por Miguel Ángel Aguilar

Estamos aferrados a unos pocos principios de la lógica aristotélica como el principio de no contradicción, según el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Pero algunos políticos parecen decididos a su abolición. Ese viene a ser el caso de Mariano Rajoy a propósito de algunas cuestiones recientes. Por ejemplo, las normas de empadronamiento en municipios como Vic y Torrejón de Ardoz, la cadena perpetua, que propone Javier Arenas y a la que se apunta Esperanza Aguirre, o el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares para el que ya son candidatos los municipios de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona).

Cada vez que los periodistas pretenden obtener de Mariano Rajoy o de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, una respuesta a base de sí o no como Cristo nos enseña, que decía el catecismo, se encuentran con una tercera opción en términos de "ni sí, ni no, sino todo lo contrario". Así, cuando surgió la negativa del Ayuntamiento de Vic y luego de Torrejón de Ardoz a empadronar a los inmigrantes en el caso de que su vivienda contara con una superficie inferior a 20 metros cuadrados por cada uno de sus ocupantes. Aunque la actitud de esas corporaciones municipales contravenía lo dispuesto en las normas de aplicación general, en el PP cundió la idea de apoyarlas. Incluso se oyó decir a sus máximos dirigentes aquello de "aquí, no cabemos todos".

Empezaba así la lluvia fina de rechazo a los inmigrantes, como siempre la parte más débil. Al final, llegaron las comparecencias públicas y las preguntas de los periodistas y entonces apareció el recurso compasivo de que a los excluidos del empadronamiento se les reconociera, sin embargo, el derecho a ser beneficiarios de la educación y de la sanidad pública. En esegalimatías quedaba sin explicación qué sentido tenía entonces la negativa a inscribirlos en el padrón municipal. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió en socorro de los munícipes de Torrejón de Ardoz y sólo Alberto Ruiz-Gallardón sostuvo la prevalencia de la legislación básica en la materia que, por fin, ha debido ser acatada.

Otra jornada, de excursión por su Andalucía, el vicesecretario del PP, Javier Arenas, encontró en el aniversario de un crimen horrendo la ocasión de declararse partidario de la cadena perpetua. De nuevo Esperanza Aguirre se sumó a la propuesta. Claro que un vistazo a la Constitución basta para advertir que a tenor del artículo 25 semejante medida nunca podría aplicarse de modo retroactivo a los ya condenados. Además de que la Carta Magna prescribe que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción". Días después, al ser planteado este asunto en una rueda de prensa, Mariano Rajoy encontró una fórmula mixta, contradictoria en su propio enunciado, de "cadena perpetua, revisable periódicamente". Así, todos contentos y constitucionales.

En cuanto a la ubicación del ATC de residuos nucleares, vimos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expedientando al alcalde de Yebra (Guadalajara) por aprobar la candidatura del municipio para ubicarlo. Sólo unos meses atrás, el mismo PP tomaba posiciones contrarias al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y sumándose solícito a las manifestaciones de los lugareños que reclamaban su continuidad. A la hora de las preguntas, Mariano Rajoy se ha mantenido en la cuerda floja. Ni con el alcalde ni en contra. Ha preferido pasar el balón al presidente del Gobierno para que resuelva con su superior criterio. Un liderazgo así da gusto. •