en una rueda de prensa hace unos días, también estaban incluidos PP y CiU, que se desmarcaron a última hora-. Estas formaciones han criticado que se haya pasado por alto el trabajo de la subcomisión, y han exigido que se retire de la Ley de Economía Sostenible, pero el Gobierno no está por la labor y menos ahora que el sistema de cierre de webs fijado en ella ha recibido el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. Además, el PSOE ha conseguido suavizar la postura del PP al admitir que esos cierres dependiesen de una decisión judicial y no de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura, como pretendían los socialistas en un principio.

Así las cosas, el Gobierno vuelve a encontrarse entre la espada y la pared. Zapatero y su ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, están ante el dilema de contentar al colectivo de los creadores, siempre próximo a la izquierda en general y al PSOE en particular, o a la opinión pública, entre la que cada vez tienen peor imagen la SGAE y el resto de entidades de gestión de derechos de autor. •

Bruselas da luz verde a las ayudas al cine

Entre tanta polémica, González-Sinde ha tenido una buena noticia. Bruselas ha dado su visto bueno al plan de ayudas al cine diseñado por la ministra y su director del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, lgnasi Guardans. La Comisión Europea ha dictaminado que el plan "cumple completamente" con las normas de la Unión Europea sobre las ayudas públicas para promover la diversidad cultural.

Bruselas ha atendido una reclamación del colectivo Cineastas contra la Orden, que alegaba algunas contradicciones entre la Ley del Cine y la orden ministerial que regula la distribución de las ayudas contempladas en esa norma, así como su incompatibilidad con la legislación europea. Además, esta plataforma, compuesta por más de 200 directores, productores, guionistas, actores y técnicos, argumentaba que el nuevo reparto de subvenciones favorece a las grandes producciones, en detrimento de las de menor talla. Y es que las bases reguladoras del nuevo sistema dejan fuera de las ayudas complementarias a las películas con un presupuesto inferior a 600.000 euros.

En cualquier caso, González-Sinde todavía no puede cantar victoria porque Cineastas contra la Orden también presentó un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.